Enfrentando la corrupción a la peruana

Que sucedan situaciones que nos renueven la alerta es, sin duda, bueno. Daba la impresión de que nos estábamos amodorrando con los procesos anticorrupción, en los que asegurábamos no tener otro desenlace que señalar la culpabilidad de los políticos peruanos y los empresarios brasileros que promovieron su corrupción.

La demanda de Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones – Ciadi, nos sacude de buena manera. Ni el pan estaba comido como creíamos, ni la derrota eminente de los funcionarios brasileros estaba cerca. Tampoco los fiscales peruanos eran todo lo brillantes que queríamos que fueran.

Ha sido un toque de realidad y es altamente recomendable que sigamos en esa tónica hasta el final, porque está cada vez más claro que aquello que veíamos como revelaciones y juicios a empresas y políticos corruptos es, en buena cuenta, un control de daños en los que las primeras buscan perder lo menos posible, como corresponde a cualquier lógica empresarial que se respete. Sea «tirando dedo» y cambiándose de alias –como dicen y hacen los delincuentes–, sea planteando una estrategia legal internacional cuyos alcances parecen no conocer cabalmente los operadores de la parte demandada –el Estado peruano–.

Los negocios fueron inmensos para la escala nacional. Sin embargo, para Odebrecht solo rozaron cifras interesantes para lo que acostumbraron manejar. Entonces, una primera cuestión a tomar en cuenta es el dimensionamiento de las cosas. Los brasileros hicieron negocios por más de once mil millones de dólares desde 1990 hasta el 2015 y esas cifras, para judicializarlas, exigen no solo conocimiento de los códigos procesales y penales nativos.

También obligan a saber y manejarse profundamente en los ambientes de los negocios internacionales, los mecanismos de financiamiento (en un mundo que, justamente, globaliza las finanzas y estas son cada vez más burbujas y menos contenidos reales) y las enormes posibilidades existentes actualmente para hacer «aparecer y desaparecer» grandes sumas de dinero, virtuales, además. Al respecto, muy interesante resulta a estas alturas constatar el desinflamiento de lo que comprometía los Panama papers (especialmente, lo que corresponde a nuestro país), por donde se condujo el tramo final del caso Julian Assange y lo que revela Cambridge Analytica.

Todo ello advierte, sin más, la suma importancia que tienen los organismos que deben articularnos con el exterior y preguntarnos cuánto afinamiento posee, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera con sus pares de otros países y cuál es la calidad y cantidad de información oportuna que puede estar procesando. Lo mismo podríamos extender a la Contraloría, el sistema judicial y el Ministerio Público.

Pero, lo fundamental es que los hechos han evidenciado por sí solos que enfrentar la corrupción, además de voluntad que alimenta votos, exige acciones que trasciende lo que pueda hacer el trabajo de un grupo de fiscales y jueces. En otras palabras, «apoyar la excelente labor del equipo especial de la Fiscalía», no puede ser sinónimo de una estrategia clara y con metas precisas.

En esa línea, en lugar de exponer al Premier, a quien lo único que puede ocurrírsele decir es que no tranza con los corruptos, haciendo gala de un manejo político digno de un dirigente escolar, o que le siga en orden de méritos nada menos que el ministro de Agricultura; ¿no hubiera sido adecuado que el Ejecutivo presente al ministro de Relaciones Exteriores, acompañado de la ministra de Justicia, a decirnos qué es lo que implica el amago de demanda que hace Odebrecht ante el Ciadi y qué es lo que vamos a hacer?

Así es. El mismo responsable de una cartera que hasta el momento su única preocupación ha sido ser explícitamente agradable a un gobierno como el de Trump, que si bien escapó al impeachment, ha dejado prístinamente clara su conducta corrupta, no solo con lo que atañe a Ucrania, sino como un factor indisoluble a su persona.

Los fiscales peruanos han hecho lo que han podido. No es poco, aunque tampoco es suficiente. Pero, no todo dependerá de ellos si los brasileros deciden escalar esta situación, como parecen amenazar.

 desco Opina / 14 de febrero de 2020

¿Fin de fiesta o un nuevo capítulo?

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se instaló el 28 de julio del 2016, finalmente terminó con el triunfo del primero, evidenciando una vez más que en nuestro país parece casi imposible la convivencia entre un gobierno y una mayoría congresal opositora, más aún si ésta tiene el mal talante y las maneras achoradas que exhibió el fujiaprismo desde el instante mismo de su instalación. No obstante, sus grandes debilidades y su permanente vacilación, el gobierno del Presidente Vizcarra resultó claro vencedor: el Congreso fue disuelto, la pretendida recomposición del Tribunal Constitucional parece postergada y la elección del nuevo Parlamento está ya convocada y en curso para enero del próximo año. Más allá del debate sobre la constitucionalidad o no de la decisión y de la eventual contienda competencial sobre la misma, el resultado es indiscutible, pero no es necesariamente definitivo.

Cuando el mandatario parecía derrotado en su intención de lograr el adelanto de las elecciones generales del 2020, por la renovada coalición que se instaló en el Congreso con la directiva presidida por Pedro Olaechea, la soberbia y la torpeza de la misma, la llevaron al suicidio. Liderada por el sector más oscuro y conservador del fujimorismo, acicateada por el sorprendente descontrol y la bravuconería de Mauricio Mulder, la variopinta y coyuntural alianza encontró un verdadero hacendado de los antiguos y se convenció de la incapacidad de enfrentarlos de Vizcarra y del gabinete Del Solar.

Su afán por «tomar» el control del Tribunal Constitucional donde se jugaban en el corto plazo distintos intereses privados –la libertad de Keiko Fujimori, la resolución de distintos juicios tributarios de grandes empresas y la eventual revisión del cálculo del valor de los bonos de la reforma agraria– abrió la puerta a una nueva iniciativa presidencial, planteando cuestión de confianza sobre la elección de los miembros de dicha institución. Como otras veces, se trató del plan B presidencial, vale decir la respuesta desesperada en una coyuntura a la que llega por sus propias dudas y temores.

La desesperación se apoderó de la mayoría congresal en ese momento. El espectáculo de su suicidio fue seguido en vivo y en directo por la opinión pública a través de los medios de comunicación y cuando el Presidente anunció la disolución, la calle que se aprestaba a movilizarse, más espontánea que organizadamente, terminó siendo decisiva cuando la crisis parecía escalar y la vicepresidenta Aráoz era juramentada como Presidenta en una pantomima de alas cortas y limitadísima duración. Con el paso de las horas y los días, el fin de la coalición se hizo evidente. Alianza para el Progreso y Acción Popular tomaron distancia e iniciaron sus preparativos y disputas internas para participar en las elecciones de enero, Jorge del Castillo anunció que el APRA tenía que participar y hasta del propio fujimorismo aparecen voces que hacen un llamado a la realidad y buscan desmarcarse del mundo paralelo en el que otros insisten en permanecer. El fracaso de la movilización que buscaron convocar, terminó de convencerlos.

La designación del nuevo Gabinete fue parte del fin de este capítulo. Más de lo mismo. Pocos políticos como el Premier y la ratificada Ministra de la Mujer, varias figuras del entorno presidencial (Edmer Trujillo, Juan Carlos Liu, María Antonieta Alva), distintos tecnócratas de segunda fila y otros leales «probados» (Fabiola Muñoz, Flor Pablo, Zulema Tomás), más allá de su capacidad y su efectividad. El baile que empieza para el Ejecutivo será distinto. Ahora tiene que gobernar y demostrar una capacidad de gestión que no parece ser muy alta; deberá responder a algunas de las distintas y fragmentadas demandas de la sociedad, pero también tendrá que enfrentar las presiones de los empresarios que exigen en el corto plazo una decisión favorable en el caso Tía María, el avance de la ley de competitividad y las ventajas tributarias. Aunque no depende directa y únicamente del Gobierno, deberá lidiar con la marcha de la lucha contra la corrupción en los casos Lava Jato y Cuellos Blancos y hacer ante los distintos intentos de «control de daños» que se multiplican y están en curso.

Pero, además, deberá hacerlo asumiendo que en muchas de las instituciones del país –Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras–, la presencia y capacidad de acción del fujiaprismo, es significativa. Como lo es también la resistencia y la desconfianza que genera la disolución del Congreso entre la mayoría de los medios de comunicación y muchos analistas, que ahora sí, como lo hicieron tarde los ya disueltos, reclaman un adelanto de las elecciones generales al 2020. En ese escenario, transferir su responsabilidad, como lo han hecho con las normas para las elecciones de enero del 2020 que han dejado en manos del JNE, no es la mejor señal.

desco Opina / 11 de octubre de 2019

Fiestas Patrias: ¿Sin hoja de ruta?

La incertidumbre es la marca distintiva de estos días previos a la fiesta nacional. Mientras el plazo para la reforma política se acaba y la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República se aproxima, la conflictividad social y los malestares de diversos sectores de la población se amplían y parecen radicalizarse. Simultáneamente, las noticias de Lava Jato evidencian la complejidad y la ambigüedad de un proceso en el que la opacidad es un riesgo creciente. En este escenario, el Ejecutivo, tras un año de usar el capital que ganó con el discurso de la reforma y la anticorrupción, aparece cada vez más presionado por el malhumor que crece entre la gente y por el estancamiento de la economía.

La próxima semana, el Parlamento tendrá que mostrar sus resultados en materia de reforma política. Hasta ahora, con tres de las seis propuestas del Ejecutivo relativamente consensuadas, es claro que distintos temas ásperos –la democracia interna en los partidos, la paridad y la alternancia, así como la inmunidad parlamentaria, por citar algunos– difícilmente llegarán a buen puerto y teóricamente pondrán a prueba la disposición del Ejecutivo de volver a tensar el tema de la confianza. En esta pugna, la elección de la nueva conducción del Legislativo, sería una eventual válvula de escape y un canal de negociación. Todo indica que el mejor escenario para el fujimorismo sería el de una directiva presidida por un acólito –empezando con Olaechea, casi un representante, tienen varios aspirantes– que incluya su participación; el peor, aunque difícil de imaginar, sería su exclusión total y la reelección de Salaverry. Al final, lo más probable es que una versión «light» del primer camino, Juan Sheput o Víctor Andrés García Belaunde, por ejemplo, calmen las aguas del descontento palaciego por el bloqueo y/o la desnaturalización de algunas de sus propuestas.

En este escenario, los malestares que se evidencian tienen nuevas voces. Los empresarios aparecieron con el pronunciamiento de CONFIEP. Preocupados aún por el control de daños al que los obliga Lava Jato, evaden pronunciarse claramente sobre el enfrentamiento entre ambos bandos, reconocen a regañadientes la necesidad de las reformas (política y judicial) y reivindican simultáneamente la autonomía y la competencia del Congreso. Como siempre pragmáticos, en el río revuelto de los malestares demandan la lealtad con el modelo: mantener sus ventajas tributarias, más flexibilidad laboral y, ahora, la aprobación final de Tía María, mientras sectores de ellos, con Roque Benavides a la cabeza, acarician la posibilidad de saltar a la política el 2021.

Como es obvio, no son los únicos. El conflicto de Tía María se prolonga y el gobierno está lejos de encontrar una fórmula para atender una situación que dejó caminar por su impericia. Atrapado entre grupos significativos de la población que simplemente no quieren presencia minera, por un lado, y de otro, una empresa, los gremios empresariales, así como un número considerable de formadores de opinión pública que presionan por el proyecto; convertido en símbolo del futuro del modelo, pero también del gobierno. Por cierto, no es el único dolor de cabeza en la materia. La paralización y movilización de 54 federaciones indígenas de 12 cuencas amazónicas del circuito petrolero de Loreto, también está lejos de solucionarse.

Como no puede ser de otra manera, Lava Jato sigue en las primeras planas. Las evidencias sobre la corrupción en el gasoducto del sur, reveladas inicialmente por un periodista ecuatoriano, se fueron incrementando con el correr de los días. La defensa de la Fiscalía, mediático allanamiento de la casa de Humala incluido, no alcanzó para encubrir la opacidad de lo actuado por el Ministerio Público y evidenció, por si hiciera falta, la poca credibilidad de Odebrecht, alentando una vez más, las voces que claman contra el acuerdo de colaboración, suscrito por la compañía brasileña. Aunque la captura de Toledo, y seguramente su posterior libertad bajo fianza, calma por un rato a la platea, es claro que no alcanza para tapar las nubes que cubren todo el caso.

Así las cosas, es claro que al Ejecutivo se le acabó el primer tiempo del partido que planteó. Las reformas y la lucha anticorrupción, como fueron propuestas, están ya al borde de su agotamiento. El segundo tiempo está próximo a iniciarse y el 28 de julio, el mandatario en su discurso al país, debiera dar el pitazo inicial, rumbo al 2021, su objetivo más claro desde que empezó su gestión. Reformas y anticorrupción seguramente continuarán. Pero la agenda tendrá que incorporar, sin duda alguna, la economía y los conflictos sociales. El Presidente tendrá que decir algo sobre ambos temas y los empresarios ya hicieron público su pliego de reclamos y propuestas, cierto que sin considerar que ellos son parte de los distintos problemas que diagnostican y de otros, como la corrupción, que no mencionan.

desco Opina / 19 de julio de 2019