Información reciente emitida por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha generado una reacción de sospecha en varios medios de comunicación sobre el manejo financiero de las ONG. Algunos diarios han destacado a una lista de estas organizaciones en función al gran volumen de sus presupuestos y a otro grupo debido a que habrían cometido irregularidades en la ejecución de fondos de cooperación.
desco ha ocupado un lugar central en estos «rebotes» periodísticos, al ser la ONG que mayor presupuesto ha ejecutado durante el 2009. Cabe aclarar que ejecutar mayor presupuesto no equivale a obtener mayores ingresos, como ha afirmado una de estas publicaciones. Por lo demás, organizaciones sin fines de lucro como desco, si bien buscan la rentabilidad social, no generan dividendos ni reparten excedentes al modo de una empresa privada; los fondos recibidos se canalizan a proyectos o investigaciones en beneficio de las colectividades en un determinado ámbito de intervención. En ese sentido, el correcto manejo de los recursos en las ONG no deriva en un beneficio económico cada vez mayor, sino en el aseguramiento de un capital de trabajo que permita contratar profesionales y proporcionar condiciones laborales aceptables.
Por otro lado, varias de las organizaciones llamadas a justificar las que por ahora son presuntas irregularidades administrativas han alzado su legítima voz de protesta, con documentos inapelables en mano, al considerar que APCI, además de obrar con ligereza y poco criterio en su evaluación, fue irresponsable al difundir en los medios información que no entregó a las instituciones observadas, a fin de que pudieran realizar sus descargos.
Nadie puede estar en contra de la transparencia y las ONG somos las primeras en reclamarla, como ha quedado expuesto en las declaraciones de Francisco Soberón, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC). La difusión de los resultados de fiscalización de APCI pretende sembrar dudas sobre la voluntad de transparencia de las ONG, cuando estas año tras año no sólo presentan informes a dicha agencia, sino que se someten rutinariamente a varios otros controles, como Registros Públicos, SUNAT, EsSalud, Ministerio de Trabajo, etc. Otro punto ambiguo ha sido el manejo de cifras exorbitantes. Dicho sea de paso, la escala de sueldos en las organizaciones sin fines de lucro no se compara a la del sector empresarial en el Perú, donde, según la consultora canadiense Mercer, los gerentes generales y gerentes senior reciben en promedio 23,360 dólares al mes. Al respecto, sería muy conveniente que los funcionarios de APCI informen, por ejemplo, sobre los sueldos que perciben los directores de las ONG y, si fuera posible, mostrar al menos extrañeza ante las cifras antojadizas que difunden los medios de comunicación.
Al contrario de lo que sugiere la prensa conservadora y de derecha, creemos que la fiscalización es posible y necesaria. Es más, sostenemos que no debe agotarse en las ONG, que finalmente gestionan recursos privados (provenientes de cooperaciones internacionales, organismos multilaterales, empresas, fundaciones, estados, etc.) Por ejemplo, se debe también informar a la ciudadanía sobre la gestión de recursos de cooperación en las entidades públicas, que receptan de lejos el mayor porcentaje de cooperación que fluye hacia el país. Tomemos como ejemplo al Metropolitano en la ciudad de Lima. Como es sabido, parte del financiamiento de este sistema de transporte masivo provino del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En aras de la transparencia en la inversión pública, ¿a quién le compete observar el retraso de más de año y medio en este proyecto, que implica uso de fondos de organismos multilaterales de decenas de millones de dólares?, ¿quién cuestionó que la Municipalidad de Lima haya iniciado las obras sin contar con el estudio de impacto ambiental?
Si bien en esta oportunidad la coyuntura no es propicia para la aparición de los más destemplados voceros anti-ONG –especialmente aquellos que se ponen nerviosos ante las agendas de justicia, reparación, derechos humanos o luchas medioambientales– sí se tiene como antecedentes los repetidos intentos por controlar y perseguir a quienes promueven la organización y la toma de conciencia de derechos ciudadanos. Hoy, que se nos señala con menos adjetivos y supuestamente más «pruebas», es preciso tener en cuenta el lugar que las ONG ocupan en las tareas del desarrollo. En nuestro país, las políticas públicas se han caracterizado por ser oscilantes y poco claras –como en el caso del desarrollo urbano– ignorantes de las articulaciones económicas y sociales de los territorios –como en la promoción de la inversión minera– e incluso por ser a todas luces ineficientes, como en la reconstrucción de Pisco y las localidades afectadas por el terremoto de 2007. En todos los casos, la acción de las ONG ha contribuido no sólo a mejorar las condiciones de vida de la población, o a promover articulaciones productivas, sino que ha ayudado a mejorar la actuación del propio Estado tanto a través del soporte que ha dado a numerosos espacios de concertación, como por medio de la producción de conocimiento en forma de evaluaciones, líneas de base y diagnósticos en los más diversos temas.
Entre los pendientes de APCI, más bien, se ubica la formulación de una agenda de cooperación, más urgente en cuanto la misma está disminuyendo sensiblemente en el país. Así las cosas, es probable que muchas ONG dejen de operar en Perú en el mediano plazo, escenario frente al cual se necesita un verdadero esfuerzo de concertación, salvo que se piense que la alternativa pasa por ser «imaginativo» en la búsqueda de fondos, como ocurre con el Instituto del Trabajo y la Familia, que preside la Primera Dama, organización que ha visto incrementar sus ingresos en 403% en un año, cosa que no tiene punto de comparación con las otras ONG acusadas veladamente en base al «temible» informe de la APCI.
Enlaces de interés
Página web de la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
Sobre el Perú como país de renta media alta
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