Una cuestión de confianza

Los esfuerzos que hace la derecha peruana para que la escena sea dominada ampliamente por las declaraciones de Jaime Villanueva, son inocultables. Por supuesto, el objetivo no es, ni por asomo, arribar a la verdad, sino hacer todo el daño posible a los que considera sus enemigos, porque mientras se corrobore lo que declara, cuando las evidencias muestren finalmente el engaño, todos los impactos, desde sus expectativas, ya deberían ser irreversibles.

De esta manera, podemos entender cómo es que lo buscado no es revelar los tejidos cada vez más tupidos de la corrupción en el Perú, sino llevarle –¿a quién?– la cabeza de Gustavo Gorriti, diluir lo que queda de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), descomponer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, en suma, dar fin a todo aquello que desde su óptica suene, se vea o se escuche como “caviar”.

Así, la colaboración eficaz, que es un proceso especial regulado en el Código Procesal Penal, terminó totalmente desdibujada, aun cuando la figura misma era observable en tanto las declaraciones ofrecidas por cualquier colaborador eficaz no siempre son ciertas y, en sentido estricto, ya que tiene interés personal en el asunto tratado, intentará que lo delatado sea considerado como cierto. En suma, aunque las declaraciones de un colaborador eficaz pueden ser publicadas, es éticamente crucial evaluar su veracidad y considerar su contexto legal.

Pero, lo que resulta por demás desconcertante, es que para esta misma derecha la palabra clave del momento es “confianza” que, por supuesto, no la entiende según la definición gramatical, sino de acuerdo con su conveniencia. En efecto, los estropicios institucionales que promueve los justifica aduciendo la desconfianza que le suscitan dos instancias –JNE y ONPE– por haber instrumentalizado un fraude electoral –de los que nunca tendrá pruebas, -porque no existió–, en perjuicio de su candidata, Keiko Fujimori. En idéntica forma, señalan que debe destituirse a los integrantes de la JNJ por una acumulación de supuestas infracciones , para luego ser juzgados, lo que a todas luces es una vendetta por la destitución de la ex Fiscal de la Nación, que era digna de su confianza.

Es a ese sentido de confianza que tiene la derecha peruana, al que respondió el Ejecutivo conducido por la presidenta Dina Boluarte el 13 de febrero, cuando anunció el cambio de cuatro ministros. En efecto, desde meses atrás, los empresarios peruanos empezaron a preocuparse por una recesión económica que no era aceptada oficialmente, considerando que era escasa la vocación gubernamental para alentar las inversiones mineras, que el gobierno no podía resolver el asunto de Petroperú y que había una creciente afectación de las actividades ilegales a sus intereses. Fue entonces cuando el Ejecutivo, el mismo que no se inmutó cuando ocurrieron graves violaciones de derechos humanos en el país, consideró que había llegado el momento de enmendar rumbos en el sentido sugerido, más bien impuesto, por el poder económico.

Aun así, parece que no todos están contentos. Hay quienes quieren más sangre y exigen agregar a la lista de destituidos no sólo a los ministros del Interior y Trabajo, sino al mismísimo primer ministro, Alberto Otárola, arguyendo que, según las encuestas de opinión, es aprobado solo por un 8% de la ciudadanía. Aunque increíble, ese fue el argumento del editorial de un diario de circulación nacional, el 14 de febrero.

Sin embargo, para otros lo ocurrido está en la línea de ofrecer, por lo menos, cierta tranquilidad a los que tienen la sartén por el mango en el país. En sus palabras, se ha buscado un “reencauche básico para un mejor funcionamiento relativo del gobierno y poder avanzar con más fluidez en la carretera rumbo al 2026”. Lo que, bien entendido, sería perfectamente traducible como la voluntad de hacer bien las cosas, para que las inversiones no pierdan rentabilidad (cueste lo que cueste), al menos hasta el año referido.

Para el caso, nada resulta más ilustrativo que las declaraciones del ministro Rómulo Mucho, apenas asumió el cargo de ministro de Energía y Minas. Aseveró que su gestión priorizará el destrabe de proyectos mineros -remarcando, “por eso me han traído aquí”, promover el proyecto Tía María, enfrentar la informalidad en la actividad minera y reestructurar la gobernanza de PetroPerú. El objetivo último, según sus palabras, responde a “la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas que se han retirado y trabajar en la promoción interna para atraer nuevos proyectos”.

De esta manera, nada más astuto que hacernos creer que el problema real del gobierno de Boluarte es su estado casi catatónico, sin responder a demandas de ningún tipo, como deja entrever un columnista político. No es así. Reacciona claramente a las exigencias que le impone la derecha, desde el lado económico y desde el lado político. Esa es la manera como asume que puede quedarse hasta el 2026.

Esto último es algo que debe remarcarse. En algún momento, entre inicios del 2023 y el presente, la amenaza para el gobierno dejó de ser la protesta social (ante la cual no cedió nada) y pasó a tomar la forma de una presión cada vez más intensa desde el poder económico (al que, al parecer, le concede todo). Resta averiguar cuándo, cómo y por qué se dio ese cambio en las correlaciones políticas del país.

 

desco Opina / 23 de febrero de 2024

La recomposición de clases

Los contextos y coyunturas influyen si se leen como información y datos sociales en una dinámica de clases, no sólo de consumidores o de habitantes de territorios urbanos, rurales o casi despoblados del país. En nuestra sociedad se asoma una recomposición de clases en curso a la que debemos prestar mucha atención.

Es una tarea ardua, aunque indispensable, la que tenemos por delante para conocernos mejor y entablar acercamientos que permitan actuar para encontrar y establecer espacios de consenso: la ansiada igualdad, la justicia, los derechos y los deberes de cada quien en democracia. Es un ejercicio difícil porque se contrapone con otras agendas cuyas prioridades son el orden, la propiedad privada, el individuo atado a una comunidad o la libertad plena dentro de las reglas de una economía capitalista regida por la oferta y la demanda que llevan a la concentración extrema. 

La necesidad del cambio en nuestra sociedad nos obliga a ensayar un ejercicio de lecturas múltiples. Distintos investigadores de la realidad nacional han reflexionado sobre temas como el control de nuestra economía por el gran capital internacional en alianza no solo con los sucesores directos de una parte de la oligarquía nacional, sino también con aquellos provenientes de otros grupos económicos de poder, por fuera de esas familias y grupos ligados al capital limeño. Surgen desde ciudades como Ayacucho, Trujillo, Arequipa, Piura y otras, menores o mayores. En parte algunos de estos capitales formaron o consolidaron en el negocio de la minería hormiga, el narcotráfico y el contrabando, cuyos montos son solo estimados. Es dinero que ha sido blanqueado en inversiones inmobiliarias, de comercio y otras, en medio de la informalidad que nos rige, que constituyen el sustento y los intereses de estas nuevas clases sociales.

Los cambios legales no cambian la realidad en ninguna parte. Con muchas de las leyes que tenemos, estamos en situación similar que lo más avanzado de la humanidad, aunque únicamente de modo declarativo y no en la realidad de las cosas. Las prácticas sociales se instauran solo si son aceptadas, se instituyen y se acuerdan o son toleradas por los valores que se han enraizado. Pero, es paradójico el hecho que siempre la realidad puede cambiar todas las leyes y relaciones entre las clases, pudiendo desaparecer a varias de éstas a la vez. En ese proceso está el Perú

A las clases dominantes se les ha aflojado la mascarilla que las ocultaba y eso está llevando a personas y familias de origen subalterno a buscar pertenecer a ellas o aspirar a formar parte de su entorno cercano. Se ha creado una nueva clase intermedia, organizada para consumir con estándares impensables para sus abuelos, que alimenta la defensa de un orden económico y de poder que no les da cabida, pero sí la ilusión de aparentar ser como ellos, en sus vidas públicas. Presionan sobre las viejas clases medias urbanas empobrecidas, que en ese contexto se han sumado con su silencio a una alianza de clases conservadora, unida por el temor al cambio. Sin embargo, la crisis económica nacional e internacional las tiene jaqueadas y no puede garantizarles que se mantengan.

Esta recomposición, desde los intereses de la derecha política en el control del Estado, trae nuevas formas de articulación, nuevos escenarios, en los que el peso de la derechización de la humanidad contrasta con el fortalecimiento de los movimientos ambientalistas, de género y de las redes de derechos humanos que juegan un papel que no tuvieron antes en la conformación de las clases sociales. 

Un segundo elemento a considerar es el de la circulación creciente de los individuos. Hoy la profundidad de la recomposición de las clases sociales ha dado paso a la transformación paulatina de los campesinos y trabajadores rurales en comerciantes y proletarios, obreros de grandes medianas y pequeñas fábricas e instalaciones, muchas conectadas directamente con el mercado internacional. Tomar conciencia de esto ya ha generado fuertes movilizaciones y protestas.

La circulación de individuos hacia y desde el extranjero constituye en la actualidad un factor a tener presente mucho más allá de verlo tan sólo como dinamizador de la economía local. Interesa reflexionar, y que se conozca el efecto de mostración que significa su presencia para las clases nacionales.

El proceso migratorio hacia el exterior, que se extiende ya por medio siglo, inserta a la sociedad peruana en dinámicas nuevas de circulación de individuos en el mundo. Los peruanos en el extranjero no son sólo futbolistas. Este hecho obliga a reconocer el surgimiento de una nueva realidad que aporta otros elementos en la dinámica de las clases sociales en el país y sus estrategias de vida: educación, empleo, ingresos, salud, derechos políticos y también inversiones pequeñas. La llegada de algo más de un millón de extranjeros, como nunca antes había ocurrido en nuestra historia, mostrando sus creencias, formas de organización, valores, conciencia de derechos y más, cuya idiosincrasia diferente a la peruana aporta elementos positivos o no, debe estudiarse en esta recomposición.

Las clases sociales existen, son algo más que categorías de análisis para su clasificación descriptiva, para medir bienestar o consumo. Expresan intereses y desarrollan identidades. Están vivas y cambian.

desco Opina / 24 de marzo de 2023

Fiestas borrascosas

 

La moción de vacancia del mandatario por presuntamente haber ejercido presiones para ascender irregularmente a allegados suyos en las Fuerzas Armadas, entre otras cosas impulsada por los partidos que siguen denunciando el fraude electoral –Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular– fracasó la semana pasada al obtener apenas 46 votos, archivándose ante la sonora celebración del oficialismo y la desesperación de sus polémicas y más visibles promotoras, la congresista Chirinos y la siempre candidata Fujimori. A ese resultado contribuyó, en alguna medida, el patético espectáculo protagonizado por el programa político Cuarto Poder del grupo El Comercio que, tras anunciar audios demoledores de la primera autoridad, terminó presentando la conversación de dos personajes insignificantes en un parto de los montes.

Para enfrentar la iniciativa, parte de la carga de la derecha, el Presidente invitó y se reunió con representantes de la mayoría de bancadas parlamentarias. De acuerdo a la versión de las mismas, además de exigirle transparencia y enmienda a Castillo, adelantaron entonces su disposición a rechazar la iniciativa de vacancia en nombre de la estabilidad política que requiere el país. Con el respaldo de APP y la centro-derecha, a Perú Libre y Vladimir Cerrón no les quedó más alternativa que sumarse al rechazo a la pretensión de la derecha extrema. El profesor parecía ganar aire en un escenario difícil en el que la derecha toda no alcanzaba a disimular su propia debilidad y parte de ella insinuaba la posibilidad de una alianza de gobierno más amplia.

El escenario, sin embargo, era más complejo que su apariencia. Desde la derecha, distintas delegaciones –una de congresistas, encabezada por la propia Presidenta de ese poder, la otra de representantes de la derecha más dura y de algunos sectores empresariales–, aparecían vinculadas a actividades internacionales destinadas a deslegitimar al gobierno y a alertar a la opinión internacional sobre los riesgos para la democracia que corre el país en manos del comunismo. Los primeros días de diciembre, con el respaldo de Vox en España y del Instituto Interamericano para la Democracia en Estados Unidos, ambas delegaciones aparecieron como parte del juego de la derecha nacional más extrema por acabar con el gobierno de Castillo. Juego distinto por cierto de la derecha más “moderna” que quiere capturarlo y subordinarlo.

A los afanes extremos, más grave aún, se sumó una carta esotérica firmada por un grupo de excancilleres y exvicecancilleres denunciando a una futura reunión convocada por Evo Morales de RUNASUR, una articulación de organizaciones indígenas y organizaciones sociales, de pretender convocar a la conformación de una república aymara, desmembrando el país y otorgándole a Bolivia una salida soberana al mar .

Simultáneamente arreció la ofensiva compartida por toda la derecha contra la reforma tributaria que propone el MEF. Desde las grandes empresas mineras se organizó una batería de expertos, analistas, políticos y medios de comunicación que acapararon los cuestionamientos a la propuesta, que en el caso de la minería propone un mecanismo para captar más rentas mientras duren los precios excepcionalmente altos, con argumentos bastante deleznables: la dificultad del Estado para gastar los recursos de los que dispone actualmente, la fuerte corrupción existente en el Estado, la pérdida de competitividad que se generaría, el retiro de la inversión privada y un largo etcétera en la misma dirección.

La ofensiva minera, campaña de televisión sobre los beneficios mineros en nuestra sociedad incluida, coincidió con el fracaso del diálogo y la negociación entre la empresa de Las Bambas y las comunidades de Apurímac y Chumbivilcas, y la consiguiente radicalización del bloqueo de las carreteras. En ese contexto, la empresa anunció la paralización de sus actividades que se sumó también por el cierre de vías. En ese escenario turbulento y tumultuoso que se añade al fuerte descontento que se mantiene entre sectores de la población ayacuchana, las presiones de las empresas y sus gremios muestran decibeles particularmente altos.

En este panorama, el intento de censura de la Presidenta del Congreso unió a la derecha y terminó por precipitar la renuncia de tres parlamentarios de la bancada de gobierno, cuyo sector cerronista votó con aquella, profundizando la fractura que viene desde el inicio de gobierno. El mismo día, la reunión del silencioso Pedro Castillo con los ex ministros de economía Castilla, Segura, Mendoza y Cooper –todos ellos duros críticos de la gestión de Francke– fue una muestra más del pragmático estilo presidencial que expresa confianzas con silencios elocuentes y distancias con gestos como el de anoche.

Si el mandatario semanas atrás buscó diferenciarse de su Primera Ministra y la dejó sola frente al cargamontón mediático, ahora observa la ofensiva contra su responsable de Economía y su equipo y se reúne con algunos de sus más duros críticos. ¿Creerá que esa es la manera de derrotar a la derecha extrema, garantizar una nueva alianza de gobierno con otros sectores de derecha y recuperar lazos con Vladimir Cerrón, responsabilizando a los “caviares” de sus desventurados meses iniciales? Difícil saberlo. Parece claro, sin embargo, que una vez más tendremos un fin de año borrascoso.

 

 

desco Opina / 17 de diciembre de 2021

Los vacadores

 

La vacancia presidencial, alentada de mil maneras por la derecha extrema en el Parlamento, parece al momento poco probable. Sin embargo, no es un escenario fácil de descartar, por más de una razón. La primera de ellas es sin duda, que más allá del rechazo al perfil de Castillo, la oposición no tiene una agenda que haga contrapeso a las (muy) pocas iniciativas del gobierno. Sin ideas que confrontar o propuestas para convocar la atención de la ciudadanía, se aferran a la vacancia como única identidad. Al mismo tiempo, como en un consenso mentiroso, tenemos la aprobación casi unánime del Presupuesto de la República para el año fiscal 2022.

Otro factor que alimenta el escenario de vacancia se relaciona con la legitimidad social del gobierno, que en un régimen presidencialista como el nuestro, depende casi por entero de la performance del mandatario. Y sin haber cumplido un semestre en el cargo, las muestras de impericia de Castillo han pasado de generar preocupación a provocar decepción o directamente rechazo, aunque con importantes matices de acuerdo a las regiones. Esa justificada sensación –que ya aparece en las mediciones de opinión– puede terminar en verdadero desinterés por la suerte del Presidente, dejando un mayor margen de maniobra a los vacadores, al eliminar de sus cálculos la probabilidad de una movilización que frene sus avances.

Por otro lado, los intentos de agitar la calle en favor de la salida de Castillo se presentan más bien como caricaturas de mal gusto, en medio de la desazón de las mayorías. Poco efecto tiene al respecto el esfuerzo que despliega buena parte de la prensa escrita, la radio, la televisión y las campañas en redes sociales, atosigadas de noticias distorsionadas, cuando no falsas, y dirigidas a acosar a un gobierno mediocre como el que soportamos.

Es necesario recordar que la motivación de la vacancia presidencial no se agota en el trasnochado macartismo ultraconservador que inventa comunistas odiadores y senderistas dispuestos a tomar el poder. Ese discurso es más bien un mecanismo para generar zozobra y disfrazar el desprecio hacia una democracia que ha hecho posible la elección de un político como Castillo. Poco les importa lo que diga el Tribunal Constitucional y conspiran a diario, alentando la violencia callejera porque temen perder el manejo del país. Sueñan con un gobierno a la derecha de lo que fue el efímero momento de Merino, mientras miran con admiración a personajes como Trump o Bolsonaro. En el fondo, añoran el estilo de gobierno represor de los tiempos de las haciendas de sus abuelos. Por eso es mayor aún la responsabilidad del presidente Castillo que, al momento, no parece reunir las condiciones para responder al reto de gobernar un país aquejado por la pandemia, la crisis económica y la negligencia política.

 

desco Opina / 3 de diciembre de 2021