La segunda vuelta y la memoria

 

La segunda vuelta no comienza con la proclamación oficial de resultados. Empezó antes, con la difusión de nuevas encuestas. Esta vez mostrando un escenario de empate técnico: dos candidaturas bordeando el 38% y un país que, antes que decidir, parece, por ahora, contener el aliento. Las candidaturas entran a una fase de contraste, donde aparece un elemento importante que no se puede esquivar: la memoria de las peruanas y peruanos sobre lo vivido desde la elección de Pedro Castillo y lo que siguió.

Ese dato tiene implicancias concretas. Anticipa una campaña más disputada, más agresiva y un cambio en el terreno del debate. Las promesas generales y los lemas de la primera vuelta no serán suficientes. En ese campo, el fujimorismo no llega en blanco. Lo hace con un registro de decisiones tomadas en el Congreso durante el período 2021–2026, donde su bancada ha tenido un rol sostenido en la articulación de mayorías, que muchos analistas han denominado “pacto mafioso”: una coalición parlamentaria funcional a sus intereses particulares, articulada no necesariamente por orientación ideológica, para sacar adelante votaciones clave, incluyendo el debilitamiento y captura de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

No han sido episodios aislados, sino parte de un patrón que, bajo el discurso de “orden” y “seguridad jurídica”, ha impulsado normas duramente cuestionadas por sus efectos: debilitamiento de herramientas contra el crimen organizado, desprecio y riesgo de impunidad en materia de derechos humanos, restricciones a la acción de organizaciones civiles y ONG, retrocesos groseros en políticas de género y un uso recurrente del mecanismo de la insistencia legislativa para promulgar leyes frente a observaciones técnicas, que no se tomaron en cuenta. Todo esto tiene consecuencias que también se reflejarán en los votos. Ya más del 70% de quienes integraron esas mayorías congresales de facto, han sido rechazados por los votantes en su pretensión reeleccionista.

Estos procesos tienen efectos concretos. En el campo, los trabajadores agroindustriales siguen encasillados en esquemas precarios mientras se mantienen beneficios tributarios al sector. En la Amazonía, la presión sobre territorios y el avance de economías ilegales (tala ilegal, producción de cocaína y extracción de oro con dragas) continúa sin ninguna respuesta estatal consistente. En las ciudades, las clases medias y populares enfrentan servicios públicos precarios e ineficientes (salud, educación, agua potable y transporte público) y sistemas previsionales indecorosos. En los sectores urbano populares, las brechas estructurales persisten sin cambios, sin que ninguna ley declarativa –que han sido muchas– logre contentar a la tribuna. La inseguridad y la violencia delictiva que atraviesan el país son su manifestación más visible.

La discusión del balotaje, por tanto, no es sólo sobre cada medida; lo es sobre la dirección que éstas configuran. Esa orientación es la que ahora busca validación electoral, justamente cuando la memoria aparece como relevante para decidir el voto, no solo por el contenido de cada medida producida y concertada por el pacto mafioso, sino porque emerge la figura de quien ha manejado la batuta de esa concertación de intereses que busca validación electoral: Keiko Fujimori y la orientación política derechista y ultra conservadora que se aupó para controlar el Poder Ejecutivo y el gobierno de la nación.

El país llega a este momento atravesado por varias fracturas: entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también entre derecha e izquierda, entre norte y sur, entre Lima y el resto del país. Son divisiones que se superponen y que hacen que el voto sea, al mismo tiempo que político o ideológico, también territorial, social y hasta emocional o de abierto conflicto reivindicativo. A ello se suma un contexto internacional más inestable de tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, realineamientos internacionales y volatilidad económica. Todos ellos afectando en variables clave del país, como precios, empleo e inversión. La política interna no puede discutirse aislada de ese contexto.

En ese marco, la pregunta no es quién gana, sino con qué agenda lo hace. La campaña que sigue exigirá definiciones más claras sobre institucionalidad, derechos, seguridad y servicios públicos, pero también sobre la relación entre discurso y práctica. El fujimorismo enfrenta aquí un punto crítico: su narrativa apela al orden, pero su comportamiento legislativo reciente es parte central del cuestionamiento. Puede intentar reposicionarse o matizar su discurso, pero el registro de sus votaciones congresales existe. Incluso puede ensayar cínicamente hasta una autocrítica. Pero en política, como en la vida, hay cosas que no se borran con una conferencia de prensa.

El electorado no decide sobre una hoja en blanco, sino sobre una acumulación de decisiones y sus consecuencias. En ese contexto, la memoria deja de ser un recurso retórico. Se vuelve un criterio de decisión.

 

desco Opina / 30 de abril de 2026

Las batallas perdidas

 

En Alemania las marchas y manifestaciones contra el fascismo se multiplican ante el inminente avance de la ultraderecha en las próximas elecciones; en Francia su ascenso fue contenido gracias a una alianza de última hora entre el centro y la izquierda para impedir que llegara al poder. En contraste, en muchos países de América Latina, como es el caso del Perú, estas corrientes continúan en crecimiento, prácticamente sin una oposición organizada.

Desde una perspectiva progresista son varias las batallas perdidas en el mundo. Entre ellas está el debilitamiento intenso de las Naciones Unidas, promovido por el presidente estadounidense contra sus agencias de desarrollo, cuestionando su validez y calificando de despilfarro a sus programas, o peor aún, contrarios a la libre determinación de los pueblos.

A pocos sorprenderá por eso que en nuestro país avancemos rápidamente en esa dirección y que se incremente el ataque a la sociedad organizada y se socaven las instituciones encargadas de aplicar la ley y administrar la justicia. En nuestro caso, además, asistimos al incremento de la persecución de las ONG, sus programas y proyectos, acusándolas de destructores de la libertad y del mercado libre.

Vemos que en Europa la ultraderecha avanza. La presencia de partidos y líderes políticos de orientación ultraderechista se ha consolidado en varias naciones europeas. Están a la vista los casos de Italia, con el partido Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, primera ministra que ganó las elecciones generales de 2022, también de Hungría, desde hace quince años, con Viktor Orbán y de Polonia, países donde gobiernan con una orientación ultraconservadora.

Más recientemente, en Suecia, tras las elecciones de 2022, el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, se convirtió en la segunda fuerza política y pasó a formar parte de la coalición de gobierno. Algo similar ocurrió en Finlandia, donde el Partido de los Finlandeses, también de extrema derecha, ha ganado creciente influencia y participa en el gobierno.

En Austria, el Partido de la Libertad de Austria mantiene una presencia significativa en la política nacional. En Bélgica, el partido nacionalista flamenco, N-VA, cuyo primer ministro, ha marcado un giro hacia la derecha. En Francia, aunque la ultraderecha no gobierna a nivel nacional, el partido Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, ganó las elecciones europeas de 2024, consolidando su influencia.

Mientras tanto, en América, se han establecido gobiernos de corte conservador, como los de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y el actual gobierno de Guatemala, que cuentan con la simpatía del presidente Donald Trump.

En nuestro país soportamos la alianza conservadora que controla en gran medida al gobierno también conservador, violador de los derechos humanos y corrupto de Dina Boluarte, validando la desigualdad, el crecimiento injusto, las políticas contra derechos y pueblos originarios, etc.

El crecimiento del conservadurismo a nivel global, de nacionalistas que restringen los derechos ciudadanos, sigue un proceso claro de fortalecimiento. Ejemplos de ello se observan en Irán, Rusia, India, Arabia Saudita y recientemente, en Estados Unidos, donde el triunfo del Partido Republicano, con Donald Trump, marcó un nuevo giro hacia la derecha con fuerte impacto en el mundo por sus rápidas políticas comerciales y la deportación de migrantes sin papeles, sindicados de criminales.

Si bien no existe un consenso sobre qué es ser de ultraderecha, la lista se amplía a más países con políticas conservadoras, como Ecuador y el nuestro. En este panorama internacional, los políticos de derecha en Perú tienden lazos de mayor cercanía con la ultra derecha española, particularmente con VOX, mientras el alcalde limeño pugna por aparecer como un émulo local de Milei. También es verdad que ante la pobreza de propuestas inteligentes y atractivas de parte de las organizaciones y partidos de izquierda, el panorama, ante las cada vez más cercanas elecciones del próximo año, aparece como muy desalentador para las fuerzas progresistas, carentes de liderazgos capaces de aglutinar a las organizaciones de izquierda; más grave aún, de construir puentes con la sociedad y tener propuestas frente a sus necesidades y malestares.

La ausencia de líderes reales en la izquierda, capaces  de generar un cambio favorable que combata la enorme corrupción y descrédito de la política y los políticos en general,  facilitan y favorecen la permanencia y continuidad de las posiciones y políticas conservadoras ante un electorado desinformado y dispuesto a dejarse llevar por el populismo y las ofertas autoritarias y de orden, disfrazadas de anti establisment que abundan en el escenario nacional.

Para evitar seguirnos hundiendo y que los millones de jóvenes que abandonan el país nos dejen sin su valioso aporte, es hora de alentar la militancia democrática y diseñar una estrategia y propuestas atractivas que convoquen a la ciudadanía a ejercer un voto responsable que nos permita evitar mayores desastres a los que, casi con estupor, si no con indiferencia, contemplamos a diario, viendo las decisiones en contra del sentido histórico constructivo que deseamos para la humanidad y los peruanos en particular. Evitemos ser parte de la lista de las batallas perdidas ante la ultraderecha, que profundiza la precarización laboral, la destrucción ambiental y la erosión de la democracia, representando un desafío histórico que demanda organización colectiva para impedir un colapso civilizatorio.

 

desco Opina / 7 de febrero de 2025

Una renuncia con sabor a crisis

 

Han transcurrido unos días de la renuncia de Avelino Guillén al cargo de Ministro del Interior por la falta de respaldo político del presidente Castillo en su malestar con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, señalado de guardar relación con una supuesta mafia corrupta que desnaturalizaba y entorpecía las acciones que el exministro creía necesarias. Se esperaba entonces que el Presidente resolviera estos entredichos y respaldara a Guillén; su lenta y desconfiada manera de tomar decisiones, puso en el escenario una nueva crisis. A esta primera renuncia siguió la declinación de Mirtha Vásquez, quien como ella expresó, se había llegado a un punto que no permitía prolongar su compromiso con el mandatario optando por su renuncia al premierato.

Con la caída del gabinete se inició un nuevo ciclo de crisis política y con ella la salida de varios ministros y ministras de importantes carteras. Las salidas de Pedro Francke, Anahí Durand, Víctor Maita, Gisela Ortiz y otros, suponen un peligroso giro que muchos ya denominan traición y muestran una inclinación hacia la centroderecha y el triunfo del entorno inmediato del mandatario en Palacio que, como parte de la misma crisis, empujó la salida del Secretario de Palacio. Las declaraciones posteriores de la expremier y de Carlos Jaico, evidenciaron la existencia de un grupo de poder oscuro con importante influencia y participación en las decisiones del mandatario.

Esto se ha expresado, una vez más, en las designaciones de personajes tan cuestionables en el nuevo gabinete como las de Héctor Valer, Presidente del Consejo de Ministros, exmilitante de Renovación Popular que en su momento llamaba a no votar por el comunismo y quien acumula distintas denuncias por agresión y violencia doméstica familiar; Alejandro Salas, ministro de Cultura, excandidato congresal por Somos Perú que hasta no hace mucho no dudaba en terruquear al gobierno de Castillo, además de tener frecuentes expresiones claramente racistas y discriminatorias; Katy Ugarte, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, militante de Perú Libre, que en varias oportunidades ha dado a conocer su sesgada perspectiva sobre el enfoque de género y ha sido firmante del proyecto contra las vacunas de la congresista Margot Palacios de Perú Libre.

Este viraje inesperado pone en riesgo no sólo los avances en políticas reivindicativas que buscaban garantizar derechos de los sectores más vulnerables; también configura el camino hacia la renuncia al programa de cambio y transformación que se prometió en campaña y la adopción de una postura neoliberal. No podemos retroceder en los avances logrados y no podemos concebir como política y democráticamente correcto tener al frente del gobierno a autoridades cuestionadas por atentar contra los derechos de poblaciones vulnerables cuando, por ejemplo, en enero de 2022 se han registrado doce feminicidios en todo el país, siendo Lima Metropolitana una de las regiones con cifras más alarmantes reportando en diciembre 2021, el mayor número de mujeres desaparecidas. O poner en duda la legitimidad de las poblaciones indígenas e intentar criminalizarlas.

No cabe duda de que el presidente Castillo no ha sabido manejar sus debilidades políticas y respaldarse en un equipo con capacidad y experiencia que lo ayude a empujar el proyecto que prometió en campaña, un equipo con virtudes políticas y capacidades técnicas, que más allá de buscar réditos personales se preocupe por materializar, de una buena vez, ese tan ansiado bien común, cerrando filas frente a posturas antidemocráticas, sectarias y reaccionarias.

La actual crisis política es un parteaguas con la «alianza» que había mantenido el presidente Castillo con sectores de la izquierda, sectores que han empezado a sentar posición en contra de las decisiones tomadas, exigiendo la renuncia del actual gabinete. Esta crisis expresa lamentablemente un acercamiento del mandatario con sectores abiertamente antidemocráticos, racistas y misóginos, constituyendo un punto de inflexión quizá irremediable. Toca pues, desde los sectores progresistas, democráticos y proderechos, exigirle al Presidente que encamine al gobierno hacia una salida retomando el rumbo del cambio por el que poco más del 50% de la población apostó.

¿Qué podemos esperar en los próximos días y semanas? La renuncia del gabinete Valer y un mea culpa realmente sentido por parte de aquellos grupos y actores políticos que vienen avalando una alianza con sectores precarios de la política, no importa si de izquierda o derecha, voces infantilistas que no dudan en valerse del terruqueo y denunciar al «caviarismo» cuando buscan denigrar al oponente. Las y los peruanos necesitamos acciones firmes, que pongan por delante al ciudadano(a), con el único fin de garantizar nuestros derechos y una vida digna y más justa.

 

desco Opina – Regional / 4 de febrero del 2022

descoCiudadano

Los vacadores

 

La vacancia presidencial, alentada de mil maneras por la derecha extrema en el Parlamento, parece al momento poco probable. Sin embargo, no es un escenario fácil de descartar, por más de una razón. La primera de ellas es sin duda, que más allá del rechazo al perfil de Castillo, la oposición no tiene una agenda que haga contrapeso a las (muy) pocas iniciativas del gobierno. Sin ideas que confrontar o propuestas para convocar la atención de la ciudadanía, se aferran a la vacancia como única identidad. Al mismo tiempo, como en un consenso mentiroso, tenemos la aprobación casi unánime del Presupuesto de la República para el año fiscal 2022.

Otro factor que alimenta el escenario de vacancia se relaciona con la legitimidad social del gobierno, que en un régimen presidencialista como el nuestro, depende casi por entero de la performance del mandatario. Y sin haber cumplido un semestre en el cargo, las muestras de impericia de Castillo han pasado de generar preocupación a provocar decepción o directamente rechazo, aunque con importantes matices de acuerdo a las regiones. Esa justificada sensación –que ya aparece en las mediciones de opinión– puede terminar en verdadero desinterés por la suerte del Presidente, dejando un mayor margen de maniobra a los vacadores, al eliminar de sus cálculos la probabilidad de una movilización que frene sus avances.

Por otro lado, los intentos de agitar la calle en favor de la salida de Castillo se presentan más bien como caricaturas de mal gusto, en medio de la desazón de las mayorías. Poco efecto tiene al respecto el esfuerzo que despliega buena parte de la prensa escrita, la radio, la televisión y las campañas en redes sociales, atosigadas de noticias distorsionadas, cuando no falsas, y dirigidas a acosar a un gobierno mediocre como el que soportamos.

Es necesario recordar que la motivación de la vacancia presidencial no se agota en el trasnochado macartismo ultraconservador que inventa comunistas odiadores y senderistas dispuestos a tomar el poder. Ese discurso es más bien un mecanismo para generar zozobra y disfrazar el desprecio hacia una democracia que ha hecho posible la elección de un político como Castillo. Poco les importa lo que diga el Tribunal Constitucional y conspiran a diario, alentando la violencia callejera porque temen perder el manejo del país. Sueñan con un gobierno a la derecha de lo que fue el efímero momento de Merino, mientras miran con admiración a personajes como Trump o Bolsonaro. En el fondo, añoran el estilo de gobierno represor de los tiempos de las haciendas de sus abuelos. Por eso es mayor aún la responsabilidad del presidente Castillo que, al momento, no parece reunir las condiciones para responder al reto de gobernar un país aquejado por la pandemia, la crisis económica y la negligencia política.

 

desco Opina / 3 de diciembre de 2021