Segunda vuelta: un escenario incierto y polarizado

Un rápido balance de la primera vuelta electoral nos indicaba varias cosas. En principio, la suma de los votos válidos de Fujimori y Sánchez no alcanza el tercio de los votos válidos y por lo menos el 25% del electorado con voto válido se quedará sin representación, lo que afecta inevitablemente la legitimidad del nuevo gobierno, que estará obligado a buscar consensos con otros grupos, si quiere ganar la segunda vuelta, pero, sobre todo, si pretende gobernar.

En la primera vuelta Sánchez ganó en 1094 de 1874 distritos y Fujimori en 583, pero recordemos que Castillo lo hizo en 1262. Los distritos que votaron por Sánchez son mayoritariamente serranos y su población es menor a 20,000 habitantes; los favorables a FP están en la costa y la selva y tienen más de 100,000 habitantes. El porcentaje de Sánchez crece en los distritos más pobres, mientras el de Fujimori lo hace en los menos pobres. Más de un tercio de quienes viven en distritos donde mayoritariamente votaron por Sánchez, tienen el quechua como lengua materna mientras que en el caso de FP llegan al 6%. Más allá de los perfiles que resultan de la primera vuelta, es claro que ninguno de los dos candidatos entra a la segunda vuelta con mayores ventajas y el proceso estará marcado hasta el final por la incertidumbre, la polarización y la desconfianza que seguirán creciendo.

En segundo lugar, la primera ronda deja ya un escenario paradójico. El sistema electoral fue cambiado para asegurar la reproducción de sus diseñadores, pero la mayoría de ellos desaparecieron electoralmente, quedando un esquema institucional más complejo, fragmentado y potencialmente más conflictivo, lo que obliga a preguntarse si será posible gobernar con las reglas vigentes en un escenario que seguirá polarizado. Lo que es claro es que la composición del nuevo Congreso, obligará a quien sea gobierno, a una negociación constante. En tercer término, el país no votó programáticamente, ni por ideas; lo hizo como una sociedad fracturada, precarizada y desconfiada de quienes la gobiernan, de la política y los políticos.

En este escenario, a 18 días del balotaje, las cifras que mostró la primera encuesta que circuló, realizada el 16 y 17 de mayo, mostraba cierta mejora en las preferencias a favor de la señora K, 39%, frente al 35% del candidato de JP, muy cerca del margen de error. El porcentaje de quienes definitivamente o probablemente votaría por ella llegó a 44%, mientras el de Sánchez lo hizo a 39%; 48% definitiva o probablemente no votaría por ella y 47% no lo haría por él. La encuesta evidencia que una gran mayoría no le tiene particular confianza a ninguno de los dos; en el caso de que necesitaran que alguien cuidara sus casas y sus pertenencias, 52% responde que no le daría las llaves a ninguno y 41% responde que no le gustaría invitar a cualquiera de los dos.

Así las cosas, el fujimorismo, apoyado por las diversas derechas, basa su estrategia en una narrativa dura de orden y seguridad, que combina las formas “cuidadosas” que su candidata prioriza ahora, buscando construirse una imagen de empatía y diálogo, como lo evidenció en sus instrumentales visitas a una comunidad ayacuchana o al ex presidente PPK, con la reivindicación plena del gobierno de su padre, anunciando que el orden estará para ella, siempre por encima de la libertad y la democracia. Sánchez, por su parte, ha apostado por buscar correrse paulatinamente al centro y ha ido sumando, no sin dificultad, alianzas y apoyos (Venceremos, Ahora Nación, Primero la Gente, Obras, Cooperación Popular y un sector del Partido Morado). Evidencias del temor que generan los movimientos del candidato los encontramos en la campaña de demolición, emprendida por la mayoría de medios tradicionales de comunicación, tan grosera en algunos casos, que terminan beneficiándolo. Más importante aún, declaraciones recientes de la señora K, insistiendo en que le robaron las elecciones el 2021, parece el inicio de un argumento, ante la eventualidad de una derrota.

El reciente debate entre los equipos de ambas agrupaciones terminó en un empate virtual en el que las mayores capacidades técnicas, las exhibieron los profesionales que fueron incorporados para la segunda vuelta en los dos casos. En un intercambio de algunas propuestas para el país y muchos puyazos políticos, resultó preocupante el afán de los participantes naranjas por mostrar la década de los noventa del siglo pasado como un tiempo exitoso, como buscando reescribir la historia, evidenciando que, para seguir en el poder, tienen que instalar un relato que encubra sus responsabilidades y disimule las confesiones involuntarias que salen de sus filas. La versión 2026 de “nosotros matamos menos” del ex congresista Trelles, la protagonizó el electo senador Torres al afirmar que Pedro Castillo “no se vacó solo”, sino que fue responsabilidad del Congreso, el Ministerio Público y un sector de la prensa.

El escenario para el nuevo gobierno, cualquiera que fuere, será muy difícil, cuando confluyen el desplome del Estado, el vaciamiento de contenido de la democracia y sus instituciones, la desconfianza absoluta en la política; polarización extrema y fragmentación social, el crecimiento acelerado de las economías criminales y la inseguridad, en un mundo en el que Trump nos pretende como una ficha más a ser alineada contra China, además del inminente fenómeno de El Niño. Fujimori o Sánchez necesitarán negociar y construir acuerdos básicos con sectores que no votaron por ellos para hacer viables sus gestiones sin recurrir a la fuerza como siempre será su tentación, en el caso de la primera, para evitar el bloqueo y liquidación de su gobierno, en el del segundo.

 

desco Opina / 29 de mayo de 2026

La segunda vuelta y la memoria

 

La segunda vuelta no comienza con la proclamación oficial de resultados. Empezó antes, con la difusión de nuevas encuestas. Esta vez mostrando un escenario de empate técnico: dos candidaturas bordeando el 38% y un país que, antes que decidir, parece, por ahora, contener el aliento. Las candidaturas entran a una fase de contraste, donde aparece un elemento importante que no se puede esquivar: la memoria de las peruanas y peruanos sobre lo vivido desde la elección de Pedro Castillo y lo que siguió.

Ese dato tiene implicancias concretas. Anticipa una campaña más disputada, más agresiva y un cambio en el terreno del debate. Las promesas generales y los lemas de la primera vuelta no serán suficientes. En ese campo, el fujimorismo no llega en blanco. Lo hace con un registro de decisiones tomadas en el Congreso durante el período 2021–2026, donde su bancada ha tenido un rol sostenido en la articulación de mayorías, que muchos analistas han denominado “pacto mafioso”: una coalición parlamentaria funcional a sus intereses particulares, articulada no necesariamente por orientación ideológica, para sacar adelante votaciones clave, incluyendo el debilitamiento y captura de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

No han sido episodios aislados, sino parte de un patrón que, bajo el discurso de “orden” y “seguridad jurídica”, ha impulsado normas duramente cuestionadas por sus efectos: debilitamiento de herramientas contra el crimen organizado, desprecio y riesgo de impunidad en materia de derechos humanos, restricciones a la acción de organizaciones civiles y ONG, retrocesos groseros en políticas de género y un uso recurrente del mecanismo de la insistencia legislativa para promulgar leyes frente a observaciones técnicas, que no se tomaron en cuenta. Todo esto tiene consecuencias que también se reflejarán en los votos. Ya más del 70% de quienes integraron esas mayorías congresales de facto, han sido rechazados por los votantes en su pretensión reeleccionista.

Estos procesos tienen efectos concretos. En el campo, los trabajadores agroindustriales siguen encasillados en esquemas precarios mientras se mantienen beneficios tributarios al sector. En la Amazonía, la presión sobre territorios y el avance de economías ilegales (tala ilegal, producción de cocaína y extracción de oro con dragas) continúa sin ninguna respuesta estatal consistente. En las ciudades, las clases medias y populares enfrentan servicios públicos precarios e ineficientes (salud, educación, agua potable y transporte público) y sistemas previsionales indecorosos. En los sectores urbano populares, las brechas estructurales persisten sin cambios, sin que ninguna ley declarativa –que han sido muchas– logre contentar a la tribuna. La inseguridad y la violencia delictiva que atraviesan el país son su manifestación más visible.

La discusión del balotaje, por tanto, no es sólo sobre cada medida; lo es sobre la dirección que éstas configuran. Esa orientación es la que ahora busca validación electoral, justamente cuando la memoria aparece como relevante para decidir el voto, no solo por el contenido de cada medida producida y concertada por el pacto mafioso, sino porque emerge la figura de quien ha manejado la batuta de esa concertación de intereses que busca validación electoral: Keiko Fujimori y la orientación política derechista y ultra conservadora que se aupó para controlar el Poder Ejecutivo y el gobierno de la nación.

El país llega a este momento atravesado por varias fracturas: entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también entre derecha e izquierda, entre norte y sur, entre Lima y el resto del país. Son divisiones que se superponen y que hacen que el voto sea, al mismo tiempo que político o ideológico, también territorial, social y hasta emocional o de abierto conflicto reivindicativo. A ello se suma un contexto internacional más inestable de tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, realineamientos internacionales y volatilidad económica. Todos ellos afectando en variables clave del país, como precios, empleo e inversión. La política interna no puede discutirse aislada de ese contexto.

En ese marco, la pregunta no es quién gana, sino con qué agenda lo hace. La campaña que sigue exigirá definiciones más claras sobre institucionalidad, derechos, seguridad y servicios públicos, pero también sobre la relación entre discurso y práctica. El fujimorismo enfrenta aquí un punto crítico: su narrativa apela al orden, pero su comportamiento legislativo reciente es parte central del cuestionamiento. Puede intentar reposicionarse o matizar su discurso, pero el registro de sus votaciones congresales existe. Incluso puede ensayar cínicamente hasta una autocrítica. Pero en política, como en la vida, hay cosas que no se borran con una conferencia de prensa.

El electorado no decide sobre una hoja en blanco, sino sobre una acumulación de decisiones y sus consecuencias. En ese contexto, la memoria deja de ser un recurso retórico. Se vuelve un criterio de decisión.

 

desco Opina / 30 de abril de 2026