Educación en la selva, agenda pendiente

desco Opina - Regional / 27 de marzo de 2009

«Este cholo es peligroso, sabe leer ». Esa vieja frase aún mantiene vigencia, pues parece haber intereses que limitan los necesarios cambios que se deben hacer en la educación de la selva rural y que más bien promueven la idea de que ese poblador sólo necesita saber leer, escribir, sumar y restar para continuar con las actividades económicas relacionadas con la amazonía. Si el mundo globalizado exige competitividad –y el conocimiento es la principal herramienta del desarrollo individual y colectivo– ¿por qué no aplicar soluciones creativas para mejorar las enormes falencias educacionales del ámbito rural, especialmente entre las mujeres? ¿Es acaso posible negar que el acceso a una educación de calidad es discriminatorio en nuestro país? ¿Se estarán dejando fermentar esas condiciones de analfabetismo funcional para consolidar exclusiones?

Como es costumbre, las autoridades aseguran que los objetivos educacionales se cumplen con la rehabilitación de la infraestructura, la selección y asignación de maestros, la provisión y distribución de material educativo, la masificación de las matrículas, dejando entrever que de esa manera nuestro sistema educativo podría alejarse de los más bajos niveles de rendimiento en América Latina, según los resultados de diferentes pruebas internacionales.

La educación no es una cifra estadística, sino un derecho que acerca al individuo a su desarrollo integral, y así debería entenderlo el Estado. No negaremos que ser más exigentes en la selección del personal docente y mejorar la infraestructura educativa incidirán en algo para reducir las negativas cifras que nos han colocado en ese lamentable puesto, pero no es suficiente. En un país en el que más del treinta por ciento de la población escolar vive dispersa en zonas rurales andinas y de selva ¿puede seguir cometiéndose el error de aplicar una sola plantilla educativa a nivel nacional? ¿Son válidos los mismos horarios y los mismos conceptos pedagógicos para todo el país? ¿Acaso se espera salir de ese último lugar sólo en los predios urbanos, aunque a los niños del campo soterradamente se les niegue el derecho al desarrollo?

Soportando condiciones climáticas y morfologías geográficas difíciles, muchos educandos de la selva peruana caminan varias horas diarias para llegar a la escuela rural. Ocupan edificaciones precarias, comparten carpetas y el entorno adverso no los deja concentrarse. La única aula que existe cuenta con un solo maestro que atiende a todos los grados primarios de manera simultánea. En más de una zona de la selva peruana se pretende aplicar la educación bilingüe (castellano y lengua nativa) y es allí cuando reciben un impacto cultural agresivo, al intentar emplearse conceptos para los cuales no existen traducciones posibles.

No estamos en contra de la educación bilingüe como mecanismo para proteger el derecho de los pueblos nativos a mantener su identidad cultural. Sin embargo, esta no puede ser entendida como la mera traducción de textos escolares. Debe, sobre todo, capacitar para la acción en contextos culturales diferentes, promoviendo la integración y potenciando la identidad. Al respecto, se ha hecho poco o nada.

Los resultados ante esta situación son previsibles. Según datos del INEI, más del 10% de la población rural de la selva peruana es totalmente analfabeta y algunos estudios afirman que casi un 30% de los adultos de nuestra amazonía, abandonó la escuela en los primeros años de educación primaria. Más aun, los emigrantes andinos que se han trasladado a la zona agravan el problema, en tanto su situación educativa no cambia ante contextos tan desoladores.

Demás está decir que estas alejadas escuelas raramente reciben algún tipo de supervisión de las autoridades del sector, por lo que quedan expuestas a la vocación y buena disposición de los maestros asignados y al poco control que pueden ejercer los padres de familia sobre la calidad educativa que se imparte al alumnado.

Por otro lado, la educación secundaria se concentra en las localidades de mayor densidad poblacional –más distantes aún que las escuelas rurales para la población del campo– y esa es la principal causa para que exista un alto índice de deserción escolar, ya que cuando los padres y tutores no tienen posibilidad económica de contratar alojamientos, generalmente dan por concluido el periodo escolar de sus hijos, virando las prioridades hacia tareas productivas que aportan a la economía familiar. Si la educación secundaria completa sólo se halla en los centros poblados medianos de la selva y económicamente no está al alcance de todos ¿por qué no se construyen alojamientos para los estudiantes que provienen de las zonas más alejadas? Con ello se aprovecharía al máximo la capacidad instalada de la infraestructura educativa, implementando turnos de mañana y tarde, con lo que se comprimirían sus días lectivos semanales y se mejoraría sustancialmente la continuidad escolar.

Asimismo, aunque existe una importante oposición al trabajo infantil y juvenil, no se puede desconocer el rol que cumple en la economía familiar. Sus aportes en la siembra y cosecha son esenciales para la sobrevivencia del hogar rural. Por eso, las cifras oficiales señalan que la deserción escolar y el ausentismo se incrementan en esas épocas pero, como sabemos, los planes curriculares no están adaptados a esta realidad.

En suma, con la aplicación de un sistema de educación tipo internado se resolvería gran parte de la problemática rural, favoreciendo tanto a alumnos, como a maestros y padres de familia. Los alumnos no verían truncas sus posibilidades de culminar la educación secundaria, los maestros –que en su gran mayoría proceden de zonas distintas a las de su centro de labores– podrían reprogramar sus días para las gestiones ante las autoridades del sector o invertir más tiempo en formación profesional complementaria, y los padres de familia podrían involucrarse más abiertamente en la formación de sus hijos sin comprometer sus alicaídas economías.

Desde los programas sociales, podría reprogramarse el gasto de la alimentación y materiales educativos, cuya distribución en muchas zonas netamente rurales sólo alimenta redes de corrupción y burocracias ineficientes. Reasignando y capacitando personal auxiliar se brindaría tutela moral, emocional y sicológica, además de orientación vocacional vinculada con su ámbito geográfico. Este nuevo formato de educación secundaria rural con internamiento, ¿no sería tanto o más importante que aquel colegio secundario, reservado para los alumnos de mayor rendimiento, planteado desde la Presidencia de la República y que, en definitiva, sólo serviría a los centros urbanos medianos y grandes y muy poco o nada a los jóvenes del campo?

desco Opina - Regional 

Programa Selva Central

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El largo camino electoral

desco Opina / 20 de marzo de 2009

Los sondeos electorales han empezado ya. Todo indica que se tratará de una carrera de largo aliento. Keiko Fujimori, Luis Castañeda y Ollanta Humala, los candidatos que aparecen con mayor ventaja, son a la vez los que cargan los mayores pasivos. En el caso de la hija del ex presidente reo, el afán por lograr impunidad se enfrenta al esfuerzo nacional por construir memoria, activamente bloqueado tanto por el fujimorismo como por el gobierno actual, por los pendientes en materia de derechos humanos que ambos tienen, entre otras coincidencias que parecen reeditar el matrimonio informal del aprismo hiperinflacionario y el fujimorismo larvario de 1990. Castañeda, por su parte, si bien cuenta con más del 80% de aprobación a su gestión en Lima, ya empieza a sentir el costo político de sus dos períodos y difícilmente podrá mantener la táctica del silencio y el «no candidato» que le otorga altos dividendos en la dimensión local. Necesariamente tendrá que proponer y debatir, terrenos en los que antes ya le fue mal, además de trabajar por remontar su imagen capitalina.

Ollanta viene corriendo desde el 2006 y en un país de tiempos cortos, eso lo acerca al elenco de los políticos tradicionales. No parece haber realizado un adecuado balance de su anterior perfomance y su entorno partidario, que si ya era discutible en las elecciones pasadas, parece no haber mejorado. Un poco de perspicacia le permitirá notar que la etiqueta de «izquierdista» que le coloca la derecha para descalificarlo, puede ser un importante crédito en un sistema político huérfano de posicionamientos claros, aunque todo indica que antes que en las definiciones y las propuestas, está más interesado en ganar las elecciones. No está mal pero le puede ir peor.

¿Y Lourdes? A estas alturas ya no puede presentarse como la promesa joven de la política peruana. Le puede ir mejor apelando a su condición de mujer, como ya lo hizo en el 2006. Debe insertarse en un espacio de derecha donde pululan candidaturas y, por añadidura, cargar con el sino de ser la representante de los limeños acomodados, heredado de sus antecesores pepecistas. Alejandro Toledo, por su parte, busca ser el primer presidente reelecto del siglo XXI. Su capital político inicial no es malo y sin duda, tiene que agradecerle a la actual administración por el esfuerzo que ésta hace para su buena recordación. En algún momento, la presión que le impondrán apristas y fujimoristas, puede hacer hasta que pida disculpas por haber permitido el funcionamiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Detrás de este bloque, vienen los que quieren pero aún no pueden. El tiempo ha empezado a correr para el padre Marco Arana y el pintoresco general Edwin Donayre. En el primer caso, es el intento de una candidatura de izquierda opcional a Humala; en el segundo, se trata de un factor distractivo –no será el único– siguiendo la tradición impuesta por el fujimorismo en los 90, es decir, «farandulear» el proceso electoral para restar votos al oponente (negocio redondo para candidaturas de techo bajo como la de Keiko Fujimori, a las que favorece la fragmentación). Cabe preguntarse si no se están movilizando sentidos patriarcales cuando vemos como opciones electorales a sacerdotes y militares.

Pero, no olvidemos: esta es la fotografía de la partida, y mucha agua correrá bajo el puente en los dos próximos años. El impacto de la crisis mundial en el país, difícil de prever aún, será un factor de definiciones, como lo será también la conflictividad alrededor de distintos proyectos mineros, que no es únicamente medio ambiental, sino también, laboral y de viabilidad del modelo de desarrollo. ¿Cómo se comportarán estos conflictos con el aumento de despidos y con el perfil que tendrán las mineras con la caída de precios de los minerales? En ese escenario próximo, los sectores medios ¿reaccionarán políticamente ante una situación que se prevé como bastante negativa para sus intereses (pérdida de capacidad adquisitiva, imposiciones tributarias injustas, encarecimiento del crédito, creciente inseguridad, etc.)?

Por otro lado, nada aparece más incierto que la política regional. La interlocución de los presidentes regionales con el gobierno central apareció insuficiente cuando el viento estaba algo a favor, por lo que puede temerse un escenario más fragmentado por la búsqueda de recursos cada vez más escasos que siguen en manos del MEF. No debemos olvidar que las elecciones regionales y locales se llevarán a cabo antes de las generales y no después, como sucedió en el 2006. Es bastante diferente negociar políticamente con una candidatura presidencial, aspirando mejores posiciones en los comicios regionales, como le sucedió a Humala en el referido año, que proponerse con los hechos consumados ante los aspirantes a Presidente de la República. En el 2011, ya no habrá que pagar por ver.

Finalmente, todo hace suponer que las fiestas TLC pasarán a segundo plano y vamos a tener que concentrarnos en las dinámicas internas para aspirar a un crecimiento aunque sea mínimo. Así, en un momento en el que el mercado interno se volverá un «refugio» importante ante la crisis, ¿se hará más «representable» el malestar producto de la exclusión a la que empuja el modelo, ya anunciado en los resultados de 2006?

En ese sentido, ¿cuál es el poder político negociable que pueden presentar aquellos productores que a pesar de su importancia son bastante frágiles como, por ejemplo, los ganaderos altoandinos y los cafetaleros? Más aún, en un momento en que los síntomas del reflujo del boom de la construcción son evidentes, y ya atendida en cierta medida la demanda de la clase media por vivienda, ¿se intentará dirigir la atención hacia los sectores populares dado el fracaso de la cobertura de la demanda para este sector (baja intensidad de programa techo propio)? ¿Se acentuará el habitual enfoque asistencialista y el neopopulismo (expropiaciones, segunda oleada de titulación masiva y condonación de deudas de BANMAT)? En suma, muchas preguntas sin responder que apenas ofrecen una idea del largo y complicado camino electoral que tenemos por delante.

desco Opina / 20 de marzo 2009
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Lanzan programa nacional de créditos para el sector alpaquero

desco Opina - Regional / 17 de marzo de 2009

La gravedad de los efectos de la crisis económica internacional en el sector alpaquero, viene ocasionando una drástica caída del precio de la fibra, justo cuando se llevaba a cabo la campaña de acopio y comercialización de noviembre 2008. Esta situación ha generado una amplia movilización de los criadores a nivel macro regional (Apurímac, Puno, Cusco y Arequipa), reactivando sus organizaciones y realizando gestiones ante los gobiernos locales, en búsqueda de respaldo para gestionar ante el gobierno central una intervención inmediata, para ser considerados en el anunciado plan nacional anticrisis y, de esta manera, atenuar los efectos de una reducción del 70% de los ingresos provenientes de la fibra.

Ante esta respuesta, el gobierno a través de la cartera de Agricultura, propone como alternativa temporal el otorgamiento de un crédito con recursos del programa AGROPERU –recientemente creado–, en base a la fusión de diversas instituciones del sector, encargando la administración del fondo a AGROBANCO, con el apoyo de un equipo especializado que coordinará y asesorará a las organizaciones de los productores para el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a los créditos.

El crédito será otorgado en forma individual, aunque la gestión se realizará de manera organizada, siendo uno de los requisitos fundamentales para las organizaciones, contar con el respectivo reconocimiento jurídico y RUC junto con certificaciones de las autoridades locales y sectoriales. Estas exigencias burocráticas, particularmente la referida al RUC y la vigencia de la inscripción en los Registros Públicos, pueden constituirse en una traba insalvable dados los conocidos y escasos niveles de formalización en la base productiva de esta cadena. Entonces, cabe preguntarse, si el crédito es individual, ¿no sería acaso conveniente flexibilizar los requisitos formales del reconocimiento de la organización y reemplazarlos por exigencias que ágilmente puedan dar cuenta del funcionamiento real de las organizaciones y de su representatividad, tales como la certificación de los gobiernos locales según el nivel y ámbito de la organización?

Ante estos anuncios, diversas organizaciones de criadores de alpacas han iniciado los trámites para su formalización, obtener o actualizar su personería jurídica, RUC y ser así sujetos de crédito.

En este contexto, el Ministerio de Agricultura oficializó el lanzamiento nacional del programa de créditos para el sector alpaquero, el acto tuvo lugar en la provincia de Lampa, elegida por contar con la mayor población de alpacas a nivel nacional. El 6 de marzo, el Ministro de Agricultura dió inicio al programa referido, ante la presencia de regular número de criadores, autoridades políticas de la referida provincia; así como representantes de Macusani, Sicuani, Espinar, Cojata, Masocruz, entre otros. Se contó, también, con la presencia de funcionarios de instituciones públicas (SENASA, PRONAMACHCS, DRAG, entre otros) y privadas (CITE Camélidos y organizaciones no gubernamentales).

El fondo del crédito asciende a 25 millones de soles y tendrá un interés del 4% anual, empleando la fibra como garantía del crédito. Está previsto atender a los pequeños criadores, con un tope de producción de 5 quintales, que significa un crédito de S/. 2,000.00 por criador por un lapso máximo de 8 meses. Además, se ha previsto un segundo crédito para la generación de valor agregado mediante la transformación de la fibra acopiada (tops, hilados y confección), realizando alianzas estratégicas y comerciales con la pequeña y gran industria.

De esta manera, los criadores organizados tendrán la oportunidad de formar parte de un programa de adquisiciones del Estado, para lo cual se estaría considerando la confección y adquisición de chompas, a través de FONCODES, para abastecer a sus programas sociales. Esta primera experiencia permitiría a los productores generar nuevas estrategias de organización –por ejemplo, consorcios– y de esta manera buscar nuevas alternativas de mercado.

Aun así, el lanzamiento del programa crediticio ha sido un acto político sin muchas explicaciones técnicas. Fue evidente que el programa será gestionado directamente por el Ministerio de Agricultura desde Lima, que tendrá a su cargo los equipos técnicos regionales encargados de la operación del acopio y otorgamiento de los créditos a los productores. Esto ha sido percibido por los productores como una señal negativa frente a las urgencias de la situación que requiere de propuestas claras y expeditivas.

Por otro lado, es bueno recordar que el episodio que ahora confronta el sector alpaquero no es nuevo, pues a lo largo de los últimos 20 años las oscilaciones del precio de la fibra a los productores, ha presentado notorios altibajos en concordancia con las variaciones en los precios internacionales. Esto ocurre en tanto la demanda de las fibras finas está asociada a los consumos determinados por la moda y la competencia de los otros pelos finos como el cashmere o el mohair, que han ganado posiciones ante el engrosamiento de la fibra de alpaca exportada desde el Perú.

En este contexto, resulta crucial que las medidas de apoyo a los productores alpaqueros, permitan la consolidación y ampliación del sistema de acopio de la fibra categorizada y con precios diferenciados, según la norma técnica peruana, aprobada luego de más de 150 años de vigencia del sistema de comercialización de la fibra sin distinguir ni estimular la finura con mejores precios; lo que ha resultado perjudicial ya que ha estimulado las prácticas orientadas a obtener mayor volumen a costa de perder finura.

La reacción inmediata en los mercados locales ante los anuncios gubernamentales, se ha expresado en el incremento del precio de la fibra al barrer ofrecido por los intermediarios en las ferias locales, llegando a S/. 7.00 por libra de la fibra blanca huacaya.

Así, lo más urgente es, entonces, la difusión masiva de los alcances técnicos y financieros del programa de crédito, actividad que será desarrolla por el equipo responsable regional (3 profesionales) del programa de apoyo en alianza con las instituciones públicas y privadas. En la región Puno, esta tarea será desarrollada concertadamente por la Mesa de Camélidos de la región Puno y se espera que en otras regiones se motiven mayores acciones de concertación para hacer el balance de la situación y buscar salidas de mayor eficacia en el mediano y largo plazo.

desco Opina - Regional
Programa Regional Sur – UOT Lampa
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Moviendo las fichas para el 2011

desco Opina / 6 de marzo de 2009

El ingreso de Mercedes Cabanillas al Gabinete Ministerial era un hecho. La sorpresa fue el sector al que finalmente fue designada. Casi todos pensaban que la «Margaret Tatcher» peruana, como gusta que la reconozcan, aspiraba a la cartera de Defensa. Dicen que de esa manera iba a replicar la carrera de Michelle Bachelet. Lo que nunca nadie dijo es por qué esa emulación debía ser garantía de éxito, coronado con una elección presidencial en el 2011. Seguramente la explicación está en las cábalas, tan recurridas por los políticos peruanos, que deben desenvolverse en ámbitos tan precarios e imprecisos como los nuestros.

Entonces, tenemos ahora a Cabanillas en el Ministerio del Interior. No es nada fácil lo que le toca manejar. Recordemos que en ese portafolio cayó de bruces una ministra de las calidades de Pilar Mazzetti y el Presidente de la República sostuvo hasta donde pudo a un aprista «intocable» como Luis Alva Castro. Sin embargo, las necesidades políticas del momento exigen, si se quiere, ese «sacrificio» de Cabanillas, quien encuentra así, no sólo su entrada por una puerta relativamente grande al Ejecutivo sino, sobre todo, la oportunidad de afianzar rumbos hacia el 2011.

Ante todo esto, era obvio que el Presidente del Consejo de Ministros tenía una voz más que autorizada para expresar su posición. En el papel, su condición de independiente hacía suponer que no estaba a favor del ingreso de una dirigente aprista al colegiado que encabeza y las expectativas de la primera hora asumían profundos malestares en el premier Simon.

No fue así. Para Simon todo estaba en los carriles previstos y la designación de Cabanillas no era, para su consideración, ninguna «apristización» del Gabinete. Reafirmó que el APRA era de izquierda –apoyado entusiastamente por el congresista Mulder– y que opositores como Ollanta Humala no sabían lo que era ser pobre y, por lo mismo, no podían ser de izquierda. El Premier seguramente se entiende. La dificultad está en su poca capacidad comunicativa.

En primer lugar, la apristización, como sugerimos en las entregas anteriores de desco opina, no es un fenómeno que se circunscribe al Ejecutivo, sino que se generaliza en todos los niveles y sectores del Estado. Es parte del consabido derecho que se arrogan informalmente los que ganan elecciones: el famoso Estado como botín. Como decía antaño la recordada congresista Marta Chávez, «para eso ganamos, pues».

En segundo lugar, la apristización no sólo significa copamiento de puestos, sino direccionalidad en las políticas públicas, teniendo como objetivo mejores resultados electorales. De esta manera, una serie de medidas populistas dictadas durante los últimos meses, de evidentes impactos efectistas, tienen ese tinte.

En tercer lugar, la apristización también se materializa en los esfuerzos que se hace para disminuir, hasta donde sea posible, la capacidad de control sobre el ejercicio de las autoridades y funcionarios públicos. Al respecto, la manera como se sigue manejando la elección del Contralor General de la República, a pesar de las observaciones y críticas formuladas en la opinión pública, es un fiel ejemplo de esto. Así, el partido de gobierno anunció el nombre de su candidato a dicho puesto e, inmediatamente, se elevaron las sospechas acerca de su idoneidad para el puesto. Los reproches ya no eran sobre usos indebidos de títulos profesionales sino sobre acercamientos y amistades que llaman a preguntarse sobre si lo que parece, realmente es.

Sin embargo, lo sucedido y lo que posiblemente vendrá en los próximos meses no escapa a la racionalidad en la que se desenvuelve la política peruana desde siempre. Ya hemos ingresado a una etapa pre electoral que, se supone, será muy intensa. Estamos viendo los prolegómenos de la misma. Todo ello sirve para constatar que el escenario que está formándose no diferirá de los que ya hemos visto en anteriores ocasiones. Así, la invitación viene por el lado de reflexionar sobre cuánto hemos avanzado realmente en materia democrática desde el 2001 cuando, entre otros, los actores de hoy casi juraron que los viejos vicios se cancelarían para siempre.

desco Opina / 6 de marzo 2009
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