Proyecto Majes Siguas II, en su hora decisiva

Han sido escasos los grandes proyectos realizados en Arequipa. Sin duda uno de los más prometedores fue el Proyecto Majes. La tecnología, de su primera etapa, permitiría la irrigación de 15 mil hectáreas de tierras eriazas. Se culminó parcialmente en 1985, y en los años venideros la pampa reverdeció; pero la adjudicación de los terrenos agrícolas en lotes de 5 hectáreas, la poca capacidad de asociatividad de los colonos y la falta de visión del Ministerio de Agricultura para ejecutar un plan agrario en esta zona, hicieron que esta gran inversión no diera los frutos deseados. La gran mayoría de tierras (casi las tres terceras partes) fueron destinadas a cultivos forrajeros, consolidando la cuenca lechera del sur, en detrimento de cultivos más rentables. Por otro lado, la mala administración de riego hizo que varios terrenos agrícolas de las zonas bajas (Santa Rita de Siguas) se erosionaran por las filtraciones y quedaran inservibles.

Tratando de revertir estos efectos, desde hace algunos años el gobierno regional se dispuso a reconvertir los terrenos agrícolas de Majes para la agroexportación. Algunos se convencieron de la necesidad de este cambio y apostaron por la paprika, la cebolla blanca y otros cultivos de demanda externa, pero la proporción de agricultores que innovó sus cultivos fue pequeña. A pesar de emplearse el sistema de riego por aspersión en toda la irrigación, el uso del agua ha sido ineficiente y se tuvo que medir el consumo de agua para riego para evitar más deslizamientos y el hundimiento de tierras

Dadas las cosas de esa manera, el gobierno regional de Arequipa se dispuso a impulsar la segunda etapa del proyecto Majes Siguas II, pero con una visión clara: el desarrollo mediante la agroexportación en 46 mil hectáreas (38 mil de Siguas y 8 mil de Majes) y de paso el aumento de la capacidad energética de la Macrorregión Sur, mediante la construcción de dos hidroeléctricas Llluta y Lluclla, que tendrán una potencia de 274 MW y 316 MW, respectivamente.

Este nuevo proyecto tiene propósitos múltiples y el actual gobierno regional lo ha declarado de importancia macroregional y nacional, pues permitirá «conformar una plataforma de agroexportación competitiva a nivel mundial» (sic).

A diferencia de la primera etapa, esta se ha pensando con un bajo consumo de agua por hectárea, una agricultura moderna orientada a la exportación, un pago real por consumo del agua, la óptima utilización de la infraestructura hidráulica, una moderna tecnología en el riego, un alto valor bruto de producción por hectárea y para el desarrollo de centros agroindustriales y de exportación.

Desde el día que el ex presidente Alejandro Toledo anunció que su gobierno daría un aval de 120 millones de dólares para el Proyecto Majes Siguas II, sufrió una serie de contratiempos, desde la subsanación de observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas para darle el visto bueno, una extensa rencilla con el departamento de Cusco por el uso de las aguas del río Apurímac para el proyecto, hasta continuas cancelaciones del gobierno nacional para darle la buena pro a los inversionistas para que comiencen con su ejecución.

El gobierno iba a otorgar la buena pro el mes pasado, pero en medio de una fuerte protesta en Espinar por el proyecto, decidió postergar la apertura de sobres hasta el 25 de febrero de 2010. El gobierno regional entonces sesionó por cuatro horas y oficializaron la conformación del Comité Ciudadano para la Defensa y Ejecución del Proyecto Hidroenergético Majes Siguas II. El comité tiene la tarea de lograr que no se postergue más el proyecto y de convencer al pueblo cusqueño de las bondades del mismo para el desarrollo macroregional y, sobre todo, que no los dejarán sin recursos hídricos, como ellos argumentan.

Las cartas están claras. Se ha aprendido de los errores de la primera etapa y se tiene una perspectiva más clara de lo que se quiere conseguir con esta segunda etapa. Por otro lado, en enero del próximo año ya se tendrán listos los estudios de balance hídrico e impacto ambiental de Arequipa y Cusco. Lo que hace falta ahora es que el gobierno asuma su responsabilidad frente al desarrollo de Arequipa y el sur peruano y que ya no le siga metiendo más cabe con otra postergación.

desco Opina - Regional / 18 de diciembre de 2009

Programa Regional Sur

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Sobre escándalos y credibilidad

Los resultados de la VI Encuesta Anual sobre Confianza en las Instituciones del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, muestran el deterioro indetenible del prestigio y la credibilidad de parte significativa de la institucionalidad pública del país. El 84.2% de los encuestados no confía en el Congreso de la República; el 74.8% desconfía del Poder Judicial; el 61.7%, del Poder Ejecutivo; el 61.1% de la Policía Nacional y como no podía ser de otra manera, el 89.4%, de los partidos políticos. Aunque la encuesta es totalmente limeña, creemos que expresa, puntos más, puntos menos, la percepción nacional.

Las últimas semanas, la corrupción y la arbitrariedad de las principales instituciones del país, han saturado a la opinión pública. La universidad Alas Peruanas, ese sorprendente centro educativo que pasó en 14 años de la nada a tener más de 70,000 estudiantes y sedes educativas en todo el país pero también en España, Italia y Estados Unidos, adquirió rápida notoriedad por sus ostensibles vínculos con el poder. Vocales supremos, así como padres y madres de la patria (palaciegos y opositores, hay que decirlo) auspiciados en viajes sorprendentes para participar en homenajes a Vallejo o en reuniones de la Internacional Socialista. Parlamentarios y un ministro que son parte de una forma u otra de un negocio educativo a todas luces irregular y creado al amparo de la legislación fujimontesinista y el alcalde de Lima, virtual candidato presidencial, avalando la seriedad de su facultad de arquitectura… Escándalo grueso y grosero que motivó incluso el malhumor presidencial.

En competencia por los titulares, la Policía Nacional no se quedó atrás. La documentada denuncia sobre la existencia de un escuadrón de la muerte en Trujillo, dirigido por un oficial recientemente condecorado por Mercedes Cabanillas cuando fuera Ministra del Interior, no pudo ser silenciada por el supuesto descubrimiento de un grupo de emprendedores pishtacos dedicados a la exportación, como tampoco pudo disimularse con la sanción al general Murga, la patinada del actual Ministro quien anunciara triunfante tan sorprendente hecho.

El Tribunal de Garantías Constitucionales también puso su parte y siguió acumulando méritos. A su cuestionable y conservador fallo sobre la píldora del día siguiente, se sumó la orden de excarcelación del general Chacón por el tiempo transcurrido de su juicio sin sentencia, abriendo así una puerta amplia para la libertad de un número significativo de mandos militares involucrados en distintos casos de corrupción. Por si necesitáramos más espectáculo, serios y formales grupos empresariales –Wong y Bustamante– aparecieron contratando matones y actuando como invasores al límite de la ley, para resolver sus diferencias por la propiedad de una empresa azucarera en el norte chico de Lima.

Resulta evidente que la corrupción y los estilos que heredamos del régimen anterior están vivitos y coleando, como es claro que distintos funcionarios y autoridades están interesados en garantizar su continuidad. Nadie debe sorprenderse en consecuencia de la pobre valoración de algunas de las instituciones más importantes del país. La incapacidad de los partidos políticos, de todos sin excepción, para hacer frente a esta situación es dramática y explica en parte por qué, 9 de cada 10 limeños no les creen.

El debilitamiento de la democracia y de su valoración, son consecuencias directas, entre otras cosas, de estos hechos. El surgimiento de una opinión pública cada vez más autoritaria –convencida por ejemplo de que el servicio militar obligatorio es un buen remedio para las pandillas o que acciones como las del escuadrón de la muerte se justifican por la violencia delictiva– lo es también. En un año electoral, con un Presidente que ya adelantó su voluntad de influir en el mismo y con un partido de gobierno que ya no se sonroja de sus disputas por prebendas –¿o alguien cree que las acusaciones cruzadas entre el congresista Núñez y el jefe de COFOPRI de Ica, tienen otra motivación?– existen razones sobradas para asustarse por el significado de estos síntomas. Semejante institucionalidad no es una simple “irracionalidad”, pasible de ser enfrentada solamente con «campañas de valores» o «premios a las buenas prácticas». No es una cuestión de actitud sino de modelo: la muy particular forma de nuestro neoliberalismo oficial, que profundiza la desigualdad y los otros males que el mismo conlleva, está en la raíz misma de nuestra descomposición institucional.

desco Opina / 11 de diciembre 2009

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Decisiones municipales ¿se piensa en las consecuencias?

Trasladar los problemas de un lugar visible a otro menos visible parece ser la orden del día en la ciudad de Lima.

El pasado mes de octubre, cumplido el plazo de un año otorgado por la Municipalidad de Villa El Salvador, los comerciantes del histórico mercado la Chanchería fueron desalojados. Igual suerte corrieron, días después, los comerciantes del no menos importante campo ferial «Micaela Bastidas», paradita contigua al Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, que funcionó durante casi veinte años, sobreviviendo a varios incendios e intentos de desalojo de sucesivas gestiones municipales.

En el caso de Villa El Salvador, el propósito del municipio es recuperar la Avenida Velasco para continuar la «Alameda de la Juventud» en el lugar en el que se ubicaba el mercado, que durante el día bullía de actividad comercial y por las noches, lamentablemente, de pandilleros y delincuentes. Los cerca de mil quinientos comerciantes que tuvieron durante años sus negocios en este centro de abastos –el más grande y dinámico de Villa El Salvador– se reubicaron ya en el mercado construido en la Avenida César Vallejo. Son ahora las calles aledañas a este local el escenario de movimiento comercial y florecimiento de diversos negocios, cambiando el rostro de una avenida hasta hoy tranquila.

Si bien el traslado del mercado –negociado durante años– es acertado, se requiere aún que el Municipio de Villa El Salvador ponga en marcha un plan de seguridad para la zona, ubicada apenas a dos cuadras de su sede y de la comisaría. Hacer del nuevo emplazamiento un sitio accesible y seguro reforzará el comercio local y garantizará la tranquilidad del vecindario. Las familias de Villa El Salvador que prefieren «comprar en casa» –y no depender de los grandes supermercados– deben poder hacerlo en las condiciones más adecuadas y con tranquilidad.

En el caso de Villa María, la falta de previsión es evidente. Además de la escasa negociación entre el gobierno local y los comerciantes, no se destinó un espacio apropiado para que continúen con su trabajo y sus respectivos negocios sin afectar el orden público. Ahora los comerciantes asedian una cuadra más allá de los escombros producto del desalojo, sobre los que se acumula gran cantidad de basura. El desorden y la congestión de siempre, ahora en una calle más pequeña, con vías obstaculizadas por los puestos, generan terrible caos vehicular. Las fiestas de fin de año, con su mayor afluencia de público, suman presión al escenario.

Han pasado casi dos meses desde que se produjeron los desalojos. Lo que iba a ser «recuperado» en Villa El Salvador sigue a la espera. Y los problemas que en Villa María iban a ser «resueltos» con la salida de los comerciantes, se han visto más bien potenciados. Es en este punto que estos hechos «domésticos» se vuelven de interés de toda la ciudad.

Las acciones municipales deben ser planificadas, en el sentido de tomar en cuenta las consecuencias. Si se busca poner orden, debe preverse el impacto que tendrán las decisiones sobre las economías familiares, sobre las zonas de reubicación y sobre el medio ambiente. Si bien es aplaudible el objetivo de recuperar los espacios públicos para devolverlos a su uso por la comunidad, luego de sembrar césped para la foto es necesario invertir en la infraestructura que garantice su buen uso por los vecinos y vecinas.

Es necesario también que las autoridades ediles revisen cuáles son los impactos en el mediano plazo, para presentar a la ciudadanía alternativas responsables. De lo contrario, se corre el riesgo de colocar los problemas debajo de la alfombra. Eso también es desgobierno y desluce la imagen de las instituciones encargadas del gobierno de la ciudad. Para el ejemplo, preguntemos a los vecinos de Barranco y Chorrillos cómo la Municipalidad Metropolitana de Lima ha previsto el impacto sobre su tranquilidad cuando decidió las rutas del Metropolitano.

desco Opina - Regional / 4 de diciembre de 2009
Programa Urbano

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El espionaje chileno y la agenda política

La detención del suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, Víctor Ariza Mendoza, fundamentadamente acusado de espiar a favor de Chile, ha sido talentosamente aprovechada por el Presidente García. Los efectos de sus duras declaraciones contra el país vecino han sido múltiples, tanto allá como acá. En el país del sur, las elecciones se han visto teñidas por la denuncia peruana y más allá del formal alineamiento de las distintas agrupaciones políticas sureñas rechazando las afirmaciones presidenciales, resulta evidente la capitalización del suceso que está haciendo el opositor candidato derechista Sebastián Piñera, quien interesadamente, cree como nuestro Presidente, que las relaciones entre ambos países discurren por dos «carriles» que no deben confundirse ni tocarse: el uno, político y diplomático marcado por desencuentros, conflictos y descalificaciones fáciles, cuando la coyuntura, así lo requiere; el otro, económico y comercial, en el que Chile tiene directamente invertidos en el Perú más de 7,200 millones de dólares (entre 1990-2008, según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile), albergando a cerca de 40,000 compatriotas que migraron desde la década del noventa.

Acá, el Presidente García logró alinear con facilidad a las distintas agrupaciones políticas, atrás de su rechazo al comportamiento chileno. No podía ser de otra manera, habida cuenta que el espionaje descubierto y denunciado, parece la fresa de una torta que tiene entre sus ingredientes más recientes, los ejercicios militares chilenos, denominados Operación Salitre, que tuvieron un poco sutil tono antiperuano, así como la confirmada intención del país vecino, de adquirir nuevo material militar ofensivo en Estados Unidos, por 665 millones de dólares.

Pero adicionalmente, y quizá más importante, el espionaje chileno terminó acaparando la atención de la opinión pública en un momento particularmente complejo para el gobierno, en el que simultáneamente tuvo que lidiar con la discusión y aprobación del presupuesto 2010 y con las evidencias de un nuevo y grosero tráfico de influencias –la universidad Alas Peruanas– que demuestra la buena salud de la que gozan comportamientos y mecanismos corruptos organizados por el fujimontesinismo y sus vinculaciones con importantes figuras del gobierno y del Poder Judicial.

En el caso del presupuesto, como era previsible, éste fue aprobado por el Congreso, poniendo fin a la relativa descentralización presupuestaria de los últimos años, consagrando además una recentralización de los recursos que tiene un claro tinte electoral. Así, el gobierno central dispondrá de 23% más del total de recursos, mientras las municipalidades perderán el 20% de los que disponían. Los sectores que tienen a su cargo los programas con mayor «potencial» electoral –Trabajo (225%), Transportes (68%) y el MIMDES (57%)– han logrado incrementar significativamente sus recursos, no obstante la limitada capacidad de gasto que demostraron este año: a octubre, habían usado apenas el 44.5%, 50.5% y 16.1% de los recursos para inversión de los que disponían.

En el caso de Alas Peruanas, distintos e importantes congresistas del partido de gobierno, pero también varios opositores y magistrados, aparecen vinculados a una universidad que en apenas 14 años exhibe 70,000 estudiantes y significativos vínculos con el poder. Ese escándalo, sumado a la detención en Estados Unidos del ex ministro Allison, puede poner los reflectores nuevamente sobre las relaciones entre importantes figuras del gobierno y el régimen anterior.


desco Opina / 27 de noviembre 2009

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Apurímac: Quién gana jugando al desgobierno; un drama en varios actos

El departamento de Apurímac fue creado por los intereses del sistema de hacienda asentado fundamentalmente en los valles del Mariño y Pachachaca. Está constituido por poblaciones históricamente distintas y hasta enemigas, no existen espacios de continuidad geoeconómica, ni mucho menos vínculos culturales e idiomáticos entre las actuales provincias de Andahuaylas y Chincheros con el resto del departamento. Esta situación fue corroborada en el referendo convocado durante el proceso de regionalización del primer gobierno Aprista; en esa ocasión, 99% de los chincherinos y 97% de andahuaylinos decidieron pertenecer a la Región Libertadores-Huari muy a pesar de la ofensiva de la Región Inca, que ofrecía compartir los beneficios del gas de Camisea cuya capacidad de producción se discute en estos días. El principal criterio manifestado por los votantes de aquella consulta, era que por fin se presentaba la ocasión para desatar el nudo centralista que ejercía la capital del departamento de Apurímac.

Lamentablemente, la ceguera fujimontesinista tapió los caminos andados al destruir el proceso de regionalización creando los denominados CTAR con sede en las antiguas capitales departamentales, que a la postre fueron la base de las burocracias heredadas por los actuales gobiernos regionales. Es obvio que la gestión de los actuales presidentes se ve perjudicada por la incapacidad de sus respectivas burocracias para encargarse eficientemente de los recursos; sin embargo, en el caso de Apurímac, esta situación se agrava hasta el claro boicot.

Y a propósito de esta situación, ¿a qué juegan los medios? En esta última semana hemos asistido a un verdadero vendaval de informaciones tendenciosas y manipuladoras. “Paro indefinido contra la gestión del Presidente Regional”. “Vacan al Presidente Regional por favorecer a su provincia natal y juramentan al Vicepresidente”. Lo que no dicen es que la burocracia abanquina se opone a la construcción del hospital Hugo Pesce, presupuestado desde hace dos años atrás por el gobierno central y cuya ejecución fue encargada al gobierno regional. Lo que no se dice, es que nadie en el departamento se opuso cuando se construyó un estadio en la ciudad de Abancay. No se dice que la anterior Presidenta de la Región Apurímac fue expulsada luego de una gresca con muertos incluidos, por haber permitido el asfaltado de un tramo de la carretera Talavera-Andahuaylas. Lo que tampoco se dice, es que es muy difícil de asimilar luego de más de cien años de mamadera centralista, tener que soltar la leche de los intereses subalternos. No se dice que efectivamente el Presidente no estaba ni en el gobierno regional –controlado por los destetados– ni en su casa, porque esta había sido destruida y apedreada. No se dice que algunos fiscales se prestaron para testificar ausencia; ¿se dice acaso que esos mismos fiscales están más preocupados por las facultades de derecho que dirigen en su tierra natal y porque las universidades de las que son dueños, tendrán menos afluencia con el desarrollo de las provincias por cientos de años perjudicadas por el centralismo de tierra adentro?

¿Les preocupa acaso a estos abogados por propio interés, la verdadera madre de los tomates? ¿Saben estos patriotas del sistema de hacienda, cuánto de regalías debiera tener la región, participaron acaso en los planes estratégicos regionales y en los presupuestos participativos?, ¿sabrán que el sistema de hacienda y de yanaconas que abusaba de sus propios abuelos ya no existe más? ¿Han meditado acaso? ¿Les parece similar esta historia a lo acontecido en Honduras?

A ello, se suma lo que acontece en Fuerabambas. Mientras en estos días se discute quién se queda con la gallina de los huevos de oro, el oro y otras montañas de minerales desperdigados en miles de vetas y venas abiertas en la región-departamento Apurímac, se negocian en otras mesas que no son precisamente las de la concertación. Nuevos fantasmas vuelven a recorrer las provincias apurimeñas nombrando y descombrando fantoches autoritarios, ofreciendo literalmente el oro y el moro a los animales de carga (léase lúmpenes a sueldo). Inversión y trabajo se ofrecen por doquier anticipándose a la consulta que se desarrollará en 12 meses más y cuyos resultados debieran respetarse si queremos construir democracia y descentralización. En los próximos meses y desde ahora (porque las paralizaciones de Abancay por el supuesto recorte presupuestal y la respuesta de Chincheros y Andahuaylas con otra serie de paros y movilizaciones «contra el centralismo y la prepotencia» tienen como marco el próximo proceso electoral, pulseando, como dicen los muchachos con cayetano). En este contexto, los oídos apurimeños vuelven a tintinear con miles de soles contantes y sonantes, pero también las retinas apurimeñas, en especial las de Cotabambas, miran con temor el lejano oriente hacia el cual trasladarán sus almas, porque según el plan de extracción de la Empresa Minera Xtrata Cooper, el meollo y los alrededores de la comunidad campesina de Fuerabamba serán convertidos en taludes de tierra y lavaderos de mineral.

El traslado forzado de una comunidad es todo un reto si consideramos las recomendaciones de las propias Naciones Unidas, que salvando las distancias, claro está, recomienda para las poblaciones de refugiados: la incorporación de procesos sociales, culturales, históricos y lingüísticos que protejan a estas poblaciones de la inminente anomia. Recordemos que la comunidad de Fuerabamba, deberá ser trasladada hacia otra región (Provincias altas del Cusco) involucrándose así este contingente poblacional en otro ámbito geoeconómico y cultural. Insistimos, las poblaciones que por fuerza mayor deben ser trasladadas a otro ámbito territorial, deben llevar consigo sus relaciones sociales, su lengua, su cultura, sus organizaciones y hasta sus cantinas con borrachos incluidos.

Sin embargo, ¿será este el problema de fondo? O ¿estamos buscando a la madre del cordero en el pueblo de los fantasmas? ¿No será el trasporte de mineral el tema que debiera involucrar a todos los apurimeños? ¿el mineral será transportado en ducto minero, con el consiguiente deterioro medioambiental ocasionado por las fajas transportadoras que funcionan con energía hidráulica?, o ¿requerimos de la construcción de vías carrozables que soporten alto tonelaje para la carga minera? o tal vez ¿debamos construir un sistema ferroviario que enlazándose o no al ferrocarril Cusco-Arequipa pueda transportar mineral, así como otros productos entre esas y otras regiones, y sobre todo personas que irán y vendrán con su negocio y relaciones a cuestas? Estos y otros temas ¿han sido discutidos en el Plan de Desarrollo Regional?, ¿el asunto del traslado de las poblaciones involucró a los comuneros de Fuerabamba? ¿Es decir, se les consultó, se les explicó?; ¿el Plan de Inversión minera está contemplado en el Plan Estratégico de las Provincias de Grau y Cotabambas?, ¿están enlazados los planes o se superponen? Estas y otras interrogantes circulan en la región, circunstancia que es aprovechada por algunas autoridades acostumbradas al centralismo provinciano (también existe por si acaso) donde las capitales departamentales –verdaderos asientos de la burocracia estatal– han hecho de las suyas construyendo edificios nefastos y barcos de cemento convertidos en estadio deportivo.

desco Opina - Regional / 20 de noviembre de 2009

Programa Sierra Centro

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Buenos negocios

Sacando un bien de un mal, lo positivo de las encuestas sobre la valoración de la democracia –como las realizadas por Latinobarómetro– es que el profundo desafecto que tenemos los peruanos hacia nuestro sistema político, ya no intenta explicarse por causas profundas, léase tradiciones autoritarias, ausencia de cultura ciudadana y otras fórmulas por el estilo. Los peruanos consideramos a nuestros gobiernos como ajenos y extraños porque estamos convencidos que sólo velan por los intereses de los más poderosos. Punto.

Sin embargo, de buenas a primeras, pareciera que esto no se condice con lo que diariamente nos ofrecen los medios de comunicación. El empeño de nuestros políticos se agota en eludir los escandaletes de barrio y conductas de barra brava que impactan en el centro mismo de su idoneidad para ejercer el cargo «encomendado por la Nación». En cualquiera de los casos, robar agua de la casa de al lado, tener conexiones clandestinas de energía eléctrica o matar de un balazo al perro del vecino, no estará asociado a ninguna iniciativa que beneficie a la población, pero, al parecer, tampoco a los ricos del país.

Sin embargo, la inocuidad de estos lamentables espectáculos es sólo aparente. Sirve para generalizar la percepción de que la política «es así» y no hay remedio que valga. A renglón seguido, los que realmente hacen política –aquellos que nadie eligió ni aparecen en las encuestas sobre el poder en el Perú– pueden guarecerse del control ciudadano y operar en la sombra con un file de negocios privados entre manos. Obvio, conducirse de esta manera tiene un enorme costo institucional: la arraigada desconfianza hacia los operadores estatales. Sin embargo, se asume nomás porque cuando las cosas se revelen –si es que llega el momento– una sentencia por corrupción –si es que se materializa– es un riesgo que merece correrse. El interés público, entonces, queda a merced de los apetitos privados.

Pero, el cántaro está tan lleno que no cesa de derramar agua. Así, el telón que cubría las redes de influencia de universidades siempre sospechosas de influencia montesinista, apenas se abre y ya da indicios de lo que puede haber adentro. También surgen las primeras preguntas sobre la venida de una misión de asesores de seguridad israelíes. Dicen que para hacer un diagnóstico y dar recomendaciones para actuar en el VRAE; esta respuesta, a su vez, lo único que motiva es a más preguntas.

Para empezar, ya sabemos que no se trata de una misión clásica, es decir, conformada por soldados del ejército del país mencionado. Son funcionarios que pertenecen a una empresa privada que, lógicamente, no ven las cosas desde la perspectiva del Perú, sino como oportunidad para generarse mayores utilidades. De otro lado, el pago de sus servicios no sólo es altísimo, sino que además, se desconoce la explicación oficial de la suma acordada.

Es decir, uno de los problemas fundamentales del país –el VRAE– ante el cual el actual gobierno ha dado muestra de su inoperancia con varios «planes de desarrollo» fracasados en las espaldas, se intenta «resolver» privatizando la intervención en esa zona, con toda la opacidad a la que se nos tiene ya acostumbrados. Esto se agrava cuando tomamos en cuenta que estas misiones militares privadas israelíes no son novedad en la región Andina, lo que, a su vez, debe asociarse con el rápido aumento de los gastos militares que el presidente de la República intenta amainar con la promoción de un pacto anti armamentista, que no deja de tener visos de ingenuidad.

Entonces, cuando el ciudadano no sabe lo que pasa y los gobernantes no tienen ninguna voluntad para esclarecer lo que rodea las decisiones tomadas, las sospechas cunden de manera casi natural. De esta forma es imposible consolidar la democracia, dirán algunos. Lo cierto es que poco importa, cuando se privilegia el negocio privado sobre los asuntos públicos, aún cuando este último sea de trascendencia suma, como es el caso del VRAE.

desco Opina / 13 de noviembre 2009

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Café con aroma a cambio climático

Según los especialistas, el Perú es el tercer país a nivel mundial con mayor fragilidad ante el cambio climático global. Esta aseveración que hace algunos años era considerada por muchos como una predicción alarmista, en la actualidad ya se está haciendo notoria por los evidentes estragos en las diferentes regiones del país afectando especialmente la producción agrícola.

En el caso de la selva central los efectos se perciben en todos los campos de la producción agropecuaria, al haberse afectado la ganadería por la disminución de áreas de pastizales, se ha alterado el proceso de desarrollo de las especies forestales y la producción apícola por el retardo de la floración natural. Los cambios climáticos han originado variación en las etapas de desarrollo del cultivo del café, principal producto del cual depende la economía de las familias de la región; aunque este fenómeno no ha sido originado por la responsabilidad directa de los agricultores cafetaleros, el impacto será más grave a medida que transcurra el tiempo. Hasta hace cinco años atrás, el cronograma evolutivo del cultivo de café era marcado, actualmente existe un cambio significativo en la periodicidad e intensidad de las lluvias trayendo como consecuencia el retraso y la disminución de la floración del cafeto, lo que se traduce en granos más pequeños y de baja calidad. Los cambios intempestivos de temperatura provocan la caída de los granos aún sin haber completado el proceso de maduración. Además, estos cambios están generando un ambiente favorable para la proliferación de plagas y enfermedades más resistentes. La fauna local también se ve perturbada debido al retraso en la producción de semillas de los árboles nativos; por ello, es notoria una reducción significativa tanto en número como en variedad de aves y mamíferos afectándose la dieta de las comunidades nativas.

El Ministerio de Agricultura, las autoridades y funcionarios del gobierno central encargadas de promover la producción agropecuaria están adoptando medidas para proteger la producción agrícola de la costa tecnificada principalmente; pero en el caso de la selva central poco o nada han hecho para desarrollar investigaciones, monitorear los cambios y los efectos en la producción, que permitan que todos los actores involucrados en el desarrollo agrario puedan contar con los conocimiento adecuados para adoptar las previsiones necesarias. El riesgo es que en la medida que el cultivo de café, por causa de las alteraciones climáticas deje de ofrecer utilidades, la selva central necesariamente se verá obligada a una reconversión productiva o al abandono paulatino de las parcelas por parte de los caficultores en desmedro del café, producto bandera peruano. Los directivos de las organizaciones de productores, así como los pequeños caficultores, manifiestan su preocupación porque esta situación no les permite confiar en que sus estimaciones productivas puedan concretarse, lo que les genera indecisiones sobre el retorno de sus inversiones y el posible incumplimiento de sus compromisos con el mercado.

Las declaraciones del Ministro del Ambiente; que pretende buscar el «lado amable» del problema promoviendo los beneficios económicos para nuestro país por la venta de servicios ambientales, se alejan de la realidad del pequeño productor que con menor manejo de información y conocimiento técnico, parcelas de escasa dimensión y limitada o nula capacidad de inversión, no tendrá posibilidades de acceder a esas oportunidades de negocio. Estos posibles beneficios económicos producto de servicios ambientales sólo podrán ser alcanzados por los grandes inversionistas que tienen acceso al conocimiento técnico y la capacidad de invertir a largo plazo acumulando progresivamente la posesión de grandes extensiones de tierra. ¿Es que acaso esta propuesta de venta de servicios ambientales apunta a favorecer la privatización de la Amazonía peruana? ¿Existe alguna decisión política de hacerse de la «vista gorda» con la problemática que enfrenta la caficultura de la selva central privilegiando así a los grandes intereses económicos que quieren libertad para poner sus manos en los recursos amazónicos?

Si no se aplican políticas de Estado que permitan tomar medidas urgentes en el breve plazo, los impactos del cambio climático tendrán un mayor costo en nuestra agricultura amazónica, especialmente en el café, haciéndose irreparables los daños ocasionados a la economía del pequeño caficultor local. Así, nuestro principal producto bandera no tendrá ningún «mástil» en donde flamear y se favorecerán las condiciones para la incursión de los cultivos de coca, opción ilegal, pero posible ante tanta indiferencia.


desco Opina - Regional / 6 de noviembre de 2009
Programa Selva Central

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El fetichismo del «Perú avanza»

El Perú necesita dejar de lado la miopía en la evaluación de resultados de su progreso económico y social. Por un lado tenemos al gobierno de turno y a sus defensores, que plantean una mirada triunfalista y obsesiva de los indicadores del crecimiento económico, la posición de inversión, las exportaciones mineras, la reducción de la pobreza y la fortaleza monetaria. “El Perú avanza” es su slogan mediático. Mientras que de otro lado, encontramos un conjunto de opiniones críticas, más amplias y globales, que muestran que en el caso peruano, el tren del desarrollo nos está dejando muy atrás, debido a que el crecimiento que ha experimentado el país, carece de calidad. Todas ellas, seguramente descalificadas bajo el manto piadoso del perro del hortelano.

Las nuevas lecturas internacionales que circulan, alimentando esas opiniones, se ubican en un contexto animado por un conjunto relativamente significativo de reformas institucionales globales, surgidas en el marco de la actual crisis económica internacional. Ello se debe a que la desigualdad, hasta antes de la crisis, aumentó tanto en el mundo, de manera tal que la sola mirada centrada en el indicador del crecimiento del PBI, que era predominante, hizo que las políticas públicas de desarrollo de las naciones ya no tengan como objetivo el bienestar de sus ciudadanos. Se generó pues un fetichismo extremo en el contenido informativo del PBI sobre los niveles de vida de una población, cuando éste indicador solamente recoge el dinamismo del mercado agregado y no del bienestar de las familias propiamente dicho. Así lo expresa el informe de la Comisión Internacional para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social, elaborado por Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen y JP. Fitoussi. Este trabajo que fuera solicitado por el presidente francés Sarkozy, ya fue concluido y sus resultados definitivos fueron entregados a mediados del mes pasado.

A ellos, se suman los resultados que aparecen en dos informes recientes, demoledores ambos del supuesto progreso de nuestro país. El primero es el Latinobarómetro 2008, mientras el segundo es el Informe de Competitividad Global 2009-2010, preparado por el World Economic Forum (WEF). En el primer caso, es dramático observar que el Perú sigue liderando la tabla de los países de la región que piensan que su democracia funciona peor (40%). Somos, asimismo, la segunda nación, luego de República Dominicana, cuya población opina mayoritariamente que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio (88%). Adicionalmente, dicho informe reporta que el Perú es el país de América Latina con la menor evaluación positiva de su gobierno (14%), sólo un 15% confía en él, apenas un 25% cree que los que conducen el curso del país harán las cosas correctamente y únicamente un 15% considera que hay igualdad ante la ley.

En el segundo caso, el informe del WEF revela que de los 120 indicadores de competitividad global analizados, sólo 25 pueden ser considerados una ventaja competitiva para el Perú, estando éstos centrados básicamente en la estabilidad macroeconómica, el clima favorable para la competencia de capitales extranjeros, la eficiencia del mercado financiero, y la cobertura del sistema educativo. El mismo informe revela que el país ocupa los últimos lugares en el ranking mundial de los factores de no competitividad, en indicadores clave como la capacidad de innovación (puesto 109 de 133 países contemplados), la institucionalidad (96 de 133), la infraestructura (97 de 133) y la calidad de la educación (131 de 133)!!.

Entonces, ¿de qué clase de avance estamos hablando? Todo indica que el nuestro, en el mejor de los casos, no tiene sólidos fundamentos sociales. Sólo explota materias primas para pintar de azul las cuentas macroeconómicas, pero no puede responder a las necesidades y demandas básicas de vastos sectores de la población. En otras palabras, quienes se alegran lo hacen por los resultados y los beneficios de un modelo de desarrollo excluyente e incapaz de integrar a todos los ciudadanos del país. Así, todo parece indicar que el Perú Avanza, apenas para algunos.

desco Opina / 30 de octubre 2009

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Valorar los recursos naturales: agenda urgente en el sur peruano

A finales de agosto se realizó en Arequipa el Seminario Internacional Andino sobre Gestión Social del Agua para la Adaptación al Cambio Climático Global, que congregó a varias instituciones de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú en torno a las experiencias de gestión del agua en las zonas altoandinas. Un punto importante de discusión fue la valoración de servicios ambientales, entendidos no como un simple pago por servicios, sino como una estrategia donde lo central, en el caso de la gestión de agua, debe ser el reconocimiento del trabajo de los pobladores de las cuencas altas, que se han responsabilizado, de forma natural, del abastecimiento del agua y del cuidado de las reservas acuíferas. Es el caso de quienes habitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, muchas veces olvidados por los vecinos de la Ciudad de Arequipa, principales usuarios del recurso.

En vista de que los diversos conflictos sociales que se han encendido en el sur del país están vinculados a la disputa del agua (Productores agrarios de Cocachacra- Southern Copper Corporation) o su contaminación por la actividad minera (Comisión de Regantes de la Provincia de Cotahuasi- Mina Arcasel), la cuestión de los llamados servicios ambientales debe ser enfrentada seriamente por la industria minera. Un escenario para esta discusión debiera ser la Convención Minera, que cada dos años reúne a los empresarios del sector, investigadores y ministros de Estado, además de proveedores de tecnología, maquinaria y servicios.

Realizada el pasado mes de setiembre en Arequipa, el lema de la 29 Convención Minera, fue «Perú Minero: Una veta de oportunidad para todos». Se anunciaron cuantiosas inversiones para los próximos años: Las Bambas de Xtrata en Apurímac, Tía María de Southern en el Valle de Tambo, la ampliación de Cerro Verde en Arequipa, entre otros proyectos; pero se desestimó nuevamente un tratamiento responsable de los conflictos socioambientales, a los que se reduce a un rol de obstáculo o entorpecimiento del desarrollo; en palabras de Pablo de la Flor, del Comité del Encuentro Empresarial de PERUMIN «los conflictos sociales frenan la inversión minera». Se invisibilizan así las preocupaciones y demandas de las poblaciones, a las que sólo se busca para la ansiada «licencia social».

Obviamente, señalar a la industria minera como única responsable de los problemas socio-ambientales, sería irresponsable. El Gobierno tiene que replantear su «estrategia de desarrollo» partiendo por comprender todo lo que hacen cotidiana y esforzadamente los peruanos, para cuidar y preservar los recursos naturales. En ese sentido, urge definir una zonificación ecológica que, ante la eventualidad de la concesión a una empresa, actúe como fiel de la balanza, entre la renta que se obtendrá de los metales y la pérdida de acuíferos, vegetación y animales, en la perspectiva de la sostenibilidad ambiental.

Por otro lado, es preciso que el Congreso retome la discusión del Proyecto de Ley 2386 Ley de Promoción y Compensación de Servicios Ambientales y el Proyecto de Ley 3213 Ley de Servicios Ambientales, presentadas en abril de 2008 y abril de 2009, respectivamente. Y que además no deje su reglamentación en larga espera. El tema de la valoración de los recursos naturales, como el de la adaptación al cambio climático, no es una moda, sino una necesidad urgente. Para el cuidado de nuestros recursos ambientales se requiere entender que éstos no son una mercancía, sino parte integral de la vida de los peruanos.


desco Opina - Regional / 23 de octubre de 2009
Programa Regional Sur

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El presupuesto 2010: nuevo escenario conflictivo

Tal como había sido advertido, la disputa por el presupuesto general del 2010, finalmente se inició. La propuesta del Ejecutivo aumenta la participación del gobierno nacional en los gastos de capital de 44% a 61% del total, a la par que reduce la participación de las municipalidades del 38% al 22%, mostrando su decisión de recentralizar el manejo presupuestal, incrementando, además, el margen de su manejo discrecional desde el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instancias centralizadas, al incrementar en 110% la denominada Reserva de Contingencia.

Por si cabe alguna duda de su intencionalidad en un año que será claramente electoral, la propuesta del Ejecutivo establece la obligatoriedad de destinar el 6% de los recursos de inversión del próximo año, a los núcleos ejecutores, provocando mayores expectativas y demandas que no podrán ser atendidas por los gobiernos locales que dispondrán de 2,857 millones de soles menos que los contemplados en el presupuesto actual.

Como no podía ser de otra manera, la pretensión del gobierno nacional ya recibió el rechazo de las distintas asociaciones de los gobiernos subnacionales. Convocados por la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), más de 350 municipios del país se movilizaron al Congreso de la República, denunciando la situación y exigiendo la modificación del presupuesto.

Posteriormente, el pronunciamiento firmado el 18 de octubre por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la REMURPE y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), pone el dedo en la llaga, llamando al Congreso a corregir dicha propuesta, exigiéndole al Presidente cumplir el compromiso que asumiera el 28 de julio para financiar el aumento de competencias y funciones transferidas a las municipalidades –incrementar de 2% a 4% el impuesto de promoción municipal dentro de la estructura del IGV– y exigiendo la implementación de la descentralización fiscal.

La pregunta de fondo, frente a este nuevo escenario conflictivo, es si el Ejecutivo y el Congreso, tienen alguna disposición a negociar los recursos del 2010 para los gobiernos subnacionales. Si nos guiamos por la experiencia de los años anteriores, la respuesta es negativa. Más aún en un año electoral en el que el Ejecutivo y los congresistas, tienen sus propios intereses. El primero está abiertamente interesado en ser un jugador fuerte en el proceso electoral e incidir en las dinámicas locales, como se evidenció desde el momento mismo en que el Presidente lanzó la iniciativa de los núcleos ejecutores. Buena parte de los segundos, preocupados por su eventual reelección, ahora buscan «acercarse al interior del país» y no dudan en debatir propuestas clientelísticas ya superadas, como la exoneración tributaria para la Amazonía.

Así las cosas, cabe interrogarse por la fuerza y la persistencia de la eventual articulación de las autoridades subnacionales que muestra el comunicado en mención, así como su capacidad de vincular el presupuesto 2010 con algunas de las principales demandas sociales, que siguen manifestándose fragmentadamente. Ello, en un escenario en el que la conflictividad social continúa incrementándose y los múltiples malestares ciudadanos también, a pesar del esfuerzo mayoritario de los medios de comunicación por imponernos los escándalos políticos de más «baja intensidad» –la congresista “robaluz”– o simplemente aquellos puramente delictivos.

Por el momento, da la impresión que el gobierno piensa que la conflictividad social disminuirá en la medida en que el tiempo electoral se acelere y ocupe las preocupaciones o el interés del país.

desco Opina / 19 de octubre 2009

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Participación y Presupuesto Participativo en Lima Sur

desco Opina - Regional / 25 de setiembre de 2009

El Presupuesto Participativo (PP) ha sido, a pesar de todas sus limitaciones, uno de los procesos más dinámicos, en la escala distrital, entre los gobiernos locales y la población representada en sus organizaciones. En el caso de Lima Sur, el programa urbano de desco realiza en forma periódica una evaluación del proceso de organización y definición de los Presupuestos Participativos en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín. Esta evaluación, que culmina en un Reporte de Vigilancia, se realiza en el marco del Sistema de Evaluación Seguimiento y Evaluación-SISE.

Aunque pueden constatarse avances significativos, hay pendientes de gran prioridad para consolidar el mecanismo. Referido a los pasos previos al lanzamiento del proceso, por ejemplo, es aún un reto de los municipios –en especial en el caso de Lurín– incorporar en mejores condiciones a representantes de la sociedad civil en los Equipos Técnicos que diseñan las etapas del PP, a fin de garantizar un diseño consensuado, ajustado a las particularidades del tejido social local.

Otro asunto, de gran actualidad en el marco de la crisis económica mundial, a la que el país no es ajeno, es la reducción de la recaudación por IGV, pilar fundamental del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, que es el mecanismo por el cual el Estado redistribuye sus ingresos entre los gobiernos locales, y que representa un monto más significativo cuan más pobre es el distrito y limitada la economía municipal. En este sentido, el porcentaje que los municipios destinan a la programación participativa podría verse afectado al verse reducidos sus ingresos globales. Actualmente, es Villa El Salvador el que mantiene una mayor proporción de su presupuesto total sujeto a mecanismos de decisión participativa, mientras que al otro lado de la escala se encuentra Villa María del Triunfo. La eventual reducción de estos márgenes redunda no sólo en la salud del proceso de PP, sino que a la larga este desgaste puede alterar los delicados equilibrios entre sectores organizados y las gestiones ediles, polos siempre propensos al enfrentamiento.

No obstante esta tendencia, es de notar que hasta el 2008, mientras los recursos para el proceso crecieron en términos globales, el número de agentes participantes inscritos en el proceso fue disminuyendo. Para hacer más compleja esta paradoja, fue en Villa El Salvador, donde el tejido de organizaciones es más denso, donde se registró con más fuerza esta reducción. Cabe entonces preguntarse en qué radica el desempate entre esta ventana de participación en el gobierno local y la dinámica y los intereses de las organizaciones, que empiezan a perder interés en el proceso.

Quienes sí parecen encontrar atractivo en el PP son los partidos políticos. Es en Villa El Salvador en que dos organizaciones de este tipo han decidido ingresar al proceso, que en general se había caracterizado por concitar organizaciones llamadas «de base»: principalmente vecinales, funcionales (como comedores populares y vasos de leche) y unas pocas de grupos de interés, como culturales y juveniles. No obstante la orientación política que seguramente subyace a estas organizaciones, es la primera vez que se registra la participación directa de partidos.

Esta situación puede representar tanto una oportunidad de ampliar el alcance programático del PP –al presentar de manera directa los encuentros entre democracia representativa y democracia participativa– como un peligro si la vocación de estos núcleos partidarios es la de priorizar la obtención de obras en espacios reducidos, que redunden en una buena performance dirigencial con miras a mejorar sus posibilidades electorales, sacrificando inversiones que respondan a una lectura integral del territorio.

Apuntando a la amplitud del proceso de PP como un derrotero para mejorar su calidad, se vislumbra como importante, como parte de una agenda de acciones conjuntas para los municipios de Lima Sur, la tarea de homogenizar los instrumentos de registro e identificar claramente los tipos de agente participante inscritos a los Presupuestos Participativos. Ello facilitaría conocer a las organizaciones posicionadas y permitiría analizar el tipo de organizaciones a las que resulta necesario dirigir la convocatoria, de modo que los procesos sean inclusivos y brinden un nuevo marco de acción para organizaciones dinámicas, como lo son las juveniles y las que representan agendas orientadas por principios de equidad, como las de mujeres, claves en la renovación de ese joven proceso.


desco Opina - Regional / 9 de octubre de 2009
Programa Urbano

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Entre la corrupción y la crisis económica

desco Opina / 2 de octubre 2009

El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República se han visto, una vez más, afectados en su imagen pública por distintos escándalos. En el primer caso, la renuncia del ex Ministro de Vivienda, Francis Allison, quien emitiera recibos por honorarios a la empresa BTR, involucrada en el caso de los petroaudios, sin advertirle al Presidente, cerró varios días agitados para el gobierno, en los que la presión mediática inicialmente resistida por el ex funcionario, fue decisiva para el desenlace final. En el segundo caso, la evidencia de nuevos escándalos de corrupción –la supuesta apropiación de un terreno por parte de un congresista y la existencia de una condena del Poder Judicial por robo de energía eléctrica, sobre otra– hizo que la opinión pública tome conciencia, por si era necesario, que 82 de los 120 integrantes del parlamento, tienen por lo menos una denuncia por razones similares.

La salida de Allison contribuye a desgastar a un gabinete que hasta ahora no muestra mayores virtudes. Su renuncia, presionada por la opinión pública, se suma a las poco felices declaraciones del Ministro de Defensa sobre los próximos ejercicios militares chilenos, pero también a la resolución del conflicto con la empresa Doe Run, en la que ésta, de manera escandalosa, se salió con su gusto. Ello, en un contexto en el que se hizo público que al final del tercer trimestre, el gobierno nacional sólo había ejecutado el 38.7% del presupuesto de inversión y distintos sectores, como Interior y Salud, no llegaban al 13%, demostrando su ineficiencia en esta materia. No deben sorprender por lo tanto, los resultados cada vez más desfavorables que obtienen ambas instancias de gobierno en las distintas encuestas que miden la aceptación de la gestión pública.
En realidad, lo que llama la atención es que éstos no sean peores. Hay dos factores que explican por qué el malestar que generan estos comportamientos, y la situación toda, no se expresen con fuerza. De una parte destaca la ausencia de una oposición clara, capaz de articular el descontento existente y presentarle al país propuestas claras, distintas a las imperantes. Comprometidos varios de sus integrantes en algunos de los casos de corrupción denunciados en el Congreso y sin mayores alternativas programáticas, están lejos de cumplir el rol para el que fueran elegidos. El segundo factor es más complejo y tiene que ver con la manera en que la crisis económica afecta de manera diferenciada a la población del país. Parece claro que hasta ahora, estamos siendo afectados por aquella en menor medida que los países vecinos de la región, lo que facilita la gestión gubernamental, a pesar de sus grandes debilidades, así como su política de negociación puntual de los distintos conflictos, que no dejan de sucederse.

Así las cosas, y a pesar de que el cronograma electoral se «adelantó» (candidatos, encuestas, recolección de firmas, etc.) varios meses, no debe llamar la atención que no se afirmen aún candidatos nacionales claros y fuertes a pesar del ambiente de polarización creciente que se observa. Si bien Luis Castañeda, Keiko Fujimori y Ollanta Humala son quienes aparecen liderando las distintas mediciones de opinión pública, es claro que ninguno de ellos se despunta como para tener las cosas seguras, lo que indica que hay aún mucho pan por rebanar. En el caso de las regiones y localidades, por su parte, al estar centrada la preocupación de sus principales actores políticos –bastante fragmentados, como es notorio– en su posicionamiento, de cara a las elecciones de noviembre del 2010, es muy poca o ninguna la atención que le prestan por el momento al escenario nacional. Como es obvio, esta situación no puede prolongarse indefinidamente. La disputa por la distribución de los recursos en el Presupuesto 2010, que se está iniciando, puede ser un momento de quiebre en la situación que se observa hoy.

desco Opina / 2 de octubre 2009

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¡Qué bueno los planes!... mejor si se cumplieran

desco Opina - Regional / 25 de setiembre de 2009

Las provincias huancavelicanas de Castrovirreyna y Huaytará cuentan actualmente con un extraordinario instrumento de trabajo para el planeamiento de su desarrollo. En efecto, en el marco de las intervenciones realizadas con recursos del Fondo Italo Peruano (FIP) se han elaborado los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las capitales de esas jurisdicciones. Además, cabe mencionar que los mencionados proyectos fueron ejecutados con apoyo de las facultades de Arquitectura de las universidades Roma Tre, Italia y Católica de Lima, Perú. Sin embargo, también debe señalarse que hay acciones pendientes que deben realizarse, como por ejemplo, la capacitación a la población para que haga un uso adecuado de dichos planes.

Así, aun cuando es urgente la necesidad de contar con otros instrumentos de gestión territorial y de percibirse todavía algunos vacíos de información que, en nuestro concepto, deben incorporar estos proyectos –por ejemplo, la naturaleza de vivienda productiva de los hogares y la vocación principalmente pecuaria de los habitantes de la zona, así como la dotación de recursos paisajísticos y arquitectónicos existentes en ambas provincias–, debemos saludar estas acciones.

El caso expuesto, además, sirve para reflexionar sobre la situación de los instrumentos de gestión territorial en el país. En efecto, la legislación actual obliga a los gobiernos locales y regionales a estructurar sus respectivos planes estratégicos y sus presupuestos participativos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sólo se cumple formalmente lo establecido en las normas, pero no se transita hacia la conversión de estos documentos en verdaderos instrumentos de gestión.

Adicionalmente, esto trae a colación uno de los efectos más negativos que provoca la ausencia de una debida articulación de los planes de desarrollo. Como las intervenciones no tienen claridad respecto a los resultados que deben obtenerse, por no existir en el país un planeamiento estratégico, hay una lamentable superposición de éstas, muchas de las cuales no están enlazadas a los planes regionales o provinciales que debieran darles el marco y, lo que es más grave, se han gastado ingentes recursos del Estado y de la cooperación para el desarrollo en estudios y proyectos cuyos resultados no se pueden ubicar en ningún archivo, por decir lo menos.

Por ejemplo, recordemos que el Proyecto de Apoyo a los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huancavelica AGORAH, tenía como unas de sus finalidades elaborar un plan de ordenamiento territorial y urbanístico para ambas regiones, es decir, se suponía que éste incluía a Huaytará y Castrovirreyna. Sorpresivamente, puede constatarse que el informe «final» del mencionado proyecto da cuenta de la ejecución del referido proyecto, en la que habría participado la Universidad San Martín de Porras. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cae por su propio peso: ¿ambos proyectos –el del FIP y el de AGORAH– han hecho un trabajo similar?, ¿el segundo recoge información del primero? Más aun, ¿ambos están enlazados a los planes de desarrollo regional?

La eficacia en el uso de los recursos de la cooperación internacional es un tema que ha sido puesto en cuestión durante los últimos años y, por lo mismo, muchos esfuerzos se vienen haciendo para tratar de darle un uso óptimo a estos recursos. Sin embargo, nada de esto obtendrá resultados positivos si el Estado no articula en debida forma los planes de desarrollo y los planes sectoriales. Asimismo, poco o nada se logrará si las agencias de cooperación no buscan alinear sus intervenciones con las necesidades de desarrollo del país.

desco Opina - Regional
Programa Sierra Centro
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El resto no existe

desco Opina / 18 de setiembre de 2009

Mientras se llevaba a cabo la Convención Minera 2009, en Arequipa, se produjo una impresionante ola de anuncios sobre nuevas oportunidades de negocios para los inversionistas, basada nuevamente en la explotación de recursos energéticos y minerales. Junto al descubrimiento de un gran yacimiento petrolero en el golfo de México por la empresa británica BP Plc (2/sep), se sumó la noticia de los tres hallazgos de la transnacional YPF Repsol: la mayor reserva de gas en Venezuela (11/sep), el gigante yacimiento de petróleo al frente de las costas de Río de Janeiro (15/sep) y el primer gran descubrimiento de hidrocarburos offshore en Sierra Leona (17/sep). Además, se confirmó que la minera Chinalco iniciaba sus operaciones en Toromocho –donde se encontrarían 1500 millones de toneladas de minerales– y la minera Goldfields lograría una producción de más de un millón de onzas de oro en los próximos cinco años, en Cajamarca.

Todas estas noticias se han dado en medio de un marco poco promisorio para la economía mundial en los próximos cinco años, definido por la repentina subida del precio de la onza de oro por encima de la barrera de los mil dólares. En efecto, las primeras lecturas de este hecho señalan que los inversionistas se encuentran muy preocupados en proteger sus riquezas, frente a lo que sería una segunda caída en el producto mundial. Ante ello, sólo sería posible refugiarse en el metal más valioso: el oro y, eventualmente, también, en el petróleo. Este fenómeno conlleva una serie de problemas para el funcionamiento de la economía global, al presionar fuertemente en la inflación de los servicios y productos que la población apenas si tiene opciones para escoger: los seguros, los impuestos, la educación, la salud y, sobre todo, los alimentos. Todo será más caro.

Por otro lado, tendremos un dólar cada vez más bajo, haciendo que lo único competitivo que pueda exportarse sean nuevamente los minerales. Para asegurar que las ganancias sean líquidas, será necesario que las transnacionales mantengan su alianza con los gobiernos de los países en desarrollo, de donde extraen las materias primas, fundamentalmente en la estabilidad de la estructura de impuestos ventajosa y en la capacidad de sostener «gobernabilidad», es decir, tener a la población controlada mediante dádivas pordioseras y la penalización de la protesta social. En este marco, la colonización de la estructura del Estado por parte de los ricos junto con una mayor opacidad en el funcionamiento del mismo, configurará un caldo de cultivo perfecto para nuevos «faenones» y «aceitadas» que potenciarán en la población la sensación de insatisfacción ante un modelo de crecimiento económico que no comparte sus beneficios ni promueve la creación de valor y dignidad a través del trabajo.

Ante ello, ¿qué posibilidades tiene el Perú de elevar sus índices de democratización? Al parecer, mientras se siga acentuando la ya enorme influencia de los grupos económicos en los procesos de toma de decisiones en el aparato público, el resto del país continuará siendo visto solamente como cerros y selvas de donde extraer minerales e hidrocarburos para el gran mercado internacional. En suma, la sociedad no importa. Tampoco un Estado que anteponga el interés social sobre los particulares.

Mientras persista esta grave contradicción, en la que cada gobierno se vea compelido a maximizar la desigualdad en el acceso a la riqueza a pesar de que prometa durante una campaña electoral que la redistribuirá, los incentivos al conflicto social persistirán hasta que el crecimiento económico se someta a la paz que sólo la democracia puede garantizar.

desco Opina / 18 de setiembre 2009
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¿En verdad estamos creciendo?

desco Opina - Regional / 11 de setiembre de 2009

En el primer trimestre del año el Ministerio de Salud lanzó la campaña «estrellitas nutricionales». Como era de esperarse, las críticas empezaron a formularse desde todos los sectores políticos, por lo inconveniente del nombre y su similitud con el símbolo del partido gobernante. Sin embargo, esa observable circunstancia no debe poner de lado el hecho de que el referido proyecto se inscribe en las acciones llevadas a cabo por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Es decir, más allá de lo anecdótico, lo que debe remarcarse es que en estos tres años de gobierno aprista algo se ha avanzando en las metas sobre reducción de la desnutrición crónica infantil, aun cuando todavía se manifiestan algunos sesgos y brechas que, sin duda, afectan el cumplimiento de los resultados esperados.

Según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar ENDES, del 2008, que toma como referencia el patrón de la NCHS/CDC/OMS - 1977, habría ocurrido una reducción en la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en el ámbito nacional de 2,6 % en el periodo comprendido entre el 2005 (24.1 %) al 2008 (21.5 %). Pese a que este avance es esperanzador, no debemos olvidar que las cifras correspondientes a las zonas rurales de la selva central siguen siendo alarmantes, ya que la desnutrición crónica infantil afecta a más de la tercera parte de las niñas y niños (36 %).

Así, la Estrategia Nacional CRECER es, sin duda, un gran avance por ser una intervención articulada de entidades publicas y privadas, cuyas actividades y esfuerzos se encuentran vinculadas en la lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil, teniendo una fortaleza especial en la implementación de los Programas Presupuestales Estratégicos del Presupuesto por Resultados, en donde la lucha contra la desnutrición tiene prioridad.

A la fecha, son 20 gobiernos regionales, incluyendo las regiones de la selva central que cuentan con dispositivos legales y planes de desarrollo para alcanzar la meta de reducción de la desnutrición. A pesar de ello, en gran parte de las comunidades nativas y anexos de la selva central, no se evidencia la presencia de los gestores del desarrollo social, que son parte importante de la Estrategia y que, según esta, son personas capacitadas que ayudarían a la población a identificar problemas y hallar soluciones acorde a las potencialidades de su localidad.

Entonces, no basta con repartir alimentos o dinero, condicionando con ello la participación de la población en la Estrategia intentando así que, de alguna manera, los niños asistan al colegio, que los lleven a los controles de peso y talla, que tengan su DNI, etc., sin explicar a la población la trascendencia de estas actividades para el desarrollo familiar, de la comunidad y del país. La importancia de concientizar sobre los beneficios de una vida saludable, asegura que la población se preocupe sobre su salud y nutrición, generando así cambios en su comportamiento y la adopción de prácticas saludables que serán sostenibles en el tiempo.

Sin embargo, el gobierno gasta miles de soles en publicidad, que lo único que muestra a la población son las actividades realizadas, a manera de logros políticos, mas no la razón por la cual se llevan a cabo. Todo esto, nos da a entender que el gobierno conceptualiza a la población como un ente pasivo, no involucrándolo en la preocupación ni en la solución, prestando poco interés para generar conciencia sobre la gravedad de la desnutrición y sus consecuencias.

Por otro lado, consideramos importante mencionar que las cifras oficiales sobre la prevalencia de la desnutrición crónica infantil, deberían ajustarse a los nuevos patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud OMS - 2006, que nos mostraría quela verdadera reducción al 2008 sería de tan sólo 0.5 %, y la cifra para las zonas rurales de la selva central aumentaría considerablemente de 36 % a 44.3 %, ya que el nuevo patrón de crecimiento de la OMS, nos describe cómo deben crecer los niños (con una nutrición y hábitos adecuados, en un ambiente saludable), en lugar del patrón actualmente utilizado, que sólo se basa en cómo crecen los niños sin tomar en cuenta sus hábitos o el medio que los rodea.

A pesar de los esfuerzos que se hagan, puede concluirse en un nuevo fracaso si todos los sectores del gobierno y de la sociedad civil no reafirman un compromiso firme e innegable en establecer como prioridad nacional, la disminución de la desnutrición crónica infantil, y siendo optimistas en un futuro no muy lejano, su erradicación.

desco Opina - Regional / 11 de setiembre de 2009
Programa Selva Central
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Entremeses pre electorales

desco Opina / 4 de setiembre de 2009

Durante las últimas semanas, una seguidilla de eventos ha puesto sobre el tapete muchas cosas que, aunque no lo parezcan, son importantes. Una primera es la sorprendente defensa que viene haciendo Lourdes Flores, a un personaje que tiene evidentes dificultades para alejarse de las sospechas de narcotráfico que se ciernen sobre él. Más aun, resulta que Flores preside el directorio de Peruvian Airlines, una empresa cuyo accionista más importante es precisamente el referido: César Cataño, quien en realidad es César Carhuallanqui.

Un jubiloso Mauricio Mulder ha sentenciado el fin político de la lideresa del PPC. Otros más cautos, no niegan el desliz aunque todavía le otorgan créditos. Lo cierto es que la reincidente candidata presidencial viene sufriendo un duro revés en su potencial interés para las elecciones del 2011, aun cuando parecen atendibles los argumentos que usa en su defensa. Ahora le tocó a ella y mañana, seguramente, será otro. Así, puede ser que la manera como se presentan los hechos tenga mucho que ver con las habituales zancadillas que rodean un periodo electoral que se asoma intenso en el juego sucio y con un nivel de propuestas mucho más bajo al que nos hemos habituado los peruanos durante las últimas décadas.

De la misma manera podríamos leer el calentamiento de las relaciones con los vecinos del sur –Bolivia y Chile–, que provocó las declaraciones del presidente García a un medio chileno. Señaló que entre ambos países existía un pacto secreto, obligando a revelar lo sabido por todos, es decir, que estaba en curso una agenda de trece puntos entre ellos la mediterraneidad boliviana, como no podía ser de otra manera.

Esto sirve a García para demostrar a sus críticos internos, que el Perú no se ha alejado de Bolivia, sino que es el mandatario de este país el que ha decidido acercarse a Chile. De pasada, García golpea al candidato Ollanta Humala, declarado simpatizante del presidente altiplánico.

Agregado a ello, el presidente peruano aprovechó la crisis desatada en UNASUR, a raíz de la condena venezolana y ecuatoriana a la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia, para alinearse sin mayores compromisos con la posición del presidente Uribe y lanzar por todo lo alto sus preocupaciones respecto al armamentismo regional que, como se sabe, es liderado de lejos por Chile y Venezuela: nada mejor que emplear un solo argumento para emplazar a dos oponentes.

Así, el presidente de la República viene implementando a todo vapor su estrategia para el 2011 y sus supuestos rivales no terminan de acomodarse. La manera como enfrenta las circunstancias externas tiene casi el mismo estilo que emplea dentro del país. Los núcleos ejecutores comunales que anunció recientemente vienen multiplicándose y al frente ha sido puesto nada menos que el cuestionado Carlos Arana. Mientras tanto, las críticas no toman forma. Mucho menos, las alternativas.

Asimismo, aseguró que se aumentarían los recursos del FONCOMUN, pero el premier Velásquez Quesquén acaba de advertir que su distribución se hará atendiendo a «los resultados» obtenidos por cada municipalidad, sugiriendo que las pautas existentes serían puestas de lado. Más aun, el proyecto del Presupuesto 2010 anunciado por el MEF muestra significativos recortes a las asignaciones para los gobiernos regionales y locales, en una magnitud mayor a la estimada por la disminución del canon. Ahora bien, la propaganda del gobierno no señala esto. En su lugar, difunde la idea de gobiernos regionales y locales que no son capaces de gastar los recursos. Igualmente, por enésima vez el VRAE cubre las primeras planas de los medios de comunicación y la tendencia a la «mano dura» que estos reflejan no ha permitido visualizar con la importancia que merece, los seis años de entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ni los actos organizados en torno a los sangrientos acontecimientos ocurridos en Putis, durante los años 80.

En esa línea, durante el mes de agosto se recordó el terremoto que asoló al sur chico hace dos años y debió ser la ocasión propicia para enfatizar la indolencia de un gobierno que, pese al tiempo transcurrido, no ha hecho prácticamente nada para reconstruir la zona afectada. Más aun, con premuras electorales, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para reactivar –dizque– el programa Techo Propio que, sin tener fondos para su funcionamiento, ha continuado con las inscripciones para acceder al Bono Familiar Habitacional (BHF).

Como se notará, el efectismo mediático viene imponiéndose con rotundo éxito. Lo accesorio aparece como importante y lo fugaz hace invisible lo sustancial. Todo parece indicar que será difícil revertir estas formas y la espectacularización de la política no sólo seguirá vigente, sino también con contados protagonistas. Salvo que ocurra una sorpresa, algo siempre esperable en el desdibujado sistema político peruano, es poco probable que pongamos en debate las cuestiones que realmente interesan a los ciudadanos.

desco Opina / 4 de setiembre 2009
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En lo que resta del tiempo

desco Opina / 24 de agosto de 2009

Ni el propio Alan García Pérez se había imaginado que su segundo gobierno se iba a desgastar tan rápidamente antes de llegar a su tramo final. Atrás quedaron los orgullosos 57 o 64 puntos de aprobación que obtenía de la opinión pública limeña. Ahora, con un poco más de dos centenares de conflictos sociales en todo el país, con la mayor parte de sus cuadros políticos «quemados» luego de una pésima o corrupta gestión al frente de algún ministerio, la PCM o el Congreso, y una represa de cifras macroeconómicas a punto de colapsar, el Presidente García no tiene tiempo sino para trabajar exclusivamente en cómo ganar a la base de la pirámide social del Perú aunque no gane las elecciones presidenciales del 2011, pero sí tener opciones para el 2016.

Alan García quisiera salir por la puerta grande de la historia. No puede darse el lujo de terminar este segundo mandato en medio del fracaso, las pifias y el abucheo. Por esta razón, ha reorientado su estrategia de gobierno en torno a la idiosincrasia más enraizada que existe en una sociedad tan desigual y desinstitucionalizada como la nuestra: «roba pero hace obras». Las quejas de corrupción no le preocupan. Si así fuera, Kouri y Castañeda habrían dejado sus honorables cargos debido a sendos juicios por sobrevaloración de obras; sin embargo, gozan de un respaldo popular envidiable para Palacio de gobierno. Las obras de concreto, aunque consumen mucho tiempo y molestia, podrán generan escándalo mediático pero no necesariamente rechazo. Por el contrario, elevan el respaldo popular.

Esta estrategia funcionó muy bien también con Alberto Fujimori. Durante su gobierno, bajo los grandes programas de focalización orientados por la demanda –esto es, los núcleos ejecutores–, se construyeron cientos de colegios y postas médicas. También se hicieron miles de kilómetros de caminos y puentes. Se concretaron proyectos de irrigación, obras sanitarias e incluso plazas y parques. Se repartieron alimentos a las familias de las zonas más empobrecidas a escalas nunca antes vistas, en cientos de comunidades y distritos donde nunca antes había llegado un Presidente del Perú. Las evaluaciones reportaban que el modelo de los núcleos ejecutores funcionaba, pues se repartía los beneficios allí donde era necesario. Pero estas mismas evaluaciones también reportaron un detalle singular, el momento y monto de la ejecución de los proyectos era clave para comprar el respaldo popular. La experiencia de Puno, luego de la derrota del referéndum constitucional de 1993, fue uno de los tantos ejemplos que demostraron que esto fue así.

Por ello, cuando las primeras evidencias de corrupción comenzaron a mostrar el lado oculto y pecuniario de la gestión fujimorista, resultaba notable observar que una parte mayoritaria de la población se resistía a desaprobar la gestión del «Chino» ¿Por qué? Porque a pesar de los millones de dólares que se decía que Fujimori había robado, lo importante era que el pueblo veía en él, al Presidente que hacía obras como nunca antes nadie lo había hecho.

Por eso el actual momento es circunstancialmente propicio para Alan García. Una gran crisis global amenaza la bonanza económica doméstica que él hubiera deseado dure milagrosamente hasta el 2011. Sólo tiene unos cuantos millones de soles embalsados en los gobiernos regionales y locales y en el presupuesto de inversiones del próximo año para lograr algún efecto hasta mediados del 2010 y luego empezar a encandilar con su voz a todas las sangres. Por eso la decisión es apresurada: el Estado debe gastar más y rápidamente para recuperar la confianza del pueblo comprándolos con obras. Después de todo, es preciso hacerlo, cuando tanto propios como extraños no van a calificarlo de populista, ¿Acaso no ven que estamos en crisis?

Es por eso que esta estrategia quedaría coja si no complementa sus acciones con una campaña comunicacional agresiva para minimizar las voces disonantes y envidiosas de sus críticos y detractores. Por eso la ley mordaza y las amenazas sórdidas a los bloggers. Por eso también las cuentas circenses de facebook y twitter de su Ministerio de Justicia como si estas pudieran lavarle la cara a uno de los poderes más desprestigiados y corruptos de nuestro país. Pero le es necesario seguir esta ruta para garantizar el fortalecimiento de su partido en los próximos dos años a costa de los naturales pies de lastre del Estado en contraste con la elevada eficiencia y efectividad del andamiaje que logre montar paralelo a éste. Este exo-estado es su última apuesta para recuperar al Perú.

No obstante, hay un gran supuesto en su diagnóstico, que se constituye como la principal frontera de su apuesta. Que el 2010 habrá una recuperación de la economía mundial y que el Perú mejorará al mismo ritmo que ella. Pero las crisis financieras de fines de los noventa demuestran lo equivocado que está. Estas socavaron las bases sociales de Fujimori, y la actual crisis, definitivamente acabará con su gobierno.

desco Opina / 24 de agosto 2009
Fecha: 08/2009. Descargar AQUI

CHINCHA 2009, TESTIMONIOS DE LA AUTORECONSTRUCCIÓN

El segundo aniversario del terremoto ocurrido en el sur peruano ha sido objeto de numerosos comentarios críticos. Desde la política se ha destacado que el reciente mensaje presidencial por las Fiestas Patrias no mencionó palabra alguna sobre las labores de recuperación luego del terremoto. No sorprendió tampoco que la semana anterior al segundo aniversario fuéramos testigos de una diarrea de anuncios de inauguraciones y de promesas para el presupuesto del año 2010. Las autoridades tratan de mostrar sus acciones y justificar los magros resultados. La ocasión para criticarse unos a otros no es una sorpresa. El gobierno central acusa a las regiones de incapacidad de gasto y las regiones replican con lo mismo. Si de poder a poder se trata, la opinión pública se inclina a pensar que hay falta de voluntad política del Gobierno Central, haciéndose eco de la sensación de abandono y la desidia frente a las necesidades de la reconstrucción que observan las familias de la región afectada.

El terremoto ha ocurrido en una zona privilegiada del país. Su cercanía a la capital no es solamente un asunto de la carretera pavimentada y los buses que parten de Ica a Lima y viceversa cada 7 minutos. También es una cercanía a las costumbres costeñas y limeñas, a sus gastronomía, dulces y música. Es la cercanía a las clases más acomodadas del Perú, tanto por lazos familiares, también por sus playas y por la creciente inversión que empresarios de la capital hacen en la agricultura agroexportadora del sur, que experimenta un impresionante crecimiento.

Todo ello ha motivado la proximidad mediática y el eco a las quejas de los afectados de las ciudades más destruidas, en particular Pisco y Chincha. Esta proximidad también explica la falta de interés de la prensa en lo que sucede en Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna, provincias serranas y pobres también afectadas por el (mismo) terremoto.

Los ciudadanos comunes y corrientes debiéramos imaginar por un instante lo que hubiera sucedido en Huancavelica, Apurímac o Puno si 600 personas hubieran fallecido y 75,000 viviendas así como sus escuelas y hospitales se hubieran venido abajo. La "cercanía" no sería la misma, lo que muestra la profunda desigualdad que existe en el país. Serían mucho menos las instituciones, personas y empresas las que se alinearían detrás de una solidaridad con la sociedad afectada. La solidaridad misma también tiene gradaciones.

Pero, si la cercanía física y emocional de la costa de Ica al poder es tanta, ¿por qué solamente se han edificado 550 de las 1100 aulas de escuela destruídas? ¿Por qué se ha entregado menos de 30,000 bonos de ayuda al daminificado cuando la ley señaló que toda aquella familia, sea propietaria, posesionaria o inquilina, esto es, 75,000 viviendas donde vivían cerca de 100,000 familias sería acreedora a ese subsidio de emergencia?

Las declaraciones grabadas que acompañan esta nota, testimonios tomados en agosto de este año en diversas localidades chinchanas, nos remiten a una situación sobre la cual los peruanos tenemos poca sensibilidad. El tema de la reconstrucción de la vivienda y de la economía local.

Los peruanos --pueblo y autoridades-- sabemos actuar en casos de emergencia y tenemos algunas nociones sobre lo que es la prevención de desastres. Pero no tenemos claro lo que significan los procesos de reconstrucción. Para el gobierno actual reconstruir significa "reponer lo que había", ignorando así que la tan mentada oportunidad que abre toda crisis era la del desarrollo integral de un vasto territorio. Por esa razón, no han faltado memoriosos que nos recuerden actitudes totalmente diferentes del gobierno central frente al terremoto de Ancash (1970) y de las autoridades central y local cuando los terremotos destruyeran Arequipa (1960) y Cusco (1950). Los planes de reconstrucción de entonces, aunque rudimentarios tenían mucho mayor visión que la broma con gusto 7.9º que publicara el FORSUR antes de desentenderse de su responsabilidad. Es indignante encontrar allí dibujos absurdos de propuestas de vivienda rural sin servicios higiénicos, pero con excelentes tecnologías que no han podido ser implementadas con el bono 6000, excepto allí donde la cooperación extranjera y la no gubernamental pisaron fuerte y forzaron la mano a las propias autoridades nacionales.

Reconstruido el aparato productivo de los grandes en el sur, se ignoró que la realidad del pujante Sur Chico de Lima también es de pobreza y discriminación... al igual que en el resto del país. Esa parte --la de la gente-- es la que no se ha reconstruido de manera oficial. Ni siquiera se piensa en ello.

La destrucción masiva de territorios y economías locales demanda una acción pública para todo el teritorio y no sólo para algunos. Demanda planes y un papel rector del Estado. El gobierno actual sigue creyendo en lo que la realidad ha desmentido: que la economía popular se reconstruye de manera automática y que la pobreza termina por goteo o chorreo. En fin, el gobierno no se preocupa en apoyar las pequeñas iniciativas privadas esto es, las de la auto reconstrucción.

Las familias han demostrado gran capacidad de reponerse a la situación, de combinar los distintos recursos disponibles, incluyendo las vitales ayudas durante la emergencia. De lo que se trata ahora no es de "ayuda" ni de más donaciones. Ahora la solidaridad tiene que expresarse en planes regionales (que debieran ser nacionales) que faciliten los numerosísimos procesos e iniciativas puntuales e individuales para producir y para construir un nuevo futuro.

Era -- y aún queda-- la oportunidad para empezar desde el principio. La oportunidad para que no se reconstruya la informalidad, la oportunidad para que las familias edifiquen viviendas que no se vayan a caer de nuevo, la oportunidad para el pequeño productor agrícola para cultivar mejor, para la Sierra Exportadora. Era también la oportunidad para desarrollar modelos de gestión que fortalezcan en vez de menospreciar sibilinamente a las municipalidades, también damnificadas por el terremoto. Era la oportunidad dorada para mostrar la posibilidad del desarrollo nacional sin exclusión.

cHINCHA 2009, TESTIMONIOS DE LA AUTORECONSTRUCCIÓN

Participaron.
En Grocio Prado: Juan Pablo Castilla y familia, Eusebio Tasayco, Jaime Orlando, Eduardo Ávalos y familia, Jackeline Saravia y familia
En Chincha Alta: Juan Gutiérrez e Isabel de Gutiérrez, Erlinda Castro y familia
En Chincha Baja: Miguel Angel Araujo
En Pueblo Nuevo: Alcides De la Cruz, Germán Piñan, Alberto Vera, Juan Tornero
En Tambo De Mora: Julia Ormeño, Melchorita Ormeño, Ana Melba Ramírez
En Nuevo Tambo de Mora: Familia Sotelo
En Cruz Verde-Tambo De Mora: Aral Caqui y Elvira Gonzáles, José Iraola y Carmen Rosa Rojas, Francisco Arango y familia

Producción. Desco- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
Concepto, investigación y guión. Teresa Cabrera, Gustavo Riofrío, Mario Zolezzi
Con el apoyo de Juan Tokeshi, Paul Sánchez, Claudia Canchaya
Cámara, edición y post producción. Carlos García - Monoloco Producciones
Gracias a Asociación Solidaridad Países Emergentes-ASPEM y Associazione Volontari per il Servizio Internazionale-ASVI por la colaboración de sus equipos en Chincha.

Agradecimiento especial: UN-HABITAT / ROLAC