La ley antiforestal y los retos del mercado europeo

 

En el 2023, el Parlamento europeo aprobó el reglamento sobre la deforestación, estableciendo normas referentes a la comercialización en su mercado, así como a la exportación de cacao y café, entre otros productos, con el objetivo de reducir al mínimo posible su contribución a la deforestación y degradación forestal en el mundo.

Esta nueva normativa incluye lineamientos que pueden afectar significativamente el volumen de las agroexportaciones peruanas con destino a Europa y a la que los productores tendrán que adecuarse con urgencia porque deben comprometerse a reducir al mínimo la deforestación y la degradación forestal en el mundo. Según los datos del Parlamento europeo, la Unión Europea (UE) ha sido la causante del 10% de la deforestación a nivel mundial, tanto de forma directa como indirecta, de los últimos 30 años, siendo silenciosos cómplices de la destrucción de bosques de un espacio mayor que el que ocupa la Unión Europea. Con esta medida pretenden resarcir los daños permitidos.

El artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, Ley 29763, otorga la posibilidad de cortar bosque de forma “legal”, simplemente probando que el suelo donde se piensa realizar la deforestación es de uso agrícola; con este criterio que no requiere de un sustento técnico, el mercado europeo se cerrará para todos nuestros productos, pues será difícil demostrar que lo que les vendemos no tiene ningún vínculo con una deforestación descontrolada. 

La lista de productos de la UE incluye al café y al cacao que son los productos bandera de nuestra selva central (Europa nos compra el 40% de nuestro cacao y el 55% de nuestro café). Los países miembros de la UE consideran que esta exigencia es un gran paso en la lucha contra el cambio climático y la pérdida global de biodiversidad, pero también hay quienes argumentan que estas nuevas medidas del mercado europeo, encarecerán el costo de los productos, porque serán pocos los productores agrarios que cumplirán con esos parámetros.

La llamada “Ley antiforestal” modifica el procedimiento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), esto permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, con lo cual nos alejamos de los considerandos del mercado de la UE. A pesar de que esta norma es señalada como inconstitucional porque viola los artículos 67, 68 y 69 de nuestra Constitución, aparentemente solo podría ser detenida por la movilización ciudadana; lamentablemente, esta movilización social alcanza únicamente a los entendidos en la materia y no al público en general, que por desconocimiento del tema se mantiene al margen de esta problemática.

El valor de las exportaciones peruanas de café y cacao a la Unión Europea suma más de US$ 800 millones anuales, panorama que puede continuar creciendo y prosperando si el Perú puede adaptarse al nuevo reglamento europeo que entrará en vigor después de diciembre de 2024.

En el Perú se requiere conciliar el crecimiento económico, el progreso social y responder organizadamente a los grandes desafíos ambientales que nos permitan preservar nuestra megadiversidad y recursos hidrobiológicos; por ello, hay quienes vienen promoviendo y adoptando el paradigma de una economía verde e inclusiva como una marcha hacia el desarrollo sostenible, a fin de generar prosperidad para todas las personas en armonía con el medioambiente.

A propósito, es momento de identificar las barreras que impiden un desarrollo acelerado que armonicen adecuadamente la producción de café y cacao con el sector forestal. Esto requiere soluciones integrales que involucran a muchos actores e instituciones y una gestión integrada de cuencas hidrográficas para aprovechar debidamente las oportunidades que generan la demanda externa e interna.

 

 

desco Opina – Regional / 26 de abril del 2024

descocentro

Cultivando conflictos agrarios en la selva central

Hace pocos días, la titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Fabiola Muñoz, anunció la reestructuración total de su sector con la finalidad de mejorar la provisión de servicios a los pequeños agricultores. Previamente, ella se había reunido con representantes de algunos gremios agrarios para analizar diversos temas: problemática del café, financiamiento al agro, modificación a la ley de organizaciones de usuarios, gestión participativa, impulso a la agricultura orgánica y familiar, fortalecimiento de la institucionalidad del Minagri, el seguro agrario, acceso a crédito agrario, entre otros. Ello, sin embargo, no logró detener el paro de agricultores, y al igual que en movilizaciones anteriores, sus interlocutores no fueron los organizadores de la medida de fuerza, lo que mostraría problemas de representatividad, tanto como la pretensión del Ejecutivo por prevenir incendios, pero ignorando a los pirómanos.

Por otro lado, no es la primera vez que durante este gobierno se plantea la reestructuración del Minagri; sin embargo, nunca ha quedado claro el modelo alternativo a implementarse, que priorice la problemática de la agricultura familiar y campesina. No es lo mismo la pequeña actividad agropecuaria de la costa que la de sierra o selva, pues aunque comparten elementos comunes, afrontan también problemas específicos (cultivos estacionales y permanentes, ganadería diversa, precios de mercados locales e internacionales como el café, el cacao o la fibra de alpaca, entre otros).

En la actividad agraria de la selva, las insatisfacciones tienen que ver con productos emblemáticos como el café, que aún no recupera totalmente su productividad luego de la plaga de roya amarilla y experimenta una baja cotización internacional, lo que no permite generar rentabilidad, dificultando incluso cubrir costos de producción y pagar deudas a Agrobanco. Esto sin duda cierra posibilidades de acceder a créditos, así como satisfacer las necesidades económicas familiares.

En este escenario no es extraño que, tal cual ha alertado la Junta Nacional del Café (JNC), muchos cafetaleros están abandonando el cultivo e incursionando en la producción de coca, poniendo sus tierras y su mano de obra al servicio de cultivos ilícitos. Mientras no se manejen alternativas válidas en los valles amazónicos, el Estado tendrá que emprender campañas de erradicación, generando tensiones y enfrentamientos.

Otro aspecto a considerar es que en los distritos más aislados se está deforestando el bosque para nuevos cultivos como el kion y la piña, que si bien permiten que los agricultores se capitalicen rápidamente en tiempos de crisis, dadas las características de su manejo degradan los suelos, lo que va en sentido contrario a los esfuerzos del Estado en la conservación de los servicios ecosistémicos de nuestra riqueza forestal.

Las movilizaciones de los campesinos han sido pacíficas y con poca cobertura de los medios capitalinos, que se han limitado a visitar los mercados de abastos y decir que no habrá problemas de abastecimiento ni justificaciones para la especulación de precios, lo que no permite conocer la magnitud de los reclamos y menos, un entendimiento de la problemática por parte del ciudadano común.

En conclusión, el problema de fondo es la ausencia de políticas explícitas para el fomento de la agricultura familiar en los diversos ámbitos del Perú. La reestructuración del Minagri es ciertamente válida, pero a condición de tener clara la política agraria para el país, que reconociendo la diversidad existente, formule estrategias diferenciadas y entienda el sector agrario peruano como algo mucho más complejo y de mayor amplitud que la agroexportación. No olvidemos que, después de todo, la agricultura familiar y campesina juega un importante rol en el abastecimiento del mercado nacional de productos alimenticios. Reestructurar el MINAGRI no puede entenderse solo como un cambio de organigrama y el reordenamiento institucional –lo que ciertamente es necesario– sino, sobre todo, políticas diferenciadas y asignación de recursos adecuados para los grupos más desfavorecidos del campo. El Estado debe saber interpretar las necesidades del agro, capitalizar sus saberes, proveerlos de recursos de inversión con enfoque empresarial, fortalecer sus organizaciones y modernizar la actividad agrícola.

desco Opina - Regional / 17 de mayo de 2019

Programa Regional Centro - descocentro

Café, deudas de insomnio

Mientras los medios y la opinión nacional se encuentran concentrados en juicios y destapes de corrupción, el problema cafetalero en la selva central continúa sin solución definitiva. Así, las últimas movilizaciones de los productores de la región han puesto sobre el tapete algo más que el problema del crédito agrario, eje de los reclamos a raíz de la plaga de roya amarilla que llevaron a la crisis del sector cafetalero hace cinco años: la venta y el abandono de los predios agrícolas, la fragmentación familiar por la migración en busca de empleo, y una reconversión productiva de resultados inciertos hacia el kión, el maíz, la yuca y los cítricos, sobre los cuales hay poco conocimiento técnico, pero una alta dependencia de los acopiadores.

Otra dificultad es la fragmentación y falta de representatividad de las organizaciones de productores, que ante una misma situación tienen posiciones diferentes. Así, un sector de cafetaleros propuso y negoció la extensión de plazos y la reducción de los intereses (2016 y 2017), un segundo grupo negoció en setiembre del 2018 soluciones similares; en tanto un tercer grupo propugna la condonación total de la deuda (octubre 2018). El gremio cafetalero fracasó en lograr la condonación, perdiendo representatividad y facilitando condiciones para el ascenso de dirigentes con posturas aparentemente más recalcitrantes. Cabe señalar que ser beneficiarios de una condonación obtenida por movilizaciones y presión, incluiría a los cafetaleros en una indeseada cartera de clientes inelegibles por la banca, bloqueando su acceso a financiamientos en condiciones adecuadas, quedándoles como única opción recurrir al capital usurero.

Los problemas organizativos y la falta de representatividad de los gremios de productores agrícolas y la ausencia de un pliego único es común en el agro nacional, lo que se evidenció en los primeros meses del año durante la crisis derivada de la sobreproducción de papa; la que llevó a negociaciones separadas con varios grupos con propuestas diferentes.

Nuestro café ha logrado reconocimientos en muchos certámenes internacionales, pero los costos de producción y la cotización de la Bolsa de Comercio no son compatibles con las necesidades económicas de las familias productoras. La buena productividad que han alcanzado algunos, no contrarresta los bajos precios que limitan seriamente la capacidad de acumulación del productor y por tanto sus posibilidades de honrar compromisos y cubrir sus necesidades económicas. Existe un incremento del mercado nacional, que genera esperanzas de mejorar los ingresos del gremio en el mediano plazo, pero parece ser aún insuficiente.

Durante el mes de noviembre, grupos de cafetaleros han mantenido reuniones para reorientar sus medidas de lucha para lograr la condonación de deudas, pero sin considerar las consecuencias de esta medida, especialmente la quiebra de Agrobanco que, a mayo de 2017, contaba con una pérdida contable de S/ 146 millones. La condonación de la deuda cafetalera agravaría su situación y la colocaría en situación de inminente quiebra.

En conclusión, la deuda por la crisis del café tiene contra la pared a los cafetaleros y al mismo Minagri. En el corto plazo, es muy probable que se produzcan nuevos bloqueos de carreteras y demandas de condonación. Se confirma una vez más también, la escasa capacidad del Estado para proponer políticas diferenciadas de desarrollo que incorporen las peculiaridades de cada contexto local.

desco Opina - Regional / 30 de noviembre de 2018

Programa Regional Centro - descocentro