Majes Siguas II al azar

 

Las últimas semanas hemos asistido a numerosos debates sobre la situación del proyecto Majes Siguas II; asimismo, se ha publicado diversa información sobre las gestiones que se vienen realizando por distintas instancias públicas para hacerlo realidad, sin que a estas alturas tengamos la certeza de cuál será el futuro del proyecto, paralizado por varios meses en medio de tires y aflojes institucionales.

El gobierno nacional, a través del Minagri, mostró su disposición para destrabar el proyecto proponiendo la suscripción de un convenio que transferiría la titularidad del mismo al ministerio. Sin embargo, esta propuesta fue desestimada por el Consejo Regional de Arequipa, pese a que el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, se manifestó a favor de aceptar la entrega del proyecto a través de un convenio al Ejecutivo.

Pero, más allá de los aspectos políticos en la definición de la ejecución del proyecto, son de mayor preocupación los aspectos técnicos que se están soslayando con el tiempo y el impacto económico que está acarreando esta falta de decisión.

Respecto al primer punto, la empresa Cobra –concesionaria del proyecto– activó el mecanismo de caducidad del contrato para rescindirlo mediante una carta dirigida al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en la que se señala, además, la cuantiosa afectación económica por la que podría exigir una compensación de 66 millones de dólares por daños y perjuicios. Sin embargo, tras la aprobación en el Pleno Agrario de la ley de garantía soberana para destrabar el proyecto Majes Siguas en Arequipa –que ayudaría a viabilizar los recursos para costear los 104 millones de dólares de la Adenda 13–, la empresa habría reconsiderado su decisión, según Gregorio Palma, Gerente General del GRA.

Respecto al segundo punto, agricultores y diversos especialistas se han pronunciado advirtiendo los riesgos de la entrada en funcionamiento de Majes Siguas II por el estado en que se encuentra la infraestructura de túneles y canales de la primera etapa; que requeriría un mantenimiento importante ante la existencia de filtraciones y deterioros que serían un peligro ante el hecho de transportar casi el triple del actual volumen de agua de 12 m³ que discurren por esta infraestructura. Adicionalmente, desde el punto de vista legal, opiniones de expertos señalaban que el contrato de concesión suscrito, establecía claramente la responsabilidad de la concesionaria para los casos en que hubiese cambios en los diseños.

Pero en este tiempo de inmovilidad también ha surgido un nuevo problema: la legalidad de los terrenos. No sabemos a ciencia cierta si es que el GRA terminó de sanear la totalidad de terrenos donde se construirá la presa de Angostura. Sumado a ello, un conocido ex dirigente social del Cono Norte de Arequipa reapareció reclamando la adjudicación de terrenos dentro del proyecto, alegando estar bajo posesión de la Asociación Pampas Bayas, y que incluso ha cambiado su domicilio para hacer más creíble su reivindicación. En el fondo lo que persigue, es lograr un trato como el que consiguieron los pobladores de la comunidad de Pusa Pusa, que accedieron a ceder sus terrenos donde se construirá la represa a cambio de terrenos en Majes.

Esta maraña de problemas impide ver un asunto de fondo: la adjudicación de tierras del proyecto, previsto en lotes de 200 hectáreas, lo que no permitiría el acceso a agricultores, sino a conglomerados empresariales de alimentos y de la agroexportación. Este hecho lleva a cuestionarnos para quién trabaja el Estado con este proyecto, ¿para la población o para los privados? ¿Para quién es el megaproyecto por el que el “pueblo arequipeño” lucha? Lo que proponemos es un cambio de sistema de adjudicación a un sistema mixto, que también permita la entrada a la pequeña agricultura. Sí, es cierto que el proyecto generará empleo, pero de qué calidad, cuando sabemos que los empleados de la agroexportación están sujetos a un régimen laboral especial que aunque ha sido mejorado en el último año, aún dista mucho de proteger los derechos plenos de los trabajadores.

Según las últimas noticias, el destino del proyecto se resolvería en estos días. El gobernador ha pedido una audiencia con el presidente Vizcarra, la ministra de Economía, y el ministro de Agricultura; el asunto de la cita: obtener un crédito por 104 millones de dólares para ejecutar la Adenda 13 solicitada por Cobra, adenda que hasta ahora no ha sido dirimida por un ente especializado de alto nivel.

Así, con este nivel de indefiniciones en pro del desarrollo de los habitantes, una carencia de visión estratégica y la falta de «muñeca» para negociar con el contratista, Majes Siguas II es cómo el juego: nadie sabe para quién trabaja.

 

desco Opina - Regional / 30 de octubre de 2020

descosur

El sur posaislamiento

Las medidas de aislamiento social dictadas por el presidente Martín Vizcarra para contener el contagio masivo del nuevo coronavirus han sido saludadas, no solo por grandes sectores en el país, sino por expertos en otros lados del mundo. También queda claro que Perú no podrá escapar de la recesión económica mundial que se viene, ciertamente con sus particularidades: una economía con el 72 % de informalidad, dependiente en un 60% del mercado externo y cadenas económicas frágiles en provincias y, simultáneamente, uno de los países con mayores márgenes de decisión por su situación económica.

El 13 de abril no volveremos a la normalidad, como muchos están pensando. El aislamiento social continuará y las restricciones para la movilidad interna también, sobre todo porque la mayoría de contagios del virus están focalizados en la capital y hay solo un departamento que aún está libre del virus (Puno) de los libres del sur que había hasta la semana pasada (Apurímac, Moquegua y Puno), mientras el número de casos confirmados en otros departamentos del sur son bajos y están controlados. La incertidumbre por los contagios está haciendo que algunas provincias del sur comiencen a cerrar sus accesos, salvo para el transporte de alimentos, como Sánchez Cerro (Moquegua), o que estén con las alertas al tope, como Santa Lucía (Puno), por el transporte ilegal de pasajeros en estos días de confinamiento.

Si bien estamos seguros que no tendremos problemas de desabastecimiento alimentario, pues felizmente en el sur tenemos un movimiento agrícola y pecuario muy dinámico a pequeña y gran escala, hay sectores económicos que se verán afectados. Por nuestro quehacer institucional nos preocupan dos en particular: el turismo rural y la producción alpaquera.

Respecto al primer sector, sin duda el Valle del Colca será grandemente afectado. Aún no es claro a qué se dedicarán todas las personas que han invertido en diversos negocios de servicios al turista, como casas vivenciales, restaurantes, guías, artesanías etc. En estos días vimos un ejemplo de adaptación a los nuevos tiempos: los habitantes de la isla de Uros retornando a sus actividades ancestrales para vivir mientras la actividad del turismo está detenida. ¿Cómo harán otros emprendedores del turismo rural en otras partes de Arequipa, Cusco y Puno? En breve lo sabremos. Aún no se avizoran políticas de nivel regional que puedan atender este problema. Es momento de revalorar la importancia de la pequeña agricultura, que predomina en el Valle del Colca y que tradicionalmente abastece a la ciudad de Arequipa, para que se constituya en una alternativa de compensación a la previsible caída del turismo.

Pero, sin duda, el golpe más duro lo recibirá el sector alpaquero. En la Macrorregión sur se calcula que hay 64 800 familias dedicadas a la crianza de camélidos sudamericanos domésticos (Cenagro 2012). Ya a finales del año pasado, el precio de la fibra había caído estrepitosamente a 8 soles la libra, luego de estar a 18 soles al comenzar el 2019. Es muy probable que muchas compras del extranjero se cancelen, teniendo en cuenta que el principal mercado de la fibra se concentra en China, Italia y Estados Unidos, tres de los países más golpeados por las consecuencias del covid-19. Tenemos el antecedente de la crisis financiera del 2008, cuando el precio de la fibra cayó a 3 soles la libra de fibra blanca y su recuperación tardó varios años. Se debería esperar que entre las medidas que el gobierno viene organizando para enfrentar la crisis, se considere a este sector con políticas para las compras estatales de fibra y la mejora del sistema de comercialización de la carne de camélidos que abastece el mercado interno.

En el caso de la fibra de alpaca, esperamos que las misiones comerciales en los países compradores cumplan un rol dinámico en la promoción y recuperación de este mercado y brinden información acerca de su evolución y que, complementariamente, se impulsen las compras estatales de fibra como se hizo en anteriores oportunidades para la confección de chompas escolares, por ejemplo. En el caso de la carne, serán importantes las acciones del Minagri para mejorar el sistema de comercialización con un rol muy activo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para potenciar este recurso como fuente de ingreso de los criadores, previniendo así su descapitalización con una saca planificada. Nos queda pendiente la pregunta ¿Cuál será la reacción del empresariado dedicado a la confección con estas fibras?, la respuesta es incierta.

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, anunció recientemente que el gobierno está preparando un plan para contener y reactivar la economía, que por lo poco que se conoce se centrará en facilidades a las empresas para acceder a préstamos, que seguro ayudarán a sobrellevar la crisis a grandes empresas y a algunas pequeñas, pero hay otros sectores (empresas familiares, asociaciones productivas) que quedarían fuera del plan. También se anunció un incentivo a las empresas para que no despidan personal, solventando el 35% de la planilla de trabajadores que ganen menos de 1500 soles. ¿De qué les sirven estas medidas a las personas a las cuales se les cierra el mercado?

Se vienen tiempos feroces.

desco Opina - Regional / 6 de abril de 2020

descosur

Cultivando conflictos agrarios en la selva central

Hace pocos días, la titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Fabiola Muñoz, anunció la reestructuración total de su sector con la finalidad de mejorar la provisión de servicios a los pequeños agricultores. Previamente, ella se había reunido con representantes de algunos gremios agrarios para analizar diversos temas: problemática del café, financiamiento al agro, modificación a la ley de organizaciones de usuarios, gestión participativa, impulso a la agricultura orgánica y familiar, fortalecimiento de la institucionalidad del Minagri, el seguro agrario, acceso a crédito agrario, entre otros. Ello, sin embargo, no logró detener el paro de agricultores, y al igual que en movilizaciones anteriores, sus interlocutores no fueron los organizadores de la medida de fuerza, lo que mostraría problemas de representatividad, tanto como la pretensión del Ejecutivo por prevenir incendios, pero ignorando a los pirómanos.

Por otro lado, no es la primera vez que durante este gobierno se plantea la reestructuración del Minagri; sin embargo, nunca ha quedado claro el modelo alternativo a implementarse, que priorice la problemática de la agricultura familiar y campesina. No es lo mismo la pequeña actividad agropecuaria de la costa que la de sierra o selva, pues aunque comparten elementos comunes, afrontan también problemas específicos (cultivos estacionales y permanentes, ganadería diversa, precios de mercados locales e internacionales como el café, el cacao o la fibra de alpaca, entre otros).

En la actividad agraria de la selva, las insatisfacciones tienen que ver con productos emblemáticos como el café, que aún no recupera totalmente su productividad luego de la plaga de roya amarilla y experimenta una baja cotización internacional, lo que no permite generar rentabilidad, dificultando incluso cubrir costos de producción y pagar deudas a Agrobanco. Esto sin duda cierra posibilidades de acceder a créditos, así como satisfacer las necesidades económicas familiares.

En este escenario no es extraño que, tal cual ha alertado la Junta Nacional del Café (JNC), muchos cafetaleros están abandonando el cultivo e incursionando en la producción de coca, poniendo sus tierras y su mano de obra al servicio de cultivos ilícitos. Mientras no se manejen alternativas válidas en los valles amazónicos, el Estado tendrá que emprender campañas de erradicación, generando tensiones y enfrentamientos.

Otro aspecto a considerar es que en los distritos más aislados se está deforestando el bosque para nuevos cultivos como el kion y la piña, que si bien permiten que los agricultores se capitalicen rápidamente en tiempos de crisis, dadas las características de su manejo degradan los suelos, lo que va en sentido contrario a los esfuerzos del Estado en la conservación de los servicios ecosistémicos de nuestra riqueza forestal.

Las movilizaciones de los campesinos han sido pacíficas y con poca cobertura de los medios capitalinos, que se han limitado a visitar los mercados de abastos y decir que no habrá problemas de abastecimiento ni justificaciones para la especulación de precios, lo que no permite conocer la magnitud de los reclamos y menos, un entendimiento de la problemática por parte del ciudadano común.

En conclusión, el problema de fondo es la ausencia de políticas explícitas para el fomento de la agricultura familiar en los diversos ámbitos del Perú. La reestructuración del Minagri es ciertamente válida, pero a condición de tener clara la política agraria para el país, que reconociendo la diversidad existente, formule estrategias diferenciadas y entienda el sector agrario peruano como algo mucho más complejo y de mayor amplitud que la agroexportación. No olvidemos que, después de todo, la agricultura familiar y campesina juega un importante rol en el abastecimiento del mercado nacional de productos alimenticios. Reestructurar el MINAGRI no puede entenderse solo como un cambio de organigrama y el reordenamiento institucional –lo que ciertamente es necesario– sino, sobre todo, políticas diferenciadas y asignación de recursos adecuados para los grupos más desfavorecidos del campo. El Estado debe saber interpretar las necesidades del agro, capitalizar sus saberes, proveerlos de recursos de inversión con enfoque empresarial, fortalecer sus organizaciones y modernizar la actividad agrícola.

desco Opina - Regional / 17 de mayo de 2019

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