La Ley Chlimper 2.0

 El apelativo “Ley Chlimper” remite a la legislación aprobada durante el gobierno fujimorista en el año 2000, impulsada por el entonces ministro de Agricultura José Chlimper, él mismo, empresario agroexportador. Aunque se prometió que sería temporal, se extendió por cerca de veinte años, lo que generó diversas protestas de los trabajadores agrícolas que fueron reprimidos y criminalizados en todo momento, hasta que se derogó la ley el año 2020.

En diciembre del año 2020 el gobierno aprobó la Ley Agraria N° 31110. Su propósito fue prolongar por un tiempo adicional los beneficios de los agroexportadores. Particularmente de siete de las grandes empresas transnacionales que operan en el país. Su intención principal fue mantener el impuesto a la renta (IR) de las empresas agroexportadoras. La tasa se redujo gradualmente, pero manteniéndose en un mínimo del 29.5% buscando equiparar los beneficios laborales y tributarios que de por sí ya eran fuertes.

El proyecto actual, (aprobado en primera votación el 4 de junio), establece una reducción a costa del Estado al 15 % por 10 años (2025–2035) y propone eliminar completamente el límite temporal, sin una justificación técnica clara. El debilitado Ministerio de Economía y Finanzas se ha limitado a comentar que esta decisión crea un déficit fiscal estimado en S/ 1850 millones de soles anuales, lo cual generaría un costo total aproximado de S/ 20 000 millones si se prolonga más de una década. Lo que se está haciendo es concederles excesivos beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras afectando al Estado, que por esta redistribución regresiva perderá recursos que podrían destinarse a educación, salud, infraestructura y seguridad que requerimos todos los peruanos.

El sector agroexportador que generó US$2.991 millones de dólares en solo los primeros tres meses del presente año podría seguir pagando menos impuestos que el resto de peruanos. Por lo pronto, actualmente, los agroexportadores pagan menos EsSalud, por lo que la atención médica de sus trabajadores es parcialmente subsidiada por el Estado.

Los principales gremios (CGTP, Conveagro, y federaciones de trabajadores) que han criticado la nueva ley por solo beneficiar a grandes empresas, han hecho notar al país que esta decisión del Congreso deja en desventaja a la agricultura familiar, la cual agrupa a cerca de 1.5 millones de pequeños productores.

Por cierto, se ha procedido a votar una ley que no ha contado con un mínimo acompañamiento social, es decir, sin consultas previas ni diálogo con gremios agrarios y sectores opuestos a la informalización laboral y la exclusión de la agricultura familiar. Además, si antes los beneficios tenían un tope temporal, ahora se pretende eliminar todo plazo para los mismos.

Las empresas que verdaderamente se verán beneficiadas –menos de 20 a nivel nacional–, permite considerar que se trata de una ley con nombre propio que otorga ventajas tributarias sustanciales a tan solo un puñado de agroexportadoras; son mayoritariamente del norte, zona que concentra el potencial agroindustrial del país, lo que explica el afán particular de los legisladores de aquella.

Peor aún, ha dejado de lado a la mayoría de los productores agrarios del país, los productores familiares que son al menos dos millones de pequeñas unidades agrícolas familiares, así como a los medianos y pequeños productores del campo. ¿Tanto esfuerzo nacional para que se la lleven unos pocos?, ¿vale la pena impulsar de este modo un sector de la economía –si bien de punta en el mundo, con arándanos y paltas que usan grandes volúmenes de agua y concentra gran cantidad de tierra– que al no pagar impuestos ni crear empleo de calidad, lo que genera es malestar social?

Adicionalmente, a diferencia de la anterior ley, se ha disminuido la capacidad de fiscalización laboral del Estado, reduciendo el alcance de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en las agroexportadoras, favoreciendo así la informalidad laboral. Esto ocurre en un sector donde el 94% de los contratos son temporales y la tasa de sindicalización ha caído a un mínimo histórico de 2%.

Ante esta situación cabe finalmente preguntarnos ¿qué tan sostenible es para un país otorgar incentivos tributarios tan prolongados sin comprometer recursos para sectores clave como salud, educación o infraestructura? Recordemos que, a nivel internacional, los incentivos al sector agrario suelen tener focalización clara (por ejemplo, pequeños productores, prácticas sostenibles o inclusión social como ocurre en Brasil, México y España) y siempre plazos definidos con evaluaciones periódicas. La Ley Chlimper 2.0 se aparta de estos principios, privilegiando a grandes empresas agroexportadoras sin contrapartidas de sostenibilidad o equidad, y con un horizonte indefinido que compromete la salud fiscal del Estado peruano.

No se trata de una ley cualquiera que atañe únicamente al campo. Llega, por omisión y direccionamiento, a favor del gran capital y afecta la seguridad alimentaria y la sostenibilidad que requerimos en la producción agraria para más de 34 millones de habitantes del Perú.

 

desco Opina / 13 de junio de 2025 

La ley antiforestal y los retos del mercado europeo

 

En el 2023, el Parlamento europeo aprobó el reglamento sobre la deforestación, estableciendo normas referentes a la comercialización en su mercado, así como a la exportación de cacao y café, entre otros productos, con el objetivo de reducir al mínimo posible su contribución a la deforestación y degradación forestal en el mundo.

Esta nueva normativa incluye lineamientos que pueden afectar significativamente el volumen de las agroexportaciones peruanas con destino a Europa y a la que los productores tendrán que adecuarse con urgencia porque deben comprometerse a reducir al mínimo la deforestación y la degradación forestal en el mundo. Según los datos del Parlamento europeo, la Unión Europea (UE) ha sido la causante del 10% de la deforestación a nivel mundial, tanto de forma directa como indirecta, de los últimos 30 años, siendo silenciosos cómplices de la destrucción de bosques de un espacio mayor que el que ocupa la Unión Europea. Con esta medida pretenden resarcir los daños permitidos.

El artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, Ley 29763, otorga la posibilidad de cortar bosque de forma “legal”, simplemente probando que el suelo donde se piensa realizar la deforestación es de uso agrícola; con este criterio que no requiere de un sustento técnico, el mercado europeo se cerrará para todos nuestros productos, pues será difícil demostrar que lo que les vendemos no tiene ningún vínculo con una deforestación descontrolada. 

La lista de productos de la UE incluye al café y al cacao que son los productos bandera de nuestra selva central (Europa nos compra el 40% de nuestro cacao y el 55% de nuestro café). Los países miembros de la UE consideran que esta exigencia es un gran paso en la lucha contra el cambio climático y la pérdida global de biodiversidad, pero también hay quienes argumentan que estas nuevas medidas del mercado europeo, encarecerán el costo de los productos, porque serán pocos los productores agrarios que cumplirán con esos parámetros.

La llamada “Ley antiforestal” modifica el procedimiento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), esto permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, con lo cual nos alejamos de los considerandos del mercado de la UE. A pesar de que esta norma es señalada como inconstitucional porque viola los artículos 67, 68 y 69 de nuestra Constitución, aparentemente solo podría ser detenida por la movilización ciudadana; lamentablemente, esta movilización social alcanza únicamente a los entendidos en la materia y no al público en general, que por desconocimiento del tema se mantiene al margen de esta problemática.

El valor de las exportaciones peruanas de café y cacao a la Unión Europea suma más de US$ 800 millones anuales, panorama que puede continuar creciendo y prosperando si el Perú puede adaptarse al nuevo reglamento europeo que entrará en vigor después de diciembre de 2024.

En el Perú se requiere conciliar el crecimiento económico, el progreso social y responder organizadamente a los grandes desafíos ambientales que nos permitan preservar nuestra megadiversidad y recursos hidrobiológicos; por ello, hay quienes vienen promoviendo y adoptando el paradigma de una economía verde e inclusiva como una marcha hacia el desarrollo sostenible, a fin de generar prosperidad para todas las personas en armonía con el medioambiente.

A propósito, es momento de identificar las barreras que impiden un desarrollo acelerado que armonicen adecuadamente la producción de café y cacao con el sector forestal. Esto requiere soluciones integrales que involucran a muchos actores e instituciones y una gestión integrada de cuencas hidrográficas para aprovechar debidamente las oportunidades que generan la demanda externa e interna.

 

 

desco Opina – Regional / 26 de abril del 2024

descocentro

Reforma agraria y las buenas intenciones

El 3 de octubre, desde Cusco, el presidente Castillo anunció el inicio de la Segunda Reforma Agraria. Algunos puntos sobre las íes simbólicas se hacen necesarios. Los diversos entornos del Presidente escogieron un día significativo, en un lugar donde más de cuarenta años atrás, con un rol protagónico de la Confederación Campesina del Perú-CCP se escenificó una de las más importantes tomas de tierras (Anta), precisamente como una reacción campesina a «la primera» reforma agraria. Se trata de una denominación excesiva en tanto reforma agraria, porque ésta, en sentido estricto, como precisa FAO, es “la reforma de la tenencia de la tierra como un elemento clave para el desarrollo rural”.

Sin embargo, ha sido importante que el gobierno, desde su principal autoridad, haya presentado abiertamente un bosquejo de su línea política en esta materia estratégica, referida, además, a parte de la población peruana –la rural andina– que evidencia enormes dificultades para su inclusión económica, social, política y cultural.

Como se ha dicho continuamente estos días, los anuncios presidenciales, en alguna forma no suponen mayores novedades frente a lo que venimos escuchando las últimas décadas. Sin embargo, tiene la virtud de expresar nítidamente una voluntad política, que no está dirigida a todas las actividades y personas que forman parte del sector agrario, apuntando a aquellos que están postrados por la lógica del mercado y que, en términos generales, producen para el abastecimiento alimentario nacional.

De allí que las primeras críticas que provinieron de la derecha, tras calmar sus pesadillas expropiadoras, fue señalar la exclusión de la agroexportación del espacio político intersectorial y multiniveles que se diseña. Los empresarios costeños no tenían forma de ser parte, porque el sentido de la intervención estatal anunciada busca, sobre todo, resultados sociales y los económicos, se entiende, son un medio para arribar a aquellos.

En línea con esa orientación, un día antes, en Pichari, el corazón del VRAEM, el presidente Castillo, luego de inaugurar el CITE-agroindustrial, sostuvo que era deseo de su gobierno la industrialización de la hoja de coca y construir un aeropuerto en la zona, para que sus productos “salgan directamente al mercado nacional”.

De los diversos elementos que pueden extraerse de las intervenciones presidenciales para el debate, hay dos muy puntuales.

Uno, son los precios relativos. Al respecto, un tema que puso en la mesa desde 1981 uno de nuestros más grandes especialistas en economía agraria, José María Caballero, fue la bajísima productividad y la reducción relativa de las tierras agrícolas del Ande: “las difíciles condiciones naturales y el atraso tecnológico producen bajos rendimientos por hectárea y productividad del trabajo. El campesino andino está sometido a desventajas que dan lugar a rentas diferenciales negativas; se ve forzado a competir en el mercado con la agricultura capitalista nacional, más capitalizada y con tierras mejores, con los productores internacionales cuando produce para la exportación o cuando rivaliza en el mercado interno con productos agropecuarios importados”.

El 2017, el Banco Mundial afirmaba nuevamente que “la otra realidad [paralela a la agricultura de la costa], mucho más común a lo largo de grandes áreas de la sierra y la selva, muestra sistemas agrícolas estáticos, improductivos, orientados a la subsistencia, mal integrados en el mercado y que proveen medios de subsistencia inaceptables para los participantes”.

En efecto, el censo 2012 muestra que el 80% de las unidades agrícolas en el Perú tienen menos de cinco hectáreas, y un gran número de ellas hacen una agricultura de bajos insumos/baja producción. Además, los precios de sus productos son tendencialmente cada vez menores. La combinación de estos factores hace que la economía familiar campesina tenga, actualmente, como su principal ingreso lo que sus miembros pueden obtener en actividades ajenas a la parcela o el hato.

Así, economías ilegalizadas como la coca, la pequeña minería, la tala, el contrabando y otras, tanto como los servicios que pueden ofrecerse desde las ciudades –de donde la población rural obtiene buena parte de sus ingresos– están íntimamente ligadas con esta situación de la pequeña economía agraria de la Sierra peruana. Lo atractivo de estas actividades está en su mayor rentabilidad respecto a las otras opciones económicas que se presentan como alternativa al poblador rural de la Sierra peruana.

Ante esta situación, ¿estamos viendo las cosas desde la perspectiva adecuada?, ¿estamos realmente integrando los complejos y diversos factores que componen la situación del poblador del campo peruano, o estamos asumiendo parcialmente cada uno de estos aspectos? Porque podemos dar una solución «técnica» a estos asuntos y alcanzar capacidades, crédito y tecnología a los campesinos, con lo cual impulsaremos algunas mejoras en su condición, pero sin cambios significativos. También, como propuso Caballero hace cuarenta años, podemos ver esta situación como proclive a cambiar aplicando un claro sentido redistributivo.

El segundo aspecto puntual es la participación de ciudadanos y ciudadanas en el proceso seguido por la política pública propuesta. ¿Cómo participarán los productores, comercializadores, consumidores y demás integrantes de los sistemas productivos y alimentarios en las decisiones que se adopten, garantizando así el debido consenso político?

No deja de ser un gran avance el deseo de articular y coordinar los sectores para lograr resultados. El esfuerzo seguramente también supone la presencia de algunas organizaciones importantes en los espacios por crear. Pero, en un ambiente en el que la asociatividad es un aspecto muy débil –fortalecer a las organizaciones es un punto que forma parte de la agenda–, sería muy oportuno conocer cómo se está pensando darle legitimidad a este significativo esfuerzo.

Finalmente, pero no menos importante, en la línea de la participación de ciudadanos y ciudadanas está la incorporación del protagonismo femenino en la economía rural. Su presencia central, al grado de afirmarse la existencia de una feminización de las tareas agropecuarias, en parte por los procesos ya descritos, no puede responderse anunciando recursos para desarrollo de la mujer rural, fomentar la entrega de créditos a las mujeres de la agricultura familiar, incentivar la asociatividad, la seguridad y soberanía de las familias. Lo que debe hacerse con esos medios descritos, es promover su liderazgo y su consolidación política.

 

 

desco Opina / 8 de octubre de 2021

¿Qué está detrás?

 

El martes primero de diciembre, a propósito de las protestas y bloqueos de carreteras que llevan a cabo los trabajadores agrícolas de la región Ica, un diario de circulación nacional preguntaba en su portada ¿Quién está detrás? Viniendo de quien viene, la pregunta no buscaba una respuesta, sino que los lectores aceptemos una imposición: la directora Valenzuela quería que respondamos «los terrucos».

Así razonan parte del país, ella y sus derechistas lectores. Simples, lineales, superficiales e incapaces siquiera de formular una explicación mínimamente razonable de las dificultades que aparecen en esa prosperidad falaz basada en la extracción, que todavía no dudan en celebrar.

Veamos. No necesitamos ser comunistas para afirmar, por ejemplo, que una primera cuestión a considerar es que el territorio en cuestión ha sido materia de una intensa transformación durante las últimas décadas, debido al nuevo patrón productivo que se impuso en los valles de la parte baja de la cuenca. Para el caso, debieran preguntarles a personas como el ex gobernador regional Fernando Cillóniz, cómo fue el paso del algodón al espárrago como producto dominante, y lo que implicó en las dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales de los valles iqueños.

A estas cuestiones coyunturales se suma un factor estructural, el cambio climático, que disminuye considerablemente la oferta de agua, en una situación de demanda creciente del recurso. Es cierto que es un fenómeno global, pero exige soluciones locales, porque la manera como se manifiesta en una cuenca o en un determinado territorio tiene características diferentes a las que se manifiestan en otro, incluso, en aquél próximo y contiguo.

De esta manera, el espárrago, el principal cultivo de la región, origina una fuerte demanda de mano de obra, generalmente estacional e informal. Sin embargo, debemos apuntar que dicho cultivo está atravesando por un mal momento. Muchas empresas, por diferentes motivos, han dejado de exportarlo, no tienen regularidad o simplemente mueren en el intento de crecer con este cultivo.

En el 2017, 29 empresas –de las 90 que exportaban hasta entonces– dejaron de hacerlo. En el 2018, otras 23 salieron del negocio. Finalmente, en el 2019 dejaron de exportar 30 firmas de un total de 88. Así, el porcentaje de empresas que salió del mercado en los últimos tres años fue de 32, 25 y 34%, lo que abona a favor de la idea de una alta informalidad empresarial, además de la laboral, imperante en el negocio.

Frente a la caída del espárrago, que conlleva una disminución importante en la demanda y las tarifas de trabajo agrícola, está la alternativa de la uva. La emergencia sanitaria produjo cambios sustanciales en el ciclo de este cultivo. Las exportaciones normalmente se realizaban entre agosto y marzo, con picos entre noviembre y febrero. Sin embargo, este año se observó un adelanto en la campaña, iniciándose en junio, alterando la dinámica habitual del trabajo estacional de la región. En todo caso, las cifras positivas del cultivo dependerán del nivel de demanda en un escenario donde una amenaza en ciernes es la sobreoferta mundial.

Así, un sector que normalmente tiene altas tasas de trabajo informal, que puede bordear el 90%, tiende a bajar su nivel de reclutamiento o a disminuir los jornales por debajo de los mínimos legales cuando enfrenta situaciones circunstanciales que golpean la rentabilidad empresarial, como las actuales.

 A ello, hay que sumarle la escasa o nula capacidad del Estado para intervenir en esta situación. No es falta de información, porque lo que acontece es conocido detalladamente por las autoridades, desde años atrás. Es, en suma, la completa incapacidad para aplicar las normas. Además de la inoperancia de la Autoridad Nacional del Agua ANA, que ve ante sus ojos la multiplicación de pozos subterráneos que acrecientan de manera geométrica la desertificación del valle sin poder intervenir, tenemos ahora a SUNAFIL como un ingrediente patético más en esta indignante situación: basta ver la relación existente entre denuncias e intervenciones llevadas a cabo por esta instancia para evidenciar de manera clara, sencilla y contundente la consabida falta de institucionalidad del Estado peruano.

Estamos advertidos: no es la rentabilidad fácil de empresas truchas cuyo funcionamiento y reconversiones ilegales permite el Estado; tampoco la absoluta incapacidad de hacer cumplir sus normas laborales, ni permitir el uso extremo hasta el agotamiento de un bien común como el agua, para el enriquecimiento privado; menos aún la formulación de una mínima estrategia que busque una mayor eficiencia económica de la agroexportación y una mejor distribución de sus beneficios. Son, lo sabemos, los terroristas.

 

 

 

desco Opina / 2 de diciembre de 2020