La ley antiforestal y los retos del mercado europeo

 

En el 2023, el Parlamento europeo aprobó el reglamento sobre la deforestación, estableciendo normas referentes a la comercialización en su mercado, así como a la exportación de cacao y café, entre otros productos, con el objetivo de reducir al mínimo posible su contribución a la deforestación y degradación forestal en el mundo.

Esta nueva normativa incluye lineamientos que pueden afectar significativamente el volumen de las agroexportaciones peruanas con destino a Europa y a la que los productores tendrán que adecuarse con urgencia porque deben comprometerse a reducir al mínimo la deforestación y la degradación forestal en el mundo. Según los datos del Parlamento europeo, la Unión Europea (UE) ha sido la causante del 10% de la deforestación a nivel mundial, tanto de forma directa como indirecta, de los últimos 30 años, siendo silenciosos cómplices de la destrucción de bosques de un espacio mayor que el que ocupa la Unión Europea. Con esta medida pretenden resarcir los daños permitidos.

El artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, Ley 29763, otorga la posibilidad de cortar bosque de forma “legal”, simplemente probando que el suelo donde se piensa realizar la deforestación es de uso agrícola; con este criterio que no requiere de un sustento técnico, el mercado europeo se cerrará para todos nuestros productos, pues será difícil demostrar que lo que les vendemos no tiene ningún vínculo con una deforestación descontrolada. 

La lista de productos de la UE incluye al café y al cacao que son los productos bandera de nuestra selva central (Europa nos compra el 40% de nuestro cacao y el 55% de nuestro café). Los países miembros de la UE consideran que esta exigencia es un gran paso en la lucha contra el cambio climático y la pérdida global de biodiversidad, pero también hay quienes argumentan que estas nuevas medidas del mercado europeo, encarecerán el costo de los productos, porque serán pocos los productores agrarios que cumplirán con esos parámetros.

La llamada “Ley antiforestal” modifica el procedimiento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), esto permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, con lo cual nos alejamos de los considerandos del mercado de la UE. A pesar de que esta norma es señalada como inconstitucional porque viola los artículos 67, 68 y 69 de nuestra Constitución, aparentemente solo podría ser detenida por la movilización ciudadana; lamentablemente, esta movilización social alcanza únicamente a los entendidos en la materia y no al público en general, que por desconocimiento del tema se mantiene al margen de esta problemática.

El valor de las exportaciones peruanas de café y cacao a la Unión Europea suma más de US$ 800 millones anuales, panorama que puede continuar creciendo y prosperando si el Perú puede adaptarse al nuevo reglamento europeo que entrará en vigor después de diciembre de 2024.

En el Perú se requiere conciliar el crecimiento económico, el progreso social y responder organizadamente a los grandes desafíos ambientales que nos permitan preservar nuestra megadiversidad y recursos hidrobiológicos; por ello, hay quienes vienen promoviendo y adoptando el paradigma de una economía verde e inclusiva como una marcha hacia el desarrollo sostenible, a fin de generar prosperidad para todas las personas en armonía con el medioambiente.

A propósito, es momento de identificar las barreras que impiden un desarrollo acelerado que armonicen adecuadamente la producción de café y cacao con el sector forestal. Esto requiere soluciones integrales que involucran a muchos actores e instituciones y una gestión integrada de cuencas hidrográficas para aprovechar debidamente las oportunidades que generan la demanda externa e interna.

 

 

desco Opina – Regional / 26 de abril del 2024

descocentro

La selva, sus productos bandera y el mercado

Durante los últimos treinta años, los diferentes gobiernos han declarado su preocupación por los cultivos ilegales de coca para el narcotráfico, que nos han colocado en el primer puesto como productor de cocaína.

Una alternativa para erradicarlos ha sido la promoción de cultivos  como el café y el cacao. Sin embargo, la volatilidad de los precios de estos productos en el mercado internacional no garantiza la rentabilidad económica de los productores, por lo que el riesgo de volver a la coca siempre estará presente. Aun así, todo indica que esta estrategia está teniendo un giro interesante ya que más allá de la inversión estatal en la instalación de hectáreas con estos cultivos, ahora se viene intensificando la asistencia técnica en el manejo agronómico para mejorar la productividad por hectárea y en los últimos dos años hay un visible compromiso estatal por acompañar a los productores y sus organizaciones para la inserción en el mercado con valor agregado (básicamente con certificación orgánica y comercio Justo) para asegurar los ingresos en las economías de estas familias, que generalmente se encuentran en situación precaria.

A pesar de ello, la plaga de la roya amarilla que se diseminó durante los últimos años sigue presente e impactando en las alicaídas economías familiares; las deudas con Agrobanco contraídas por las familias cafetaleras aún no pueden ser superadas y el gobierno central no ha sabido satisfacer esas inquietudes, sin considerar que es más barato subvencionar esas inversiones agrícolas familiares que erradicar los cocales, por toda la logística y movilización de personas que ello significa. Esta insatisfacción de los agricultores puede hacerse visible con nuevas movilizaciones y bloqueos de carreteras.

El mercado nacional aún no es atractivo para el café, ni para el cacao, ya que nuestro país tiene bajos consumos de estos productos en comparación con Europa, Asia y USA. Además, los productos procesados y ultraprocesados elaborados por las grandes empresas utilizan saborizantes y muy poca materia prima, sin incentivar la calidad del producto y mucho menos la posibilidad de incremento de la demanda de la oferta agrícola.

Si bien hay que promover estos productos en las ferias nacionales, esto no puede ser realizado de manera directa por las familias productoras sin el apoyo financiero de terceros y aun cuando su rentabilidad sea baja, por lo menos contribuye a que el productor conozca las exigencias del mercado y a borrar la imagen negativa que muchos citadinos tienen sobre la selva y sus habitantes, en especial aquellos que proceden del Vraem y demás zonas donde predomina la economía de la coca. Los emprendimientos de transformación primaria; café tostado, chocolates, entre otros, no podrán subsistir si es que no pueden insertarse en el consumo nacional en donde tienen pocas posibilidades de posicionarse porque su competencia son las grandes empresas que utilizan poca materia prima pero mucha promoción comercial. Cabe señalar que acceder a los registros sanitarios en zonas donde no existen servicios básicos como agua y desagüe, así como energía eléctrica de calidad (trifásica) es un reto que limita su participación, además de encarecer los costos de producción y colocación en el mercado.

En todo caso, si bien es cierto que se incentiva a que las organizaciones de productores elaboren sus planes de inserción en el mercado, es visible que desde el Estado no existe una propuesta ni estrategia de mercadeo coherente, que englobe a la mayor cantidad posible de la producción nacional. Lo habitual es que cada estamento gubernamental implemente sus acciones de manera unilateral, con poca o nula coordinación interinstitucional e irradiando una errónea imagen de competencia interna en la que solamente las cooperativas y asociaciones de productores que tienen padrinos podrán exhibir y comercializar sus productos en las ruedas de negocios. Las fotos de ministros y funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en Ficafé, Expoalimentaria, el Salón del Cacao y el Chocolate y Mistura con productores cafetaleros y cacaoteros, son útiles para sus réditos políticos, pero al ser iniciativas que no están insertas en un plan de mayor ambición, no aseguran un mercado permanente para las familias agricultoras.

desco Opina - Regional / 6 de noviembre de 2017

Programa Regional Centro

La agricultura familiar y el sillón presidencial

Habiendo quedado claro quién ocupará el sillón presidencial cabe preguntarse si en el Plan de Gobierno de PPK, los hombres y mujeres del campo verán priorizadas la atención de sus demandas y necesidades, sobre todo cuando deberá negociar con la bancada fujimorista para implementar las iniciativas legislativas que se condicen con su oferta electoral para el sector agrario, que concentra a los sectores poblacionales de mayor pobreza y pobreza extrema del país.

En el acápite denominado Agro Próspero, el aludido plan señala como objetivo estratégico; “Lograr un agro próspero incrementando la rentabilidad y competitividad con un impacto positivo en la reducción de la pobreza”, la meta es ambiciosa si consideramos que esta agricultura familiar no es uniforme pero concentra el 97% del agro nacional y el 83% de la mano de obra del campo y que se caracteriza principalmente por una gran brecha tecnológica, predominante uso de la fuerza de trabajo familiar –desde el más joven hasta el más anciano– el acceso limitado a recursos tierra y agua y escasa capacidad de inversión, lo que coloca a gran parte de este sector productivo en niveles de sobrevivencia y sin proyección empresarial. De su Plan de gobierno destacan algunos temas interesantes como el incremento del capital de Agrobanco, el seguro agrario, Serviagro, titulación de tierras y cosecha de agua.

El proveer de recursos financieros a los agricultores vía crédito de Agrobanco no es un tema nuevo, por lo tanto, más allá del incremento del capital de esta institución de fomento agrario habría que conocer cuál será el producto que lo diferencie de lo que hasta la fecha se ha estado ofreciendo. Es de sobra conocido que gran parte de las unidades agrarias familiares no acceden a estos créditos por el temor de no poder honrar sus compromisos y perder sus tierras. Varios estudios han demostrado que en la sierra peruana el acceso a crédito es bastante bajo a comparación de la costa y la selva por lo que sería un aspecto de especial atención para las políticas públicas,  situación que ha sido confirmada por los resultados mostrados por el IV CENAGRO.

El seguro agrario tampoco es un tema nuevo, por el contrario, mediante subsidio estatal ya se encuentra vigente y es regulado por la Ley Nº 26702, que da cobertura a riesgos destinados a la producción agraria y producción ganadera. Sin embargo, su cobertura no es alentadora ya que por ejemplo, en el caso de Huancavelica, por cada hectárea de cultivo perdida, al agricultor se le reconocen entre S/. 500 y S/. 650 soles, cifra muy baja si consideramos que luego de engorrosos trámites burocráticos el agricultor no sólo debe de recuperar su inversión, sino también tener la certeza de poder satisfacer las necesidades económicas familiares hasta que recupere su capacidad productiva. 

Serviagro, también existe. La novedad para este servicio de Agrorural radicaría en brindar asistencia técnica a los agricultores organizados. La propuesta suena alentadora, sin embargo, no se señala si los sistemas organizativos tradicionales serán beneficiarios de este servicio o si se priorizará nuevas configuraciones de pequeños agricultores con un enfoque más empresarial. Esto, sin ser malo en sí mismo, requiere de una intervención multidisciplinaria que logre insertarlos en la cadena productiva nacional y global sin desconocer los patrones culturales existentes. Es entonces que volvemos a la pregunta: ¿cuál será la diferencia con la oferta estatal vigente?

Tal vez lo más novedoso de su propuesta lo constituya la creación del Programa Sierra Azul con una inversión de trescientos millones de soles. Éste se propone asegurar la disponibilidad de agua para la producción agrícola con proyectos de cosecha de agua, construcción de reservorios, mejora de los canales de riego, recuperación de andenes, entre otros. En su propuesta no se señala cuál será el rol que cumplirán las Juntas de Regantes ya existentes, ni tampoco cómo se recuperarán y revalorizarán los saberes tradicionales, ni si se recogerán y capitalizarán las experiencias exitosas de cosecha de agua que han sido implementadas por diversas instituciones privadas.

En conclusión, aún no hay elementos para evaluar la calidad de la propuesta agraria de PPK, ya que es insuficiente la información de dominio público. Esperamos mayores precisiones sobre ello muy pronto, así como la forma de asegurar la calidad técnica de los ejecutores que serán reclutados.

desco Opina - Regional / 10 de junio de 2016

Programa Regional Centro
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