¿Y el derecho a la alimentación?

 

Durante los últimos meses Lima Metropolitana ha experimentado un aumento de precios en los principales productos de la canasta básica familiar. Si bien es cierto este fenómeno no es reciente, sí causa alarma lo que sucede con los alimentos, en un escenario de crisis climática que amenaza el país. Según el Informe Técnico N° 06 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en mayo último el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana registró un aumento del 0.32%; y pese a que en el mes de junio esta cifra disminuyó 0.16%, productos como la cebolla roja, espinaca, tomate o huevos registraron alzas considerables.

Frente a este escenario, se pone en riesgo el abastecimiento adecuado de alimentos y con ello un continuo encarecimiento de productos básicos que componen el menú diario de los más de 3 millones de hogares que conforman la ciudad de Lima, de los cuales un 33.5% son sostenidos por mujeres y el 77.9% se sitúa en el sector socioeconómico C, D y E; haciendo probable una situación de alta inseguridad alimentaria en el país que afectaría a 15.5 millones de peruanos y peruanas, como afirmó la representante en el Perú de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esto generaría un impacto negativo en la frecuencia de casos de desnutrición crónica y anemia, presentes con mayor gravedad en las zonas rurales del país. Según el informe Perú: Indicadores de resultados de los programas presupuestales 2020, los casos de desnutrición crónica en la población de Lima Metropolitana menor de cinco años representaba el 4.6%, mientras que la prevalencia de anemia en la población de 6 y 35 meses de edad en Lima Metropolitana representó el 30.4%.

Así, una vuelta por los principales mercados de Lima es suficiente para dar cuenta de la alarmante situación alimentaria que atraviesa la capital del país, y son pocas las alternativas que tiene una madre de familia para tratar de sustituir ciertos alimentos por otros “más accesibles”. Lamentablemente, las autoridades nacionales no hacen mucho por tratar de paliar esta situación y hay muy poca voluntad por intentar prevenir un escenario mucho más crítico.

Al respecto, pareciera que la planificación y prevención son un lenguaje ajeno a la política liderada por el gobierno de Dina Boluarte; basta ver el desempeño lamentable de la ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, hoy Jefa de EsSalud, frente al dengue, que dejó 190 fallecidos en el país. Y en Lima Metropolitana no es muy diferente el comportamiento de quien hoy está a cargo de la gestión municipal.

En enero de este año la Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por Rafael López Aliaga, decidió paralizar la provisión de insumos que realizaba el mercado Emmsa de Santa Anita al Banco de Alimentos para abastecer a las ollas comunes de Lima, que garantizan la alimentación de más de 60 000 familias, solo con el fin de dar protagonismo a programas y políticas promovidas por su gestión. Además, hace poco, comerciantes de este gran centro de abastos, decidieron reiniciar un paro ante el cobro excesivo por el ingreso y salida de camiones abastecedores impuesto por la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), monto que luego se vería reflejado en el costo final de los productos.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el impacto sobre la gran mayoría de productores de la agricultura familiar que abastecen las mesas del Perú, debido a su dependencia de fertilizantes y los problemas generados por las prolongadas sequías en las regiones del sur del país y las intensas lluvias que afectaron al norte.

Solo en 2020, en plena crisis por el COVID-19, se registró un ingreso de más de 3.7 millones de toneladas de alimentos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana. De aquí que se vuelve fundamental que las autoridades busquen priorizar medidas preventivas que estén orientadas no solo con la gran empresa y el sector agroexportador, sino también con la agricultura familiar que son fuente esencial para la alimentación de las familias en Lima y el resto del país.

Además, contar con políticas preventivas que involucren al sector de la sociedad civil organizada, como las ollas comunes, es un reto aún sin rumbo claro, no solo a fin de que se garantice una ración de alimentos a cada uno de los integrantes que conforman los más de 3 millones de hogares en la capital, sino para que se integren criterios nutricionales en las más de las 2000 ollas comunes que se encuentran en Lima Metropolitana, según registra el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y que dicho sea de paso destinan S/. 3.60 para la preparación de los tres alimentos diarios, esto según información propia de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. Preguntémonos si con este presupuesto es posible garantizar una alimentación saludable para las miles de familias y, en especial, la población en situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, que acuden diariamente a estos establecimientos en sus barrios y comunidades.

Entonces, este fenómeno de constante incremento de precios en los principales productos de la canasta básica constituye un alto riesgo para las familias en el país en situación de pobreza y pobreza extrema, cuyos ingresos no son suficientes para costear los altos precios. Según una reciente encuesta de CPI, el 53.7% de peruanas y peruanos considera que la situación económica familiar ha empeorado en los últimos seis meses, de los cuales el 45.2% corresponde a Lima y Callao. Así mismo, esta misma encuesta muestra que el 69.9% de la población nacional considera que hay menos oportunidades de trabajo; de esta, el 61.4% vive en Lima y Callao.

Estas son algunas razones que deberían preocupar al actual gobierno, dejando de concentrar sus fuerzas en deslegitimar e invisibilizar las actuales protestas ciudadanas. Quizá hubiese sido mejor destinar los más de 12 millones de soles que entregó el gobierno a las FF.AA. en el marco del reinicio de las protestas, a la mitigación de la crisis alimentaria que afronta hoy el país.

 

 

desco Opina / 21 de julio de 2023

Mujer, pieza clave para el desarrollo rural

 

El departamento de Huancavelica presenta el nivel más alto de desnutrición crónica infantil a escala nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que durante el 2020 el 31.5% de su población menor de cinco años sufrió desnutrición crónica; lamentablemente, una secuela de la pandemia ha sido el incremento de la desnutrición crónica en Huancavelica, que en 2019 se situaba en 30.7%. Los problemas de malnutrición están condicionados por determinantes de la salud, como factores sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y la inseguridad alimentaria; así mismo, con prácticas inadecuadas de alimentación, cuidados insuficientes al niño o niña, modalidades incorrectas de crianza, infecciones repetidas y severas, entre otros.

Para la disminución de la desnutrición crónica infantil se debe educar en alimentación saludable y orientar en adecuadas prácticas de crianza. La madre tiene un rol fundamental en la lucha contra la desnutrición infantil, porque es ella –en la mayoría de casos– quien se encarga de alimentar y/o cuidar a su hijo o hija. Adicionalmente, la mujer cumple una función trascendental en la producción agrícola. “Uno de cada tres productores agrarios en nuestro país es una dama, y dentro de todos los hogares agropecuarios las mujeres cumplen un rol central en el trabajo productivo y en la alimentación y sustento de las familias”; aseveró el presidente Pedro Castillo, al anunciar la creación del fondo para la mujer rural.

Más de medio millón de mujeres desempeñan actividades agropecuarias y representan un cuarto de la Población Económicamente Activa (PEA), según los resultados del último censo nacional de población. En tal sentido, es necesaria la participación de la mujer en la segunda Reforma Agraria que busca mejorar los servicios a productoras y productores de la agricultura familiar para elevar su calidad de vida. En el marco de esta reforma, el Estado tiene previsto impulsar un fondo para la mujer rural que permitirá mejorar las capacidades a más de 700 000 productoras agropecuarias en el país.

Otra de las metas del Sector para el año entrante es la creación de un Fondo Nacional de la Mujer Emprendedora Agraria, así como la capacitación de mujeres y líderes agrarias de las comunidades campesinas y nativas en desarrollo agrario, como parte del fortalecimiento de la agricultura familiar.

Seguramente, las mujeres rurales encuentran esperanzadoras las alternativas planteadas en esta reforma para su crecimiento personal y el fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, se espera que en el plan de acción se considere las voces de estas mujeres, a fin de que sea participativo y no termine siendo una promesa más sin cumplir. Por eso, esta política de gobierno debe garantizar los mecanismos adecuados para asegurar la representatividad de aquellas. La meta a largo plazo es generar relaciones más equitativas y justas en el campo.

 

desco Opina – Regional / 15 de octubre del 2021

descocentro – UOT Huancavelica

Reforma agraria y las buenas intenciones

El 3 de octubre, desde Cusco, el presidente Castillo anunció el inicio de la Segunda Reforma Agraria. Algunos puntos sobre las íes simbólicas se hacen necesarios. Los diversos entornos del Presidente escogieron un día significativo, en un lugar donde más de cuarenta años atrás, con un rol protagónico de la Confederación Campesina del Perú-CCP se escenificó una de las más importantes tomas de tierras (Anta), precisamente como una reacción campesina a «la primera» reforma agraria. Se trata de una denominación excesiva en tanto reforma agraria, porque ésta, en sentido estricto, como precisa FAO, es “la reforma de la tenencia de la tierra como un elemento clave para el desarrollo rural”.

Sin embargo, ha sido importante que el gobierno, desde su principal autoridad, haya presentado abiertamente un bosquejo de su línea política en esta materia estratégica, referida, además, a parte de la población peruana –la rural andina– que evidencia enormes dificultades para su inclusión económica, social, política y cultural.

Como se ha dicho continuamente estos días, los anuncios presidenciales, en alguna forma no suponen mayores novedades frente a lo que venimos escuchando las últimas décadas. Sin embargo, tiene la virtud de expresar nítidamente una voluntad política, que no está dirigida a todas las actividades y personas que forman parte del sector agrario, apuntando a aquellos que están postrados por la lógica del mercado y que, en términos generales, producen para el abastecimiento alimentario nacional.

De allí que las primeras críticas que provinieron de la derecha, tras calmar sus pesadillas expropiadoras, fue señalar la exclusión de la agroexportación del espacio político intersectorial y multiniveles que se diseña. Los empresarios costeños no tenían forma de ser parte, porque el sentido de la intervención estatal anunciada busca, sobre todo, resultados sociales y los económicos, se entiende, son un medio para arribar a aquellos.

En línea con esa orientación, un día antes, en Pichari, el corazón del VRAEM, el presidente Castillo, luego de inaugurar el CITE-agroindustrial, sostuvo que era deseo de su gobierno la industrialización de la hoja de coca y construir un aeropuerto en la zona, para que sus productos “salgan directamente al mercado nacional”.

De los diversos elementos que pueden extraerse de las intervenciones presidenciales para el debate, hay dos muy puntuales.

Uno, son los precios relativos. Al respecto, un tema que puso en la mesa desde 1981 uno de nuestros más grandes especialistas en economía agraria, José María Caballero, fue la bajísima productividad y la reducción relativa de las tierras agrícolas del Ande: “las difíciles condiciones naturales y el atraso tecnológico producen bajos rendimientos por hectárea y productividad del trabajo. El campesino andino está sometido a desventajas que dan lugar a rentas diferenciales negativas; se ve forzado a competir en el mercado con la agricultura capitalista nacional, más capitalizada y con tierras mejores, con los productores internacionales cuando produce para la exportación o cuando rivaliza en el mercado interno con productos agropecuarios importados”.

El 2017, el Banco Mundial afirmaba nuevamente que “la otra realidad [paralela a la agricultura de la costa], mucho más común a lo largo de grandes áreas de la sierra y la selva, muestra sistemas agrícolas estáticos, improductivos, orientados a la subsistencia, mal integrados en el mercado y que proveen medios de subsistencia inaceptables para los participantes”.

En efecto, el censo 2012 muestra que el 80% de las unidades agrícolas en el Perú tienen menos de cinco hectáreas, y un gran número de ellas hacen una agricultura de bajos insumos/baja producción. Además, los precios de sus productos son tendencialmente cada vez menores. La combinación de estos factores hace que la economía familiar campesina tenga, actualmente, como su principal ingreso lo que sus miembros pueden obtener en actividades ajenas a la parcela o el hato.

Así, economías ilegalizadas como la coca, la pequeña minería, la tala, el contrabando y otras, tanto como los servicios que pueden ofrecerse desde las ciudades –de donde la población rural obtiene buena parte de sus ingresos– están íntimamente ligadas con esta situación de la pequeña economía agraria de la Sierra peruana. Lo atractivo de estas actividades está en su mayor rentabilidad respecto a las otras opciones económicas que se presentan como alternativa al poblador rural de la Sierra peruana.

Ante esta situación, ¿estamos viendo las cosas desde la perspectiva adecuada?, ¿estamos realmente integrando los complejos y diversos factores que componen la situación del poblador del campo peruano, o estamos asumiendo parcialmente cada uno de estos aspectos? Porque podemos dar una solución «técnica» a estos asuntos y alcanzar capacidades, crédito y tecnología a los campesinos, con lo cual impulsaremos algunas mejoras en su condición, pero sin cambios significativos. También, como propuso Caballero hace cuarenta años, podemos ver esta situación como proclive a cambiar aplicando un claro sentido redistributivo.

El segundo aspecto puntual es la participación de ciudadanos y ciudadanas en el proceso seguido por la política pública propuesta. ¿Cómo participarán los productores, comercializadores, consumidores y demás integrantes de los sistemas productivos y alimentarios en las decisiones que se adopten, garantizando así el debido consenso político?

No deja de ser un gran avance el deseo de articular y coordinar los sectores para lograr resultados. El esfuerzo seguramente también supone la presencia de algunas organizaciones importantes en los espacios por crear. Pero, en un ambiente en el que la asociatividad es un aspecto muy débil –fortalecer a las organizaciones es un punto que forma parte de la agenda–, sería muy oportuno conocer cómo se está pensando darle legitimidad a este significativo esfuerzo.

Finalmente, pero no menos importante, en la línea de la participación de ciudadanos y ciudadanas está la incorporación del protagonismo femenino en la economía rural. Su presencia central, al grado de afirmarse la existencia de una feminización de las tareas agropecuarias, en parte por los procesos ya descritos, no puede responderse anunciando recursos para desarrollo de la mujer rural, fomentar la entrega de créditos a las mujeres de la agricultura familiar, incentivar la asociatividad, la seguridad y soberanía de las familias. Lo que debe hacerse con esos medios descritos, es promover su liderazgo y su consolidación política.

 

 

desco Opina / 8 de octubre de 2021

¿Es la agroexportación la mejor alternativa para la agricultura familiar?

En recientes declaraciones la nueva ministra de Agricultura y Riego - MINAGRI, Fabiola Muñoz, ha destacado la importancia del sector agroexportador, poniendo de relieve su capacidad para generar empleo y el uso eficiente del agua, entre otros factores positivos. Según la ministra, la agroexportación es motivo de orgullo para todos los peruanos y peruanas al colocar nuestros productos en el exterior.

Según el último censo agrario (CENAGRO 2012), la pequeña agricultura familiar genera el 83% del empleo en el sector agropecuario nacional, representando en Huancavelica el 67% de su PEA.  Este sector aporta el 70% de los alimentos que consumen los peruanos y contribuye al mantenimiento de la agrodiversidad.  Así, por ejemplo, un productor de papas nativas en Paucará (Huancavelica), puede cultivar hasta 200 variedades, y un productor de maíz amiláceo canchero de Pichus en la misma región, hasta 15 variedades; ambos en predios que no superan las dos hectáreas de terreno. Esta realidad debería también hacer sentir orgullosa a la ministra, y proponer acciones para mejorar la calidad y rentabilidad de la pequeña agricultura, así como lograr la justa retribución a la labor de cuidado de los recursos, principalmente el agua.

Así como la ministra considera a la exportación como una gran oportunidad para mejorar la pequeña agricultura, en Huancavelica existe gran interés por desarrollar esta alternativa, especialmente por incentivar los cultivos orgánicos destinados al mercado externo, lo que demanda certificaciones del agua y de la sanidad.

Recientemente, el Gobierno Regional de Huancavelica, ha lanzado su programa “Huancavelica la primera región orgánica del Perú y Sudamérica”. A nivel nacional, la región se encuentra entre las tres últimas con áreas dedicadas a una producción orgánica, contando solo con apenas 270 hectáreas certificadas, a diferencia de departamentos como Madre de Dios o Junín que poseen varias decenas de miles de ha en esta condición.

El gran desafío de los departamentos andinos como Huancavelica es el desarrollo de la agricultura familiar, que involucra a dos tercios de los productores agropecuarios de la región, bajo actividades que se caracterizan por una creciente integración al mercado y la pluriactividad familiar, pero con bajos niveles de productividad y rentabilidad, lo que bloquea sus posibilidades de salir de la pobreza. En ese contexto, iniciativas como el impulso de la agricultura orgánica, principalmente para la agroexportación son en principio importantes, aunque no hay que desconocer que las posibilidades de competir con las ventajas comparativas de las que gozan los valles costeños son limitadas para los productores huancavelicanos, tanto por la calidad de sus recursos disponibles como por las dificultades de acceso a mercados y las tecnologías escasamente productivas predominantes.

En este marco, las iniciativas del MINAGRI y del mismo Gobierno Regional, siendo en principio positivas, son en realidad soluciones parciales y distan de una alternativa integral, que es lo que necesita el sector agropecuario de Huancavelica. La región aguarda aún por políticas públicas integrales y efectivas de desarrollo agrícola y rural en general.

desco Opina - Regional / 5 de abril de 2019

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