Luchar por el derecho a la alimentación

 

Hace algunas semanas se presentó el Informe Perú del Índice Global del Hambre (IGH) 2024, elaborado por organizaciones no gubernamentales internacionales que integran la red estratégica Alliance 2015, en colaboración con el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); que mide el hambre respecto a tres dimensiones: i) la inadecuada oferta alimentaria, ii) la mortalidad infantil y iii) la desnutrición infantil. En este informe se reveló la situación crítica respecto al hambre en nuestro país que ha mantenido, por segundo año consecutivo, un índice de 19.6 puntos, ubicándose en un estado moderado respecto a otros países y superando, en un poco más de 5 puntos, la posición que alcanzó en 2019. En este año, solo una región, Huancavelica, tuvo un índice grave, mientras que desde el 2022 aumentaron a diez las regiones en esta situación respecto al hambre, encabezadas por Apurímac y Huancavelica, regiones que se han caracterizado por sus condiciones de precariedad y pobreza. Por ejemplo, en 2023, Huancavelica alcanzó una tasa de 13.9% del total de su población en situación de pobreza extrema, 4.3% más respecto al 2022. Además, estas dos regiones presentan un porcentaje alto de desnutrición crónica infantil (DCI). Así tenemos que, en 2023, Huancavelica lideró la tabla con 26.1%, 4.6% menos respecto al 2019; mientras que Apurímac alcanzó un 18.9% de su población con DCI, 2.8% más en comparación al alcanzado en 2019.

La DCI en el Perú es uno de los principales problemas en torno a la salud pública y el bienestar social, relacionado principalmente a las condiciones de pobreza de la población. Esta se caracteriza por el retardo en el crecimiento de la niña o niño respecto a su edad, que trae como resultado una limitación en el desarrollo de sus capacidades a nivel intelectual, físico e incluso afectivo, pudiendo provocar su muerte. De acuerdo al Informe preliminar de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), correspondiente al primer semestre del 2024, la desnutrición crónica infantil ascendió a 12.2%, siendo la zona rural la más afectada con 22.1%, mientras que la urbana alcanzó un 8.3%. Y si observamos los niveles de anemia por déficit de hierro en niñas y niños menores de 3 años en el país, este alcanzó a un 42.8% de la población referida, siendo, nuevamente, la zona rural la más afectada con un 50.2% del total de su población de niñas y niños menores de 3 años.

En el Perú, se han desarrollado programas sociales con el objetivo de contribuir con la lucha contra la desnutrición infantil. Uno de ellos es Juntos, programa nacional de transferencias directas a familias en situación de mayor pobreza de las zonas rurales y urbanas que busca mejorar los índices de nutrición, educación y salud de las futuras generaciones y romper con el círculo de pobreza, bajo un enfoque de ciclo de vida y en cuyos ejes se contempla la nutrición infantil y el desarrollo infantil temprano. Para el 2022 este programa implementó una estrategia denominada Transferencia Primera Infancia (TPI) que consiste en la entrega de un bono adicional de S/ 50.00 soles a los hogares integrados por una gestante en el primer trimestre de embarazo y/o niñas y niños hasta los 30 días de nacido. En los primeros meses del 2024, UNICEF presentó los resultados de una evaluación de impacto de esta estrategia, en la cobertura del paquete integral de salud, prevalencia de anemia y la DCI en niñas y niños nacidos entre enero y julio de 2022. En esta, se halló que la nueva estrategia de Juntos había logrado, para el corto plazo, un impacto favorable en la promoción del dosaje de hemoglobina y suplementación de hierro en niñas y niños con 6 meses de edad. Mientras que en los resultados finales se halló que la TPI logró un impacto positivo en la talla y una reducción de 6.5% en la desnutrición crónica en niñas y niños con 12 meses de edad.

Qali Warma, programa social de asistencia alimentaria a niños y niñas de instituciones educativas públicas del nivel inicial y primario (principalmente), se creó en 2012 con el fin de otorgar un servicio de alimentación de calidad durante todo el año escolar, permitiendo que las niñas y niños mejoren su atención y aprendizaje en clase. Sin embargo, un estudio elaborado por Pedro Francke y Gustavo Acosta, publicado en 2021 respecto al Impacto del programa de alimentación escolar Qali Warma sobre la anemia y la desnutrición crónica infantil, reveló que esta iniciativa estatal no ha logrado efectos significativos en la reducción de la anemia y la DCI en el grupo de niñas y niños de 3 a 5 años que fueron evaluados para el periodo 2014-2017; esto debido a que no son suficientes los meses en los que se recibe alimentos desde el programa, la calidad de los mismos, la forma de entrega y la receptibilidad de las niñas y niños respecto a los alimentos que entrega el programa. En 2022, un estudio del propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), evidenció que para el 2019 el 95.3% de estudiantes de primaria de siete regiones evaluadas (Áncash, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto y Huancavelica) que dependen únicamente de estos alimentos, no recibían la cantidad mínima de hierro para el desayuno.

En los últimos días Qali Warma ha estado en el ojo de la tormenta debido a una nueva denuncia por la presunta distribución de conservas en mal estado y de carne de caballo a estudiantes de comunidades en las regiones del país. De acuerdo con lo señalado por Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora de la empresa en cuestión, Frigoinca, estas conservas venían siendo entregadas desde el 2021, época en que Dina Boluarte estaba al mando del MIDIS. Cabe precisar que en esta denuncia también está implicado el actual vocero de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa que, entre el 2019 y 2022, era el Director Ejecutivo de Qali Warma y había favorecido estos hechos de corrupción en perjuicio de miles de niñas y niños que dependen de estos alimentos a diario. Precisamente entre el 2022 y 2023 se observó una reducción significativa en el presupuesto destinado a la contratación de supervisores en un 98% (de S/ 51.1 millones a S/ 1.3 millones), favoreciendo las condiciones para que hechos condenables como los que hoy se denuncian se sigan repitiendo.

Así las cosas, cabe preguntarse sobre los efectos reales de los programas sociales vinculados a mejorar el bienestar, la salud y la vida de las niñas y niños en nuestro país. Más aún si estos están bajo la administración de personajes cuestionados como el hoy ministro del MIDIS Julio Demartini, que prefiere centrar sus fuerzas para cuestionar la reciente prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho al hermano de Boluarte, Nicanor Boluarte, y justificar su paso a la clandestinidad. No podemos optar por el facilismo que caracteriza a este gobierno y negar la crisis alimentaria y nutricional que afecta al país. Toca seguir luchando por los derechos de miles de niñas y niños peruanos que están hoy en un estado de desprotección, a causa del desinterés y la frivolidad de este gobierno. 

 

desco Opina – Regional / 22 de noviembre del 2024

Lima: promesas, alimentación y revocatoria

 

Son muchos los vecinos de Lima Sur que crecientemente van tomando conocimiento del proceso de revocatoria del alcalde López Aliaga y de las expectativas que se levantan para su salida. Queda muy claro para los que tienen sus viviendas en las cumbres hacia donde se ha expandido la urbanización de Lima, que el alcalde no cumplió con sus ofrecimientos de llevar agua a las partes altas de los cerros. Ni se apareció, y ahora ofrece motos a la Policía e instalar calesas en el centro histórico.

Tampoco son exitosas las ollas comunes que ofreció apoyar con importantes recursos de la municipalidad, aunque, contando con recursos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) las municipalidades hacen algunos repartos con un marcado énfasis asistencialista. Lo que hay es preocupación por el manejo municipal de los alimentos, ya que se ha denunciado que podría generar clientelismo político, desviando los recursos a favor de aliados de las autoridades en lugar de distribuirlos equitativamente entre quienes más lo necesitan.

Pese a las promesas, muchas ollas comunes han reportado fallas en la distribución de recursos suficientes. Un conjunto de organizaciones ha señalado desde hace algunos años los problemas que enfrentan los más pobres para alimentarse y proponen un conjunto de medidas para atender esta urgente necesidad, que en el caso de Lima no recibe la respuesta necesaria de la Municipalidad metropolitana ni del MIDIS.

Si bien se cuenta con un presupuesto asignado de más de 144 millones de soles para este año, la distribución de alimentos no ha sido efectiva en muchas zonas. En distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, muchas ollas comunes continúan sin los insumos necesarios, y las organizaciones que las lideran denuncian una respuesta tardía y una gestión ineficaz de los recursos por parte MIDIS, generándose protestas y demanda de cambios en la reglamentación de éste para garantizar una atención adecuada a miles de familias que dependen de estos programas. Las ollas comunes ahora deben cocinar con solo 2.22 soles por persona, lo que agrava la situación de desnutrición y anemia entre los beneficiarios, especialmente los niños. La situación es crítica y requiere atención inmediata para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables en Lima.

Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aproximadamente el 89.8% de la población de Lima Metropolitana tiene acceso a agua potable. Sin embargo, las zonas altas de los cerros, especialmente en Lima Sur, tienen una cobertura significativamente menor del servicio. Las zonas más pobres, incluyendo partes de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Villa El Salvador, tienen menores tasas de acceso a agua potable, con algunas áreas importantes por el número de habitantes que albergan, donde la cobertura por redes no supera el 10% o simplemente no existe. Estas zonas corresponden a los nuevos asentamientos a los que el candidato López Aliaga ofreció brindar un inmediato apoyo que nunca llegó.

No puede pasarse por alto un reporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que indica que Lima Sur tiene un déficit significativo en infraestructura urbana, incluyendo pistas y veredas. Muy poco o nada ha trabajado la actual administración metropolitana en los asentamientos humanos más recientes en diversos distritos entre los que se cuenta a San Juan de Miraflores, Lurín y Villa María del Triunfo, que carecen de infraestructura adecuada de pistas, parques y áreas de recreación, veredas y mercados de abasto.

En medio del aumento acelerado de la pobreza, y su mayor incidencia sobre las familias con mayores necesidades, el malestar creciente está llevando a encontrar responsables del mal gobierno que deteriora sus condiciones de vida, con un aumento del desempleo y la informalidad laboral. El primero que aparece para los vecinos, es el alcalde metropolitano, que no está atendiendo las demandas de mejoras urbanas con pistas y veredas en gran parte de los nuevos asentamientos en los distritos de Lima Sur. Algunas dirigentes, muchas mujeres de nuevos barrios, están más ajustadas económicamente y reportan un aumento en el costo de vida, especialmente en la alimentación, viéndose obligadas a trabajar más horas para completar el presupuesto familiar de sobrevivencia.

Las firmas para la revocatoria fluyen con rapidez en este contexto, en el que el alcalde de Lima está haciendo poco o nada por el desarrollo de la ciudad. Es una forma de castigo ante su incumplimiento e incapacidad para necesidades vitales diarias como ordenar el transporte o mantener la calidad del servicio del Metropolitano, sus abastecedores y los buses de los corredores urbanos, para millones de personas. que evidencian problemas crecientes de colas, horas perdidas y nula renovación de las flotas que reviven custer y combis fantasmales que se adueñan de las calles con la peor informalidad y deterioro imaginables. El alcalde, preocupado con seguir explorando sus ambiciones presidenciales no parece interesado en cumplir con sus compromisos municipales.

 

 desco Opina - Regional / 5 de julio de 2024

descoCiudadano

¿Y el derecho a la alimentación?

 

Durante los últimos meses Lima Metropolitana ha experimentado un aumento de precios en los principales productos de la canasta básica familiar. Si bien es cierto este fenómeno no es reciente, sí causa alarma lo que sucede con los alimentos, en un escenario de crisis climática que amenaza el país. Según el Informe Técnico N° 06 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en mayo último el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana registró un aumento del 0.32%; y pese a que en el mes de junio esta cifra disminuyó 0.16%, productos como la cebolla roja, espinaca, tomate o huevos registraron alzas considerables.

Frente a este escenario, se pone en riesgo el abastecimiento adecuado de alimentos y con ello un continuo encarecimiento de productos básicos que componen el menú diario de los más de 3 millones de hogares que conforman la ciudad de Lima, de los cuales un 33.5% son sostenidos por mujeres y el 77.9% se sitúa en el sector socioeconómico C, D y E; haciendo probable una situación de alta inseguridad alimentaria en el país que afectaría a 15.5 millones de peruanos y peruanas, como afirmó la representante en el Perú de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esto generaría un impacto negativo en la frecuencia de casos de desnutrición crónica y anemia, presentes con mayor gravedad en las zonas rurales del país. Según el informe Perú: Indicadores de resultados de los programas presupuestales 2020, los casos de desnutrición crónica en la población de Lima Metropolitana menor de cinco años representaba el 4.6%, mientras que la prevalencia de anemia en la población de 6 y 35 meses de edad en Lima Metropolitana representó el 30.4%.

Así, una vuelta por los principales mercados de Lima es suficiente para dar cuenta de la alarmante situación alimentaria que atraviesa la capital del país, y son pocas las alternativas que tiene una madre de familia para tratar de sustituir ciertos alimentos por otros “más accesibles”. Lamentablemente, las autoridades nacionales no hacen mucho por tratar de paliar esta situación y hay muy poca voluntad por intentar prevenir un escenario mucho más crítico.

Al respecto, pareciera que la planificación y prevención son un lenguaje ajeno a la política liderada por el gobierno de Dina Boluarte; basta ver el desempeño lamentable de la ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, hoy Jefa de EsSalud, frente al dengue, que dejó 190 fallecidos en el país. Y en Lima Metropolitana no es muy diferente el comportamiento de quien hoy está a cargo de la gestión municipal.

En enero de este año la Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por Rafael López Aliaga, decidió paralizar la provisión de insumos que realizaba el mercado Emmsa de Santa Anita al Banco de Alimentos para abastecer a las ollas comunes de Lima, que garantizan la alimentación de más de 60 000 familias, solo con el fin de dar protagonismo a programas y políticas promovidas por su gestión. Además, hace poco, comerciantes de este gran centro de abastos, decidieron reiniciar un paro ante el cobro excesivo por el ingreso y salida de camiones abastecedores impuesto por la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), monto que luego se vería reflejado en el costo final de los productos.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el impacto sobre la gran mayoría de productores de la agricultura familiar que abastecen las mesas del Perú, debido a su dependencia de fertilizantes y los problemas generados por las prolongadas sequías en las regiones del sur del país y las intensas lluvias que afectaron al norte.

Solo en 2020, en plena crisis por el COVID-19, se registró un ingreso de más de 3.7 millones de toneladas de alimentos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana. De aquí que se vuelve fundamental que las autoridades busquen priorizar medidas preventivas que estén orientadas no solo con la gran empresa y el sector agroexportador, sino también con la agricultura familiar que son fuente esencial para la alimentación de las familias en Lima y el resto del país.

Además, contar con políticas preventivas que involucren al sector de la sociedad civil organizada, como las ollas comunes, es un reto aún sin rumbo claro, no solo a fin de que se garantice una ración de alimentos a cada uno de los integrantes que conforman los más de 3 millones de hogares en la capital, sino para que se integren criterios nutricionales en las más de las 2000 ollas comunes que se encuentran en Lima Metropolitana, según registra el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y que dicho sea de paso destinan S/. 3.60 para la preparación de los tres alimentos diarios, esto según información propia de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. Preguntémonos si con este presupuesto es posible garantizar una alimentación saludable para las miles de familias y, en especial, la población en situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, que acuden diariamente a estos establecimientos en sus barrios y comunidades.

Entonces, este fenómeno de constante incremento de precios en los principales productos de la canasta básica constituye un alto riesgo para las familias en el país en situación de pobreza y pobreza extrema, cuyos ingresos no son suficientes para costear los altos precios. Según una reciente encuesta de CPI, el 53.7% de peruanas y peruanos considera que la situación económica familiar ha empeorado en los últimos seis meses, de los cuales el 45.2% corresponde a Lima y Callao. Así mismo, esta misma encuesta muestra que el 69.9% de la población nacional considera que hay menos oportunidades de trabajo; de esta, el 61.4% vive en Lima y Callao.

Estas son algunas razones que deberían preocupar al actual gobierno, dejando de concentrar sus fuerzas en deslegitimar e invisibilizar las actuales protestas ciudadanas. Quizá hubiese sido mejor destinar los más de 12 millones de soles que entregó el gobierno a las FF.AA. en el marco del reinicio de las protestas, a la mitigación de la crisis alimentaria que afronta hoy el país.

 

 

desco Opina / 21 de julio de 2023