La pobreza rural en Huancavelica: una lectura diferente

 

Huancavelica ha dejado de figurar entre los cinco departamentos más pobres del país. La noticia marca un hito histórico para una región que durante décadas encabezó ese ranking de desigualdad. En 2024, la pobreza monetaria se redujo en 6.1 puntos porcentuales, pasando del 39.5% al 33.4%, ubicando a Huancavelica como la segunda región con mayor reducción relativa. Este avance guarda relación con la significativa movilización de inversión, tanto pública como privada, que se dio en la región. Así en 2024, el Gobierno Regional alcanzó una ejecución presupuestal del 97.5%.

Inversiones como la carretera Huancavelica–Rumichaca, el relanzamiento del Tren Macho, la reactivación de hospitales emblemáticos como el Departamental de Huancavelica y la modernización de colegios emblemáticos, son obras que pueden colocar a la región en una dinámica de mayor visibilidad y posicionamiento en la agenda nacional. Sin embargo, este esfuerzo aún no se traduce de forma palpable en la vida diaria de la mayoría de las familias huancavelicanas.

El problema de fondo sigue siendo estructural: más del 90% de la población pobre trabaja en condiciones de informalidad y casi el 60% de la PEA se concentra en el sector agropecuario, usualmente vinculado a la venta de materias primas sin valor agregado. Huancavelica sigue siendo una región esencialmente materioprimaria, con una economía rural fragmentada, escasa asociatividad y limitada articulación con mercados. Y si bien la inversión en infraestructura es clave, no basta. No se trata solo de construir carreteras, sino de garantizar que estas conecten efectivamente con circuitos económicos locales, con cadenas de valor activas, con centros de acopio o transformación. De lo contrario, se corre el riesgo de que las cifras mejoren, pero no la calidad de vida.

Los datos nos muestran la necesidad de una mayor inversión en los territorios eminentemente rurales. Aquellos como Huancavelica que arrastra una deuda histórica del país, debido a que en el Virreinato fue una de las regiones que más riqueza aportó al fisco colonial a través del mercurio extraído en la mina Santa Bárbara. Dicha riqueza extraída nunca regresó en forma de infraestructura, salud o educación. Y aunque el Perú republicano ha firmado pactos descentralistas y programas sociales para saldar esa deuda, aún persisten brechas en el acceso a agua segura, saneamiento o educación de calidad y, sobre todo, estrategias para la generación de empleo digno, especialmente en las zonas rurales.

Los programas sociales como Juntos o Pensión 65 ayudan a mitigar la pobreza extrema, pero si no se articulan con estrategias de desarrollo productivo, formación de capacidades y políticas de innovación rural, corren el riesgo de consolidar el asistencialismo en lugar del desarrollo. La tarea pendiente no es solo reducir la pobreza, sino construir bienestar.

Por eso, en regiones como Huancavelica, la lectura de las cifras que muestran un cambio positivo, debe hacerse con cautela y sentido crítico. Salir del grupo de los más pobres es un logro, pero aún un tercio de la población vive en pobreza. Es momento de apostar por una inversión que no solo se ejecute, sino que transforme.

 

desco Opina – Regional / 20 de junio de 2025

descocentro

Luchar por el derecho a la alimentación

 

Hace algunas semanas se presentó el Informe Perú del Índice Global del Hambre (IGH) 2024, elaborado por organizaciones no gubernamentales internacionales que integran la red estratégica Alliance 2015, en colaboración con el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); que mide el hambre respecto a tres dimensiones: i) la inadecuada oferta alimentaria, ii) la mortalidad infantil y iii) la desnutrición infantil. En este informe se reveló la situación crítica respecto al hambre en nuestro país que ha mantenido, por segundo año consecutivo, un índice de 19.6 puntos, ubicándose en un estado moderado respecto a otros países y superando, en un poco más de 5 puntos, la posición que alcanzó en 2019. En este año, solo una región, Huancavelica, tuvo un índice grave, mientras que desde el 2022 aumentaron a diez las regiones en esta situación respecto al hambre, encabezadas por Apurímac y Huancavelica, regiones que se han caracterizado por sus condiciones de precariedad y pobreza. Por ejemplo, en 2023, Huancavelica alcanzó una tasa de 13.9% del total de su población en situación de pobreza extrema, 4.3% más respecto al 2022. Además, estas dos regiones presentan un porcentaje alto de desnutrición crónica infantil (DCI). Así tenemos que, en 2023, Huancavelica lideró la tabla con 26.1%, 4.6% menos respecto al 2019; mientras que Apurímac alcanzó un 18.9% de su población con DCI, 2.8% más en comparación al alcanzado en 2019.

La DCI en el Perú es uno de los principales problemas en torno a la salud pública y el bienestar social, relacionado principalmente a las condiciones de pobreza de la población. Esta se caracteriza por el retardo en el crecimiento de la niña o niño respecto a su edad, que trae como resultado una limitación en el desarrollo de sus capacidades a nivel intelectual, físico e incluso afectivo, pudiendo provocar su muerte. De acuerdo al Informe preliminar de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), correspondiente al primer semestre del 2024, la desnutrición crónica infantil ascendió a 12.2%, siendo la zona rural la más afectada con 22.1%, mientras que la urbana alcanzó un 8.3%. Y si observamos los niveles de anemia por déficit de hierro en niñas y niños menores de 3 años en el país, este alcanzó a un 42.8% de la población referida, siendo, nuevamente, la zona rural la más afectada con un 50.2% del total de su población de niñas y niños menores de 3 años.

En el Perú, se han desarrollado programas sociales con el objetivo de contribuir con la lucha contra la desnutrición infantil. Uno de ellos es Juntos, programa nacional de transferencias directas a familias en situación de mayor pobreza de las zonas rurales y urbanas que busca mejorar los índices de nutrición, educación y salud de las futuras generaciones y romper con el círculo de pobreza, bajo un enfoque de ciclo de vida y en cuyos ejes se contempla la nutrición infantil y el desarrollo infantil temprano. Para el 2022 este programa implementó una estrategia denominada Transferencia Primera Infancia (TPI) que consiste en la entrega de un bono adicional de S/ 50.00 soles a los hogares integrados por una gestante en el primer trimestre de embarazo y/o niñas y niños hasta los 30 días de nacido. En los primeros meses del 2024, UNICEF presentó los resultados de una evaluación de impacto de esta estrategia, en la cobertura del paquete integral de salud, prevalencia de anemia y la DCI en niñas y niños nacidos entre enero y julio de 2022. En esta, se halló que la nueva estrategia de Juntos había logrado, para el corto plazo, un impacto favorable en la promoción del dosaje de hemoglobina y suplementación de hierro en niñas y niños con 6 meses de edad. Mientras que en los resultados finales se halló que la TPI logró un impacto positivo en la talla y una reducción de 6.5% en la desnutrición crónica en niñas y niños con 12 meses de edad.

Qali Warma, programa social de asistencia alimentaria a niños y niñas de instituciones educativas públicas del nivel inicial y primario (principalmente), se creó en 2012 con el fin de otorgar un servicio de alimentación de calidad durante todo el año escolar, permitiendo que las niñas y niños mejoren su atención y aprendizaje en clase. Sin embargo, un estudio elaborado por Pedro Francke y Gustavo Acosta, publicado en 2021 respecto al Impacto del programa de alimentación escolar Qali Warma sobre la anemia y la desnutrición crónica infantil, reveló que esta iniciativa estatal no ha logrado efectos significativos en la reducción de la anemia y la DCI en el grupo de niñas y niños de 3 a 5 años que fueron evaluados para el periodo 2014-2017; esto debido a que no son suficientes los meses en los que se recibe alimentos desde el programa, la calidad de los mismos, la forma de entrega y la receptibilidad de las niñas y niños respecto a los alimentos que entrega el programa. En 2022, un estudio del propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), evidenció que para el 2019 el 95.3% de estudiantes de primaria de siete regiones evaluadas (Áncash, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto y Huancavelica) que dependen únicamente de estos alimentos, no recibían la cantidad mínima de hierro para el desayuno.

En los últimos días Qali Warma ha estado en el ojo de la tormenta debido a una nueva denuncia por la presunta distribución de conservas en mal estado y de carne de caballo a estudiantes de comunidades en las regiones del país. De acuerdo con lo señalado por Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora de la empresa en cuestión, Frigoinca, estas conservas venían siendo entregadas desde el 2021, época en que Dina Boluarte estaba al mando del MIDIS. Cabe precisar que en esta denuncia también está implicado el actual vocero de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa que, entre el 2019 y 2022, era el Director Ejecutivo de Qali Warma y había favorecido estos hechos de corrupción en perjuicio de miles de niñas y niños que dependen de estos alimentos a diario. Precisamente entre el 2022 y 2023 se observó una reducción significativa en el presupuesto destinado a la contratación de supervisores en un 98% (de S/ 51.1 millones a S/ 1.3 millones), favoreciendo las condiciones para que hechos condenables como los que hoy se denuncian se sigan repitiendo.

Así las cosas, cabe preguntarse sobre los efectos reales de los programas sociales vinculados a mejorar el bienestar, la salud y la vida de las niñas y niños en nuestro país. Más aún si estos están bajo la administración de personajes cuestionados como el hoy ministro del MIDIS Julio Demartini, que prefiere centrar sus fuerzas para cuestionar la reciente prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho al hermano de Boluarte, Nicanor Boluarte, y justificar su paso a la clandestinidad. No podemos optar por el facilismo que caracteriza a este gobierno y negar la crisis alimentaria y nutricional que afecta al país. Toca seguir luchando por los derechos de miles de niñas y niños peruanos que están hoy en un estado de desprotección, a causa del desinterés y la frivolidad de este gobierno. 

 

desco Opina – Regional / 22 de noviembre del 2024

Crecimos como nunca, nos empobrecimos como siempre

 

¿Para qué sirvió el crecimiento? Todo parece indicar que regresamos a la normalidad. Las nuevas cifras de pobreza monetaria muestran que el número de pobres en Perú ascienden en el año 2023 a 9 780 000 personas, constituyéndose en la segunda cifra más alta en las últimas dos décadas, sólo superada levemente por la registrada en el 2020, donde se restringieron la mayoría de las actividades económicas en el país, a consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19.

La cantidad de pobres alcanzada el 2023 en el país, es mayor en 596 000 personas a la registrada el 2022 y significativamente superior, más de 3 290 000 pobres adicionales, si se compara con el 2019, año previo a la pandemia.

¿Cómo traducir esta cifra en las vivencias cotidianas de los y las peruanas? Un dato ilustrativo es la evolución de la pobreza extrema. Entre los años 2022 y 2023, la línea de pobreza extrema se incrementó en 11,0% pasando de S/ 226 a S/ 251; mientras que, respecto del año 2019 (anterior a la pandemia), la línea de pobreza extrema se incrementó en 33,9 %. Según área de residencia, entre 2022 y 2023, la línea de pobreza extrema se incrementó, tanto en el área urbana como en el área rural en 10,9% y 10,7%, respectivamente. Al comparar con el año 2019, el incremento de la línea de pobreza extrema fue mayor en el área rural (35,0%) respecto al área urbana (33,1%).

En otras palabras, 1 922 000 de peruanos y peruanas perciben ingresos mensuales por debajo de los 251 soles (67.8 dólares) al mes. En parte, la explicación recae en la inflación, contribuyendo a que la canasta básica se incrementara 11%. En esa línea, hay un aumento de la pobreza extrema rural de 14,6% a 16,2%, mientras que en el área urbana pasó de 2,6% a 3,2%.

Para el caso de la línea de pobreza, el valor para 2023 es de 446 soles (120.5 dólares). El peruano que perciba ingresos por encima de esta cantidad para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias no es considerado pobre.

Esta situación, vista desde el gasto, indica que el 2023 el gasto real promedio per cápita mensual, se ubicó en 866 soles, registrando una disminución de 0,7% respecto al año 2022 (equivalente a 6 soles per cápita). En comparación con el año 2019, disminuyó en 10,7% (equivalente a 104 soles per cápita), disminución altamente significativa, reflejando que los niveles del gasto del año 2023, se encuentran por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia.

De otro lado, se observa que el 29,5% del gasto per cápita se destinó a alimentos consumidos dentro del hogar (S/ 256), seguido del gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 21,6% (S/ 187), los alimentos consumidos fuera del hogar con 11,8% (S/ 102), salud 8,4% (S/ 73), transporte con 7,5% (S/ 65), bienes y servicios diversos con 4,2% (S/ 36), comunicaciones 3,6% (S/ 31), muebles y enseres con 3,6% (S/ 31) y educación con 3,4% (S/ 30), entre otros.

Cuando se compara esta estructura de gasto con la del 2014 (la última realizada), la proporción del gasto en alimentos consumidos dentro del hogar, se incrementó en 0,7% (de 28,8% a 29,5%) que, si la vinculamos al gasto en alimentos consumidos fuera del hogar, muestran que las familias peruanas gastan en promedio casi 42% de su presupuesto familiar en alimentarse. Esto contrasta nítidamente con lo que disponen para rubros como la salud y la educación, las que sumadas son menos del 12% del gasto familiar.

Otro aspecto resaltante que nos alcanza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es la brecha de pobreza, que refleja cuán pobres son los pobres, es decir, el déficit promedio de consumo de la población para satisfacer las necesidades mínimas de bienes y servicios de todos sus integrantes (expresado como proporción de la línea de pobreza), donde el déficit de la población no pobre es cero por definición.

En el año 2023, la brecha promedio del gasto de los pobres respecto al costo de la canasta básica de consumo fue de 7,5%. Comparada con los resultados del año 2022, aumentó en 0,4%, diferencia significativa. Comparando con los resultados del año 2019 creció en 3,0 puntos porcentuales, siendo esta diferencia muy altamente significativa.

De igual manera, es importante observar los resultados que alcanza sobre la vulnerabilidad monetaria que, en otras palabras, es el riesgo de caer en la situación de pobreza monetaria. En el 2023, el 31,4% del total de la población del país se encontraba en esta condición, que equivale en cifras absolutas a 10 590 000 personas que se encontraban en esa situación de riesgo.

A nivel de área de residencia, la vulnerabilidad monetaria afectó al 44,6% de la población residente del área rural y al 28,2% de la población del área urbana. Respecto al año 2022, la vulnerabilidad monetaria disminuyó de manera altamente significativa en el área urbana en 1,3 puntos porcentuales; por el contrario, en el área rural, las diferencias no fueron significativas, por lo que se han mantenido en el mismo nivel del año anterior. Al comparar con el año 2019, la vulnerabilidad monetaria disminuyó en el área urbana en 2,5 puntos porcentuales; en tanto, en el área rural se contrajo en 1,6 puntos porcentuales.

Esto se condice con el hecho de que 76% de los peruanos afirmen que es complicado asumir los gastos mensuales. En detalle, 33% reconoce que “llega con las justas a fin de mes”; 28% tuvo que reducir sus gastos y 15% tuvo que usar parte de sus ahorros para subsistir.

Como señala David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, regresar a la tasa de pobreza de 20%, como antes de la pandemia, posiblemente le tomará 20 años al país, toda vez que la proyección de crecimiento entre 2024 y 2028 es de 3% anual: “nuestro problema es la pérdida de productividad continua por culpa de malos congresistas y malos gobiernos”.

Igualmente, Carolina Trivelli, consideró que con que esta situación “nos vamos muy atrás, hemos perdido más de 15 años y probablemente no sería el mismo lapso que nos costará recuperarnos”.

 

desco Opina / 17 de mayo de 2024