Luchar por el derecho a la alimentación

 

Hace algunas semanas se presentó el Informe Perú del Índice Global del Hambre (IGH) 2024, elaborado por organizaciones no gubernamentales internacionales que integran la red estratégica Alliance 2015, en colaboración con el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); que mide el hambre respecto a tres dimensiones: i) la inadecuada oferta alimentaria, ii) la mortalidad infantil y iii) la desnutrición infantil. En este informe se reveló la situación crítica respecto al hambre en nuestro país que ha mantenido, por segundo año consecutivo, un índice de 19.6 puntos, ubicándose en un estado moderado respecto a otros países y superando, en un poco más de 5 puntos, la posición que alcanzó en 2019. En este año, solo una región, Huancavelica, tuvo un índice grave, mientras que desde el 2022 aumentaron a diez las regiones en esta situación respecto al hambre, encabezadas por Apurímac y Huancavelica, regiones que se han caracterizado por sus condiciones de precariedad y pobreza. Por ejemplo, en 2023, Huancavelica alcanzó una tasa de 13.9% del total de su población en situación de pobreza extrema, 4.3% más respecto al 2022. Además, estas dos regiones presentan un porcentaje alto de desnutrición crónica infantil (DCI). Así tenemos que, en 2023, Huancavelica lideró la tabla con 26.1%, 4.6% menos respecto al 2019; mientras que Apurímac alcanzó un 18.9% de su población con DCI, 2.8% más en comparación al alcanzado en 2019.

La DCI en el Perú es uno de los principales problemas en torno a la salud pública y el bienestar social, relacionado principalmente a las condiciones de pobreza de la población. Esta se caracteriza por el retardo en el crecimiento de la niña o niño respecto a su edad, que trae como resultado una limitación en el desarrollo de sus capacidades a nivel intelectual, físico e incluso afectivo, pudiendo provocar su muerte. De acuerdo al Informe preliminar de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), correspondiente al primer semestre del 2024, la desnutrición crónica infantil ascendió a 12.2%, siendo la zona rural la más afectada con 22.1%, mientras que la urbana alcanzó un 8.3%. Y si observamos los niveles de anemia por déficit de hierro en niñas y niños menores de 3 años en el país, este alcanzó a un 42.8% de la población referida, siendo, nuevamente, la zona rural la más afectada con un 50.2% del total de su población de niñas y niños menores de 3 años.

En el Perú, se han desarrollado programas sociales con el objetivo de contribuir con la lucha contra la desnutrición infantil. Uno de ellos es Juntos, programa nacional de transferencias directas a familias en situación de mayor pobreza de las zonas rurales y urbanas que busca mejorar los índices de nutrición, educación y salud de las futuras generaciones y romper con el círculo de pobreza, bajo un enfoque de ciclo de vida y en cuyos ejes se contempla la nutrición infantil y el desarrollo infantil temprano. Para el 2022 este programa implementó una estrategia denominada Transferencia Primera Infancia (TPI) que consiste en la entrega de un bono adicional de S/ 50.00 soles a los hogares integrados por una gestante en el primer trimestre de embarazo y/o niñas y niños hasta los 30 días de nacido. En los primeros meses del 2024, UNICEF presentó los resultados de una evaluación de impacto de esta estrategia, en la cobertura del paquete integral de salud, prevalencia de anemia y la DCI en niñas y niños nacidos entre enero y julio de 2022. En esta, se halló que la nueva estrategia de Juntos había logrado, para el corto plazo, un impacto favorable en la promoción del dosaje de hemoglobina y suplementación de hierro en niñas y niños con 6 meses de edad. Mientras que en los resultados finales se halló que la TPI logró un impacto positivo en la talla y una reducción de 6.5% en la desnutrición crónica en niñas y niños con 12 meses de edad.

Qali Warma, programa social de asistencia alimentaria a niños y niñas de instituciones educativas públicas del nivel inicial y primario (principalmente), se creó en 2012 con el fin de otorgar un servicio de alimentación de calidad durante todo el año escolar, permitiendo que las niñas y niños mejoren su atención y aprendizaje en clase. Sin embargo, un estudio elaborado por Pedro Francke y Gustavo Acosta, publicado en 2021 respecto al Impacto del programa de alimentación escolar Qali Warma sobre la anemia y la desnutrición crónica infantil, reveló que esta iniciativa estatal no ha logrado efectos significativos en la reducción de la anemia y la DCI en el grupo de niñas y niños de 3 a 5 años que fueron evaluados para el periodo 2014-2017; esto debido a que no son suficientes los meses en los que se recibe alimentos desde el programa, la calidad de los mismos, la forma de entrega y la receptibilidad de las niñas y niños respecto a los alimentos que entrega el programa. En 2022, un estudio del propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), evidenció que para el 2019 el 95.3% de estudiantes de primaria de siete regiones evaluadas (Áncash, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto y Huancavelica) que dependen únicamente de estos alimentos, no recibían la cantidad mínima de hierro para el desayuno.

En los últimos días Qali Warma ha estado en el ojo de la tormenta debido a una nueva denuncia por la presunta distribución de conservas en mal estado y de carne de caballo a estudiantes de comunidades en las regiones del país. De acuerdo con lo señalado por Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora de la empresa en cuestión, Frigoinca, estas conservas venían siendo entregadas desde el 2021, época en que Dina Boluarte estaba al mando del MIDIS. Cabe precisar que en esta denuncia también está implicado el actual vocero de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa que, entre el 2019 y 2022, era el Director Ejecutivo de Qali Warma y había favorecido estos hechos de corrupción en perjuicio de miles de niñas y niños que dependen de estos alimentos a diario. Precisamente entre el 2022 y 2023 se observó una reducción significativa en el presupuesto destinado a la contratación de supervisores en un 98% (de S/ 51.1 millones a S/ 1.3 millones), favoreciendo las condiciones para que hechos condenables como los que hoy se denuncian se sigan repitiendo.

Así las cosas, cabe preguntarse sobre los efectos reales de los programas sociales vinculados a mejorar el bienestar, la salud y la vida de las niñas y niños en nuestro país. Más aún si estos están bajo la administración de personajes cuestionados como el hoy ministro del MIDIS Julio Demartini, que prefiere centrar sus fuerzas para cuestionar la reciente prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho al hermano de Boluarte, Nicanor Boluarte, y justificar su paso a la clandestinidad. No podemos optar por el facilismo que caracteriza a este gobierno y negar la crisis alimentaria y nutricional que afecta al país. Toca seguir luchando por los derechos de miles de niñas y niños peruanos que están hoy en un estado de desprotección, a causa del desinterés y la frivolidad de este gobierno. 

 

desco Opina – Regional / 22 de noviembre del 2024

Qali Warma y las cadenas de la informalidad

Uno de los argumentos del MIDIS para la desactivación progresiva del PRONAA y el lanzamiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma –en su reemplazo–, señalaba que el primero «no funcionó bien y descuidó los criterios nutricionales de la población escolar». Sin embargo, pese a lo acertado de esta apreciación, la nueva propuesta no recogió las lecciones que dejó la experiencia pasada sobre todo en materia nutricional. El equipo de profesionales que lideraba el componente alimentario –el más importante del programa– estaba constituido por ingenieros de industrias alimentarias, cuyo perfil profesional no era el más adecuado para este propósito. Por esta razón, se cometieron errores en la selección de insumos para las dietas, tal como lo señaló en su momento el Colegio de Nutricionistas del Perú. Quedó demostrado que se distribuían productos que contravenían el espíritu de la recientemente promulgada “Ley de la comida chatarra”. La Ministra Trivelli aceptó el error de su portafolio y asumirá las recomendaciones del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud; algo que se pudo prever con una adecuada composición y selección del equipo técnico necesario para implementar este tipo de programas.

En la selva central este tipo de programa presenta una seria problemática: la informalidad y precariedad presente en los niveles públicos y privados. Empezando por los proveedores locales que ofrecen poca garantía sobre la calidad de los productos (autenticidad y vigencia), tanto como en las condiciones de almacenamiento y traslado de los mismos y, sumado a ello, la poca capacidad estatal para la fiscalización y monitoreo del servicio y para deshacerse del stock que ha superado su fecha de caducidad. Esta situación es más dramática aún en el interior del país, sobre todo en escenarios rurales, donde el programa ya ha sido denunciado por deficiencias como proporcionar alimentos en mal estado a colegios. Conservas de pescado malogradas, yogurts con gusanos, entre otras perlas, han sacudido los primeros meses de la implementación. La Ministra atribuyó el problema a compras del fenecido PRONAA.

Las escuelas rurales, no ocultan su alegría al saberse seleccionadas para ser beneficiarias del programa, pero es allí cuando las limitaciones de infraestructura local hacen sentir su presencia. Ausencia de energía eléctrica, inexistencia de cadenas de frío, caminos deficientes que deterioran los productos perecibles, falta de espacios adecuados en las escuelas para el almacenamiento y preparación, inseguridad para evitar los robos, carencia de utensilios y mobiliario para el consumo de los alimentos preparados, insuficiencia de cocinas para la cocción; entre otras limitaciones, que ponen en riesgo la calidad e inocuidad de los menús. A todo ello debemos sumar el poco conocimiento de los padres de familia en temas de manipulación de alimentos, así como las limitaciones de recursos humanos y financieros de las dependencias locales del MINSA que no aseguran a los usuarios una supervisión eficiente, lo que nos hace suponer que el riesgo de contaminación, o la aparición de nuevas denuncias por insumos en mal estado estará siempre latente.

En muchas escuelas rurales en la selva central –especialmente las multigrado– son los mismos maestros los que con buena voluntad se dedican a la preparación de alimentos para sus alumnos, en desmedro de las horas que deben dedicar al dictado de clases. Esta es una situación inapropiada pero realista, porque las organizaciones de padres de familia no pueden asumir ese compromiso dada la dispersión de sus viviendas y las distancias en relación a la institución educativa. En el Programa del Vaso de Leche sucede una situación similar, y por ello, las municipalidades locales aceptan que no se efectúe la preparación de alimentos como exigen las normas, sino la distribución del insumo para facilitar que de esa manera llegue a la gran mayoría de beneficiarios.

Recientemente el primer mandatario señaló «…lo que tratamos de hacer con este programa es luchar contra la corrupción que hubo en el PRONAA…»; al parecer no será fácil erradicar la corrupción de los programas sociales; porque de lo contrario no se explica que hubiese sido necesario que el programa acoja las recomendaciones de la Contraloría, en cuyas visitas de monitoreo se hallaron serias irregularidades en 230 colegios de Lima Metropolitana. Vistas así las cosas, la corrupción e improvisación serán las duras cadenas de este tipo de programas sociales; un duro lastre para conseguir y observar resultados en materia nutricional.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2013
Programa Selva Central
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