COVID-19: desarmados frente a la cuarta ola

 

Hace unos días el gobierno prorrogó la emergencia sanitaria por el COVID-19 por 180 días a partir del 29 de agosto del 2022 debido a que persiste el riesgo del daño a la salud de las personas durante la cuarta ola de la pandemia en la que nos encontramos y que viene azotando a las diferentes regiones del país. La norma establecida a través del Decreto Supremo Nº 015-2022-SA, publicado en el diario oficial El Peruano, considera importante mantener y reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica, para prevenir y controlar la transmisión del virus dado el alto riesgo de mortalidad que supone para grupos poblacionales como los adultos mayores y las personas con comorbilidades.

Al 16 de agosto del 2022 se habían reportado 3331 casos positivos confirmados; mientras que 27 pacientes fallecieron ese día a causa del virus, según el Ministerio de Salud (Minsa). Ese día en el país había 1192 personas hospitalizadas por la pandemia, 263 de las cuales estaban en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica. Se registraron además los resultados de 61 626 personas muestreadas, de las cuales 3331 fueron casos sintomáticos confirmados de ese momento. ESSALUD, por su parte, había reportado más de 70 000 nuevos casos positivos registrados en el país en las últimas semanas del mes de julio, demostrando una tendencia creciente de casos. Con tales números se evidenciaba el crecimiento de la que constituye la cuarta ola del virus.

La situación en Huancavelica es similar. A lo largo del mes de julio se observó que los casos aumentaron significativamente de semana a semana en una tendencia que puede mantenerse en las próximas. A partir de ese mes se reportaron más de 200 casos nuevos semanales, duplicando los números de junio cuando se presentaban 100 casos nuevos por semana. Huancavelica está atravesando también su cuarta ola porque luego de algunos meses en cero casos hospitalizados y un contagio bajo, ahora el virus se viene disparando con más fuerza. Según la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica, en julio se incrementaron los casos nuevos en las provincias de Huancavelica, Acobamba, Castrovirreyna y Tayacaja, entre otras cosas como resultado de que la población ya no está cumpliendo de forma estricta las medidas de prevención como es el uso de mascarillas y el lavado de manos.

A pesar de esta situación, Huancavelica se está debilitando para enfrentar esta nueva ola. El Hospital Regional se ha quedado sin Área UCI COVID porque el Minsa desinstaló esta área a pesar de su necesidad por el incremento significativo de casos positivos, poniendo en riesgo a los pacientes con COVID-19 quienes de necesitar cuidados intensivos no recibirían una atención inmediata y tendrían que ser referidos al Hospital de Huancayo. Según el director del Hospital Regional ya tienen tres camas UCI COVID y se viene gestionando la implementación de otras más.

Otro problema que se suma es la probable falta de recursos humanos en los hospitales y establecimientos de salud del departamento. Existen cerca de mil trabajadores con contratos de modalidad CAS-COVID que están en una situación incierta al haber vencido la vigencia de aquellos el 31 de julio, encontrándose a la espera de que amplíen y puedan pasar a la modalidad de CAS-regular. Aunque el Ejecutivo observó la ley que los pasa a dicha modalidad, la norma fue aprobada por insistencia por el Congreso. En este escenario se han producido distintas protestas en la región, donde los trabajadores CAS-COVID que fueron retirados de su trabajo, le exigen al Gobierno Regional su reposición a los puestos que pretenden ser lanzados a concurso contra lo que establece la ley.

Esperemos que el Gobierno Central y Regional tomen medidas inmediatas ante esta problemática y que Huancavelica cuente con las armas mínimas necesarias para continuar la lucha contra la pandemia sin repetir los errores del pasado y lamentar más pérdidas humanas.

 

desco Opina – Regional / 19 de agosto del 2022

descocentro – UOT Huancavelica

De basura y desgobierno

Esta es una sucia historia de dos vacancias y mucha basura en tan solo un año, que nos amenaza en el cercano horizonte. Es el caso del desgobierno y la grave corrupción –que parece no interesar a muchos– que se produce en el nivel más cercano de encuentro entre la ciudadanía y el Estado, como son nuestros casi 1900 municipios en el país.

El 25 de enero del presente año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió a Ángel Chilingano como alcalde del distrito de Villa María del Triunfo, debido a los supuestos vínculos con una red de extorsión y cobro de cupos, por la que purga prisión preventiva por 18 meses. Anteriormente, en febrero del año pasado fue vacado por el mismo JNE, Carlos Palomino Arias, alcalde electo en una lista de la agrupación Solidaridad Nacional, que lidera el alcalde metropolitano Castañeda Lossio. Acusado de nepotismo por haber contratado como funcionaria a su cuñada, Palomino afrontaba tres pedidos de vacancia: porque el procurador municipal lo defendió en un juicio privado, porque llevaba la contabilidad de cuatro empresas que han contratado con la municipalidad, y un tercer pedido por nepotismo. Este último fue el motivo de su retiro.

En el momento de la primera vacancia, también se hizo público un video en el que un supuesto empresario ofrecía desembolsar US$ 150 000 para apoyar la vacancia de Palomino. El trato lo hace con un grupo de personas interesadas en que esto ocurra, entre ellas los hermanos Ensel y Ángel Chilingano Villanueva. Este último el teniente alcalde del distrito, ahora suspendido por el JNE del sillón municipal.

Esta semana, en un nuevo capítulo de esta tragedia urbana municipal, el JNE llamó al regidor César Infanzón Quispe para que asuma temporalmente como burgomaestre, en tanto se resuelva definitivamente la situación de Chilingano, y dispuso que se le entreguen las credenciales que lo acreditan como alcalde de Villa María del Triunfo, pese a que sus colegas regidores se han negado a proponerlo como el reemplazante de Chilingano. Esta decisión del JNE permitirá que alguien asuma el papel de burgomaestre y encuentre la manera de resolver el grave problema generado por la falta de recojo de la basura desde el mes de diciembre del año pasado, que no solo ha cambiado el paisaje urbano del distrito con los cerros de desperdicios generados, sino que ha llevado a declarar al distrito en una alerta ambiental que se viene tratando de solucionar de alguna manera y que ya afecta con contaminación a distritos vecinos como Surco y La Molina.

Se estima que más de cuatro mil toneladas de basura se acumularon en 79 puntos críticos del distrito desde que el alcalde fuera arrestado. Se trata de un distrito de más de 400 000 habitantes, una población mayor que en ciudades como Piura o Cusco y que si bien desde el 17 de enero se encuentra en alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, hasta la fecha no ha servido para que las autoridades del mismo, ni las de la Municipalidad Metropolitana de Lima enfrenten seriamente el escandaloso caso y contribuyan a resolver este grave problema.

El caso de Villa María del Triunfo, en un año electoral municipal, debería servir de alarma para que como sociedad hagamos una seria reflexión sobre cómo y a quiénes estamos proponiendo y eligiendo como autoridades municipales en un país corroído por la corrupción, sin instituciones ni partidos políticos con un mínimo de credibilidad o confianza y una sociedad civil desorganizada y sin mecanismos efectivos de vigilancia y control ciudadano. Esto en medio de la poca capacidad que se tiene en los diversos niveles del Estado para dar solución a los problemas básicos de gobierno que les corresponde. Más aun, visibiliza la fragilidad que existe en las estructuras de funcionamiento orgánico dentro de los municipios, los cuales no funcionan de manera clara y trasparente en el manejo de sus cuentas para un servicio tan básico como el recojo de basura.

Creemos que se hace indispensable garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos que ofrecen los municipios y que esto trascienda a las gestiones de turno, ya que la negociación que se suele hacer cada vez que ingresa un nuevo gobierno municipal, sienta las bases para la proliferación de redes delincuenciales que están a la expectativa de dónde podrán dar su próximo golpe.

Es hora de reaccionar como sociedad y plantearnos seriamente el riesgo que corremos ante la proliferación de candidaturas municipales de toda laya que empiezan a poner en riesgo nuestra continuidad como sociedad organizada en torno a estructuras democráticas del Estado.

desco Opina - Regional / 26 de enero de 2018

Programa Urbano

Nuestro enfermizo sector Salud

Hace unos días la Ministra de Salud, Patricia García, declaró en emergencia los hospitales limeños; las causas: «insuficiente respuesta de los servicios de salud ante la demanda presentada en la red sanitaria por una inadecuada gestión y desabastecimiento crítico de medicamentos y dispositivos médicos», herencia de la mala gestión gubernamental anterior que ha generado graves complicaciones al servicio. Lo real es que todos los hospitales del MINSA requieren ser declarados en emergencia y en especial los hospitales y centros de salud de las localidades más aisladas del interior del país. La ministra explicó en el Congreso que se requieren S/ 103 millones para comprar medicinas e implementos médicos.

Mientras la Ministra enunciaba el problema, Ernesto y su esposa, miembros de una comunidad nativa nomatsiguenga de la selva central, han caminado cuatro kilómetros con su hijo en brazos, hasta dos postas de salud en ninguna de las cuales encontraron cura para su recién nacido que padecía de una crisis febril desde hace dos días. En la primera posta el técnico no estaba presente y en la segunda, las medicinas disponibles estaban vencidas por lo que eran inútiles y peligrosas. Se supone que la atención primaria en los puestos de salud debería aliviar a los hospitales de las capitales provinciales, pero al actuar solo como ‘mesas de parte’, éstos, con sus propios problemas de equipamiento, se encuentran, además, saturados. El actual revuelo mediático debería llevarnos a ver una serie de problemas que en materia de salud arrastramos como país desde hace varias décadas. El problema no sólo es técnico, es operativo, además de que campean los malos manejos y la corrupción.

En los últimos años en muchas provincias del país se ha entendido que mejorar la salud pasa por incrementar la cobertura con obras de infraestructura y no se hacen esfuerzos por cubrir todas las plazas de profesionales especializados. En los nosocomios de medianas y pequeñas ciudades del interior, raramente se cubre a tiempo completo la plaza de ginecología; funcionando dos días por semana es fácil entender la saturación de sus horarios. Lo más grave; en un país con 620 000 niños con anemia y más de 500 000 con desnutrición crónica los puestos de nutricionistas casi nunca son cubiertos con personal estable y se recurre en su lugar al SERUM, cuyos profesionales cumplen una loable labor pero no tienen la continuidad suficiente para entender y atender la lógica local del problema. En cada cambio se inicia nuevamente una etapa de aprendizaje y de entendimiento de la situación y el contexto. Mejor sería asegurar los profesionales necesarios, una mejor capacidad operativa y equipamiento de los centros de salud existentes que seguir invirtiendo en ‘ladrillos y concreto’ sin los especialistas suficientes. En ninguna parte del mundo una atención a medias es una solución.

Las estadísticas presentadas por la Ministra de Salud realmente son de espanto y nos muestran la cruda realidad del sector: de 7819 Centros de asistencia de Atención Básica, un 48% carece del personal mínimo requerido, 47% está falto de medicinas, el 79% carece de equipo médico mínimo y otro 36% cuenta con equipo que no está operativo.

El escándalo en que se vio envuelto un asesor cercano a Palacio de Gobierno, dio el pretexto suficiente para declarar en reorganización al Seguro Integral de Salud, del cual depende la atención de los sectores más pobres del país. La medida tiene como objetivo garantizar la idoneidad en la gestión de los recursos públicos en el marco del aseguramiento universal en salud en pro de una efectiva prestación de los servicios de salud que se brinda a la población. En definitiva, se persigue identificar la problemática y las distorsiones que se presentan en el SIS para la gestión de los recursos públicos en los aspectos operativos, administrativos y técnicos. No se descartan cambios en los marcos normativos que regulan este seguro y esperemos que ello signifique bloquear los canales que permiten actos de corrupción y malos manejos del servicio.

desco Opina - Regional / 21 de octubre de 2016

Programa Regional Centro