Lima en el top ten de las mejores ciudades para vivir

Hacia mediados del año pasado un informe de la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, catalogaba a Lima como la sexta mejor ciudad para vivir dentro de Latinoamérica. Igualmente, otra publicación especializada aparecida a inicios del 2017 ubicaba a nuestra ciudad capital ocupando el puesto 11 de 24 ciudades latinoamericanas. En algunas oportunidades estas cifras y ubicaciones en rankings de calidad suelen estar influenciadas por intereses turísticos y aluden sobre todo a la calidad de las zonas residenciales mejor establecidas. Por ello, siempre surgen dudas sobre estos calificativos numéricos. Sin ánimo de polemizar –pero llamando la atención sobre otras lecturas urbanas– aparece la preocupación de urbanistas y personas trabajando en los barrios populares respecto a la objetividad y dimensión real de estos datos. De modo que algunos consideramos alarmante que se difundan cifras y ubicaciones bastante optimistas que parecen dejar de lado realidades palpables de miseria, marginalidad y baja calidad de vida en estas urbes.

Cada vez que vemos estas alentadoras cifras sobre la buena ubicación de Lima como ciudad exitosa y de calidad, nos preguntamos bajo qué criterios se hacen finalmente estas estimaciones y si en ellas se ha tomado en consideración una evaluación ponderada que considere a todos sus estratos y clases sociales, en particular a las grandes mayorías asentadas en las zonas periféricas de la ciudad.

Si bien cabe discutir sobre la posición que obtiene una ciudad dentro de una tabla y los criterios empleados para ello, nos parece cuestionable que no se estén ligando estas cifras con otros aspectos importantes de la calidad de vida cotidiana en nuestra ciudad capital. Mencionemos a propósito de ello problemas recientes, como el del transporte masivo de pasajeros (que es uno los indicadores evaluados en el ranking) y lo ocurrido con una grave falla en el sistema de transporte masivo del metro de Lima que dejó a más de 170 000 personas afectadas en un tramo importante del servicio; o la necesidad de poner en debate las inversiones que se realizan para atender la problemática de los sistemas de transporte público en la ciudad, donde encontramos que lo que se prioriza es la construcción de más pistas, privilegiando el servicio del automóvil privado en la ciudad.

Otro caso –que no apunta a reforzar el ranking– ha sido el inmenso daño ambiental en la zona norte de Lima ocasionado por el incendio de un depósito de llantas que funcionaba de manera clandestina. Situación que se explica por la falta de planificación y criterios técnicos en la gestión del suelo y zonificaciones, pero que también evidencia la poca capacidad y eficiencia para desarrollar mecanismos de control adecuados. Esto queda demostrado por el hecho de que los funcionarios municipales del distrito afectado señalaron que ya habían solicitado la orden de desalojo del predio donde se produjo el siniestro.

Es en ese contexto que desde desco y otros colectivos urbanos trabajando en la ciudad, se promueve un proceso de discusión crítica y sostenida sobre lo que significa vivir en la ciudad, la manera como se gestiona y la preocupación constante sobre la vulneración o no de nuestros derechos. Así, por ejemplo, el pasado lunes 16 de abril se convocó a especialistas internacionales a discutir sobre lo que significa el derecho a la ciudad, focalizando el centro del debate en el hecho de que una ciudad no puede ser designada como tal, si no es para todos. En ese sentido, se hace un llamado a quienes se consideren ciudadanos de Lima a luchar por ella, para que todos podamos acceder en igualdad de condiciones y disfrutarla, y no solo guiarnos por lo que algunos rankings evalúan.

desco Opina - Regional / 20 de abril de 2018

Programa Urbano

La historia de tomas de tierras y desalojos

Más de mil personas fueron violentamente desalojadas por la policía de un terreno en el distrito de Villa El Salvador. Esto ocurrió el 20 de febrero pasado y como consecuencia del enfrentamiento, se produjo la muerte de una persona y resultaron numerosos heridos entre ciudadanos y policías. Con variantes, esta es una historia constantemente repetida en nuestro país desde hace más de medio siglo y que está estrechamente relacionada con el tema del derecho a la vivienda y el rol del Estado.

En el caso que mencionamos, el área ocupada está destinada a la ampliación de la avenida Pastor Sevilla en el distrito de Villa El Salvador, y el origen del conflicto se remonta al 8 de abril del año 2006, cuando se produjo la invasión de dichos terrenos, que en ese entonces representaban los remanentes del área reservada para la construcción de la futura universidad que tendría Villa El Salvador. Cabe mencionar también, que casi el 75% del área proyectada para la universidad se había consolidado tiempo atrás como zona de viviendas y actualmente se conoce este territorio como el asentamiento humano Oasis de Villa. Ya en el año 2007 se produjo el desalojo de una parte –que ahora es el terreno en disputa– por ser área destinada para la ampliación vial.

Así, sale a la luz –una vez más– la manera compleja y conflictiva como los sectores pobres en nuestra ciudad acceden al suelo para satisfacer las necesidades básicas de espacio para vivir. Este hecho da cuenta también, de los problemas que se generan a lo largo del tiempo por la forma como diversos actores «planifican» el uso del territorio. En este caso por un proyecto de inversión vial de carácter distrital, que genera un conflicto entre los beneficios reales para la mayoría y los intereses de un grupo con expectativas de ampliar la zona de asentamiento de viviendas, sin que juegue de por medio alguna lógica más estructurada. El tema es recurrente, y muestra el irresponsable accionar del Estado en esta zona –conocida como Oasis de Villa sector 2 y 3– en la que en enero de este año, se titularon 686 lotes de vivienda sin más oferta que la entrega de un lote a cada familia. Cabe recordar que el titular del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento manifestó entonces: "Ahora que ya son propietarios de su predio, se les abre una innumerable fuente de oportunidades, pueden poner agua, desagüe, postular a créditos de Techo Propio, Techo Seguro; todo ello y más se puede ejecutar, verán cómo su vida mejora". Cualquier persona medianamente informada que analice esa situación sabe que las posibilidades reales de un «propietario», no corresponden al sueño que se les promete, toda vez que como se ha repetido en más de una ocasión, los terrenos en esa zona son altamente vulnerables ante eventuales sucesos sísmicos, ya estudiados para el sector denominado Lomo de Corvina.

Las invasiones y tomas de tierra como modalidad de «hacer ciudad» negociando con el Estado ante hechos consumados, simplemente reafirma la llamada política de dos caras: lotes para autoconstrucción sin ningún tipo de asistencia para los más pobres, y verdadera formalidad, créditos y urbanismo de mayor calidad para sectores medios y altos.

La forma como se produce ciudad en el Perú –ahora un país predominantemente urbano en cuanto a concentraciones poblacionales–, es y debe ser un tema prioritario en la agenda de gobierno para iniciar de verdad la toma de medidas correctivas. Lamentablemente parece que debemos esperar tragedias para tomar cartas en el asunto y evitar el asentamiento poblacional en zonas de alto riesgo. La percepción es que tropezaremos con la misma piedra recurrentemente, sin avanzar hacia el planeamiento de ciudades de calidad; eso lo ilustra el caso de esta invasión en Villa El Salvador y se reafirma en los procesos de reconstrucción: posterremoto del 2007 y pos Niño Costero del 2017.

desco Opina - Regional / 9 de marzo de 2018

Programa Urbano

De basura y desgobierno

Esta es una sucia historia de dos vacancias y mucha basura en tan solo un año, que nos amenaza en el cercano horizonte. Es el caso del desgobierno y la grave corrupción –que parece no interesar a muchos– que se produce en el nivel más cercano de encuentro entre la ciudadanía y el Estado, como son nuestros casi 1900 municipios en el país.

El 25 de enero del presente año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió a Ángel Chilingano como alcalde del distrito de Villa María del Triunfo, debido a los supuestos vínculos con una red de extorsión y cobro de cupos, por la que purga prisión preventiva por 18 meses. Anteriormente, en febrero del año pasado fue vacado por el mismo JNE, Carlos Palomino Arias, alcalde electo en una lista de la agrupación Solidaridad Nacional, que lidera el alcalde metropolitano Castañeda Lossio. Acusado de nepotismo por haber contratado como funcionaria a su cuñada, Palomino afrontaba tres pedidos de vacancia: porque el procurador municipal lo defendió en un juicio privado, porque llevaba la contabilidad de cuatro empresas que han contratado con la municipalidad, y un tercer pedido por nepotismo. Este último fue el motivo de su retiro.

En el momento de la primera vacancia, también se hizo público un video en el que un supuesto empresario ofrecía desembolsar US$ 150 000 para apoyar la vacancia de Palomino. El trato lo hace con un grupo de personas interesadas en que esto ocurra, entre ellas los hermanos Ensel y Ángel Chilingano Villanueva. Este último el teniente alcalde del distrito, ahora suspendido por el JNE del sillón municipal.

Esta semana, en un nuevo capítulo de esta tragedia urbana municipal, el JNE llamó al regidor César Infanzón Quispe para que asuma temporalmente como burgomaestre, en tanto se resuelva definitivamente la situación de Chilingano, y dispuso que se le entreguen las credenciales que lo acreditan como alcalde de Villa María del Triunfo, pese a que sus colegas regidores se han negado a proponerlo como el reemplazante de Chilingano. Esta decisión del JNE permitirá que alguien asuma el papel de burgomaestre y encuentre la manera de resolver el grave problema generado por la falta de recojo de la basura desde el mes de diciembre del año pasado, que no solo ha cambiado el paisaje urbano del distrito con los cerros de desperdicios generados, sino que ha llevado a declarar al distrito en una alerta ambiental que se viene tratando de solucionar de alguna manera y que ya afecta con contaminación a distritos vecinos como Surco y La Molina.

Se estima que más de cuatro mil toneladas de basura se acumularon en 79 puntos críticos del distrito desde que el alcalde fuera arrestado. Se trata de un distrito de más de 400 000 habitantes, una población mayor que en ciudades como Piura o Cusco y que si bien desde el 17 de enero se encuentra en alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, hasta la fecha no ha servido para que las autoridades del mismo, ni las de la Municipalidad Metropolitana de Lima enfrenten seriamente el escandaloso caso y contribuyan a resolver este grave problema.

El caso de Villa María del Triunfo, en un año electoral municipal, debería servir de alarma para que como sociedad hagamos una seria reflexión sobre cómo y a quiénes estamos proponiendo y eligiendo como autoridades municipales en un país corroído por la corrupción, sin instituciones ni partidos políticos con un mínimo de credibilidad o confianza y una sociedad civil desorganizada y sin mecanismos efectivos de vigilancia y control ciudadano. Esto en medio de la poca capacidad que se tiene en los diversos niveles del Estado para dar solución a los problemas básicos de gobierno que les corresponde. Más aun, visibiliza la fragilidad que existe en las estructuras de funcionamiento orgánico dentro de los municipios, los cuales no funcionan de manera clara y trasparente en el manejo de sus cuentas para un servicio tan básico como el recojo de basura.

Creemos que se hace indispensable garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos que ofrecen los municipios y que esto trascienda a las gestiones de turno, ya que la negociación que se suele hacer cada vez que ingresa un nuevo gobierno municipal, sienta las bases para la proliferación de redes delincuenciales que están a la expectativa de dónde podrán dar su próximo golpe.

Es hora de reaccionar como sociedad y plantearnos seriamente el riesgo que corremos ante la proliferación de candidaturas municipales de toda laya que empiezan a poner en riesgo nuestra continuidad como sociedad organizada en torno a estructuras democráticas del Estado.

desco Opina - Regional / 26 de enero de 2018

Programa Urbano