La historia de tomas de tierras y desalojos

Más de mil personas fueron violentamente desalojadas por la policía de un terreno en el distrito de Villa El Salvador. Esto ocurrió el 20 de febrero pasado y como consecuencia del enfrentamiento, se produjo la muerte de una persona y resultaron numerosos heridos entre ciudadanos y policías. Con variantes, esta es una historia constantemente repetida en nuestro país desde hace más de medio siglo y que está estrechamente relacionada con el tema del derecho a la vivienda y el rol del Estado.

En el caso que mencionamos, el área ocupada está destinada a la ampliación de la avenida Pastor Sevilla en el distrito de Villa El Salvador, y el origen del conflicto se remonta al 8 de abril del año 2006, cuando se produjo la invasión de dichos terrenos, que en ese entonces representaban los remanentes del área reservada para la construcción de la futura universidad que tendría Villa El Salvador. Cabe mencionar también, que casi el 75% del área proyectada para la universidad se había consolidado tiempo atrás como zona de viviendas y actualmente se conoce este territorio como el asentamiento humano Oasis de Villa. Ya en el año 2007 se produjo el desalojo de una parte –que ahora es el terreno en disputa– por ser área destinada para la ampliación vial.

Así, sale a la luz –una vez más– la manera compleja y conflictiva como los sectores pobres en nuestra ciudad acceden al suelo para satisfacer las necesidades básicas de espacio para vivir. Este hecho da cuenta también, de los problemas que se generan a lo largo del tiempo por la forma como diversos actores «planifican» el uso del territorio. En este caso por un proyecto de inversión vial de carácter distrital, que genera un conflicto entre los beneficios reales para la mayoría y los intereses de un grupo con expectativas de ampliar la zona de asentamiento de viviendas, sin que juegue de por medio alguna lógica más estructurada. El tema es recurrente, y muestra el irresponsable accionar del Estado en esta zona –conocida como Oasis de Villa sector 2 y 3– en la que en enero de este año, se titularon 686 lotes de vivienda sin más oferta que la entrega de un lote a cada familia. Cabe recordar que el titular del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento manifestó entonces: "Ahora que ya son propietarios de su predio, se les abre una innumerable fuente de oportunidades, pueden poner agua, desagüe, postular a créditos de Techo Propio, Techo Seguro; todo ello y más se puede ejecutar, verán cómo su vida mejora". Cualquier persona medianamente informada que analice esa situación sabe que las posibilidades reales de un «propietario», no corresponden al sueño que se les promete, toda vez que como se ha repetido en más de una ocasión, los terrenos en esa zona son altamente vulnerables ante eventuales sucesos sísmicos, ya estudiados para el sector denominado Lomo de Corvina.

Las invasiones y tomas de tierra como modalidad de «hacer ciudad» negociando con el Estado ante hechos consumados, simplemente reafirma la llamada política de dos caras: lotes para autoconstrucción sin ningún tipo de asistencia para los más pobres, y verdadera formalidad, créditos y urbanismo de mayor calidad para sectores medios y altos.

La forma como se produce ciudad en el Perú –ahora un país predominantemente urbano en cuanto a concentraciones poblacionales–, es y debe ser un tema prioritario en la agenda de gobierno para iniciar de verdad la toma de medidas correctivas. Lamentablemente parece que debemos esperar tragedias para tomar cartas en el asunto y evitar el asentamiento poblacional en zonas de alto riesgo. La percepción es que tropezaremos con la misma piedra recurrentemente, sin avanzar hacia el planeamiento de ciudades de calidad; eso lo ilustra el caso de esta invasión en Villa El Salvador y se reafirma en los procesos de reconstrucción: posterremoto del 2007 y pos Niño Costero del 2017.

desco Opina - Regional / 9 de marzo de 2018

Programa Urbano

Luego de Hábitat III ¿Qué y cómo seguir en nuestras ciudades?

A pocas semanas de haberse realizado en la ciudad de Quito la tercera conferencia mundial Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, nuevamente apreciamos que esta importante cita mundial nos deja insatisfechos (como ocurre con otras conferencias mundiales similares). Particularmente en este caso en el que en las cumbres mundiales anteriores, el grado de consenso y de acuerdo propiciados por las Naciones Unidas entre los gobiernos y la sociedad civil llegaron a mejor puerto.

ONU HÁBITAT convocó hace dos años a todos los gobiernos miembros de la Naciones Unidas, incluido el gobierno peruano, al proceso hacia Hábitat III, a prepararse para este importante foro para dar cara al proceso de urbanización y expansión de las ciudades a nivel global, destacando algunos datos que evidencian la emergencia del crecimiento y el desborde de las ciudades que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como dan cuenta de las precarias condiciones de habitabilidad que soportan las mayorías pobres del mundo.

En nuestro caso los retos están por el lado de la ocupación precaria, excluyente y desordenada de las ciudades, marcadas por procesos de migración del campo a la ciudad en contextos de crisis económica, ambiental y de desplazamiento forzoso, entre otros. Son problemas que el Perú afronta por décadas, incluso mucho antes de que se iniciaran las conferencias mundiales sobre Hábitat en 1976, (Hábitat I en la ciudad de Vancouver – Canadá). De acuerdo al INEI en 1975 la población nacional era 15 161 200 habitantes, se distribuía en un 62% urbana y 38% rural. En cuarenta años hemos duplicado la población, pues de acuerdo a cifras del Banco Mundial el 79% de la población nacional vive en zonas urbanas frente a un 21% habitando en zonas rurales. Esta situación de nuestros habitantes plantea grandes desafíos para atender las necesidades tanto en vivienda, como en infraestructura, transporte y la provisión de servicios básicos por mencionar algunas demandas de las ciudades peruanas para alcanzar un estándar de vida adecuado para sus residentes.

El informe presentado por el gobierno peruano al Hábitat III escasamente difundido y menos publicitado, es un documento técnico que penosamente no aporta novedad ante una realidad conocida y sufrida por los peruanos en nuestras ciudades grandes medianas o pequeñas.  Hemos sido testigos de cómo han participado en el Hábitat III algunos de sus autores y allí representantes del gobierno peruano. Han mostrado al mundo un Perú en el que la atención de la problemática urbana y territorial señalada solo existe en sus informes o en una dimensión desconocida que no hemos podido encontrar para la elaboración de esta nota.  

Para graficar nuestra inquietud quisiéramos una vez más que se responda desde el Estado si es que se brinda realmente atención a las demandas de vivienda de los sectores pobres del país o de los niveles C y D, como recurrentemente denominan los funcionarios del gobierno a este mayoritario grupo poblacional peruano. Cómo sabiéndose de las constantes invasiones y ocupaciones de terrenos en zonas de alto riesgo que diariamente ocurren en nuestras ciudades, ese sector de población –de familias pobres y en extrema pobreza– no es atendido por la política pública, y que en algunos pocos casos recibe escasos recursos públicos, tan pocos que además se acaban antes de finalizar el año fiscal correspondiente. Esto ocurre, por ejemplo, con el Bono Familiar Habitacional, que constituye migajas comparado con los recursos que se destinan al Fondo Mi Vivienda para atender a otros sectores, que hasta han podido hacer un enroque en medio de la crisis de las AFP para que sus aportantes que no poseen viviendas puedan iniciar los pagos para adquirirla. Al leer el informe nacional también nos preguntamos, ¿por qué razones el Estado insiste en la política de entrega de títulos de propiedad individual, cuando lo que se requiere en nuestras ciudades es promover habilitaciones urbanas de calidad y trabajar en la planificación territorial para organizar el acceso y gestión del uso del suelo, de modo que algún día pueda aspirarse a ser un país del primer mundo e ingresar a la OCDE.

El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski parece no haber tomado nota de la ocurrencia de Hábitat III, ninguno de sus voceros principales ha informado que los gobiernos del mundo (incluido el del Perú) acaban de aprobar la Nueva Agenda Urbana que contiene lineamientos para desarrollar herramientas que podrían ser la clave para enfrentar los retos del desarrollo urbano y maximizar las oportunidades que las ciudades ofrecen. Esto es, un nuevo marco internacional para promover un modelo de desarrollo urbano capaz de integrar los tres ejes de desarrollo sostenible: económico, social y ambiental.  Sordo y ciego a este llamado de la comunidad internacional, el ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento expresó la semana pasada que su prioridad es dar agua al 100% de la población y que para ello se reducirá el presupuesto para el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. Es innegable, por cierto, la importancia de dotar de servicios básicos a la población, pero también es estratégico y sumamente importante contar con políticas publicas financiadas e integrales que permitan atender la amplia problemática de las ciudades, la gestión territorial y el acceso a un hábitat urbano y rural adecuados. Incluso consideramos que sería oportuno colocar en agenda pública la necesidad de contar con un Ministerio de las ciudades que apunte a que la gestión territorial nacional supere las visiones fragmentadas de la acción estatal.

El Perú requiere una gestión eficiente de nuestras ciudades y el territorio, y en ese propósito promover y asegurar un modelo que proteja los derechos humanos al hábitat, es decir el acceso a suelo y vivienda en lugares adecuados para la demanda de las nuevas familias en terrenos habilitados y preparados para  el desarrollo humano. Corresponde al Estado (central, regional y/o metropolitano) jugar un rol fundamental para implementar dichas políticas y programas que garanticen el acceso a un hábitat seguro y saludable para las mayorías.  ¿Cómo podremos ser competitivos y afrontar los constantes y diversos retos que nos plantea la globalización si somos incapaces de garantizar un crecimiento inclusivo de las ciudades que amengüe las desigualdades entre nuestros ciudadanos en el acceso a beneficios del desarrollo urbano diferenciado que tenemos?

Sin políticas públicas claras y decididas será imposible evitar la segregación espacial (económica, social y cultural incluidas) que soportamos en nuestras ciudades costeras, andinas y amazónicas cargadas de la riqueza desperdiciada de nuestra diversidad cultural, en tanto no se promuevan procesos de integración y articulación social, económica y cultural que progresivamente corrijan, para empezar, el hipercentralismo histórico de Lima.

 

 desco Opina - Regional / 4 de noviembre de 2016

Programa Urbano

El Perú oficial y la Conferencia Hábitat III de Naciones Unidas

En octubre se realizará en Quito - Ecuador, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III que dará continuidad a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat I, celebrada en Vancouver, Canadá, en 1976 que concluyó con la creación del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Posteriormente, en junio del 1996, se realizó en Estambul, la segunda Conferencia Hábitat II, también conocida como la Cumbre de las Ciudades.

La primera tarea encomendada luego a los gobiernos –incluido el Perú– para la realización de Hábitat III, fue alentar la conformación de Comités Nacionales de Hábitat para la realización del Informe Nacional, informe de país que debió ser entregado en junio del 2014 al Secretariado del Hábitat III dando cuenta de las medidas y avances alcanzados en el marco de los compromisos y la declaración del Hábitat II.

A la fecha no se conoce oficialmente si tendremos el informe país. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (responsable de ejecutar este compromiso) no ha informado nada y menos convocado a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos sobre los temas de hábitat y que participamos desde el Hábitat I y II. Preocupa que el gobierno no  entregue el informe ni convoque a la sociedad civil para acopiar sus apreciaciones y planteamientos, trabajados desde organizaciones e instituciones que desarrollamos propuestas técnicas y prácticas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas y rurales del país.

Es bueno recordar que las dinámicas de urbanización mundial proyectan un crecimiento de la población urbana que para el año 2050 llegará al 65% del total mundial. En el Perú, solo al año 2025 las proyecciones indican que nuestra población urbana llegará al 82.03% del total nacional. Esto en un contexto en el que las ciudades –real o potencialmente– son los territorios de mayor concentración de la riqueza, en medio de una gran diversidad económica, ambiental, política y cultural. Pero que también corresponden a modelos de desarrollo (implementados en la mayoría de los países) caracterizados por patrones de concentración de la renta que benefician a pocos, provocando que las ciudades de acelerados procesos de urbanización, se caractericen por un crecimiento urbano sin planificación que trae consigo el asentamiento de millones de familias en zonas de alta vulnerabilidad, en medio de una creciente privatización del espacio público, depredación del medio ambiente y del territorio planetario en general.

No podemos olvidar que el gobierno peruano y una delegación importante de la sociedad civil estuvimos presentes en Hábitat II cuando se asumieron compromisos y se suscribió un Plan de Acción Mundial que especifica la necesidad de que los gobiernos implementen programas y políticas orientados a promover el acceso a vivienda adecuada para sus ciudadanos, a desarrollar capacidades para que los asentamientos humanos puedan ser sostenibles, impulsar procesos de habilitación de territorios para ser ocupados con participación ciudadana de sus habitantes e impulsar la igualdad de género en el acceso a la tierra. También a instaurar sistemas de financiamiento para facilitar el acceso y construcción de la vivienda en los sectores populares, con participación de la cooperación internacional para desarrollar proyectos de acceso y construcción de viviendas y la instauración de mecanismos de evaluación de los puntos referidos anteriormente.

Hoy denunciamos una vez más que en el Perú, la mayoría de los compromisos fueron incumplidos por los gobiernos que se han sucedido desde 1996. Será tal vez porque  como lo expresara el expresidente Francisco Belaúnde Terry, el Estado construía viviendas para los sectores medios porque los pobres solucionaban solos sus problemas, expresando así una manera peculiar de entender al Perú y sus necesidades, atendiendo una lógica de implementar políticas públicas que discriminan a las grandes mayorías, que a fin de cuentas son las que producen las ciudades en el Perú. Sería interesante conocer cuántas viviendas se han producido en estos años desde el sector privado de la construcción y cuántas desde el esfuerzo de las poblaciones de sectores populares para evidenciar el aporte real a la económica nacional y cuán necesario es contar con inversión pública para mejorar las viviendas autoproducidas por la gente en las principales ciudades del país y en Lima.

Ha sido en este marco que desco en Alianza con la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú y la Coalición Internacional por el Hábitat realizó en octubre del año pasado el Encuentro Internacional de Sociedad Civil y Gobiernos Locales hacia Hábitat III: derecho a la vivienda, barrio y ciudad que concluyó señalando que “ante la configuración de territorios divididos, el ordenamiento territorial debe considerar e implementar regulaciones orientadas a revertir la tendencia histórica del campo hacia la ciudad y la concentración del capital y la financiarización de la economía, evitar la superposición de concesiones extractivas y áreas naturales protegidas, contrarrestar la generación de enclaves, buscando el fortalecimiento y desarrollo de las ciudades intermedias, con una revisión de la institucionalidad para lograr mayor coordinación territorial entre los distintos elementos del Hábitat, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el buen vivir de todas y todos”.

Las tareas urgentes por atender en el territorio nacional son de carácter técnico, político y administrativo. La manera de enfrentar las limitaciones y bondades del proceso de urbanización tienen que ser asumidas desde una lectura territorial que nos permita actuar sobre los vacíos acumulados durante décadas en que la atención a la vivienda de los sectores populares ha sido mínima, mal resuelta mediante el modelo de la  llamada invasión que le ha permitido al Estado desentender la habilitación de terrenos para las nuevas viviendas que han surgido y hacer una buena gestión del suelo. De haber planificado y conducido mínimamente bien el proceso de facilitar el acceso a la vivienda para los pobres, como la entrega de los títulos de propiedad, seguramente los especialistas no hablarían ahora de las posibles 50 000 muertes que puedan ocurrir –solo en la ciudad de Lima– en caso de producirse un sismo de gran magnitud.

Desde la sociedad civil seguimos trabajando y esperamos que el Estado y los sectores del gobierno nos convoquen a dialogar para avanzar juntos en la solución de estos problemas que nos afectan a todos. Así, por ejemplo, desde inicio del año desco, en alianza con la Fundación Friedrich Ebert, la Coalición Internacional por el Hábitat, WIEGO, la Pastoral Social de la Diócesis de Chosica, Alternativa, la Red Interquorum Arequipa, Cedepaz, Cidap, Cepru y la Universidad Nacional del Callao, venimos impulsando los talleres “Hábitat, ciudad y territorio: sustentabilidad y tareas pendientes en Lima Metropolitana, El Callao y el Perú”.  Estos talleres buscan identificar orientaciones prácticas para mejorar la gestión sustentable del hábitat, las ciudades y el territorio peruano. Las propuestas levantadas serán llevadas a Quito y se presentarán en el Foro Social frente a Hábitat III en vista de que el gobierno peruano ha asumido una postura que limita o ignora la participación efectiva de los ciudadanos peruanos y las organizaciones de la sociedad civil global, como ocurre en otra medida con la convocatoria oficial de la organización de Naciones Unidas.

desco Opina - Regional / 13 de mayo de 2016

Programa Urbano
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Hábitat III: lo que el gobierno ofrece es leasing inmobiliario

En octubre del 2016 se realizará en la ciudad de Quito, Ecuador, la Conferencia Hábitat III de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. La conferencia deberá tener como resultado una visión de futuro y orientaciones para la acción en lo que se denomina será la “Nueva Agenda Urbana”.

Esta convocatoria internacional se hará en cumplimiento de la Resolución 67/216 de la Asamblea General en la que se plantea alcanzar, y asegurar el compromiso político de los gobiernos miembros de promover el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros alcanzados hasta la fecha frente a la pobreza urbana e identificar y abordar los nuevos y emergentes desafíos urbanos del planeta de los que ahora, hasta el Papa se preocupa.

Es conocido que más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades como resultado de los procesos de urbanización y migración global, principalmente a las grandes ciudades. El dato fuerte del siglo XXI es el que nos indica que el 54,5% de la población mundial es urbana. Paradójicamente las áreas de las ciudades tan solo ocupan cerca del 2% de la superficie global y, sin embargo, producen el 70% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, consumen más del 60% de la energía, y lamentablemente producen el 70% de los gases de efecto invernadero y el 70% de residuos.

Este contexto global no es ajeno a la realidad nacional del Perú que enfrenta una problemática especial que redunda en lo que es la caracterización mundial, ya que en nuestro territorio –de 1´285 215.6 Km² ocupado por una población de 31´151 643 habitantes– tenemos el caso de Lima Metropolitana y Callao donde ocurre una híper concentración urbana. En tan solo 2839.2 Km² de superficie –que representa el 0.22% del territorio nacional y contamos con una población estimada de 10´848 566 habitantes– vive el 34.8% de la población nacional. Lima en los últimos 70 años (de 1940 al 2007) ha incrementado su población urbana 13 veces.

En este marco, lo mínimo que podríamos esperar es el interés y el compromiso del Estado peruano por participar y alentar la reflexión en torno a la cumbre Hábitat III.

Pero no es así. El Perú a la fecha no ha convocado aún a los colegios, profesionales, a la academia, a la sociedad civil y organizaciones vecinales, entre otras instituciones, a contribuir en la elaboración del Informe Nacional que debía ser presentado ante la comisión organizadora del Hábitat III a mediados del presente año. Por cierto concierne al sector construcción, pero también convocar al sector transporte e infraestructura, aunque sea solo para hacer visible que no son propiamente sectores del empresariado nacional los que allí predominan.

Si revisamos las web de oficinas de gobiernos de países vecinos como Chile, por ejemplo, en su Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, se aprecia diferentes esfuerzos en procesos abiertos de discusión sobre las perspectivas nacionales ante Hábitat III.

Habría que preguntar a los funcionarios de Cancillería, del Ministerio del Ambiente (con tanto estrellato mundial con la COP apenas hace un año y esta vez, para Hábitat, nada) y por cierto del Ministerio de Vivienda y Construcción ¿por qué en nuestro país no se atiende este compromiso oficial del Perú, por qué no se convoca a la sociedad civil para iniciar ya el trabajo de discutir y construir propuestas consensuadas frente al reto como atender la problemática de nuestras ciudades?. Esto en la perspectiva de contribuir a un desarrollo urbano planificado y con políticas públicas que permitan racionalizar nuestro desarrollo urbano en un contexto de crecimiento económico muy desordenado en el campo del urbanismo.

Sabemos bien que las ciudades son potencialmente territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Sin embargo, el modelo de desarrollo actual que se impulsa en el Perú se caracteriza casi exclusivamente por atender a quienes se benefician con la concentración de la renta. Mientras tanto, enfrentamos un acelerado proceso de urbanización que depreda el ambiente y privatiza el espacio público, generando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. Tal como están siendo gestionadas las ciudades en el Perú por el gobierno y sus respectivos sectores y niveles, están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana –en su mayoría– está privada o seriamente limitada para satisfacer sus más elementales necesidades de calidad de vida urbana, esto en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad. ¿Qué nos ofrece el gobierno? Tan solo un modelo de leasing en la vivienda para reactivar la industria inmobiliaria. Triste situación en medio de la globalización que se vive.

Será acaso que la atención a los temas de desarrollo urbano y crecimiento de las ciudades está reservada únicamente para el sector empresarial del país, que recibe importantes estímulos económicos a través de las políticas públicas estatales que apuntan casi exclusivamente a dinamizar la economía y las ganancias del sector construcción. Demandamos una respuesta seria.

desco Opina - Regional / 22 de julio de 2015

Programa Urbano
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