La historia de tomas de tierras y desalojos

Más de mil personas fueron violentamente desalojadas por la policía de un terreno en el distrito de Villa El Salvador. Esto ocurrió el 20 de febrero pasado y como consecuencia del enfrentamiento, se produjo la muerte de una persona y resultaron numerosos heridos entre ciudadanos y policías. Con variantes, esta es una historia constantemente repetida en nuestro país desde hace más de medio siglo y que está estrechamente relacionada con el tema del derecho a la vivienda y el rol del Estado.

En el caso que mencionamos, el área ocupada está destinada a la ampliación de la avenida Pastor Sevilla en el distrito de Villa El Salvador, y el origen del conflicto se remonta al 8 de abril del año 2006, cuando se produjo la invasión de dichos terrenos, que en ese entonces representaban los remanentes del área reservada para la construcción de la futura universidad que tendría Villa El Salvador. Cabe mencionar también, que casi el 75% del área proyectada para la universidad se había consolidado tiempo atrás como zona de viviendas y actualmente se conoce este territorio como el asentamiento humano Oasis de Villa. Ya en el año 2007 se produjo el desalojo de una parte –que ahora es el terreno en disputa– por ser área destinada para la ampliación vial.

Así, sale a la luz –una vez más– la manera compleja y conflictiva como los sectores pobres en nuestra ciudad acceden al suelo para satisfacer las necesidades básicas de espacio para vivir. Este hecho da cuenta también, de los problemas que se generan a lo largo del tiempo por la forma como diversos actores «planifican» el uso del territorio. En este caso por un proyecto de inversión vial de carácter distrital, que genera un conflicto entre los beneficios reales para la mayoría y los intereses de un grupo con expectativas de ampliar la zona de asentamiento de viviendas, sin que juegue de por medio alguna lógica más estructurada. El tema es recurrente, y muestra el irresponsable accionar del Estado en esta zona –conocida como Oasis de Villa sector 2 y 3– en la que en enero de este año, se titularon 686 lotes de vivienda sin más oferta que la entrega de un lote a cada familia. Cabe recordar que el titular del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento manifestó entonces: "Ahora que ya son propietarios de su predio, se les abre una innumerable fuente de oportunidades, pueden poner agua, desagüe, postular a créditos de Techo Propio, Techo Seguro; todo ello y más se puede ejecutar, verán cómo su vida mejora". Cualquier persona medianamente informada que analice esa situación sabe que las posibilidades reales de un «propietario», no corresponden al sueño que se les promete, toda vez que como se ha repetido en más de una ocasión, los terrenos en esa zona son altamente vulnerables ante eventuales sucesos sísmicos, ya estudiados para el sector denominado Lomo de Corvina.

Las invasiones y tomas de tierra como modalidad de «hacer ciudad» negociando con el Estado ante hechos consumados, simplemente reafirma la llamada política de dos caras: lotes para autoconstrucción sin ningún tipo de asistencia para los más pobres, y verdadera formalidad, créditos y urbanismo de mayor calidad para sectores medios y altos.

La forma como se produce ciudad en el Perú –ahora un país predominantemente urbano en cuanto a concentraciones poblacionales–, es y debe ser un tema prioritario en la agenda de gobierno para iniciar de verdad la toma de medidas correctivas. Lamentablemente parece que debemos esperar tragedias para tomar cartas en el asunto y evitar el asentamiento poblacional en zonas de alto riesgo. La percepción es que tropezaremos con la misma piedra recurrentemente, sin avanzar hacia el planeamiento de ciudades de calidad; eso lo ilustra el caso de esta invasión en Villa El Salvador y se reafirma en los procesos de reconstrucción: posterremoto del 2007 y pos Niño Costero del 2017.

desco Opina - Regional / 9 de marzo de 2018

Programa Urbano

Villa El Salvador: acceso a la tierra y gestión del territorio

El 11 de mayo de 1971 cientos de familias fueron trasladadas a los arenales de Tablada de Lurín del distrito de Villa María del Triunfo. Ese día nace Villa El Salvador (VES) gracias al esfuerzo y lucha de pobladores que acababan de arrancarle al gobierno militar el derecho de acceso a tierra urbana para edificar allí sus futuras viviendas.

El gobierno del general Juan Velasco Alvarado pocas semanas antes, había encargado al Ministerio de Vivienda y Construcción diseñar un gran plan urbano que fuera más allá de la visión de ciudades dormitorio y proyectara una nueva perspectiva que promoviera una propuesta de ciudad industrial y autogestionaria.

De este modo, desde el gobierno se diseñó una propuesta urbana denominada Proyecto Comunal de Desarrollo Integral que contenía un modelo territorial que orientaba el desarrollo complementario de tres usos del suelo: a) zona Industrial/artesanal, b) zona residencial y, c) zona agropecuaria/forestal. Lo más relevante de la propuesta consistió en la formulación de una estructura urbana modular a la vez sencilla y homogénea que pudiera brindar apoyo al desarrollo de una organización comunal, además de la optimización del uso de los recursos físicos del territorio que constituirían el patrimonio inicial del asentamiento.

Más adelante el asentamiento sobre un enorme arenal que antes fuera utilizado como campo de maniobras para paracaidismo del ejército, fue ocupando partes significativas del territorio; así también se fueron conformando no solo los grupos residenciales, sino sus Juntas Directivas Centrales quienes reasignaban los lotes sirviendo de mecanismo para controlar y evitar la especulación y el acaparamiento de la tierra. Si algún lote era abandonado, se procedía con el “blanqueo del lote” como se le denominaba a la acción de recuperación del terreno para la comunidad a fin de que la Junta Directiva Central decidiera su nueva asignación, de acuerdo a ciertos criterios que debía cumplir la familia que quería ocupar el terreno: no poseer lote en otro lugar, contar con familia y asumir el compromiso de participar y apoyar todas las actividades comunitarias.

El proceso de crecimiento y ocupación del territorio de Villa El Salvador ha respetado en gran parte la traza urbana inicial. Sin embargo, durante los últimos años, ante la demanda de suelo para vivienda de las nuevas familias, en un marco de desactivación de las instancias de planificación y la ausencia de políticas públicas urbanas, algunas franjas destinadas al parque industrial o a la zona agropecuaria han sido urbanizadas sin seguir la trama urbana original que caracteriza a gran parte del distrito. Esto ha ocasionado que estas zonas carezcan de la calidad urbanística que distingue a Villa El Salvador en la zona planificada. Sin duda la planificación inicial ha sido muy beneficiosa y ofrece, además, oportunidades favorables para procesos de mitigación de vulnerabilidades.

El reto actual para la municipalidad de Villa El Salvador y las familias que construyen en VES es contar con asistencia técnica que asegure la calidad constructiva de las viviendas, esto es, aprobar y aplicar normas locales y procedimientos técnicos que impulsen una cultura de prevención ante los riesgos físicos a los que está expuesto el territorio por haber construido una ciudad en el desierto. Para desco resulta claro que en Villa El Salvador y los barrios de Lima Sur es importante considerar que las familias no esperan solamente acceso a subsidios del Estado para la vivienda. Son vecinos conscientes de su responsabilidad que así como pagaron por sus servicios básicos, están dispuestos a aportar para recibir asistencia técnica especializada del Estado que mejore la calidad constructiva de sus viviendas.

Villa El Salvador se ha construido con el aporte de su población y líderes quienes han desarrollado con mucha creatividad alternativas y soluciones urbanas que han producido y gestionado la ciudad popular que hoy cuentan. Sin embargo, ahí está presente siempre el reto de avanzar hacia una escala de la intervención distrital, mediante políticas públicas de ámbito local y sectorial, manteniendo la participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

A pocos días del aniversario de este importante distrito limeño, resaltamos los elementos claves que han permitido convertir a Villa El Salvador en una ciudad con futuro: la planificación y organización del territorio desde un inicio, sobre la base de un diseño urbano pensado en la gente. Así como la promoción de la participación y organización comunitaria para gestionar el territorio. Estos elementos, inexistentes en la mayoría de planteamientos de desarrollo urbano emprendidos por los sucesivos gobiernos y autoridades municipales en el país hacen la diferencia. Por ello invitamos una vez más a que las autoridades y funcionarios del urbanismo y la vivienda revisen experiencias como las de Villa El Salvador o Huaycán y las consideren para planificar el crecimiento ordenando de nuestras ciudades con un enfoque de gestión de riesgo de desastres.

Requerimos visiones más agresivas y novedosas como las que motivaron el diseño del Proyecto Comunal de Desarrollo Integral de Villa El Salvador.

desco Opina - Regional / 5 de mayo de 2017

Programa Urbano

De estado de emergencia a estado de excepción

Tras la aprobación del texto sustitutorio del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para iniciar la llamada “reconstrucción con cambios” o RCC, los análisis se han centrado en los cambios al texto original. El sentimiento general parece ser el de complacencia con los cambios, salvo en el caso del Frente Amplio, cuya bancada votó en bloque contra la aprobación del texto. ¿Obstruccionismo? Considerando que la bancada del FA no vota unánimemente así nada más y que es muy difícil sostener que hay cálculo político en su posición (sabían que nadie los iba a felicitar por oponerse) resulta interesante evaluar las razones de tanta cohesión.

De acuerdo a Marco Arana, la única victoria (pírrica) que obtuvieron fue ampliar las capacidades de la Contraloría en el marco del proyecto de Ley, o más bien, impedir que se recorten, como demandaba el texto original. En efecto, el nuevo texto ahora admite que la Contraloría realice  control posterior, pero esto no viene acompañado de recursos. Hacia fines del año pasado la Contraloría señaló que los S/. 538 millones que se le transferirían en 2017 eran insuficientes solamente para consolidar el control preventivo en salud, educación y saneamiento. Así las cosas, parece que la instancia de control tendrá serios inconvenientes para cumplir con su labor.

La otra objeción fuerte es que se trata de un esquema centralista, que pasa por encima a los niveles regionales y locales. El proyecto modificado agrega que la autoridad de la reconstrucción debe operar de manera coordinada con los gobiernos regionales y locales. El contenido de esa coordinación queda indefinido.

No sorprende que la primera reacción del Ejecutivo sea la desconfianza en las autoridades descentralizadas. Y ciertamente cabe una crítica al actual modelo de descentralización, pero no para volver a foja cero en la materia. Si la lección de tantos gobernadores y alcaldes tras las rejas es que debe terminarse con la descentralización, ¿cuál es la lección que debemos extraer al tener a un expresidente preso, a otro no habido, y a los otros dos investigados? Acabar con la República, sin duda. Y esta idea centralista de la democracia es puesta en práctica creando regímenes excepcionales a cargo de alguien que, se nos dice en el proyecto de Ley, no es un Zar; solo parece un Zar y actúa como Zar.

La prolongación de un estado de emergencia es algo que supo capitalizar muy bien un régimen autocrático y autoritario como el de Fujimori. Hoy, el Ejecutivo parece seguir una línea similar, aunque con otros ropajes y con una orientación empresarial limeña. No tiene nada de malo per se si es que estuviéramos seguros que conocen de la realidad más y mejor que las autoridades locales y regionales que se aprestan a reemplazar, sobre todo cuando el problema de fondo parece ser de enfoque. Paradójicamente, el escenario de desregulación radical produjo la situación de la precariedad de la vivienda que nos dejó tan vulnerables, como país, a los efectos de un evento como El Niño Costero. Hoy, estos mismos adalides de la desregulación nos dicen que no importa qué haya pasado en las ciudades del Perú mientras ellos no estaban mirando; ellos lo pueden solucionar. Identificar quién es el damnificado es una de las tareas que no se dimensionan porque en nuestras ciudades una casa no equivale a una familia, sino a dos o tres, o cuatro. El estado de las sucesiones y herencias no registradas es un problema no resuelto, sobre todo porque una enorme cantidad de viviendas no tiene un título de propiedad y no está registrada en sus diferentes modalidades: ¿se usaba solo como vivienda o como vivienda productiva? Cofopri –encargado por la propuesta de reconstrucción de hacer el catastro– encuentra cotidianamente serios obstáculos y termina llamando a todos los casos difíciles “contingencias”. ¿Cuánto de nuestras ciudades son grandes aglomeraciones de “contingencias”? Nadie lo sabe con certeza. ¿Es un problema de los malvados ‘informales’? Difícil sustentar eso cuando vemos una urbanización de Los Portales, una empresa perfectamente formal, destruida por las aguas.

Ciertamente, el proyecto de Ley contiene elementos para un debate nacional importante. La idea que han transmitido algunos voceros del gobierno es que no se van a reconstruir las situaciones de marginalidad y vulnerabilidad de antaño. Nunca más en zonas vulnerables, se nos dice en el texto. Lo que debería llevarnos a reflexionar sobre la institucionalidad del Estado, es que ésta suele aparecer únicamente en este estado excepcional. Ejemplo de esto es la mención al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la entidad encargada de determinar las zonas que califican como de riesgo alto o muy alto. Parece que estos eventos nos obligan a desempolvar las instituciones y los fondos que en tiempos de ‘normalidad’ no tenían mayor importancia. Tal es el caso del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, al cual se prefiere dejar morir en paz porque ni se le menciona en el proyecto de Ley. ¿Cómo asegurar así que se planificará en serio el desarrollo del hábitat y la vivienda en el Perú aunque eso signifique frenar, junto a los informales, a las empresas privadas que burlan el código? ¿Se planificará algo en este país? Como ya dijimos y es preciso recalcar, la gran desconfianza hacia los procesos de planificación racional del territorio ha sido desestimada como cosa de ‘rojos’ obstruccionistas una y otra vez por los voceros del ‘obrismo’ irreflexivo.

El riesgo es que vayamos en el mismo camino que el fracasado Forsur. La perplejidad que manifestó uno de sus directivos respecto de las condiciones realmente existentes de la vivienda en el Perú parece la misma de hoy. Deberíamos preguntarnos qué hemos aprendido de esa frustrada experiencia. Recordemos que en el caso de Pisco, la infraestructura productiva de las empresas estuvo lista a los pocos días. Lo que no se rehabilitó fue el tejido económico local de pequeña o mediana escala. ¿Cómo será en el caso de los productores de las zonas rurales de Piura? Es cierto, que la entidad propuesta ahora es diferente de Forsur, pero se mantiene la pregunta, ¿cómo representar los intereses de la ciudadanía ‘en vías de reubicación’ cuando se debilita la frágil institucionalidad descentralizada?, ¿cómo evitar que se incrementen las desigualdades? Queda la imagen “generosa” de Keiko Fujimori felicitando al Congreso por estos cambios y aprobación del proyecto de Ley. La idea que quiere afianzar es que, puesto que el Congreso es supuestamente suyo y de su mototaxi, una felicitación al Congreso es casi una palmada en la espalda a ella misma. El oportunismo parece funcionar mejor en el corto plazo y en los estados suspendidos de la excepción.

desco Opina / 28 de abril de 2017

El desorden y los desastres

El Niño Costero desnudó varias de nuestras falencias como Estado. La población percibió el impacto directo de la corrupción durante esta emergencia al ser testigo y víctima de obras públicas deficientes o sin mantenimiento. El golpe también hizo que la ciudadanía preste más atención al tema de prevención de desastres y a poner el foco en la ejecución del Presupuesto Público para proyectos de este tipo.

El Niño Costero no fue una catástrofe en Arequipa como lo ha sido en otras partes del país, pero sus lecciones sobre la falta de planificación del territorio, en especial en los distritos más populosos donde no se han puesto límites a la expansión urbana, no han calado lo suficiente. Hacemos tal afirmación después de ver el empeño que le ha puesto el alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra, estas últimas semanas al Programa Municipal de Vivienda (Promuvi), lanzado sin una adecuada planificación.

El problema central del Promuvi es la ubicación de estas viviendas. Hasta ahora el municipio no puede asegurar en qué terrenos se construirán, pero las primeras informaciones pusieron en alerta al Ministerio Público, que advirtió que uno de los terrenos estaría ubicado en una zona de riesgo volcánico e incluso el propio órgano de control del municipio ha hecho observaciones por la definición de terrenos.

Toda la información generada tras el anuncio del Promuvi, no ha hecho sino develar una cierta improvisación en la gestión edil. Justamente, este tipo de cálculos políticos ha permitido la invasión, y la posterior legalización de viviendas en zonas donde el peligro es inminente o con pocas posibilidades de acceder a servicios básicos. ¿Cómo podemos responsabilizar sólo al ciudadano/ciudadana por ubicarse en zonas de peligro cuando son visibles una serie de falencias en la políticas municipales?

El congresista Carlos Bruce puso en la mira las malas prácticas ediles en el tema del acondicionamiento territorial y propuso una ley para sancionar a alcaldes que entreguen certificados de posesión –indispensable para tramitar un título de propiedad– en zonas riesgosas. Se sumó otra propuesta de ley elaborada por la congresista Ana María Choquehuanca, para evitar que se instalen servicios básicos en zonas de riesgo. De aprobarse, sería una medida de control valiosa para contribuir a acabar con los favores políticos y las fanfarrias electoreras.

Es indispensable que El Niño Costero deje como lección la necesidad de incorporar la gestión de riesgos en cualquier proyecto de desarrollo a implementar, y si es de desarrollo urbano con mayor razón. Hay presupuesto para prevención y hay que saber usarlo oportunamente.

desco Opina - Regional / 21 de abril de 2017

Programa Regional Sur