Un debate a la peruana: los retiros de fondos de las AFP

 

El jueves 11 de abril, el pleno del Congreso decidió aprobar un nuevo retiro de fondos de las AFP, con 97 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Debido a esto, los peruanos afiliados –y que cuenten con fondos– podrán retirar hasta 4 UIT (US$ 5.500).

Tras la votación, algunos de los congresistas se manifestaron en sus redes sociales para celebrar los resultados. Por ejemplo, JoséLuna Gálvez, de Podemos Perú, señaló que se impuso la voz del pueblo: “El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría la ley que permite el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Tras tres contundentes marchas que Podemos Perú lideró. ¡Lo logramos!”

De acuerdo con estimaciones previas, la medida significa la salida de más de US$ 9 mil millones del sistema privado de pensiones y que 7 millones de peruanos se queden sin ahorros para la jubilación. Seguramente, esto último es lo que tuvieron en consideración los integrantes de la bancada de Fuerza Popular para, luego de dar sus votos para aprobar la ley, publicaran un comunicado señalando que su objetivo era impulsar una reforma del sistema de pensiones y no solo el retiro parcial de los fondos, para “asegurar una vejez digna para todos los peruanos con el sistema de pensión por consumo”.

En otras palabras, nos ejemplifican como la política es también un medio para quedar bien con Dios y con el diablo, hasta donde se pueda, claro está. Por eso, la congresista Sigrid Bazán señaló que “la hipocresía fujimorista siempre queda retratada. Durante el debate se negaron al retiro de las 4 UIT de las AFP, pero al final votan en verde para la foto”.

Obviamente, las AFP pusieron el grito en el cielo, nuevamente. Criticaron que los fondos que administran se hayan convertido en una continua fuente de liquidez para los afiliados, trastocando su objetivo, es decir, asegurar una renta jubilatoria.  Al cierre del 2023, estos fondos representaban el 13% del Producto Bruto Interno (PBI), proporción muy inferior a la que implicaban, cuatro años atrás (23%). Esta situación, según Elmer Cuba, de Macroconsult, está conduciendo al desmontaje del sistema privado de pensiones y, como consecuencia, si vamos por este rumbo, “solo uno de cada 10 peruanos va a tener pensión en la vejez”.

Como suele suceder entre nosotros, cada vez con mayor frecuencia, parece que uno y otro lado apoyan sus posiciones en supuestos imaginados. Veamos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada en Perú está conformada por alrededor de 18 millones de personas. De este total, el empleo formal abarca a 4 millones de personas, mientras que el trabajo informal llegó a una cifra récord de 9.7 millones de personas en zonas urbanas durante el año móvil julio 2021-junio 2022; a esta cifra debe agregarse la que arroja la informalidad laboral rural. Esto significa, como sabemos, que más del 70% de los peruanos trabajan en la informalidad y la precariedad. Dicho de otra manera, tres de cada cuatro trabajadores de la población ocupada tienen empleo informal.

En cuanto a la distribución por género, el 44.7% de la población ocupada en Perú son mujeres, mientras que el 55.3% son hombres. Además, hay un dato por demás significativo que atañe al motivo de este artículo: se observa un aumento en la población ocupada de 45 años o más, mientras que el grupo de 14 a 24 años ha disminuido.

Recordemos, para contextualizar adecuadamente, que los trabajadores informales son aquellas personas que tienen una ocupación, pero no cuentan con beneficios sociales o cuyos trabajos no están registrados. Por otro lado, los trabajadores formales cuentan con vínculos laborales sujetos a la legislación laboral, fiscal y de la seguridad social.

Pero, debemos prestar cuidado al hecho de que el empleo informal no está concentrado exclusivamente en el sector informal. En efecto, como señalael INEI, el empleo informal se descompone en empleo informal dentro del sector informal y fuera de él.

Es decir, también pueden existir empleos informales en sectores institucionales que por definición son “formales”: sociedades financieras y no financieras, instituciones sin fines de lucro, gobierno, etc. Significativamente, el desagregado territorial de estas variables, dan como resultado que el lugar donde existe mayor informalidad laboral en el sector formal es la provincia de Lima, con el 22%. 

De otro lado, luego del quinto retiro de fondos de las AFP, se constató que el 70% de los afiliados activos habían retirado (total o parcialmente) sus fondos de pensiones. En este punto, el mayor porcentaje de afiliados con retiros fue el rango de 31 a 40 años (80% de este grupo retiró); es decir, se trata de una población joven que, al retirar o agotar su fondo, acorta el ciclo laboral de ahorro jubilatorio. En promedio, en esa ocasión, los afiliados retiraron en promedio el 82.1% del ahorro jubilatorio.

Sin embargo, para modular el impacto general de esas cifras, debe decirse que al 2023, los afiliados al sistema privado de pensiones eran 9 millones 220 mil 198 personas, mientras que los afiliados al sistema nacional totalizaban 4 millones 624 mil 201. De ellos, cotizantes activos solo fueron 3 millones 839 mil 547 en el caso del sistema privado y 1 millón 433 mil 679 en el del sistema nacional.

Asimismo, actualmente el total de pensionistas que cubren las AFP es de 203,443, el sistema nacional otorga cobertura a 738, 358 y en Pensión 65 tenemos a 627,924; totalizando 1 millón 569 mil 725 pensionistas. Pero, en el Perú existen 4 millones 140 mil adultos mayores, lo que significa que el 62% de esta población no tendría ninguna cobertura jubilatoria.

Ahora bien, al remitirnos a las estadísticas del INEI, constataremos que más allá de las preocupaciones sobre la pérdida de su rentabilidad que presentan las AFP o la extravagante apelación “al pueblo” que hace el congresista Luna, se yergue un drama nacional invisible y de connotaciones graves.

Cuando discutimos sobre las pensiones nadie refiere a los actores centrales en este asunto. Resulta que el 38,9% de los hogares del país tiene entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años y que, del total de hogares del país, el 25,2% tiene como jefa o jefe de hogar a una persona adulta mayor. Además, la población adulta mayor con algún problema de salud crónico es del 78,6% y que el 42.7% de las personas con discapacidad son adultos mayores.

En realidad, lo que han venido planteando los funcionarios de las AFP y los congresistas es como desligar la producción de los sistemas de cuidados. En sus cabezas, esto último forma parte de lo que llaman “sobrecostos”. Es decir, creen que en la consabida centralidad que le otorgan al PBI no cabe interés alguno en cómo van a sostenerse los adultos mayores y las familias que dependen de ellos o, en su defecto, de las cuales dependen.

Aunque les suene extraño y paradójico, el cuidado es una parte central de la vida socioeconómica y esto no es tomado en cuenta cuando se licúan los ahorros hoy sacrificando el futuro, desplazando los costos a la sociedad y sin ofrecer alternativa alguna al vaciamiento de los fondos previsionales; o cuando los pensionistas son considerados simplemente como instrumentos de rentabilidad y miden su existencia desde la cantidad de soles que pueden ahorrar y no deberían gastar, aun cuando las urgencias del presente apremien.

Debe darse una solución para todos los trabajadores, mediante propuestas consistentes desde el Legislativo sobre un fondo pensionario que aspire a su universalización.

 

 

desco Opina / 19 de abril de 2024

Una careta que se repite

 

El período de Alberto Otárola como Presidente del Consejo de Ministros llegó a su fin y ha sido el mejor ejemplo de cómo nuestra sociedad ha normalizado, no sólo el abuso de poder, si no la arbitrariedad desfachatada, la cultura de impunidad y la incapacidad de las y los gobernantes para dar cuenta de sus actos. Otárola fue el rostro de ese “régimen híbrido”, a medio camino entre democracia y autoritarismo, que nos otorgan los ránquines internacionales.

Aunque hace unas pocas semanas hubo cambios en cuatro carteras, el nombramiento del abogado Gustavo Adrianzén como nuevo presidente del Consejo de Ministros sin reemplazar a un solo integrante del gabinete es, por decir lo menos, inusual, más aún cuando en el Congreso de la República ya corrían firmas para interpelar al menos a cuatro de quienes fueron finalmente ratificados.

Adrianzén no sólo hereda un gabinete. Todo indica que dará continuidad al estilo de su predecesor. Ya había dado señas de su talante autoritario como defensor de Dina Boluarte ante la OEA, cuando además de justificar las muertes por represión durante las protestas a fines de 2022 y comienzos de 2023, perdió los papeles y respondió con gritos a un grupo de manifestantes que irrumpió en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del seguimiento a las recomendaciones que la entidad formuló en el “Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”.

La presencia de Adrianzén en el gobierno de Boluarte tampoco supone un cambio en las reglas de convivencia cínica entre el Ejecutivo y el Legislativo y se puede dar por descontado que el 3 de abril obtendrá los votos suficientes para su investidura. Formalmente, los objetivos del Premier apuntan a la reactivación económica y a la atención de los problemas más evidentes de criminalidad. Y en su agenda de defensor oficioso de Boluarte, ya dio su primera muestra de impaciencia y malcriadez ante los medios, al retirarse ofuscado de los micrófonos ante la pregunta por los relojes de lujo sin origen conocido, que luce la Presidenta.

Reactivación y seguridad, eso es todo lo que ha adelantado como parte de la “ronda de diálogo” con las 9 bancadas del Congreso a las que solicitará el voto de confianza y que han aceptado su invitación, haciendo un alto en su intensa labor de persecución de adversarios políticos, ataque a la Junta Nacional de Justicia, desmontaje de controles ambientales para la inversión privada, dación de innumerables dispositivos legales para favorecer a las economías delictivas que, a fin de cuentas, son las que “ordenan” el país, así como apuro para asegurar la impunidad que necesitan.

Poco o nada es lo que se derivará de estas conversaciones para aliviar los efectos que la corrupción y la violencia tienen sobre la vida de millones de peruanos y peruanas. Tanto en nuestras ciudades como en los territorios rurales crecientemente afectados por la minería informal, la trata, el narcotráfico y demás males conocidos.

Para la gran mayoría de peruanos y peruanas que repudian tajantemente tanto al Congreso como al Ejecutivo, —según todos los resultados de las encuestas hechas en el país durante los últimos años—, sólo queda esperar a las elecciones generales del año 2026. Visto así, la investidura de Adrianzén apenas marca el derrotero de otros dos años perdidos para la democracia peruana.

 

 

desco Opina / 22 de marzo de 2024

Un año hacia abajo

 

En el Perú actual la idea de consenso político ha desaparecido. La elección de la Mesa Directiva del Congreso con cuatro listas postulando ha sido un buen ejemplo de ello. La desorganización de la oposición parlamentaria se confirma así como un factor clave para explicar la sobrevivencia de un gobierno cuya incapacidad se traduce en una creciente impopularidad. Y si no existió capacidad de acuerdo de los congresistas siquiera en el conflicto con el Ejecutivo, menos la hubo en relación a metas nacionales de cualquier tipo, que urgen sobre todo en el ámbito económico.

El año legislativo estuvo marcado por contrarreformas en lo constitucional, lo electoral y lo educativo, esfuerzos en los que participaron todas las bancadas sin distinción. Del lado de la oposición en particular, el grueso de su tiempo estuvo dedicado a buscar la vacancia presidencial mediante dos intentos fallidos, cuando no se procedió a la censura selectiva de ministros, no tanto como forma de control político, sino como un mecanismo para corroer al Ejecutivo, que entre eso y sus nombramientos fallidos, finalmente ha sumado cincuenta y nueve ministros en un año. Varios de esos relevos están relacionados a casos de corrupción sobre los cuales el mandatario no ha logrado ofrecer al país una explicación satisfactoria.

El mensaje a la nación del presidente de la República el 28 de julio, ha sido también una demostración reiterada de que el obstáculo más grande al desarrollo del Perú continúa siendo la tremenda ineficiencia e ineficacia de parte del actual sector público, agravada por la inoperancia y  la rampante corrupción que facilita este gobierno. Sin verdadera autocrítica y con cifras cuestionables, el Presidente Castillo siguió el guion de sus predecesores: una gris enumeración de avances en una realidad paralela, salpicada de anuncios populistas y de críticas a los medios de comunicación y la oposición. Para la anécdota quedan sus señalamientos a la “oligarquía” y sus vacías menciones a la justicia redistributiva, la reforma agraria o la asamblea constituyente, tres banderas con las que hoy nadie relaciona su Presidencia. A un año de gestión es cosa olvidada la declarada voluntad política del gobierno para introducir estas reformas. Ante la vacilación de sus gabinetes, y del propio Castillo, que frenaron los cambios sociales y económicos que se necesitan.

Los pocos aciertos del gobierno se diluyen ya en el pasado: la exitosa campaña de vacunación y el retorno más o menos ordenado a la “nueva normalidad”. El país continúa con una economía ortodoxa, equilibrada desde el BCR y el MEF aunque con un crecimiento cada vez más lento, siempre dependiente de la exportación minera, atravesada por serios conflictos sociales que ponen en cuestión el desarrollo de nuevos proyectos. También está el incremento en el gasto social, aunque sin cambiar en lo sustancial los mecanismos de asignación del presupuesto público.

Queda claro que estamos ante un régimen liderado por personas sin experiencia, sin apoyo político de las mayorías y rodeado de facciones clientelares y corruptas, en un ambiente de elevada conflictividad, todo ello síntoma de una democracia que alberga a una clase política que colapsó y que carece totalmente de liderazgos aglutinantes.

Ahora el Perú tiene instituciones menos sólidas y un presidente sin liderazgo. Nada que celebrar y, lo que es peor, ninguna propuesta por donde seguir, en la medida en que la convocatoria a elecciones generales continúe como una opción declarativa. Lo esperable es que en los próximos meses continúe el proceso de fraccionamiento y de marchas sin rumbo por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Ninguna señal de algo diferente en el empate de suma cero que vive el país.

 

desco Opina / 1 de agosto de 2022

Erre que erre

Una medición de opinión pública del mes pasado registraba que 67% de encuestados y encuestadas consideraban que, en materia de progreso en el país, estábamos retrocediendo. El porcentaje más alto de desesperanza y malestar desde inicios de la década del noventa del siglo pasado, cuando se empezó a hacer esta pregunta. Ese mismo mes, las dos principales mediciones políticas nacionales indicaban que la desaprobación del mandatario alcanzaba 70% en un caso y 71% en el otro, mientras la del Congreso de la República llegaba al 75% y al 85% según fuera el caso.

A menos de un año de la instalación de ambos poderes, es evidente que la situación va cuesta abajo en la rodada. Julio, mes de la patria y de los circos, este año parece que será más de los segundos. Tras once meses de constantes enfrentamientos que empezaron con la cantaleta del fraude electoral, que devinieron pronto en los intentos de vacancia presidencial y las voces que amenazaban con el cierre del Congreso, seguimos en lo mismo. Tanto, que incluso las denuncias iniciales de la trampa electoral continúan navegando en las investigaciones que lidera un congresista náutico, En esencia, oficialismo y oposición, Ejecutivo y Legislativo, continúan en su empeño de destruir al adversario y en ese camino profundizan la polarización que vivimos y están arrasando con lo poco que había avanzado el país. Erre que erre cada uno en su negocio de supervivencia y reproducción.

Las últimas semanas, el Ejecutivo y el mandatario, asediados desde distintos flancos que alimentaron sistemáticamente desde su instalación en el gobierno, presentaron su polémico proyecto de ley sobre el papel de los fiscales, las investigaciones reservadas y su relación con los medios, que más allá de sus eventuales razones, busca frenar a éstos y a los periodistas en un contexto en el que la multiplicación de denuncias e indagaciones judiciales se acrecienta para beneplácito de quienes buscan liquidar al gobierno y multiplican sus ataques. En ese escenario de asedio, el Primer Ministro, haciendo gala de su tino político, recuerda nuevamente a Hitler; si la primera vez que lo hizo fue con ambigua admiración, ahora lo hace como abierta anatemización, consiguiendo en ambas oportunidades portadas y titulares que no le disgustan.

Buscando responder a un sector de su clientela, el Ejecutivo intervino la Derrama Magisterial, una empresa de derecho privado y controlada por la Superintendencia de Banca y Seguros, en una decisión cuestionable y con nombre propio, que le abrirá al Ejecutivo y al mandatario en particular, un nuevo escenario de confrontación. Todo ello sin olvidar el cotidiano y lamentable surgimiento de parientes y paisanos aprovechando el vínculo para sus negocios privados y trapacerías, denunciados por personajes similares que buscan reducir el castigo por sus propios delitos.

Durante los mismos días, el Congreso y su Presidenta, ya especialista en agresividad y discriminación a estas alturas del partido, continuó acumulando sus propios méritos. Protegiendo a varios de sus propios clientes, la Mesa Directiva aprobó a fines de junio una bonificación extraordinaria para el personal de confianza y otra para todos los trabajadores del Congreso, que rondaría los 70 millones de soles. Para que no queden dudas de su talante y corazón, no contentos con blindar a Manuel Merino y sus secuaces, el ex presidente de facto fue el personaje central de una ceremonia en su homenaje en el Congreso el 11 de julio pasado. El apuro de esos gestos, ciertamente está acompañado por la prisa en otras decisiones mayores.

Así, la elección del nuevo o nueva titular de la Defensoría del Pueblo y el apuro por sancionar la bicameralidad sin ninguna discusión seria y con el interés único de crear mayores y mejores condiciones para su continuidad, está acompañada por el golpe a la reforma universitaria con la aprobación por insistencia de la ley que incorpora a Sundeu a tres representantes elegidos por las universidades y la extingue como organismo técnico especializado. La alianza de la derecha más pura y más dura, el fujicerronismo y los intereses de varias universidades bambas presentes en la representación nacional, se evidencia una vez más, por si fuera necesario a estas alturas.

De esta forma, erre que erre, Ejecutivo y Legislativo insisten en darle la razón a una opinión pública que crecientemente entiende que la única solución es que se vayan todos. Una opinión pública que tiene cada vez más claro que ni a unos ni a otros les preocupa la situación de la gente y su futuro, su aspiración de progreso y derechos. En ese camino que tiene mucho de salto al vacío, entre las cosas urgentes a aprender y resolver está el desplome de nuestro presidencialismo parlamentarizado en el que basta tener los votos necesarios para tener al mandatario como rehén, como ocurre ahora o en el escenario opuesto, asegurarse la mayoría parlamentaria para decidir sin control, como ocurrió con el fujimorismo. En alguna medida, la continuidad de una manera nefasta de gobernar.

desco Opina / 15 de julio de 2022

De estado de emergencia a estado de excepción

Tras la aprobación del texto sustitutorio del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para iniciar la llamada “reconstrucción con cambios” o RCC, los análisis se han centrado en los cambios al texto original. El sentimiento general parece ser el de complacencia con los cambios, salvo en el caso del Frente Amplio, cuya bancada votó en bloque contra la aprobación del texto. ¿Obstruccionismo? Considerando que la bancada del FA no vota unánimemente así nada más y que es muy difícil sostener que hay cálculo político en su posición (sabían que nadie los iba a felicitar por oponerse) resulta interesante evaluar las razones de tanta cohesión.

De acuerdo a Marco Arana, la única victoria (pírrica) que obtuvieron fue ampliar las capacidades de la Contraloría en el marco del proyecto de Ley, o más bien, impedir que se recorten, como demandaba el texto original. En efecto, el nuevo texto ahora admite que la Contraloría realice  control posterior, pero esto no viene acompañado de recursos. Hacia fines del año pasado la Contraloría señaló que los S/. 538 millones que se le transferirían en 2017 eran insuficientes solamente para consolidar el control preventivo en salud, educación y saneamiento. Así las cosas, parece que la instancia de control tendrá serios inconvenientes para cumplir con su labor.

La otra objeción fuerte es que se trata de un esquema centralista, que pasa por encima a los niveles regionales y locales. El proyecto modificado agrega que la autoridad de la reconstrucción debe operar de manera coordinada con los gobiernos regionales y locales. El contenido de esa coordinación queda indefinido.

No sorprende que la primera reacción del Ejecutivo sea la desconfianza en las autoridades descentralizadas. Y ciertamente cabe una crítica al actual modelo de descentralización, pero no para volver a foja cero en la materia. Si la lección de tantos gobernadores y alcaldes tras las rejas es que debe terminarse con la descentralización, ¿cuál es la lección que debemos extraer al tener a un expresidente preso, a otro no habido, y a los otros dos investigados? Acabar con la República, sin duda. Y esta idea centralista de la democracia es puesta en práctica creando regímenes excepcionales a cargo de alguien que, se nos dice en el proyecto de Ley, no es un Zar; solo parece un Zar y actúa como Zar.

La prolongación de un estado de emergencia es algo que supo capitalizar muy bien un régimen autocrático y autoritario como el de Fujimori. Hoy, el Ejecutivo parece seguir una línea similar, aunque con otros ropajes y con una orientación empresarial limeña. No tiene nada de malo per se si es que estuviéramos seguros que conocen de la realidad más y mejor que las autoridades locales y regionales que se aprestan a reemplazar, sobre todo cuando el problema de fondo parece ser de enfoque. Paradójicamente, el escenario de desregulación radical produjo la situación de la precariedad de la vivienda que nos dejó tan vulnerables, como país, a los efectos de un evento como El Niño Costero. Hoy, estos mismos adalides de la desregulación nos dicen que no importa qué haya pasado en las ciudades del Perú mientras ellos no estaban mirando; ellos lo pueden solucionar. Identificar quién es el damnificado es una de las tareas que no se dimensionan porque en nuestras ciudades una casa no equivale a una familia, sino a dos o tres, o cuatro. El estado de las sucesiones y herencias no registradas es un problema no resuelto, sobre todo porque una enorme cantidad de viviendas no tiene un título de propiedad y no está registrada en sus diferentes modalidades: ¿se usaba solo como vivienda o como vivienda productiva? Cofopri –encargado por la propuesta de reconstrucción de hacer el catastro– encuentra cotidianamente serios obstáculos y termina llamando a todos los casos difíciles “contingencias”. ¿Cuánto de nuestras ciudades son grandes aglomeraciones de “contingencias”? Nadie lo sabe con certeza. ¿Es un problema de los malvados ‘informales’? Difícil sustentar eso cuando vemos una urbanización de Los Portales, una empresa perfectamente formal, destruida por las aguas.

Ciertamente, el proyecto de Ley contiene elementos para un debate nacional importante. La idea que han transmitido algunos voceros del gobierno es que no se van a reconstruir las situaciones de marginalidad y vulnerabilidad de antaño. Nunca más en zonas vulnerables, se nos dice en el texto. Lo que debería llevarnos a reflexionar sobre la institucionalidad del Estado, es que ésta suele aparecer únicamente en este estado excepcional. Ejemplo de esto es la mención al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la entidad encargada de determinar las zonas que califican como de riesgo alto o muy alto. Parece que estos eventos nos obligan a desempolvar las instituciones y los fondos que en tiempos de ‘normalidad’ no tenían mayor importancia. Tal es el caso del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, al cual se prefiere dejar morir en paz porque ni se le menciona en el proyecto de Ley. ¿Cómo asegurar así que se planificará en serio el desarrollo del hábitat y la vivienda en el Perú aunque eso signifique frenar, junto a los informales, a las empresas privadas que burlan el código? ¿Se planificará algo en este país? Como ya dijimos y es preciso recalcar, la gran desconfianza hacia los procesos de planificación racional del territorio ha sido desestimada como cosa de ‘rojos’ obstruccionistas una y otra vez por los voceros del ‘obrismo’ irreflexivo.

El riesgo es que vayamos en el mismo camino que el fracasado Forsur. La perplejidad que manifestó uno de sus directivos respecto de las condiciones realmente existentes de la vivienda en el Perú parece la misma de hoy. Deberíamos preguntarnos qué hemos aprendido de esa frustrada experiencia. Recordemos que en el caso de Pisco, la infraestructura productiva de las empresas estuvo lista a los pocos días. Lo que no se rehabilitó fue el tejido económico local de pequeña o mediana escala. ¿Cómo será en el caso de los productores de las zonas rurales de Piura? Es cierto, que la entidad propuesta ahora es diferente de Forsur, pero se mantiene la pregunta, ¿cómo representar los intereses de la ciudadanía ‘en vías de reubicación’ cuando se debilita la frágil institucionalidad descentralizada?, ¿cómo evitar que se incrementen las desigualdades? Queda la imagen “generosa” de Keiko Fujimori felicitando al Congreso por estos cambios y aprobación del proyecto de Ley. La idea que quiere afianzar es que, puesto que el Congreso es supuestamente suyo y de su mototaxi, una felicitación al Congreso es casi una palmada en la espalda a ella misma. El oportunismo parece funcionar mejor en el corto plazo y en los estados suspendidos de la excepción.

desco Opina / 28 de abril de 2017

El Perú de Odebrecht

Cuando hace pocos meses los más informados sobre la corrupción y sobornos en los que sistemáticamente había incurrido la constructora Odebrecht señalaban que el descubrimiento de los involucrados causaría serios estropicios en nuestro país, no imaginaron lo que se ha desencadenado posteriormente. También se dijo, que como siempre ha ocurrido, se produciría el famoso «control de daños» y que el escándalo se taparía con nuevas noticias y que difícilmente los «peces gordos» serían atrapados en esta red.

Pero hoy el control de daños y la fuga hacia el futuro no son operaciones tan simples como «voltear la página», como hubiese querido el presidente de la República. El panorama es complicado además, porque el Judicial, el Congreso y el Ejecutivo no tienen credibilidad ante la ciudadanía, mientras que los medios de comunicación y los gremios empresariales han perdido definitivamente su fuerza para orientar la atención pública.

Los que ganan en esta confusión son quienes al sentir que la mega-investigación internacional podría salpicarles, han iniciado una campaña de desprestigio para igualar a todos –políticos de todas las tiendas, empresarios, periodistas– como corruptos y participantes de la coima. El problema para los honestos es que esta campaña de desprestigio se mueve entre grandes márgenes de verdad. Derechas e izquierdas divididas y sin propuesta solo contribuyen a incrementar un malestar que nadie parece en capacidad de orientar. Los peruanos solo confían en su «nosotros mismos».

Y no es solo el Estado el desprestigiado, sino el propio mercado, pues ahora ya nadie lo ve seriamente como «la solución». Las asociaciones público-privadas, las famosas APP se han mostrado fallidas, corruptas y agiotistas. Pero nadie se escandaliza, pues las marcas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y OAS son en realidad una muestra mejorada de lo que es en gran medida el proceder empresarial nativo en la construcción, que aplica sin recato el sistema de cartel para ganar licitaciones, añadir cláusulas depredadoras y adendas vergonzosas para desfalcar al país. Basta con recordar el caso del exministro de Economía y Finanzas dueño de una gran constructora y llorado por el condenado expresidente Fujimori.

Quizá ello explica por qué lo que debería a estas alturas ser un terremoto de la magnitud de los vladivideos –o yendo hacia atrás, de la “página 11”– es apenas un temblor más, uno más mientras esperamos el cataclismo. Nadie, en realidad muy pocos, se escandalizan en serio con el sistema institucionalizado de corrupción de Odebrecht y su penetración en el Estado: porque más o menos en esos términos es como se hacen negocios –formales e informales– en el Perú del neoliberalismo. Con porcentaje incluido y conversa bajo la mesa. El río está tan revuelto que no cabe ganancia de pescadores.

desco Opina / 4 de febrero de 2017