Creación del INCAS, una alerta al sector alpaquero

Tanto los camélidos sudamericanos como los pobladores dedicados a su crianza, han permanecido largamente relegados en cuanto a beneficios de políticas públicas y servicios de atención del Estado. Esta situación se agravó con la desaparición del Consejo Nacional de los Camélidos Sudamericanos en 2007, luego de una efímera existencia de quince años. Así, problemas recurrentes como la disminución de la calidad de la fibra y la pérdida de competitividad en el mercado internacional, las serias dificultades en la comercialización de la fibra en el mercado interno por la inestabilidad de los precios y la falta de financiamiento, y el injustificable desaprovechamiento del potencial nutritivo y saludable de la carne de los camélidos; perviven en el tiempo reafirmando nuestro desencuentro histórico con el mundo andino.

El 20 de octubre del 2017 el Congreso promulgó la Ley No. 30674, que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos (INCAS) como “organismo descentralizado autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego dedicado a la investigación científica, tecnológica y aplicada que incremente la producción y productividad de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos y a la transferencia de tecnologías a los actores del sector, para innovar y mejorar su productividad y competitividad”.

 Se encargó al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) su promoción e implementación. Se estableció un plazo de treinta días hábiles para la constitución de una comisión de cinco personas “con la finalidad de conformar la asociación público-privada orientada a crear el Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos en un plazo de ciento veinte días hábiles”, plazo que vencería el 29 de mayo de 2018. Sin embargo, lo que creíamos podría ser una gran oportunidad para que el Estado peruano recupere y asuma su responsabilidad en el desarrollo y conservación de estas especies, y su compromiso con las cien mil familias de criadores a nivel nacional, caería en saco roto al establecer como camino para la materialización del instituto, una asociación público-privada. Con ello, lo que se está haciendo es promover la inviabilidad de su propósito.

En estos más de 180 años que tiene la exportación de la fibra de alpaca, basta con preguntarse: ¿cuál es el monto destinado por la empresa privada para investigación en camélidos?, ¿cuánto ha invertido el sector privado en mejoramiento genético de alpacas?, ¿podrán los criadores alpaqueros –que en su mayoría están al borde de la línea de pobreza– aportar los recursos para la investigación y promoción del sector? Lamentablemente, el sector industrial textil que aprovecha la fibra de alpaca, ha mostrado históricamente una trayectoria estrictamente extractivista al no invertir en la base productiva que le proporciona la materia prima. A diferencia de lo que ocurrió en la industria láctea, por ejemplo.

La ley de creación del INCAS, en su artículo 3, invoca a la Ley 29987 que busca promover la ciencia, la innovación y la tecnología a través de asociaciones público-privadas, definidas como “modalidades de participación de la inversión privada para incorporar experiencia, conocimientos, tecnología preferentemente privados para crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o servicios públicos”. Esta orientación implica la existencia de condiciones de rentabilidad para la motivación del sector privado: ¿podemos asegurar que la realidad del sector de los camélidos brinda estas condiciones en la actualidad? Definitivamente, no. Por esta razón, la Ley del INCAS –dada la modalidad para su implementación­– se presenta como el mayor riesgo para su fracaso.

Así las cosas, proponemos: la creación del INCAS como organismo público descentralizado y con autonomía; la reasignación de recursos humanos, materiales y documentales que actualmente se encuentran en la dirección de ganadería del MINAG y en SERFOR del Ministerio del Ambiente, para la implementación del Instituto; la asignación de recursos económicos estableciendo un gravamen a las exportaciones de fibra de alpaca, y una proporción del canon minero de las empresas que realizan sus actividades extractivas en las praderas altoandinas. Adicionalmente, la formulación de un plan de desarrollo a largo plazo que incorpore el mejoramiento genético de la alpaca orientado a la producción de fibra, y de la llama, a la producción de carne (en base a la concertación de los centros de investigación universitarios del país y el exterior, los especialistas del sector público de nivel nacional y regional, especialistas de la industria, y las organizaciones no gubernamentales). Finalmente, la reactivación y unificación de las organizaciones de criadores para fortalecer su capacidad de interlocución con el Estado con miras a una implementación favorable del INCAS.

Por otro lado, hay tres temas urgentes de resolver y que requieren de la formulación de un plan de acción inmediato: (i) la comercialización de la fibra no cuenta con un soporte financiero por las deudas de las organizaciones de productores ante Agrobanco, como consecuencia de la inestabilidad de los precios y, en otros casos, por desorganización y corrupción; (ii) los comités de conservación de la vicuña tienen fibra en sus almacenes debido a la drástica caída del precio y la falta de apoyo para realizar licitaciones transparentes y con buena convocatoria de los demandantes internacionales; y (iii) la comercialización de la carne (16 000 toneladas son comercializadas y consumidas anualmente en el país) se realiza de manera informal y sin ninguna responsabilidad del Estado y su ente especializado (SENASA) para inspeccionar y certificar la sanidad.

Esta pequeña agenda abonaría a favor de la economía de los productores alpaqueros, mientras nuestros congresistas o el mismo MINAGRI ven la forma de resolver los cuestionamientos que hacemos a la norma, que es vital para el sector, pero no tal como está planteada.

desco Opina - Regional / 12 de enero de  2018

Programa Regional Sur - descosur

El caso Chinchero y la reconstrucción

La situación generada por la decisión de no firmar la adenda del proyecto Chinchero, terminó con el gobierno atrapado en su laberinto. Tras perder la oportunidad de anular el contrato cuando pudieron hacerlo porque tenían los argumentos legales, optando por continuar con la APP –fuere por razones “ideológicas” (su fe en las alianzas y la inversión privada, convertidas en los esperados actores protagónicos de la futura reconstrucción) o por compromisos adquiridos con la empresa–, se puso la soga al cuello. El sacrificio de Vizcarra, quien apareció renuente a la firma del nuevo acuerdo, además de un duro golpe al Ejecutivo, reabre el fantasma de la vacancia presidencial, porque las responsabilidades administrativas y penales oportunistamente identificadas por la Contraloría, sumadas a los recientes rumores de la vinculación de la otrora candidatura de Aráoz con Odebrecht dibujan un callejón difícil para el gobierno, al que el fujimorismo parece decidido a empujarlo.

A su proverbial falta de recursos políticos, el gobierno le añadió debilidad técnica, que no le alcanzó para esconder los distintos conflictos de interés que tenía en juego. A la visible participación de la hermana del Primer Ministro desde la empresa involucrada, ahora se añade la participación de la Viceministra de Economía, quien fungió hasta antes de serlo, como consultora del otro lado de la mesa. De esta manera el gobierno podría haberse entregado en bandeja al fujimorismo, empeñado en acabar con la institucionalidad existente y organizar su propia “transición” al 2021, delineando un marco normativo a su medida; es decir, haciendo desde el Congreso el trabajo sucio que les facilitará su acción cuando sean Ejecutivo, creando una “institucionalidad” a su imagen y semejanza.

La respuesta al desacierto gubernamental no se dejó esperar. Las exigencias de renuncia de Vizcarra a la Vicepresidencia y la multiplicación de amenazas de interpelación cubrieron los medios y obligaron a una declaración directa del Premier, profundizando la polarización entre el gobierno y la oposición fujimorista, cada vez más marcada por el creciente empoderamiento naranja que continúa en el camino de dotarse de una legislación tendiente a recortar libertades, reducir la aparición de otras opciones políticas y cerrar el sistema electoral, debilitando aún más al ppkausismo.

En este contexto, las declaraciones de Roque Benavides, presidente de CONFIEP, defendiendo la gestión de Vizcarra y su condición de Vicepresidente, así como la designación de los nuevos ministros, fuertemente ligados al mismo sector empresarial, parecen indicar que el mandatario ha decidido echar mano de su principal “sombrilla”, evidenciando muy temprano el carácter de su gobierno y confiando, quizá, en que ese sector sea capaz de aquello que él no ha logrado en diez meses de gestión: establecer un entendimiento mínimo con Fuerza Popular, de manera que el “clima de negocios” que requiere el modelo no se vea afectado, convenciéndolos de que el riesgo de una caída acelerada de la aprobación del Ejecutivo podría arrastrarlos a ellos y al Congreso de la República, generando un escenario impredecible. En otras palabras, la conveniencia de controlar su malhumor, resolver también sus problemas internos y esperar el 2021.

Todo indica que la preocupación y el interés que comparten el Ejecutivo y los empresarios, tiene un mismo norte: la reconstrucción y la viabilidad de los mecanismos anunciados como privilegiados para dicho proceso: las alianzas público privadas y la ejecución de obras por impuestos. En el fondo, el caso Chinchero evidencia los riesgos y límites de un modelo de financiamiento, las APP, además fuertemente afectado por distintos cambios legislativos que no se quiere discutir y evaluar porque, todo parece indicarlo, es parte de la gran expectativa empresarial para “reactivarse” rápidamente y contribuir a la reconstrucción.

Pero también hay que ser claros. La reciente película de la adenda evidencia el fracaso de un sistema de control, donde el organismo responsable se pronuncia públicamente tarde y para salvar su rostro, exhibiendo observaciones que hizo de manera caleta en el pasado para salvar su responsabilidad ante el escándalo inminente. Particularmente grave, cuando quien presenta el informe fue el Sub Contralor en todo el período anterior. No nos engañemos entonces, porque su comportamiento no es garantía de nada.

De cara a la reconstrucción, estamos advertidos.

desco Opina / 26 de mayo de 2017

Con la corrupción encima

La corrupción ha cubierto con su negro manto la escena política nacional. Por debajo del mismo, las limitadas expectativas de crecimiento económico caen, como lo hacen varios sectores productivos más allá de la construcción, mientras la inflación de los dos primeros meses del año, supera ya en medio punto la meta anual que estableciera el gobierno en el presupuesto nacional. Los conflictos que se anunciaban resueltos o en curso de estarlo se mantienen  vigentes y a los malestares que generan las ostensibles limitaciones de la acción gubernamental en todos sus niveles frente a las lluvias y desastres naturales que nos afectan cíclicamente en esta época del año, se suman aquellos que resultan del incremento de los precios en las semanas de matrículas e inicio del período escolar.

La encuesta del 26 de febrero de GfK da cuenta de la temperatura de la gente. Molesta por la corrupción, pero afectada y viviendo cotidianamente otros problemas también. Así, 52% cree que la corrupción es el principal problema del país, superado apenas por la inseguridad/delincuencia, pero la situación económica del país ya alcanza un 28%, al que podría sumarse la falta de trabajo/desempleo, que tiene un porcentaje similar.

En este escenario, que adquiere gran visibilidad a propósito del caso Lava Jato, destapado en Brasil, hasta ahora son las actividades de Odebrecht y el presunto involucramiento del expresidente Toledo, las que han alcanzado mayor notoriedad. En ese marco, desde las distintas tiendas políticas, pero también desde el sector empresarial, el interés mayor parece ser el de alejar los reflectores que puedan vincularlos y orientarlos hacia sus competidores y el gobierno de turno. Muchos de los analistas que circulan por diversos diarios nacionales, preocupados por las implicancias del escándalo para el propio modelo económico que han defendido ardorosamente durante los últimos 25 años, «descubren» ahora al «imperialismo» brasileño y una conspiración de las izquierdas, olvidando que se trata de una estructura corrupta que fue «heredada» y no creada por el PT.

Los empresarios por su parte, la CONFIEP en particular, guardan cauto silencio, que no debe sorprendernos. A fin de cuentas, tienen un exvicepresidente y expresidente de CAPECO también, Lelio Balarezo, que es parte de los múltiples prófugos que tenemos como país. Si sobre ese caso, apenas dijeron poco, sobre el presumible conocimiento de varios de sus asociados acerca de la corrupción que ha caracterizado a sus socios brasileños, hasta ahora no dicen nada significativo. Por el contrario, su preocupación mayor parece centrarse en la defensa del mecanismo de las Alianzas Público Privadas, puesto en debate en esta coyuntura, entre otros, por uno de sus principales promotores a nivel internacional.

Ciertamente son los políticos quienes muestran mayor activismo en la materia, «tirándose dedo» los unos a los otros, materia ésta en la que Alan García ha demostrado una vez más su maestría. Hoy día, ante la opinión pública todos están bajo el manto de la sospecha, –la mencionada encuesta evidencia que una significativa mayoría cree que para la corrupción es indiferente si un gobierno es de izquierda o de derecha, si es democrático o dictatorial, el 67% percibe que los políticos actúan según sus intereses y cree que todos los candidatos son corruptos y esto no va a cambiar (59%)–, y son parte de un río revuelto en el que se mezclan indicios reales, medias verdades interesadas y simples mentiras o «post verdades».

Así las cosas, iniciándose la nueva legislatura, la interpelación al Ministro de Transportes y Vicepresidente de la República por el caso del aeropuerto de Chinchero está en curso. La posibilidad de su censura no parece remota, a pesar del calculado silencio fujimorista, seguramente preocupado no por sus prácticas y vinculaciones con la corrupción de los 90, sino por las ineludibles investigaciones a algunas de sus figuras de hoy a las que insisten en blindar en el Congreso, las investigaciones por lavado de activos de su ex Secretario General, o la participación de Chlimper como representante de las AFP durante largos años en el directorio de Graña y Montero, hoy en el ojo de la tormenta. En este escenario que se va encrespando diariamente, el gobierno se debilita aceleradamente y evidencia los límites para operar políticamente, de los gerentes privados y tecnócratas, no son lo mismo, que ha reclutado.

desco Opina / 3 de marzo de 2017

El Perú de Odebrecht

Cuando hace pocos meses los más informados sobre la corrupción y sobornos en los que sistemáticamente había incurrido la constructora Odebrecht señalaban que el descubrimiento de los involucrados causaría serios estropicios en nuestro país, no imaginaron lo que se ha desencadenado posteriormente. También se dijo, que como siempre ha ocurrido, se produciría el famoso «control de daños» y que el escándalo se taparía con nuevas noticias y que difícilmente los «peces gordos» serían atrapados en esta red.

Pero hoy el control de daños y la fuga hacia el futuro no son operaciones tan simples como «voltear la página», como hubiese querido el presidente de la República. El panorama es complicado además, porque el Judicial, el Congreso y el Ejecutivo no tienen credibilidad ante la ciudadanía, mientras que los medios de comunicación y los gremios empresariales han perdido definitivamente su fuerza para orientar la atención pública.

Los que ganan en esta confusión son quienes al sentir que la mega-investigación internacional podría salpicarles, han iniciado una campaña de desprestigio para igualar a todos –políticos de todas las tiendas, empresarios, periodistas– como corruptos y participantes de la coima. El problema para los honestos es que esta campaña de desprestigio se mueve entre grandes márgenes de verdad. Derechas e izquierdas divididas y sin propuesta solo contribuyen a incrementar un malestar que nadie parece en capacidad de orientar. Los peruanos solo confían en su «nosotros mismos».

Y no es solo el Estado el desprestigiado, sino el propio mercado, pues ahora ya nadie lo ve seriamente como «la solución». Las asociaciones público-privadas, las famosas APP se han mostrado fallidas, corruptas y agiotistas. Pero nadie se escandaliza, pues las marcas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y OAS son en realidad una muestra mejorada de lo que es en gran medida el proceder empresarial nativo en la construcción, que aplica sin recato el sistema de cartel para ganar licitaciones, añadir cláusulas depredadoras y adendas vergonzosas para desfalcar al país. Basta con recordar el caso del exministro de Economía y Finanzas dueño de una gran constructora y llorado por el condenado expresidente Fujimori.

Quizá ello explica por qué lo que debería a estas alturas ser un terremoto de la magnitud de los vladivideos –o yendo hacia atrás, de la “página 11”– es apenas un temblor más, uno más mientras esperamos el cataclismo. Nadie, en realidad muy pocos, se escandalizan en serio con el sistema institucionalizado de corrupción de Odebrecht y su penetración en el Estado: porque más o menos en esos términos es como se hacen negocios –formales e informales– en el Perú del neoliberalismo. Con porcentaje incluido y conversa bajo la mesa. El río está tan revuelto que no cabe ganancia de pescadores.

desco Opina / 4 de febrero de 2017