El gasoducto del sur, sí o sí

 

Hace unos días, en un conversatorio público, Humberto Campodónico reveló aquello que hasta ahora el Ejecutivo no se atrevió a contarnos: se ha comprobado que en el sur no solo hay demanda suficiente para el gas, sino reservas para satisfacerla, y que el vilipendiado trazo del gasoducto del sur es la alternativa más económica para su masificación en esta parte del país. Y no lo dice él, fue resultado del esperado estudio de factibilidad del proyecto encargado en el 2018 por el Estado peruano a la prestigiosa consultora inglesa Mott MacDonald, el que aún no se ha hecho público de forma masiva.

Así, se cayó la pulla de ese grupo de interesados capitalinos que por años petardearon el proyecto del gasoducto mediante operadores políticos y leguleyos que hicieron lo posible por sembrar en la opinión pública la idea de que este proyecto es un elefante blanco sin viabilidad económica. Argumentaron que no había demanda suficiente de gas y que era más rentable exportarlo; todo con la anuencia de medios de comunicación masivos limeños y a través de conductores conservadores de pobre espíritu cuestionador, cuando se trata de pensar en los intereses del «interior del país», como se denomina a los otros departamentos de Perú que no sean Lima.

Los detractores del proyecto entraron nuevamente en acción ahora que el gasoducto es tema de agenda del debate electoral, aprovechando los problemas que aquel tiene. El primero es que Odebrecht y su socia Enagas, demandaron ante el CIADI al Estado peruano por las sumas de US$1200 y US$405 millones respectivamente, como indemnización por la paralización del proyecto Gasoducto en el año 2017 en el marco del caso Lava Jato. Lo último que se conoce es que en octubre de 2020 se completó el tribunal que revisará el caso de Odebrecht y que, en diciembre de ese año, sostuvieron su primera sesión virtual. Con el proyecto judicializado es más complicado continuar; sin embargo, el gobierno ya anunció la licitación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País (SITGAS) para el año 2022; nueva denominación del gasoducto que ya conocemos.

El segundo hecho es que a pesar de que contamos con una Política Energética Nacional, no tenemos una política de masificación del gas que permita planificar y construir una red integrada para su distribución en todo el país, pensada bajo la lógica de rentabilidad social (es decir, el gas como un derecho), más que como un negocio. La masificación contribuiría a que otras regiones del país cuenten con energía más barata y mejoren su competitividad; como es el caso de las industrias afincadas en la capital, que ya usan para sus procesos de producción el gas que llega desde el Cusco. Pero no sólo eso, sería un mecanismo para disminuir las desigualdades, abaratando los costos del consumo domiciliario (ahora en balones), e incentivando un parque automotor y una industria con energía limpia.

El tercer hecho es que son las empresas concesionarias y no el Estado, las que tienen toda la potestad sobre el uso del gas que está en diferentes lotes; es decir, son éstas las que deciden si venden el gas para el consumo interno o siguen exportándolo. Si el Ejecutivo ya se embarcó en la idea del gasoducto, debería estar pensando ya en la negociación de las reservas del lote 58, hoy en manos de la petrolera china CNPC, y que según el informe de Mott MacDonald, sería el proveedor más grande del gas para el sur. Nuestros recursos energéticos están privatizados y eso debe cambiar.

Pero no todo está perdido. Recientemente la Mancomunidad del Sur ha despertado de su letargo y ha emitido un pronunciamiento ante la “débil acción del Gobierno Nacional en promover la masificación del gas natural en todo el país con retrasos, demoras y postergaciones”, conminándolo a realizar una serie de acciones en beneficio de los ciudadanos al más breve plazo. Parece que se logró incidir en el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, quien fue invitado al mismo conversatorio al que nos referimos al inicio de este artículo, o quizá fue la cercanía a este mandato presidencial, al que le queda poco tiempo y que podría dejar las cosas encaminadas.

Por otro lado, sabemos que hay una masa crítica en el sur que ahora tiene mayores argumentos para debatir sobre la necesidad de contar con este recurso estratégico. Nos referimos a los representantes de diferentes instituciones y organizaciones civiles y empresariales, docentes universitarios y activistas juveniles que participaron en el XXXIV Curso de Formación “Gas natural y desarrollo del sur peruano” organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana y su socias en el sur. Ellos y ellas presentaron una serie de propuestas para darle un seguimiento continuo al proyecto e incidir desde sus espacios para que este prospere. Entre las propuestas están: la declaración del gas como recurso natural estratégico de rentabilidad social y económica; constituir el observatorio del gasoducto del sur por iniciativa de la sociedad civil, con canales de atención virtual, información, análisis, discusión, y transparencia; iniciar procesos de investigación a los funcionarios involucrados en actos de corrupción vinculados a los retrasos en los procesos de licitación, acuerdos irregulares, adendas innecesarias del gasoducto y otros proyectos de masificación; comprometer a los congresistas del sur a que legislen sobre la política de masificación; entre otras.

Estamos a puertas de elegir al nuevo mandatario o mandataria que gobernará nuestro país por los próximos cinco años, y en estas últimas semanas sólo dos partidos han dado señales de estar en sintonía con esta demanda: Acción Popular y Juntos por el Perú. Y cómo sabemos que cualquier cosa puede pasar, hay que conseguir, como sugiere la especialista Marusia Ruiz Caro, docente de este curso, un compromiso claro de los partidos que compitan en la segunda vuelta, y reconstruir la credibilidad del proyecto.

Es momento de que las fuerzas políticas del sur (gobernadores y alcaldes), empresarios y organizaciones sociales, no pierdan de vista el proyecto y estén vigilantes del relanzamiento y, por añadidura, ver la posibilidad de que se incluya a la petroquímica como uno de sus componentes. ¡Manos a la obra!

 

desco Opina - Regional / 31 de marzo de 2021

descosur

Frente cívico por el gas para el sur

Más allá del remezón en las altas esferas del poder, la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ha puesto luces sobre un gobierno que viene pateando la resolución de un proyecto que urge para la descentralización económica y el desarrollo del sur del país. Tres largos años han pasado desde la disolución del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que quedó con un 33% de avance y una inversión de dos mil millones de dólares, según Odebrecht.

La demanda de Odebrecht al Perú por 1200 millones de dólares ante el Ciadi por violar sus obligaciones contractuales al resolver el contrato por el Gasoducto Sur Peruano –pese a ser la empresa que más dinero repartió en coimas a políticos y empresarios peruanos–, ha dejado como saldo la destitución de un procurador y la renuncia de dos ministros. Si bien se aplaudió la decisión del Ejecutivo de resolver el contrato (cabe recordar que fue porque el concesionario no acreditó el cumplimiento del cierre financiero), en estos tres años no ha dejado de tomar una serie medidas erráticas.

Cuatro meses después de resolver el contrato, el Ejecutivo dictaminó mediante decreto supremo no sólo eliminar el monto destinado al desarrollo del GSP cobrado en los recibos de luz, sino que ordenó la devolución del fideicomiso recaudado hasta ese entonces, que alcanzó poco más de 6.8 millones de soles, y que no iba a estar bajo el poder del consorcio Odebrecht-Enagás-Graña y Montero, como muchos se empeñaron en difundir. El gobierno bien pudo resguardar este fideicomiso en una cuenta hasta el reinicio del proyecto.

Poco tiempo después, comenzó una nueva mecida: el Ministerio de Energía y Minas anunciaba en abril de 2018, la contratación –a través de Proinversión– de una consultoría para determinar si era necesario o no el trazado de una nueva ruta para el gasoducto, requisito al que estaba supeditado el lanzamiento de una nueva convocatoria, zurrándose en los intereses del sur, pues no se habilitó mecanismo alguno de consulta respecto al tema en esta parte del país. Hacia el segundo semestre del año pasado, aún no se tenía certeza de la decisión, aunque el presidente Martín Vizcarra manifestó en varias oportunidades la necesidad de mantener el trazo original. Perdimos un tiempo valioso en esta dicotomía ministerial.

Mientras la empresa consultora se tomaba su tiempo para decidir si el tramo quedaba o no, el Ejecutivo contrataba a la empresa colombiana ETSA para que administre los bienes de la concesión pagando 46,9 millones de dólares en el 2018 y 42,8 millones de dólares adicionales hasta el 31 de diciembre del año pasado. Suponemos que una cantidad similar pagará este año, y así será hasta que decidan ejecutar el proyecto, que supuestamente sería adjudicado en el 2021; aunque ya es un mal síntoma que Proinversión no lo colocara en su cartera 2020-2021 presentada hace pocas semanas.

Otro dato que no debe pasar desapercibido es que el año pasado, la empresa Enagas también demandó al Estado peruano ante el Ciadi por la misma causa, pretendiendo recuperar los 405 millones de euros que invirtieron en el proyecto.

Así las cosas, la suerte del gasoducto –ahora denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur (SIT Gas Zona Sur)– sigue estando en manos de un cogollo limeño en Proinversión. Tenemos a favor la Ley 29970 que declara de interés público el desarrollo del polo petroquímico del sur, pero en contra, un grupo de interesados capitalinos con poder económico que pujan porque no se incluya en el proyecto este componente que es la manera más rentable de utilizar el gas natural. Tenemos también, listas dos plantas de generación eléctrica (una en Mollendo y otra en Ilo), a las que solo les falta el tubo de gas para producir energía barata, porque ahora vienen operando con petróleo, lo que resulta más caro y contaminante.

En todo este proceso, las voces del sur han estado ausentes; las autoridades regionales agobiadas por sus preocupaciones domésticas y las fuerzas vivas de la sociedad del gran sur, distraídas por el desbarajuste de nuestra política nacional atravesada por la corrupción. Es hora de promover la conformación de un gran frente. El gas en el sur nos permitiría repotenciar la industria regional, producir energía barata y el desarrollo de la industria petroquímica. Las reservas para ejecutar el proyecto están probadas. Que no nos quiten el sueño.

desco Opina - Regional / 21 de febrero de 2020

descosur

Enfrentando la corrupción a la peruana

Que sucedan situaciones que nos renueven la alerta es, sin duda, bueno. Daba la impresión de que nos estábamos amodorrando con los procesos anticorrupción, en los que asegurábamos no tener otro desenlace que señalar la culpabilidad de los políticos peruanos y los empresarios brasileros que promovieron su corrupción.

La demanda de Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones – Ciadi, nos sacude de buena manera. Ni el pan estaba comido como creíamos, ni la derrota eminente de los funcionarios brasileros estaba cerca. Tampoco los fiscales peruanos eran todo lo brillantes que queríamos que fueran.

Ha sido un toque de realidad y es altamente recomendable que sigamos en esa tónica hasta el final, porque está cada vez más claro que aquello que veíamos como revelaciones y juicios a empresas y políticos corruptos es, en buena cuenta, un control de daños en los que las primeras buscan perder lo menos posible, como corresponde a cualquier lógica empresarial que se respete. Sea «tirando dedo» y cambiándose de alias –como dicen y hacen los delincuentes–, sea planteando una estrategia legal internacional cuyos alcances parecen no conocer cabalmente los operadores de la parte demandada –el Estado peruano–.

Los negocios fueron inmensos para la escala nacional. Sin embargo, para Odebrecht solo rozaron cifras interesantes para lo que acostumbraron manejar. Entonces, una primera cuestión a tomar en cuenta es el dimensionamiento de las cosas. Los brasileros hicieron negocios por más de once mil millones de dólares desde 1990 hasta el 2015 y esas cifras, para judicializarlas, exigen no solo conocimiento de los códigos procesales y penales nativos.

También obligan a saber y manejarse profundamente en los ambientes de los negocios internacionales, los mecanismos de financiamiento (en un mundo que, justamente, globaliza las finanzas y estas son cada vez más burbujas y menos contenidos reales) y las enormes posibilidades existentes actualmente para hacer «aparecer y desaparecer» grandes sumas de dinero, virtuales, además. Al respecto, muy interesante resulta a estas alturas constatar el desinflamiento de lo que comprometía los Panama papers (especialmente, lo que corresponde a nuestro país), por donde se condujo el tramo final del caso Julian Assange y lo que revela Cambridge Analytica.

Todo ello advierte, sin más, la suma importancia que tienen los organismos que deben articularnos con el exterior y preguntarnos cuánto afinamiento posee, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera con sus pares de otros países y cuál es la calidad y cantidad de información oportuna que puede estar procesando. Lo mismo podríamos extender a la Contraloría, el sistema judicial y el Ministerio Público.

Pero, lo fundamental es que los hechos han evidenciado por sí solos que enfrentar la corrupción, además de voluntad que alimenta votos, exige acciones que trasciende lo que pueda hacer el trabajo de un grupo de fiscales y jueces. En otras palabras, «apoyar la excelente labor del equipo especial de la Fiscalía», no puede ser sinónimo de una estrategia clara y con metas precisas.

En esa línea, en lugar de exponer al Premier, a quien lo único que puede ocurrírsele decir es que no tranza con los corruptos, haciendo gala de un manejo político digno de un dirigente escolar, o que le siga en orden de méritos nada menos que el ministro de Agricultura; ¿no hubiera sido adecuado que el Ejecutivo presente al ministro de Relaciones Exteriores, acompañado de la ministra de Justicia, a decirnos qué es lo que implica el amago de demanda que hace Odebrecht ante el Ciadi y qué es lo que vamos a hacer?

Así es. El mismo responsable de una cartera que hasta el momento su única preocupación ha sido ser explícitamente agradable a un gobierno como el de Trump, que si bien escapó al impeachment, ha dejado prístinamente clara su conducta corrupta, no solo con lo que atañe a Ucrania, sino como un factor indisoluble a su persona.

Los fiscales peruanos han hecho lo que han podido. No es poco, aunque tampoco es suficiente. Pero, no todo dependerá de ellos si los brasileros deciden escalar esta situación, como parecen amenazar.

 desco Opina / 14 de febrero de 2020