COP25 ante un problema mundial

En la ciudad de Madrid, del 2 al 13 de diciembre, se desarrollará la denominada COP25; la conferencia anual más importante para tratar la problemática sobre cambio climático. Esta cumbre en la que participan representantes de unos 200 países firmantes del Acuerdo de París (acuerdo histórico para la búsqueda de reducción de emisiones de gases efecto invernadero), entre ellos unos cuarenta jefes de Estado o gobierno, empieza de una manera bastante accidentada luego de que sufriera hasta en dos oportunidades el cambio de sede para la realización del evento.

En un primer momento, en noviembre del año pasado, Brasil rechazó la organización del evento –pese a que la postulación y aceptación a ser el a país organizador se gestionó con suficiente antelación– argumentando razones de carácter económico; aunque quedaba claramente demostrado que aquellas eran de índole ideológico, al ser elegido Jair Bolsonaro para presidir el gobierno brasilero entre 2019 y diciembre 2023, al cual llega con un equipo crítico a las causas ambientales a las que liga con la izquierda. Los incendios forestales en la Amazonia de Brasil y otras zonas de Sudamérica, los argumentos de Bolsonaro sobre los culpables del incendio –que forman parte de su campaña contra grupos ambientalistas que trabajan en Brasil–, y los enfrentamientos con su par francés Emmanuel Macron, no hacen sino reafirmar que la realización de la cumbre mundial en ese país, hubiera sido un gran error.

En un segundo momento y ante la negativa brasilera, fue el gobierno de Chile el que propuso que la sede de la COP25 fuera la ciudad de Santiago. Todo parecía ir de acuerdo a lo programado en términos de la organización de la cumbre; sin embargo, a poco más de mes y medio de la realización de esta, explotó en Chile la peor crisis social que les ha tocado vivir en las últimas tres décadas. Sin lugar a dudas y argumentando que debía “abocarse de lleno a restablecer plenamente el orden público, impulsar la agenda social que responda a los pedidos de la calle y sostener un amplio diálogo con la sociedad y el mundo político”, el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció la suspensión de este evento.

Con todo lo ocurrido la cumbre se alejó de Sudamérica y es en el viejo continente donde se le da cabida, lo cual en cierta medida resulta lamentable, pues diversas organizaciones sociales latinoamericanas ya se habían preparado para visibilizar sus problemas y demandas en materia climática, participando de manera presencial en la cumbre que se realizaría en Santiago debido a su cercanía. Ahora, a la distancia, se genera la incertidumbre de saber si los mensajes y los llamados a la acción por parte del continente con la mayor reserva de áreas naturales del mundo llegarán de manera adecuada; considerando que los niveles de afectación en procesos de desglaciación y otros de incidencia directa producto del cambio climático ya son notorios y alarmantes, como en el caso de Perú, por ejemplo .

Al margen de lo antes expuesto, quizá sea un buen momento para la reflexión sobre la pertinencia y participación en estos espacios, hacer un balance sobre lo que se ha logrado en estas 25 cumbres desarrolladas una por año desde 1994. Esta cumbre resulta emblemática pues puede ser el punto de quiebre para saber si lo expresado en el Acuerdo de París hace cuatro años en materia de contribuciones nacionales para la reducción de gases efecto invernadero (GEI) era un compromiso real o solo fue una manera de seguir dilatando el tiempo para tomar acciones radicales, sobre todo tomando en consideración que la meta del acuerdo es no llegar a un aumento de 3.2 °C hasta final de siglo.

La meta parece descomunal si tomamos en consideración que para lograr un aumento no mayor a 1.5 °C se debería reducir las emisiones de GEI en un promedio de 7.6% a partir del próximo año, siendo el Reino Unido el único país en el mundo que ha logrado reducir las emisiones en casi 2% anual entre 1990 y 2018. Especialistas aseguran que de superar la valla de 1.5 °C, aumentarán la frecuencia e intensidad de eventos climáticos catastróficos a nivel mundial. En este momento la percepción no deja de ser fatalista, puesto que las señales de los efectos del cambio climático cada vez son más visibles y, al parecer, ya estamos jugando tiempo de descuento.

desco Opina - Regional / 3 de diciembre de 2019

Programa Urbano

La selva huele a humo

Más de 80 000 incendios han sido registrados en la selva amazónica este año, lo que ha generado una alerta mundial sobre los daños a este estratégico espacio forestal y de biodiversidad. Lo más clamoroso ha sido sin duda, el desdén del gobierno brasileño por afrontar los incendios forestales en su Amazonía, producto de los planes de gobierno del Presidente Bolsonaro para desarrollar la "Amazonía improductiva”, un ecosistema particularmente vulnerable, en un contexto de preocupación mundial por el cambio climático.

La Amazonía peruana no es desde luego ajena a este problema; todos los años se reportan incendios forestales, habiendo sido particularmente devastador uno producido en el año 2016, que afectó 20 000 hectáreas en Satipo (Junín). Es alarmante que este siniestro haya sido prácticamente silenciado, sin tenerse conocimiento alguno sobre las responsabilidades en torno a su desencadenamiento, menos aún de acciones técnicas de recuperación. La impunidad persiste y a nadie le sorprende que la quema de bosques siga siendo una práctica habitual y parcialmente tolerada en la selva central. Coincidentemente, en estos días, se está produciendo un incendio forestal de grandes proporciones en Chanchamayo.

Detrás de esto hay, sin duda, ideologías como las que respaldaron el famoso "síndrome del perro del hortelano" del fallecido expresidente Alan García, evidenciado en afirmaciones como la siguiente: "…hay muchos recursos que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad o por indolencia”.

En la Amazonía no existen incendios forestales naturales, pues eso requeriría rayos secos, sin lluvia; los siniestros son producto de la irresponsabilidad y la falta de escrúpulos, basadas en intereses económicos. Es conocida la existencia de vínculos directos entre la quema de bosques y la expansión de áreas para la producción agropecuaria, lo que ocurre muchas veces con la soterrada complicidad de las autoridades nacionales o locales.

Una condición estructural para afrontar estos siniestros son las limitaciones del Estado. Así, en el plano normativo, existe un marco legal que sanciona el hecho –provocar incendios forestales es considerado un delito contra el ambiente y puede castigarse por ley con pena privativa de la libertad–; pero se carece de capacidades para identificar responsables, iniciar las acciones legales y ejecutar la sanción correspondiente. Las intervenciones requieren apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía Ambiental, que no siempre están disponibles. Más grave aún, hay una clamorosa insuficiencia de bomberos forestales especializados, con equipos necesarios para combatir incendios. La capacidad operativa para desarrollar acciones de prevención es todavía menor. Llama por eso la atención, que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) pretenda minimizar la frágil situación.

Por todo esto, el combate inmediato a los incendios corre siempre a cargo de iniciativas locales, en donde participan unos pocos bomberos mal equipados y muchos pobladores preocupados y comprometidos, intervenciones a todas luces insuficientes.

La presión internacional a raíz de los gigantescos incendios en la Amazonía brasileña, ha motivado la firma del Pacto de Leticia, que esperamos contribuya a mejorar la protección del principal pulmón del planeta, aun cuando hasta hoy no se han evaluado los resultados del Tratado de Cooperación Amazónica que fue firmado por los mismos países en 1978.

En conclusión, el olor a humo que emana del Amazonas, evidencia la falta de escrúpulos de ciertos empresarios y la corrupción de autoridades y funcionarios públicos. Muchos pequeños agricultores son, asimismo, en parte responsables, lo que demuestra que la pobreza secular es también una de las grandes causantes. Por eso preocupa que el flamante pacto, no enfatice en la necesidad de sancionar a los culpables, dejando abiertos muchos vacíos y resquicios legales en los compromisos internacionales, que permitirían reducir acciones contrarias a la preservación de la riqueza forestal y ambiental de esta importante cuenca. En el caso peruano, la ausencia del Estado, su escasa preocupación y la poca prioridad que de hecho le asigna al problema, agravan la situación.

desco Opina - Regional / 20 de setiembre de 2019

Programa Regional Centro - descocentro

Con la corrupción encima

La corrupción ha cubierto con su negro manto la escena política nacional. Por debajo del mismo, las limitadas expectativas de crecimiento económico caen, como lo hacen varios sectores productivos más allá de la construcción, mientras la inflación de los dos primeros meses del año, supera ya en medio punto la meta anual que estableciera el gobierno en el presupuesto nacional. Los conflictos que se anunciaban resueltos o en curso de estarlo se mantienen  vigentes y a los malestares que generan las ostensibles limitaciones de la acción gubernamental en todos sus niveles frente a las lluvias y desastres naturales que nos afectan cíclicamente en esta época del año, se suman aquellos que resultan del incremento de los precios en las semanas de matrículas e inicio del período escolar.

La encuesta del 26 de febrero de GfK da cuenta de la temperatura de la gente. Molesta por la corrupción, pero afectada y viviendo cotidianamente otros problemas también. Así, 52% cree que la corrupción es el principal problema del país, superado apenas por la inseguridad/delincuencia, pero la situación económica del país ya alcanza un 28%, al que podría sumarse la falta de trabajo/desempleo, que tiene un porcentaje similar.

En este escenario, que adquiere gran visibilidad a propósito del caso Lava Jato, destapado en Brasil, hasta ahora son las actividades de Odebrecht y el presunto involucramiento del expresidente Toledo, las que han alcanzado mayor notoriedad. En ese marco, desde las distintas tiendas políticas, pero también desde el sector empresarial, el interés mayor parece ser el de alejar los reflectores que puedan vincularlos y orientarlos hacia sus competidores y el gobierno de turno. Muchos de los analistas que circulan por diversos diarios nacionales, preocupados por las implicancias del escándalo para el propio modelo económico que han defendido ardorosamente durante los últimos 25 años, «descubren» ahora al «imperialismo» brasileño y una conspiración de las izquierdas, olvidando que se trata de una estructura corrupta que fue «heredada» y no creada por el PT.

Los empresarios por su parte, la CONFIEP en particular, guardan cauto silencio, que no debe sorprendernos. A fin de cuentas, tienen un exvicepresidente y expresidente de CAPECO también, Lelio Balarezo, que es parte de los múltiples prófugos que tenemos como país. Si sobre ese caso, apenas dijeron poco, sobre el presumible conocimiento de varios de sus asociados acerca de la corrupción que ha caracterizado a sus socios brasileños, hasta ahora no dicen nada significativo. Por el contrario, su preocupación mayor parece centrarse en la defensa del mecanismo de las Alianzas Público Privadas, puesto en debate en esta coyuntura, entre otros, por uno de sus principales promotores a nivel internacional.

Ciertamente son los políticos quienes muestran mayor activismo en la materia, «tirándose dedo» los unos a los otros, materia ésta en la que Alan García ha demostrado una vez más su maestría. Hoy día, ante la opinión pública todos están bajo el manto de la sospecha, –la mencionada encuesta evidencia que una significativa mayoría cree que para la corrupción es indiferente si un gobierno es de izquierda o de derecha, si es democrático o dictatorial, el 67% percibe que los políticos actúan según sus intereses y cree que todos los candidatos son corruptos y esto no va a cambiar (59%)–, y son parte de un río revuelto en el que se mezclan indicios reales, medias verdades interesadas y simples mentiras o «post verdades».

Así las cosas, iniciándose la nueva legislatura, la interpelación al Ministro de Transportes y Vicepresidente de la República por el caso del aeropuerto de Chinchero está en curso. La posibilidad de su censura no parece remota, a pesar del calculado silencio fujimorista, seguramente preocupado no por sus prácticas y vinculaciones con la corrupción de los 90, sino por las ineludibles investigaciones a algunas de sus figuras de hoy a las que insisten en blindar en el Congreso, las investigaciones por lavado de activos de su ex Secretario General, o la participación de Chlimper como representante de las AFP durante largos años en el directorio de Graña y Montero, hoy en el ojo de la tormenta. En este escenario que se va encrespando diariamente, el gobierno se debilita aceleradamente y evidencia los límites para operar políticamente, de los gerentes privados y tecnócratas, no son lo mismo, que ha reclutado.

desco Opina / 3 de marzo de 2017