Bloquear migrantes no es solución

 

El desventurado incidente migratorio entre nuestro país y Chile deja una vez más en deplorable pie a la Cancillería peruana y de paso evidencia el pésimo manejo de la gobernabilidad nacional por parte del Gobierno Boluarte-Otárola.

Centenares de personas, en ruta desde Chile, continúan varadas durante semanas en la frontera sin una salida humanitaria e inteligente ante el impedimento de entrada a nuestro país de migrantes de diversas nacionalidades. El presidente del Consejo de Ministros ha señalado que ésta es una política para proteger al Perú contra la ola de violencia que se vive. Las medidas adoptadas son, si no vergonzosas, incoherentes.

Ante la presión del incidente, la Presidenta declaró el estado de emergencia en todas las regiones fronterizas del Perú: Tumbes, Piura, Cajamarca San Martín, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Puno (que estaba desde antes en esa situación). Ordenó el despliegue del ejército para reforzar a la policía en los cruces fronterizos con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia buscando impedir que eventuales migrantes continúen su viaje, aparentemente en un intento por frenar el crimen transnacional. La decisión requiere de una modificación constitucional por lo que se ha presentado ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional. El gobierno no ha especificado qué implicará el estado de emergencia en términos de restricción de las libertades individuales y públicas, o cuánto tiempo permanecerá en vigor.

Adicionalmente, decretó una amnistía de la multa para las personas extranjeras que incurrieron en sanciones por no prorrogar su residencia o tiempo de permanencia en el país. Según el jefe de Migraciones, cerca de 700 000 venezolanos, estimados en un millón y medio en el territorio nacional, deben tramitar su situación migratoria, advirtiendo a los extranjeros que deberán continuar con una solicitud de prórroga de permanencia o residencia y que aquellas personas en situación irregular –por vencimiento de esos documentos o ingreso sin control migratorio– próximamente deberán iniciar un proceso de regularización, mediante el permiso temporal de permanencia (PTP) un símil de menor rango que el carnet de extranjería, inspirado en razones humanitarias.

La gobernanza migratoria anunciada pretende así acabar con la «ilegalidad» y reducir la política migratoria a una simple política de regularización. Se inscribe en una lógica de control migratorio anclada en los conceptos de control y utilidad de la migración.

La inmigración en el territorio del Perú ha sido constante desde la época del Virreinato, con españoles y africanos. Posteriormente, durante la República, con la llegada de asiáticos (de Japón y China), y en menor medida de europeos. En nuestros días con más de 1.5 millones de venezolanos, Perú es el segundo país de destino para refugiados y migrantes venezolanos en el mundo después de Colombia. Según las Naciones Unidas, cientos de migrantes que han vivido en Chile, provenientes especialmente de Haití y Venezuela, están tratando de abandonar el país a medida que allí se endurecen los controles migratorios. Parados durante semanas en la frontera entre Tacna y Arica, quieren regresar a casa o ir a Estados Unidos. El gobierno peruano ha enfrentado ya varios choques con los extranjeros varados en el desierto, quienes diariamente intentan desbordar los controles.

Algunos estudios y datos de la historia reciente nos permiten ubicar mejor la dimensión del reto que se enfrenta para así ponderar adecuadamente la actuación de las autoridades peruanas. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, atendiendo directivas políticas y diplomáticas del gobierno norteamericano, abrió, como nunca había ocurrido antes, nuestras fronteras para acoger a millones de ciudadanos que abandonaron Venezuela cuando su crisis política y económica se agravó a inicios del gobierno del presidente Maduro. Por entonces expresó: “Hemos facilitado, y estamos ampliando, el permiso temporal de permanencia de nuestros hermanos venezolanos. ¡Son bienvenidos a este país democrático! Aquí les hemos dado la puerta abierta para que puedan venir”. Sin embargo, en los últimos años, se dieron varios giros restrictivos, en especial la imposición de una documentación para el ingreso, como el pasaporte y la visa, y Perú se configuró como un país que irregulariza a la población venezolana que había llegado antes sin esos documentos.

De los extranjeros residentes en el país, la mayoría son venezolanos (86.8%). Se estima que, para finales del año 2023, serán alrededor de 1.6 millones de personas. Siguen muy atrás los colombianos (3.3%) y luego poblaciones minúsculas de extranjeros residentes por debajo de 1% como ecuatorianos, estadounidenses, españoles y argentinos. Los inmigrantes chinos, chilenos, brasileros y bolivianos constituyen cada uno el 0.7%. El 75% residen en Lima (más de un millón) y superan a todos los habitantes de la región Arequipa y de veinte regiones más del país. Principalmente viven en los distritos de San Martín de Porres y los Olivos, donde se asientan 300 000 personas venezolanas, aproximadamente.

Según el INEI, 46% de los adultos mayores de edad tiene estudios universitarios o terciarios incompletos. Cerca del 35% cuenta con estudios universitarios o terciarios completos, un talento importante para aprovechar. Cerca del 60% de los refugiados y migrantes venezolanos en el Perú no cuentan con un permiso de estadía válido y eso dificulta aprovechar ese capital profesional e incorporarlo adecuadamente a la actividad laboral profesional.

Se requiere políticas públicas eficientes a favor de la inserción laboral y económica de esta población migrante. No tenerlas afecta la redistribución espacial de la población, la estructura por sexo y edad, los niveles de fecundidad y mortalidad y la composición de la población con respecto a otras variables.

Los refugiados y migrantes enfrentan un ambiente difícil, marcado por la discriminación y la xenofobia, los estereotipos, los discursos en contra y las propuestas legislativas que intentan restringir sus derechos humanos y su acceso a servicios esenciales, lo que dificulta su integración socioeconómica. En teoría, por un lado se busca garantizar y proteger los derechos de algunos grupos, por ejemplo, los “verdaderos” refugiados, y, por otro lado, sancionar e impedir la llegada de los migrantes indeseables.

Estos datos bastarían para entender la dimensión del problema y lo desacertada e incoherente que es la actual política del gobierno peruano para su tratamiento.

 

desco Opina / 5 de mayo de 2023

COP25 ante un problema mundial

En la ciudad de Madrid, del 2 al 13 de diciembre, se desarrollará la denominada COP25; la conferencia anual más importante para tratar la problemática sobre cambio climático. Esta cumbre en la que participan representantes de unos 200 países firmantes del Acuerdo de París (acuerdo histórico para la búsqueda de reducción de emisiones de gases efecto invernadero), entre ellos unos cuarenta jefes de Estado o gobierno, empieza de una manera bastante accidentada luego de que sufriera hasta en dos oportunidades el cambio de sede para la realización del evento.

En un primer momento, en noviembre del año pasado, Brasil rechazó la organización del evento –pese a que la postulación y aceptación a ser el a país organizador se gestionó con suficiente antelación– argumentando razones de carácter económico; aunque quedaba claramente demostrado que aquellas eran de índole ideológico, al ser elegido Jair Bolsonaro para presidir el gobierno brasilero entre 2019 y diciembre 2023, al cual llega con un equipo crítico a las causas ambientales a las que liga con la izquierda. Los incendios forestales en la Amazonia de Brasil y otras zonas de Sudamérica, los argumentos de Bolsonaro sobre los culpables del incendio –que forman parte de su campaña contra grupos ambientalistas que trabajan en Brasil–, y los enfrentamientos con su par francés Emmanuel Macron, no hacen sino reafirmar que la realización de la cumbre mundial en ese país, hubiera sido un gran error.

En un segundo momento y ante la negativa brasilera, fue el gobierno de Chile el que propuso que la sede de la COP25 fuera la ciudad de Santiago. Todo parecía ir de acuerdo a lo programado en términos de la organización de la cumbre; sin embargo, a poco más de mes y medio de la realización de esta, explotó en Chile la peor crisis social que les ha tocado vivir en las últimas tres décadas. Sin lugar a dudas y argumentando que debía “abocarse de lleno a restablecer plenamente el orden público, impulsar la agenda social que responda a los pedidos de la calle y sostener un amplio diálogo con la sociedad y el mundo político”, el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció la suspensión de este evento.

Con todo lo ocurrido la cumbre se alejó de Sudamérica y es en el viejo continente donde se le da cabida, lo cual en cierta medida resulta lamentable, pues diversas organizaciones sociales latinoamericanas ya se habían preparado para visibilizar sus problemas y demandas en materia climática, participando de manera presencial en la cumbre que se realizaría en Santiago debido a su cercanía. Ahora, a la distancia, se genera la incertidumbre de saber si los mensajes y los llamados a la acción por parte del continente con la mayor reserva de áreas naturales del mundo llegarán de manera adecuada; considerando que los niveles de afectación en procesos de desglaciación y otros de incidencia directa producto del cambio climático ya son notorios y alarmantes, como en el caso de Perú, por ejemplo .

Al margen de lo antes expuesto, quizá sea un buen momento para la reflexión sobre la pertinencia y participación en estos espacios, hacer un balance sobre lo que se ha logrado en estas 25 cumbres desarrolladas una por año desde 1994. Esta cumbre resulta emblemática pues puede ser el punto de quiebre para saber si lo expresado en el Acuerdo de París hace cuatro años en materia de contribuciones nacionales para la reducción de gases efecto invernadero (GEI) era un compromiso real o solo fue una manera de seguir dilatando el tiempo para tomar acciones radicales, sobre todo tomando en consideración que la meta del acuerdo es no llegar a un aumento de 3.2 °C hasta final de siglo.

La meta parece descomunal si tomamos en consideración que para lograr un aumento no mayor a 1.5 °C se debería reducir las emisiones de GEI en un promedio de 7.6% a partir del próximo año, siendo el Reino Unido el único país en el mundo que ha logrado reducir las emisiones en casi 2% anual entre 1990 y 2018. Especialistas aseguran que de superar la valla de 1.5 °C, aumentarán la frecuencia e intensidad de eventos climáticos catastróficos a nivel mundial. En este momento la percepción no deja de ser fatalista, puesto que las señales de los efectos del cambio climático cada vez son más visibles y, al parecer, ya estamos jugando tiempo de descuento.

desco Opina - Regional / 3 de diciembre de 2019

Programa Urbano

El estallido chileno y los desafíos para el Perú

La crisis política chilena ha impactado no solo en la clase política del país del sur, sino también en las élites de toda América Latina, incluyendo desde luego al Perú. Prácticamente nadie se esperaba el estallido, las movilizaciones masivas ni la radicalidad y la violencia, esta última desatada al parecer por grupos minoritarios.

Ante esto, los analistas de distintas tendencias se plantean la inevitable pregunta: qué ha provocado una protesta de tal magnitud, cuyas demandas cuestionan elementos claves del régimen neoliberal implantado hace más de cuarenta años. Los defensores del mismo sostienen que no es crisis del modelo, el cual tiene importantes logros, encontrándose aquí al menos dos tipos de argumentación: por un lado, quienes aluden a que las protestas son resultado de una falla del Estado y de las instituciones, mas no del libre mercado, desconectando el régimen económico de la institucionalidad, tal cual lo afirman al menos dos conspicuos neoliberales peruanos. Por otro lado, hay posiciones extremas, que sostienen la idea de una conspiración chavista, amparándose en un comunicado de la OEA, o en investigaciones que muestran –supuestamente– millones de tuits emitidos desde Venezuela o Rusia, incentivando la revuelta.

Al respecto, es curioso observar cómo los argumentos de los defensores del neoliberalismo se parecen a los esgrimidos por los defensores del socialismo real que, a fines de los años 80 del siglo pasado, se afanaban por demostrar que no era el modelo el que fallaba, sino su aplicación y las desviaciones en que se incurrieron, coinvirtiendo a este en una suerte de entelequia o esencia inmaterial.

Desde otras posiciones, se sostiene que el estallido es fruto de innegables fallas estructurales del modelo, especialmente de las desigualdades y de la arraigada sensación de injusticia social en millones de chilenos, pese a los altos estándares de vida que exhibe Chile en comparación con el resto de Latinoamérica. Por supuesto, hay quienes anuncian el fin del modelo.

Como se sabe, Chile es a la fecha el país líder de la región en producto per cápita, casi duplicando, por ejemplo, el peruano (en el 2018, US$ 24,190 a precios de paridad de poder adquisitivo versus US$ 13,810). Es también el de mejor posición en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (lugar 44, versus 89 del Perú al 2017). Adicionalmente, solo el 8.6% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, frente al 20.5% en el Perú (cifras del banco Mundial), observándose también que la línea de pobreza chilena es hoy de US$ 228, en tanto la del Perú equivale a US$ 104 mensuales por habitante. Los analistas de orientación neoliberal abundan en estadísticas para demostrarlo, algo que han practicado con frecuencia en el Perú, cuando defienden inversiones mineras resistidas por la población (Conga o Tía María), tratando de deslegitimar con cifras macroeconómicas las demandas ciudadanas.

Pese a las posiciones extremas, hay una cierta coincidencia en que las protestas en Chile tienen como fondo la desigualdad económica y social persistente en un país de altos ingresos; los extremos a los que se llevó la privatización (especialmente en educación y salud), la desafección ciudadana ante un sistema político oligopólico, entre otros factores. Más allá de esto, la situación plantea en nuestro país la necesidad de reflexionar y obtener algunas lecciones.

En este sentido, en distintos círculos se afirma que difícilmente esto podría ocurrir en el Perú debido a las notables diferencias con la sociedad chilena, destacándose particularmente a la informalidad (por ejemplo, 75% de la PEA es informal hoy en el Perú). Siendo Chile un país altamente formal e institucionalizado, las demandas al Estado son mucho mayores que las que recibe el peruano, del cual un amplio sector de la población espera muy poco o nada.

Se tendría aquí entonces, una suerte de «colchón» que nos cubriría, no se sabe hasta cuándo, de un estallido social contra el modelo. Lo que antes se miraba con envidia (la institucionalidad chilena y su sistema político estable y fuerte), ha perdido hoy estima y no sería extraño que comience a revalorarse nuestra precaria institucionalidad. No hay que olvidar, sin embargo, que la informalidad expresa no solo la debilidad del Estado, sino también las brechas tecnológicas de la economía peruana, que se traducen en productividades e ingresos altamente diferenciados, lo que agudiza o, en el mejor de los casos, dificulta avanzar en reducir las desigualdades. No hay que alegrarse entonces de tener una informalidad tan grande, cuyos costos sociales son también muy altos (minería informal e ilegal, cultivos ilícitos, tala ilegal, transporte público informal, entre otros).

Los desafíos tienen que ver entonces con afrontar las desigualdades y brechas existentes, a través de la diversificación productiva; el impulso a las pequeñas y microempresas para la creación de empleos de calidad, más allá del sector extractivo; aumentar la presión tributaria, fortalecer la capacidad regulatoria del Estado (incluyendo por ejemplo, SENACE OEFA, OSINERGMIN, SUNEDU, a los que hay que dejar de recortar sus recursos y funciones) y la eficiencia de las inversiones públicas, avanzando más allá de la preocupación por desarrollar mecanismos de obras por impuestos o alianzas público-privadas, entre otros.

La crisis chilena es una advertencia para construir una economía más diversificada, inclusiva y equitativa, un Estado más eficiente, transparente y con capacidad regulatoria, una presión tributaria al menos similar al promedio latinoamericano, servicios públicos de calidad y –por último, pero no menos importante– un sistema judicial transparente y ágil, así como un sistema político más democrático y participativo. No es una fórmula que vaya a terminar con las protestas sociales, pero al menos podría reducir la inestabilidad y conflictividad social, pero sobre todo las desigualdades.

desco Opina / 8 de noviembre de 2019