“La política y el crimen son lo mismo”

Lo que viene ocurriendo en Ecuador –asesinatos de candidatos y autoridades– tanto como en Colombia –detenciones que mostrarían, nuevamente, los lazos entre la política y las actividades ilícitas–, llaman una vez más la atención sobre las vinculaciones entre el mundo criminal y los espacios formales en nuestros países.

En este marco, no han sido pocas las preguntas sobre la situación del Perú y tampoco han sido pocas las “respuestas” que se han guiado antes que, por el sentido común, por la fantasía sin una mínima verificación de los datos que supuestamente estarían apoyando la circunstancial afirmación que se hace.

Un aspecto básico para el debido abordaje del tema son las tasas de homicidio, que se estimó en 16,4 por cada 100 000 habitantes para América Latina y el Caribe en el 2022. Para los analistas, esto revela un deterioro constante, rápido y pronunciado de la situación en el continente durante los últimos años, asociado al aumento de la producción de cocaína, la fragmentación de los grupos criminales (los que han multiplicado su número en poco tiempo) y el permanente flujo ilegal de armas.

Dentro de este panorama general, la situación de Ecuador es considerada “catastrófica”. Sobre ese país, se afirma que “los niveles históricos de cocaína que ingresaron provenientes de Colombia intensificaron la violencia y los asesinatos se dispararon, en tanto que los ataques contra funcionarios judiciales y los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales alcanzaron niveles récord.”

Por segundo año consecutivo, Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios de más rápido crecimiento en la región. En 2022, el país registró 4603 asesinatos, lo que representa una tasa de 25,9 por 100 000 habitantes, bastante más alto que el promedio latinoamericano. Según Insight Crime, esto supone un aumento del 86% interanual. Más aún, la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas está considerada como uno de los puntos críticos en el continente, con una tasa de homicidios de 81 por 100 000 habitantes en el 2022, solo superada por Colima (México) con 110 y Región Capital (Venezuela) con 90, pero muy por encima de Roraima (Brasil) con 72 y Amambay (Paraguay) con 70.

Si bien nuestro caso no ha podido formar parte de los últimos estudios comparativos, por falta de información, podemos remitirnos a lo sintetizado por el INEI para el periodo 2019-2020. En el 2019 nuestra tasa de homicidios fue de 7,4 por 100 000 habitantes y para el siguiente año fue de 5,8, una disminución que fue registrada por todos los países de la región como consecuencia de la pandemia. Ahora bien, el desagregado por regiones muestra que es Madre de Dios la de mayor frecuencia para ambos años (19,7 y 13, 8), seguida de Callao (15,6 y 12) y Tumbes (13,4 y 10,7).

Aparentemente, además de mostrar un grado de violencia criminal bastante más bajo que los promedios latinoamericanos, el Perú tampoco tendría un patrón definido entre cantidad de homicidios y la territorialidad del narcotráfico.

Sin embargo, esto no puede conducirnos a desligar ambos datos sin más. Al respecto, el modelo predominante para estimar grados de violencia asociada a la denominada “narcoviolencia” considera dos factores: el “stock de violencia” y cantidad de grupos que disputan la renta de la cocaína.

Se considera que las características previas de los territorios locales en Colombia, plagados de relaciones violentas, así como la presencia de grupos mafiosos que surgen fundamentalmente en los eslabones comerciales y otras áreas estratégicas de la cadena de valor, generan los contextos cargados de violencia que conocemos. Esto mismo puede ser válido para países como México y, al parecer, Ecuador actualmente.

Sobre el caso peruano, si bien los espacios cocaleros fueron escenarios de intensa violencia subversiva hace tres décadas, incluso haciendo aparecer hasta hoy a “remanentes” senderistas como actores importantes en estos lugares, es difícil suponer que ello sea suficiente como para afirmar la existencia de un decisivo “stock de violencia”.

Pero, lo que para los analistas aparece más sólido es que el rol del Perú en la cadena del narcotráfico es esencialmente el cultivo y producción de cocaína, pero abstrayéndose de las funciones de distribución y comercialización que es donde se originarían las mejores condiciones para la consolidación de grupos mafiosos y las disputas entre ellos, aumentando, por ende, la probabilidad de violencia.

Un registro puntual y muy importante de este último aspecto es que en Perú el cultivo de hoja de coca para el narcotráfico ha tenido un constante aumento en los últimos cinco años, siendo del 18% en el 2022 respecto al año anterior, según DEVIDA.

Sin embargo, estas miradas (que ya tienen algunas décadas de vigencia) no han considerado evidencias que vienen presentándose en los últimos años. Por ejemplo, los elementos mostrados por casos como “los cuello blanco del puerto” estarían insinuando que la “ausencia de violencia” en el caso peruano sería consecuencia de una redistribución “más equitativa y amplia” de la renta cocalera, vía la permeabilidad a los intereses de estos negocios ilícitos de los aparatos estatales, especialmente los judiciales.

Como recordamos, este caso que tuvo su momento culminante en el 2018, no fue el único que podría considerarse como una muestra de la profundidad que ha tenido la influencia del narcotráfico en el Estado peruano. En la década de los noventa, el gobierno de Fujimori y su asesor Montesinos, utilizó el dinero del narcotráfico –entre otros– para sobornar a las más altas autoridades del país: jefes militares, Corte Suprema, Fiscal de la Nación, medios de comunicación, empresarios, todos afines al gobierno. De igual manera, los “narcoindultos” del segundo gobierno de Alan García son otro síntoma de la gravedad de la colaboración de autoridades de las más altas esferas del Estado con los narcotraficantes.

Pero, hay más. Según un estudio realizado por Ricardo Soberón, en el Perú, en promedio entre el 20 y el 24 por ciento de la población penitenciaria está en la cárcel por delitos de drogas. Sólo la tercera parte de esta población, aproximadamente, tiene su situación jurídica definida, siendo la mayoría presos preventivos. Este dato ofrece un fiel reflejo del comportamiento del Estado peruano ante el narcotráfico porque los que suelen ser encarcelados son los pequeños traficantes, quedando fuera de estas cifras los grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.

En síntesis, la “pax cocalera peruana”, siguiendo a Stöckil, estaría descansando, entre otros factores, en la institucionalidad de la “doble moral”. Por un lado, el libre mercado incentiva la existencia de una narcoeconomía, que asegura la obtención de grandes rentas en poco tiempo para lo cual necesita la colaboración de la narcopolítica. De otro, las acciones de lucha contra la producción y el tráfico ilícito de drogas son una forma de control social, en tanto permiten al Estado controlar zonas donde su presencia es débil y hay estructuralmente un bajo monopolio de la violencia, mediante acciones represivas intermitentes (erradicación de cultivos de hoja de coca, interdicción en insumos químicos, entre otros), como es lo que vemos actualmente en el VRAEM.

desco Opina / 25 de agosto de 2023

Bloquear migrantes no es solución

 

El desventurado incidente migratorio entre nuestro país y Chile deja una vez más en deplorable pie a la Cancillería peruana y de paso evidencia el pésimo manejo de la gobernabilidad nacional por parte del Gobierno Boluarte-Otárola.

Centenares de personas, en ruta desde Chile, continúan varadas durante semanas en la frontera sin una salida humanitaria e inteligente ante el impedimento de entrada a nuestro país de migrantes de diversas nacionalidades. El presidente del Consejo de Ministros ha señalado que ésta es una política para proteger al Perú contra la ola de violencia que se vive. Las medidas adoptadas son, si no vergonzosas, incoherentes.

Ante la presión del incidente, la Presidenta declaró el estado de emergencia en todas las regiones fronterizas del Perú: Tumbes, Piura, Cajamarca San Martín, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Puno (que estaba desde antes en esa situación). Ordenó el despliegue del ejército para reforzar a la policía en los cruces fronterizos con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia buscando impedir que eventuales migrantes continúen su viaje, aparentemente en un intento por frenar el crimen transnacional. La decisión requiere de una modificación constitucional por lo que se ha presentado ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional. El gobierno no ha especificado qué implicará el estado de emergencia en términos de restricción de las libertades individuales y públicas, o cuánto tiempo permanecerá en vigor.

Adicionalmente, decretó una amnistía de la multa para las personas extranjeras que incurrieron en sanciones por no prorrogar su residencia o tiempo de permanencia en el país. Según el jefe de Migraciones, cerca de 700 000 venezolanos, estimados en un millón y medio en el territorio nacional, deben tramitar su situación migratoria, advirtiendo a los extranjeros que deberán continuar con una solicitud de prórroga de permanencia o residencia y que aquellas personas en situación irregular –por vencimiento de esos documentos o ingreso sin control migratorio– próximamente deberán iniciar un proceso de regularización, mediante el permiso temporal de permanencia (PTP) un símil de menor rango que el carnet de extranjería, inspirado en razones humanitarias.

La gobernanza migratoria anunciada pretende así acabar con la «ilegalidad» y reducir la política migratoria a una simple política de regularización. Se inscribe en una lógica de control migratorio anclada en los conceptos de control y utilidad de la migración.

La inmigración en el territorio del Perú ha sido constante desde la época del Virreinato, con españoles y africanos. Posteriormente, durante la República, con la llegada de asiáticos (de Japón y China), y en menor medida de europeos. En nuestros días con más de 1.5 millones de venezolanos, Perú es el segundo país de destino para refugiados y migrantes venezolanos en el mundo después de Colombia. Según las Naciones Unidas, cientos de migrantes que han vivido en Chile, provenientes especialmente de Haití y Venezuela, están tratando de abandonar el país a medida que allí se endurecen los controles migratorios. Parados durante semanas en la frontera entre Tacna y Arica, quieren regresar a casa o ir a Estados Unidos. El gobierno peruano ha enfrentado ya varios choques con los extranjeros varados en el desierto, quienes diariamente intentan desbordar los controles.

Algunos estudios y datos de la historia reciente nos permiten ubicar mejor la dimensión del reto que se enfrenta para así ponderar adecuadamente la actuación de las autoridades peruanas. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, atendiendo directivas políticas y diplomáticas del gobierno norteamericano, abrió, como nunca había ocurrido antes, nuestras fronteras para acoger a millones de ciudadanos que abandonaron Venezuela cuando su crisis política y económica se agravó a inicios del gobierno del presidente Maduro. Por entonces expresó: “Hemos facilitado, y estamos ampliando, el permiso temporal de permanencia de nuestros hermanos venezolanos. ¡Son bienvenidos a este país democrático! Aquí les hemos dado la puerta abierta para que puedan venir”. Sin embargo, en los últimos años, se dieron varios giros restrictivos, en especial la imposición de una documentación para el ingreso, como el pasaporte y la visa, y Perú se configuró como un país que irregulariza a la población venezolana que había llegado antes sin esos documentos.

De los extranjeros residentes en el país, la mayoría son venezolanos (86.8%). Se estima que, para finales del año 2023, serán alrededor de 1.6 millones de personas. Siguen muy atrás los colombianos (3.3%) y luego poblaciones minúsculas de extranjeros residentes por debajo de 1% como ecuatorianos, estadounidenses, españoles y argentinos. Los inmigrantes chinos, chilenos, brasileros y bolivianos constituyen cada uno el 0.7%. El 75% residen en Lima (más de un millón) y superan a todos los habitantes de la región Arequipa y de veinte regiones más del país. Principalmente viven en los distritos de San Martín de Porres y los Olivos, donde se asientan 300 000 personas venezolanas, aproximadamente.

Según el INEI, 46% de los adultos mayores de edad tiene estudios universitarios o terciarios incompletos. Cerca del 35% cuenta con estudios universitarios o terciarios completos, un talento importante para aprovechar. Cerca del 60% de los refugiados y migrantes venezolanos en el Perú no cuentan con un permiso de estadía válido y eso dificulta aprovechar ese capital profesional e incorporarlo adecuadamente a la actividad laboral profesional.

Se requiere políticas públicas eficientes a favor de la inserción laboral y económica de esta población migrante. No tenerlas afecta la redistribución espacial de la población, la estructura por sexo y edad, los niveles de fecundidad y mortalidad y la composición de la población con respecto a otras variables.

Los refugiados y migrantes enfrentan un ambiente difícil, marcado por la discriminación y la xenofobia, los estereotipos, los discursos en contra y las propuestas legislativas que intentan restringir sus derechos humanos y su acceso a servicios esenciales, lo que dificulta su integración socioeconómica. En teoría, por un lado se busca garantizar y proteger los derechos de algunos grupos, por ejemplo, los “verdaderos” refugiados, y, por otro lado, sancionar e impedir la llegada de los migrantes indeseables.

Estos datos bastarían para entender la dimensión del problema y lo desacertada e incoherente que es la actual política del gobierno peruano para su tratamiento.

 

desco Opina / 5 de mayo de 2023

Lecciones desde Latinoamérica

Un aspecto fundamental que coloca en el debate los acontecimientos latinoamericanos es la desigualdad. Ahora bien, contra lo que supone el extendido sentido común –que la desigualdad es una consecuencia del modelo neoliberal– debemos tener claro que es una premisa que lo supone. Más aún, la desigualdad es un rasgo persistente en América Latina, que atraviesa a todos los modelos económicos que se han implementado a lo largo del último siglo.

Entonces, bajo este marco, como afirma Paul Gootenberg, “la población latinoamericana vive y observa cada día estas disparidades, expresadas en el modo en que hace política, construye espacios urbanos, trabaja la tierra, integra movimientos sociales nuevos y antiguos, es víctima del crimen y del estrés ambiental, y accede a los recursos educativos, nutricionales, legales, culturales, a las prestaciones de salud y a los medios de información”.

De esta manera, cuando las brechas no son cerradas y, en su lugar, se abren cada vez más, empieza a cundir una percepción de injusticia, como resultado de un acto de despojo. Tal vez, la particularidad del momento actual está en que el malestar es consecuencia de la privatización que vendió la fantasía de que lo público-estatal es malo y lo privado es bueno per se. En suma, la acción social latinoamericana ha empezado a delinear una noción de despojo, que ha sido llevado a cabo mediante la privatización de los bienes que se suponen comunes. De esta manera, vamos formulando la relación entre desigualdad y neoliberalismo.

Aun así, no es suficiente. Barrington Moore Jr. estima que la "necesidad social" contiene tres elementos esenciales. El primero es una noción de causalidad con el orden temporal ordinario invertido: algo muy desagradable sucederá en el futuro si no se satisface hoy la necesidad. En segundo lugar, debe elegirse la salida para la insatisfacción y esto, como tercera condición, siempre conllevará un juico ético.

Lo anterior involucra un liderazgo que ha empezado a ser cuestionado, críticas a las formas como es distribuida la riqueza y malestares ante una división del trabajo que no está generando oportunidades para todos.

Una segunda cuestión es la falta de funcionamiento de las correas de transmisión que supone la democracia liberal, es decir, los partidos políticos. Nuevamente, el supuesto neoliberal es que la política se debía relativizar, para dar paso a lo «técnico» y, por lo mismo, el partido político y la representación debían quedar en un disminuido rincón. Si un actor ausente tenemos en los casos chileno y ecuatoriano, es precisamente la nula presencia de estas organizaciones.

Asociado a este tema, está la ineficacia de los organismos supranacionales, en nuestro caso OEA y específicamente el Grupo de Lima. Por lo visto, los problemas democráticos en América Latina son evaluados de manera diferente, según el gusto ideológico

Una tercera cuestión es la potencia de la movilización social, llevada a cabo por organizaciones que muestran una naturaleza «líquida», en otras palabras, en continua recomposición para adecuarse a coyunturas específicas, para lo cual proponen agendas sumamente elásticas. Es lo que Hardt y Negri denominan la primacía estratégica desde la base social que, lamentablemente en Perú, no encuentra una conducción central que le dé sentido táctico a estas líneas.

Todo ello hay que entenderlo como una acción social en el marco de economías ordenadas por el extractivismo que, en otras palabras, también señala el fracaso relativo de los progresismos latinoamericanos. En el caso de Perú debe asociarse, además, con la bajísima tasa de generación de empleo que provocó el modelo, promoviendo una impresionante informalidad.

Finalmente, los movimientos sociales como el indígena en el Ecuador y los estudiantes y jóvenes en Chile, evidencian tres cuestiones indispensables para su presencia contundente: (i) Memoria. Los movilizados han hecho continuas referencias a Pinochet y la dictadura, así como a Correa y sus posiciones antiambientales. En ambos casos el estado de excepción ha sido un aspecto central para cuestionar la democracia imperante; (ii) Aprendizajes. En el caso chileno, entre los adultos, se subraya la frase “nosotros teníamos miedo, los jóvenes no”, como una manera de aceptar y legitimar las movilizaciones; y (iii) Proyecciones. Ante el despojo, se exige la recuperación de “lo extraído”.

desco Opina / 25 de octubre de 2019