Fatalidad signo cruel

 

Son varios los certificados de defunción que ha fedateado la crisis venezolana. Uno de ellos, por supuesto, es el de la otrora importante diplomacia peruana, aun cuando a nadie parece importarle esta situación. También, el de una izquierda política anquilosada, maniatada por la perpetua fantasía de “lo popular”. Luego, sin duda, el del sistema hemisférico -OEA-, incapaz no solo de actuar, lo que no hace desde hace décadas, sino incluso de ponerse de acuerdo en cuestiones tan significativas como lo que acontece en Venezuela, por disensos mínimos.

De otra parte, Venezuela también revela la historia inevitable no sólo de ese país sino de gran parte de América Latina. Para el caso, lo adjetivo es que el régimen de Maduro se denomine socialista, cuando lo fundamental es que haya perpetrado un inmenso desastre, muy parecido a los acontecidos en otros lugares de la región, sin importar el sello ideológico con los que se identificaban.    

Detrás de la agitación social, radica un colapso económico prolongado: "Venezuela ha experimentado una recesión sin precedentes para un país latinoamericano o globalmente para un país sin guerra. La contracción económica entre 2014 y 2021 superó el 70%".

Aun cuando haya amenguado la hiperinflación que sufrió entre 2018 y finales de 2019, es prematuro afirmar que se han restablecido las pérdidas acumuladas en la última década. El Producto Interno Bruto está recuperándose lentamente, con un valor estimado de 102,300 millones de dólares estadounidenses en 2024, pero sigue siendo una fracción de los niveles anteriores a la crisis. Aun así, la deuda pública nacional pudo haber alcanzado entre 120-200 mil millones de dólares en 2023, agravando la más que precaria situación económica. De igual manera, aunque la tasa de desempleo se encuentra relativamente baja, 5,5%, esta cifra no refleja plenamente el subempleo y el trabajo informal que enfrentan actualmente muchos venezolanos.

De otro lado, si bien la inflación venezolana ya no es la más alta de América Latina -Argentina supera el 200% anual- se mantenía por encima del 50% en junio de 2024, afectando directamente el nivel de vida de los venezolanos. El salario mínimo ha permanecido congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, con un valor actual de aproximadamente 3.50 dólares. Si bien en mayo el presidente Maduro anunció un aumento en los bonos estatales para el sector público, que incluyen el salario mínimo, un bono de alimentación de 40 dólares y un "Bono de Guerra Económica" que aumentará de 60 a 90 dólares; los resultados de esta situación son, entre otros, más del 80% de la población viviendo en pobreza y  53% enfrentando la pobreza extrema.

Pero, no son solamente las presiones económicas. Junto a ellas, destacan los desafíos políticos y sociales alimentados por la terca continuidad de un entramado de relaciones entre el Estado y la sociedad venezolana, que Fernando Coronil ha denominado el “Estado mágico” o, en otras palabras, la constitución del petro-Estado. Como señala Edgardo Lander, con la revolución bolivariana, Venezuela se volvió “más rentista que nunca”.

De manera certera, Lander afirma que en lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petro-Estado se creó, financió y dirigió al partido, siguiendo el patrón clásico de un Estado nacional, que se arroga la representación de la nación, del pueblo y del bien común; y, en esa lógica, es el lugar donde necesariamente debieran concentrarse todas las iniciativas y las principales decisiones.

Como podrá suponerse, esto niega tajantemente cualquier aspiración democrática, en tanto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible asentarla: amplios, variados y múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.

De esta manera, desde la izquierda no son cuestiones de cálculo -político o pecuniario- lo que debería estar en juego. Son principios. Por eso la enorme importancia de la posición del presidente chileno Gabriel Boric, antes incluso de desencadenarse la actual crisis venezolana. El 10 de marzo, refirió claramente que en la izquierda en general, y en América Latina en particular, “ha habido una tendencia a no hacerse cargo de los errores propios”, tipificando como tal la defensa de ciertos regímenes, “porque se entienden como parte de la misma familia”.

Boric fue muy claro y tajante en esto: “No miro el color político de una persona que viole los derechos humanos o restrinja libertades que son esenciales”. Por supuesto, estaba plenamente consciente de las críticas que eso provocaría, pero, consideraba que políticamente era un error cerrar los ojos a las gravísimas violaciones de derechos que hacen los regímenes que se denominan de izquierda, creyendo ingenuamente que esto es propio sólo de la derecha que está al frente: “la gente no es tonta y esas confusiones o desviaciones le hacen mal a la política”.

 

 

desco Opina / 9 de agosto de 2024

Bloquear migrantes no es solución

 

El desventurado incidente migratorio entre nuestro país y Chile deja una vez más en deplorable pie a la Cancillería peruana y de paso evidencia el pésimo manejo de la gobernabilidad nacional por parte del Gobierno Boluarte-Otárola.

Centenares de personas, en ruta desde Chile, continúan varadas durante semanas en la frontera sin una salida humanitaria e inteligente ante el impedimento de entrada a nuestro país de migrantes de diversas nacionalidades. El presidente del Consejo de Ministros ha señalado que ésta es una política para proteger al Perú contra la ola de violencia que se vive. Las medidas adoptadas son, si no vergonzosas, incoherentes.

Ante la presión del incidente, la Presidenta declaró el estado de emergencia en todas las regiones fronterizas del Perú: Tumbes, Piura, Cajamarca San Martín, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Puno (que estaba desde antes en esa situación). Ordenó el despliegue del ejército para reforzar a la policía en los cruces fronterizos con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia buscando impedir que eventuales migrantes continúen su viaje, aparentemente en un intento por frenar el crimen transnacional. La decisión requiere de una modificación constitucional por lo que se ha presentado ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional. El gobierno no ha especificado qué implicará el estado de emergencia en términos de restricción de las libertades individuales y públicas, o cuánto tiempo permanecerá en vigor.

Adicionalmente, decretó una amnistía de la multa para las personas extranjeras que incurrieron en sanciones por no prorrogar su residencia o tiempo de permanencia en el país. Según el jefe de Migraciones, cerca de 700 000 venezolanos, estimados en un millón y medio en el territorio nacional, deben tramitar su situación migratoria, advirtiendo a los extranjeros que deberán continuar con una solicitud de prórroga de permanencia o residencia y que aquellas personas en situación irregular –por vencimiento de esos documentos o ingreso sin control migratorio– próximamente deberán iniciar un proceso de regularización, mediante el permiso temporal de permanencia (PTP) un símil de menor rango que el carnet de extranjería, inspirado en razones humanitarias.

La gobernanza migratoria anunciada pretende así acabar con la «ilegalidad» y reducir la política migratoria a una simple política de regularización. Se inscribe en una lógica de control migratorio anclada en los conceptos de control y utilidad de la migración.

La inmigración en el territorio del Perú ha sido constante desde la época del Virreinato, con españoles y africanos. Posteriormente, durante la República, con la llegada de asiáticos (de Japón y China), y en menor medida de europeos. En nuestros días con más de 1.5 millones de venezolanos, Perú es el segundo país de destino para refugiados y migrantes venezolanos en el mundo después de Colombia. Según las Naciones Unidas, cientos de migrantes que han vivido en Chile, provenientes especialmente de Haití y Venezuela, están tratando de abandonar el país a medida que allí se endurecen los controles migratorios. Parados durante semanas en la frontera entre Tacna y Arica, quieren regresar a casa o ir a Estados Unidos. El gobierno peruano ha enfrentado ya varios choques con los extranjeros varados en el desierto, quienes diariamente intentan desbordar los controles.

Algunos estudios y datos de la historia reciente nos permiten ubicar mejor la dimensión del reto que se enfrenta para así ponderar adecuadamente la actuación de las autoridades peruanas. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, atendiendo directivas políticas y diplomáticas del gobierno norteamericano, abrió, como nunca había ocurrido antes, nuestras fronteras para acoger a millones de ciudadanos que abandonaron Venezuela cuando su crisis política y económica se agravó a inicios del gobierno del presidente Maduro. Por entonces expresó: “Hemos facilitado, y estamos ampliando, el permiso temporal de permanencia de nuestros hermanos venezolanos. ¡Son bienvenidos a este país democrático! Aquí les hemos dado la puerta abierta para que puedan venir”. Sin embargo, en los últimos años, se dieron varios giros restrictivos, en especial la imposición de una documentación para el ingreso, como el pasaporte y la visa, y Perú se configuró como un país que irregulariza a la población venezolana que había llegado antes sin esos documentos.

De los extranjeros residentes en el país, la mayoría son venezolanos (86.8%). Se estima que, para finales del año 2023, serán alrededor de 1.6 millones de personas. Siguen muy atrás los colombianos (3.3%) y luego poblaciones minúsculas de extranjeros residentes por debajo de 1% como ecuatorianos, estadounidenses, españoles y argentinos. Los inmigrantes chinos, chilenos, brasileros y bolivianos constituyen cada uno el 0.7%. El 75% residen en Lima (más de un millón) y superan a todos los habitantes de la región Arequipa y de veinte regiones más del país. Principalmente viven en los distritos de San Martín de Porres y los Olivos, donde se asientan 300 000 personas venezolanas, aproximadamente.

Según el INEI, 46% de los adultos mayores de edad tiene estudios universitarios o terciarios incompletos. Cerca del 35% cuenta con estudios universitarios o terciarios completos, un talento importante para aprovechar. Cerca del 60% de los refugiados y migrantes venezolanos en el Perú no cuentan con un permiso de estadía válido y eso dificulta aprovechar ese capital profesional e incorporarlo adecuadamente a la actividad laboral profesional.

Se requiere políticas públicas eficientes a favor de la inserción laboral y económica de esta población migrante. No tenerlas afecta la redistribución espacial de la población, la estructura por sexo y edad, los niveles de fecundidad y mortalidad y la composición de la población con respecto a otras variables.

Los refugiados y migrantes enfrentan un ambiente difícil, marcado por la discriminación y la xenofobia, los estereotipos, los discursos en contra y las propuestas legislativas que intentan restringir sus derechos humanos y su acceso a servicios esenciales, lo que dificulta su integración socioeconómica. En teoría, por un lado se busca garantizar y proteger los derechos de algunos grupos, por ejemplo, los “verdaderos” refugiados, y, por otro lado, sancionar e impedir la llegada de los migrantes indeseables.

Estos datos bastarían para entender la dimensión del problema y lo desacertada e incoherente que es la actual política del gobierno peruano para su tratamiento.

 

desco Opina / 5 de mayo de 2023

La democracia ajena como pretexto doméstico

Con la promulgación del reglamento de la Ley de fortalecimiento y modernización de Petroperú, los fervientes seguidores de la coyuntura venezolana han encontrado por fin una utilidad práctica a la atención que le dedicaron en las últimas semanas al presente y futuro de la democracia bolivariana. En las salas de prensa local y en las tiendas de la margen derecha de la política peruana, la necesidad principal es encontrar evidencia de que el fantasma –en este caso, el «pajaritico»– del chavismo ronda de nuevo la cabeza de Ollanta Humala.

El Presidente, por su rol en UNASUR frente a la crisis venezolana, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos que, más que adhesión a la causa democrática, demostraron el interés de sus opositores y críticos por ejercer una suerte de control ideológico en el plano local. De acuerdo a quienes esgrimen que el viaje de Humala a Caracas revelaba un «regreso a la semilla» de Chávez, la integración regional vía UNASUR y hasta la modernización de la empresa estatal de petróleos son apuestas que se alejan de la institucionalidad democrática a la que debiera ceñirse el Ejecutivo.

Lejos de la coherencia política de los activistas antichavistas en el plano internacional –los Vargas Llosa– los detractores locales del gobierno venezolano son poco creíbles en su rol de vigilantes de las maneras democráticas. Paradójicamente, fue su eventual favorito, Henrique Capriles, quien les recordó quizá sin querer que el factor Fujimori –el amañamiento de los órganos electorales, la terca re reelección– les impide justificar su celo por la democracia, expediente que apenas en 2011 fue actualizado por su apoyo incondicional a la candidatura de Keiko Fujimori, la «heredera natural» del proceso político y económico abierto en el país con el autogolpe del 92.

Queda claro entonces, que el affaire Venezuela se ha convertido hoy en la palanca para empujar a Humala a una serie de definiciones en el plano local. En ese intento, la actividad empresarial del Estado a través de Petroperú equivale a estatismo de corte chavista, el interés por La Pampilla es evidentemente velasquismo, y como guitarra llama cajón, una eventual negativa al indulto a Fujimori no puede leerse sino como la prueba final de caviarismo, enfermedad final del izquierdismo que aqueja al gobierno.

La viga en el ojo ajeno, sin embargo, no debe impedir mirar con preocupación tanto el futuro del pueblo hermano de Venezuela, como el presente del gobierno aquí dirigido por Humala. El heredero de Chávez –y con él las izquierdas peruanas que lo avalan– debe advertir que el cuestionamiento por la institucionalidad democrática no es un tema menor, pues en el caso del «proyecto bolivariano» no se trata únicamente del dinamismo electoral y la legitimidad plebiscitaria construida por Chávez, ni siquiera de la representación mayoritaria con la que el oficialismo controla el Congreso; también suman y restan a la legitimidad política interna del régimen, la pluralidad política y su manejo del aparente desmadre económico que se avecina, generado en parte por un estatismo que se salió del cauce de los recursos estratégicos e intentó jugar en el mercado del abastecimiento local, multiplicando empresas nacionales a diestra y siniestra.

De vuelta al Perú, es evidente que la compra de los activos de REPSOL en el rubro de comercialización, tanto como la sobrecarga ideológica en los argumentos en contra de dicha operación, enturbian lo que debiera ser la discusión de fondo: la definición de una política energética en tiempo de incertidumbre económica global y, en ese marco, la validez de la apuesta estatal por capturar la renta petrolera, con la apertura de los frentes financieros y ambientales que ello supone.

desco Opina / 29 de abril de 2013
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