Una guerra avisada que viene dejando bajas a escala global

 

Según Naciones Unidas este mes se celebran dos fechas que deben llamar a reflexión sobre otra guerra que es a escala global y viene produciendo grandes bajas a nivel mundial. Nos referimos al Día Internacional por la Madre Tierra y el Decenio de la Restauración de los Ecosistemas.

En ese marco, Perú no es ajeno a este conflicto y está siendo afectado por diversos acontecimientos como el registrado a inicios de año, cuando el 15 de enero se produjo el desastre ecológico generado por la empresa Repsol en la Refinería La Pampilla ubicada en el litoral peruano, en la propia capital del país, donde se derramaron más de 11 000 barriles de petróleo al mar, generando una gran afectación en la flora y fauna del litoral costero limeño. El daño causado pretendió minimizarse por altos directivos de la empresa, asegurando que los barriles no superaban los 6000, versión desmentida por las autoridades del Ministerio del Ambiente, a lo que se sumaron los serios cuestionamientos al uso del Plan de Contingencia, mencionado en su página web donde aseguraban contar con tecnología de punta para hacer frente a esta situación, versión que también fue desmentida por el Capitán del barco italiano que transportaba el combustible para su disposición en la refinería.

Como en la mayoría de conflictos, los daños colaterales y los perjudicados terminan por ser desconocidos y se minimiza la magnitud del desastre producido. Repsol no ha sido la excepción, demostrando su pobre interés por el cuidado del ecosistema marino y la protección de la Madre Tierra, aun cuando se ocasionó un daño de manera directa y evidente. Aunque el Poder Judicial emitió una orden de impedimento de salida del país por 18 meses para evitar que los altos funcionarios de Repsol salgan de Perú y respondan ante los tribunales, la decisión no asegura el compromiso para restaurar el ecosistema depredado producto del desastre ecológico.

A pesar del despliegue de más de una decena de instituciones encargadas del control en situaciones similares –Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Ingeniería y Minería (Osinergmin) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros–, que unieron fuerzas para ser parte del Plan de Acción y a pesar de que semanalmente se publicó un reporte de los avances de inspección, los resultados al día de hoy siguen siendo limitados.

Esto obliga a cuestionar la eficacia de las acciones para el control de desastres ocasionados cuando se dan lejos de Lima, en la Amazonía, donde se producen derrames de petróleo cada semana y no cuentan con difusión como la tuvo la tragedia en el litoral capitalino. En esos territorios la contaminación de ríos y grandes áreas agrícolas, propiedad de las comunidades es recurrente; al no darse el despliegue de instituciones visto en el caso capitalino, el resultado es que frecuentemente las empresas petroleras asentadas en la Amazonía responsabilizan a los comuneros de provocar los desastres. Gracias a un informe denominado “La sombra del petróleo” se ha demostrado que por lo general esos derrames resultan de la falta de mantenimiento de las tuberías y los limitados planes de contingencia para revertir los daños causados. Esta atención diferenciada donde las instituciones rectoras en materia ambiental no actúan de manera similar, evidencia que la descentralización es una fantasía para los pobladores de las comunidades y pueblos indígenas, quienes acompañados de instituciones defensoras del medio ambiente, se comprometen con el trabajo de mostrar los desastres producidos por las grandes empresas extractivas de petróleo; evidencia que muchas veces no llega a nivel nacional y circula apenas por los denominados «medios alternativos» ante el desinterés de los medios formales.

Si bien el desastre de La Pampilla mostró acciones de respuesta de la gente y de distintos activistas que de alguna u otra manera se sumaron a la limpieza de las zonas afectadas por el petróleo, es apenas un grano de arena considerando todas las playas afectadas por el desastre.

Si Lima alberga a más de la tercera parte de la población nacional, ¿será que la reacción de las instituciones, de los activistas y demás actores responde únicamente a la zona geográfica en la que se produce el desastre y a la capacidad de visibilizar y masificar la información? De ser así, todas aquellas zonas del territorio nacional que son impactadas por algún desastre que afecte a su ambiente inmediato producido por empresas extractivas estarán condenadas a no recibir la atención y acción necesaria, tal como se ha demostrado que se puede hacer en la experiencia del derrame de petróleo en la ciudad de Lima, que revela que hay cosas que se pueden hacer mejor.

 

desco Opina – Regional / 29 de abril del 2022

descoCiudadano

Más allá del desastre ecológico de La Pampilla

 

El sábado 15 en la noche se produjo lo que parece ser uno de los mayores derrames de petróleo en nuestra historia. La versión inicial de Repsol, la empresa involucrada, hablaba de un lamentable accidente en el que se habría producido un derrame de 0.16 barriles de crudo en el proceso de descarga en la Refinería La Pampilla como consecuencia de oleajes anómalos, resultado de la erupción de un volcán submarino en Tonga. Con el paso de las horas y los días se evidenció que se trataba de una catástrofe ambiental causada por la negligencia y la incompetencia de la empresa española. Más de 6000 barriles del hidrocarburo destruyendo la vida en el océano, un impacto directo de larga duración en más de 180 hectáreas de suelo en nuestro litoral y más de 713 hectáreas en el mar y la vida diaria de miles de personas que viven de los recursos afectados, son apenas algunos de los datos del daño causado.

El impacto de la noticia ante la opinión pública y la indignación generada por aquella han sido crecientes. La inaceptable y mentirosa versión de la empresa que se demoró cuatro días en reconocer que eran 6000 los barriles vertidos, así como su incapacidad para responder de inmediato al derrame causado, obligaron a muchos de los medios que inicialmente no la mencionaban, a poner los reflectores sobre ella. La ubicación del desastre en la costa limeña, además de su magnitud y dimensión, con el mar cubierto por manchas de petróleo que avanzan desde Ventanilla hacia el norte, habiendo superado ya Chancay, explican también la resonancia de una tragedia que se repite con más frecuencia de la que se cree. Como se ha recordado recientemente, entre el 2000 y 2019 se han producido 474 derrames de petróleo, los más de ellos en la Amazonía, mientras desde el inicio de la pandemia se han sucedido 14, antes de éste.

Con el paso de los días, los especialistas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) fueron desarmando las versiones iniciales: el derrame de petróleo se habría ocasionado por la ruptura de la conexión entre el tanquero Mare Doricum y el terminal multiboyas N° 2. Los testimonios de distintos deportistas náuticos que estuvieron en la zona al momento del derrame, así como del propio capitán del barco tanquero, demuestran la inexistencia de oleaje irregular.

Todo indica que la empresa buscó eludir su responsabilidad desde el primer momento; no tuvieron los sistemas de control funcionando, porque éstos tienen unas válvulas que miden las presiones en la hidrostática y así habrían detectado la fuga; no pudieron precisar cuánto petróleo salió porque su sistema de control de flujo no habría funcionado, ni lo habrían hecho tampoco los sistemas de resguardo que eventualmente se cierran de forma automática. A ello se suma que su personal no estaba entrenado y no supo responder. Repsol, de acuerdo a la revisión hecha por un portal informativo, registra en los últimos diez años 50 resoluciones de sanción por incumplir las normas de protección al medioambiente impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a las empresas de ese conglomerado. Sin embargo, sólo en tres de los procesos sancionadores se emitieron multas firmes, mientras en el resto no hubo castigo económico.

Por su parte, la respuesta del Estado se demoró, fue bastante desordenada y sin canales de coordinación entre las distintas entidades que intervinieron y las diversas voces que se pronunciaron. Las imágenes y muchos testimonios indican que sencillamente, no se hizo nada efectivo en las primeras setenta y dos horas, mientras en la orilla del mar se intentaban respuestas con lo que se tenía a la mano y sin ningún recurso tecnológico; el sistema de “skimmers”, por ejemplo, especie de aspiradoras que retienen los residuos de crudo flotante, aparecieron limitadamente después de varios días.

En este escenario, donde es claro que distintas actividades extractivas, hidrocarburos y minería entre ellas, son de alto riesgo y deben ser reguladas y fiscalizadas de manera eficaz por el Estado, recordemos que desde buen tiempo atrás diferentes sectores interesados presionan constantemente por debilitar nuestra limitada institucionalidad ambiental. La Ley 30230 del 2014 fue un ejemplo claro de esa voluntad por mantener sin sanción prácticas depredatorias capitalistas. No olvidemos que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que ha tenido que lamentar el comportamiento de Repsol e iniciarle un proceso interno, buscó acabar con el aporte por regulación que deben pagar las empresas para que organismos como OEFA se puedan sostener. Recordemos que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que le pide acelerar los procesos de remediación, promovió con otros gremios empresariales el rechazo a la ratificación del Acuerdo de Escazú, argumentando falazmente que el mismo afecta a las inversiones y a la soberanía nacional.

Más allá del desastre ecológico inmediato, desde la sociedad debemos exigir respuestas y cambios drásticos, rechazando el silencio de la representación nacional, normalmente locuaz y altisonante, arrastrando los pies en esta situación. Es urgente que las autoridades evalúen y determinen si es conveniente y seguro continuar permitiendo la descarga de petróleo en una zona sensible como un ecosistema marino o en otras áreas frágiles como la Amazonía. En el marco del cambio climático es indispensable que este gobierno que se dice de izquierda, defina un planeamiento territorial largamente postergado y establezca áreas donde no se pueden realizar estas actividades.

 

desco Opina / 28 de enero de 2022

La democracia ajena como pretexto doméstico

Con la promulgación del reglamento de la Ley de fortalecimiento y modernización de Petroperú, los fervientes seguidores de la coyuntura venezolana han encontrado por fin una utilidad práctica a la atención que le dedicaron en las últimas semanas al presente y futuro de la democracia bolivariana. En las salas de prensa local y en las tiendas de la margen derecha de la política peruana, la necesidad principal es encontrar evidencia de que el fantasma –en este caso, el «pajaritico»– del chavismo ronda de nuevo la cabeza de Ollanta Humala.

El Presidente, por su rol en UNASUR frente a la crisis venezolana, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos que, más que adhesión a la causa democrática, demostraron el interés de sus opositores y críticos por ejercer una suerte de control ideológico en el plano local. De acuerdo a quienes esgrimen que el viaje de Humala a Caracas revelaba un «regreso a la semilla» de Chávez, la integración regional vía UNASUR y hasta la modernización de la empresa estatal de petróleos son apuestas que se alejan de la institucionalidad democrática a la que debiera ceñirse el Ejecutivo.

Lejos de la coherencia política de los activistas antichavistas en el plano internacional –los Vargas Llosa– los detractores locales del gobierno venezolano son poco creíbles en su rol de vigilantes de las maneras democráticas. Paradójicamente, fue su eventual favorito, Henrique Capriles, quien les recordó quizá sin querer que el factor Fujimori –el amañamiento de los órganos electorales, la terca re reelección– les impide justificar su celo por la democracia, expediente que apenas en 2011 fue actualizado por su apoyo incondicional a la candidatura de Keiko Fujimori, la «heredera natural» del proceso político y económico abierto en el país con el autogolpe del 92.

Queda claro entonces, que el affaire Venezuela se ha convertido hoy en la palanca para empujar a Humala a una serie de definiciones en el plano local. En ese intento, la actividad empresarial del Estado a través de Petroperú equivale a estatismo de corte chavista, el interés por La Pampilla es evidentemente velasquismo, y como guitarra llama cajón, una eventual negativa al indulto a Fujimori no puede leerse sino como la prueba final de caviarismo, enfermedad final del izquierdismo que aqueja al gobierno.

La viga en el ojo ajeno, sin embargo, no debe impedir mirar con preocupación tanto el futuro del pueblo hermano de Venezuela, como el presente del gobierno aquí dirigido por Humala. El heredero de Chávez –y con él las izquierdas peruanas que lo avalan– debe advertir que el cuestionamiento por la institucionalidad democrática no es un tema menor, pues en el caso del «proyecto bolivariano» no se trata únicamente del dinamismo electoral y la legitimidad plebiscitaria construida por Chávez, ni siquiera de la representación mayoritaria con la que el oficialismo controla el Congreso; también suman y restan a la legitimidad política interna del régimen, la pluralidad política y su manejo del aparente desmadre económico que se avecina, generado en parte por un estatismo que se salió del cauce de los recursos estratégicos e intentó jugar en el mercado del abastecimiento local, multiplicando empresas nacionales a diestra y siniestra.

De vuelta al Perú, es evidente que la compra de los activos de REPSOL en el rubro de comercialización, tanto como la sobrecarga ideológica en los argumentos en contra de dicha operación, enturbian lo que debiera ser la discusión de fondo: la definición de una política energética en tiempo de incertidumbre económica global y, en ese marco, la validez de la apuesta estatal por capturar la renta petrolera, con la apertura de los frentes financieros y ambientales que ello supone.

desco Opina / 29 de abril de 2013
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