Tomando el pulso a la Nación

Mientras la economía mundial se agita principalmente por el conflicto bélico iniciado por Rusia, nuestro paisaje nacional se remueve principalmente, por ahora, por los temblores recurrentes de la crisis política permanente que afecta al país.

Hay un contubernio en marcha que se sustenta en la voluntad nada oculta de nuestros políticos por aferrarse a la cuota de poder que han alcanzado dentro del Estado. La pretensión de ganar a cualquier precio en el corto plazo, lleva al colapso del país en el mediano plazo. Se aprecia así, como el cuestionado Ministro de Salud alaba las virtudes profesionales de uno de los principales dirigentes del fujimorismo en el Congreso al tiempo que esta bancada se niega a sumarse al pedido de interpelación del Dr. Condori, cuestionado por el propio Colegio Médico al que pertenece. 

Esta alianza populista fujicerronista se manifiesta también en su oposición al adelanto de elecciones generales, en acuerdo con otros sectores de la derecha que en el Congreso avanzan en su afán de acabar con el tibio intento de reforma política. Así, votaron juntos por la ley que suspende las primarias para las elecciones municipales y regionales de octubre y aprobaron extender el plazo para la inscripción del padrón de afiliados, además de suspender las causales de cancelación de la inscripción de partidos y movimientos regionales.

La pugna por vacar al presidente Castillo se repite una vez más, aunque se sabe bien que en los predios congresales no se cuenta con los votos necesarios para tal propósito y convocar a nuevas elecciones. Al mismo tiempo, la medida se reitera en términos de limitar el proceso a solamente elecciones de un nuevo poder Ejecutivo cuando en realidad el desgaste y pérdida de legitimidad es mayor en el poder Legislativo y suena inviable que de ocurrir lo uno no se lleve a cabo una renovación total del Congreso.

Nada de lo expresado debe entenderse como el apoyo al desacertado ejercicio de gobierno del Presidente de la República quien, a todas luces ha abandonado sus banderas de cambio y solo parece interesado en sobrevivir en un mar de mediocridad pese a algunas expectativas que ya pocos mantienen.

El flagelo persistente de la corrupción alimenta las raíces del descontento diario, aunque en realidad, muy pocos peruanos se escandalizan en serio con el sistema institucionalizado de los de arriba y los de abajo y su penetración en el Estado. En esos términos es como se hacen negocios –formales e informales– en el Perú del neoliberalismo de los últimos treinta años. Como si fuera poco, la Fiscalía de la Nación enfrenta una situación en la que por falta de quorum de sus miembros titulares deberá encargar interinamente la dirección de esta importante institución ya que el mandato de su actual titular vence esta semana. Las mismas instituciones responsables de evitar y luchar contra la corrupción son demasiado débiles para cumplir con su cometido, o se ven comprometidas por la influencia de los transgresores mismos.

Situación más grave es la del Tribunal Constitucional, conformado casi en su totalidad por miembros cuyos cargos han vencido hace mucho tiempo y no son reemplazados por la incapacidad del Congreso Nacional para asumir la selección y elección de los nuevos miembros. Sin embargo, toman decisiones que avivan el enfrentamiento entre peruanos al emitir fallos sumamente cuestionables como el permitir la excarcelación de Alberto Fujimori, tras la restitución de su irregular indulto por parte del expresidente Kuczynski.

En medio de ese escenario, en verdad caótico, las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser propositivas y no sólo cuestionadoras. Lograr esto, en un contexto de pobreza y de desencanto con la democracia, no es fácil. La propuesta del expresidente Sagasti de apelar a la recolección de firmas para presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que recorte el mandato presidencial y congresal, adelantando las elecciones generales, no es algo que pueda hacerse rápidamente y requiere de una voluntad política y respaldo organizativo que por ahora no existen.

Las clases sociales, los grupos y las instituciones también pueden ser actores más allá de la escena oficial del Estado: como los sindicatos, las comunidades campesinas y nativas, las iglesias; tal como lo hacen los periódicos, la radio y la televisión que defienden sus propios intereses y filtran la información. Ese escenario, más amplio que el oficial y oficioso no lo compartimos, y eso dificulta mucho resolver la confrontación actual de manera inteligente como producto de un diálogo informado.

 

desco Opina / 25 de marzo de 2022

Sainete sobre el indulto y otros enjuagues

Es claro que no existe ninguna ruta posible que permita jurídicamente –respetando las leyes y la Constitución– indultar al expresidente Fujimori por los crímenes cometidos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de ser indultado por razones humanitarias. Esto es, acogiéndose a lo reglamentado en el Perú para los reclusos con enfermedad terminal o con grave enfermedad que las condiciones carcelarias agraven, lo que debe ser demostrado. En ningún caso es esa la situación para la aplicación discrecional del Presidente de la República a Fujimori, quien además nunca ha mostrado signos de arrepentimiento ni ha pagado un centavo de la reparación civil que le fijó el Poder Judicial.

Todo parece indicar que los ánimos del gobierno han cambiado y la postura del Presidente Kuczynski ya no es la de un «no» al indulto, claramente fijada cuando fue candidato, ni cuando asumió la presidencia de la República hace más de un año. Ahora abre la posibilidad a lo que ha llamado un «perdón médico» que no existe en el Reglamento de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.

Muy difícilmente la historia podrá registrar un hecho así como un inexistente “perdón médico” a la aplicación de una decisión discrecional, que sería un error político de gran ingenuidad que provocaría más perjuicios al gobierno y –sin duda– malestar a nuestra nación, que algún avance en la reconciliación en el marco de la ley y la justicia.

El caso, por otro lado, adquirió las dimensiones de un sainete de baja estofa cuando hace pocos días, por decisión del nuevo ministro de Justicia, se modificó la composición de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales al colocar como presidente de la misma al señor Orlando Franchini Orsi, un exempresario maderero y ferretero jubilado, sin ninguna experiencia en esta materia, quien a sus 92 años de edad aparece en la escena como una broma de mal gusto que concluye con su pronta renuncia y declaraciones del Ministro de Justicia negando el probable indulto.

Nadie puede suponer sensatamente que la aplicación del indulto beneficie el hasta ahora decepcionante gobierno de PPK, y que con ello cambie la opinión de la ciudadanía sobre la escasa popularidad del presidente y su gabinete ministerial. Menos en el horizonte de gobierno restante.

Menos ahora cuando sin grandes críticas, el Congreso ha otorgado mayoritariamente su voto de confianza al gabinete Aráoz que ofrece realizar una «revolución social» en la que muy pocos confían. Y menos las fuerzas de izquierda que votaron en contra. En todo caso, más allá de la confianza otorgada, la mayoría de Fuerza Popular podrá continuar dificultando la acción del Poder Ejecutivo que hasta ahora, por sí mismo, ha sido incapaz de organizar un buen gobierno.

Más bien, tal vez tras bambalinas, en este otorgamiento de confianza al nuevo gabinete pudiera estar un disimulado acuerdo político sobre el tratamiento futuro del affaire “Lava Jato” en el que están implicados de distinta manera Keiko Fujimori, el líder aprista Alan García, y el propio presidente Kuczynski.

Las ocurrencias políticas en las próximas semanas probablemente permitirán evaluar mejor las motivaciones que llevan al gobierno a encontrar un mejor momento para otorgar un indulto, que de producirse, tendrá grave repercusión nacional e internacional. Por lo pronto ya ha sido calificado como una traición al electorado que respaldó la candidatura de PPK y un insulto a la ciudadanía, en particular a los familiares de las víctimas de asesinatos y desapariciones durante el régimen del autócrata, ahora encarcelado en cumplimiento de la aplicación de las leyes que hacen justicia a los crímenes perpetrados.

desco Opina / 6 de octubre de 2017

La democracia ajena como pretexto doméstico

Con la promulgación del reglamento de la Ley de fortalecimiento y modernización de Petroperú, los fervientes seguidores de la coyuntura venezolana han encontrado por fin una utilidad práctica a la atención que le dedicaron en las últimas semanas al presente y futuro de la democracia bolivariana. En las salas de prensa local y en las tiendas de la margen derecha de la política peruana, la necesidad principal es encontrar evidencia de que el fantasma –en este caso, el «pajaritico»– del chavismo ronda de nuevo la cabeza de Ollanta Humala.

El Presidente, por su rol en UNASUR frente a la crisis venezolana, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos que, más que adhesión a la causa democrática, demostraron el interés de sus opositores y críticos por ejercer una suerte de control ideológico en el plano local. De acuerdo a quienes esgrimen que el viaje de Humala a Caracas revelaba un «regreso a la semilla» de Chávez, la integración regional vía UNASUR y hasta la modernización de la empresa estatal de petróleos son apuestas que se alejan de la institucionalidad democrática a la que debiera ceñirse el Ejecutivo.

Lejos de la coherencia política de los activistas antichavistas en el plano internacional –los Vargas Llosa– los detractores locales del gobierno venezolano son poco creíbles en su rol de vigilantes de las maneras democráticas. Paradójicamente, fue su eventual favorito, Henrique Capriles, quien les recordó quizá sin querer que el factor Fujimori –el amañamiento de los órganos electorales, la terca re reelección– les impide justificar su celo por la democracia, expediente que apenas en 2011 fue actualizado por su apoyo incondicional a la candidatura de Keiko Fujimori, la «heredera natural» del proceso político y económico abierto en el país con el autogolpe del 92.

Queda claro entonces, que el affaire Venezuela se ha convertido hoy en la palanca para empujar a Humala a una serie de definiciones en el plano local. En ese intento, la actividad empresarial del Estado a través de Petroperú equivale a estatismo de corte chavista, el interés por La Pampilla es evidentemente velasquismo, y como guitarra llama cajón, una eventual negativa al indulto a Fujimori no puede leerse sino como la prueba final de caviarismo, enfermedad final del izquierdismo que aqueja al gobierno.

La viga en el ojo ajeno, sin embargo, no debe impedir mirar con preocupación tanto el futuro del pueblo hermano de Venezuela, como el presente del gobierno aquí dirigido por Humala. El heredero de Chávez –y con él las izquierdas peruanas que lo avalan– debe advertir que el cuestionamiento por la institucionalidad democrática no es un tema menor, pues en el caso del «proyecto bolivariano» no se trata únicamente del dinamismo electoral y la legitimidad plebiscitaria construida por Chávez, ni siquiera de la representación mayoritaria con la que el oficialismo controla el Congreso; también suman y restan a la legitimidad política interna del régimen, la pluralidad política y su manejo del aparente desmadre económico que se avecina, generado en parte por un estatismo que se salió del cauce de los recursos estratégicos e intentó jugar en el mercado del abastecimiento local, multiplicando empresas nacionales a diestra y siniestra.

De vuelta al Perú, es evidente que la compra de los activos de REPSOL en el rubro de comercialización, tanto como la sobrecarga ideológica en los argumentos en contra de dicha operación, enturbian lo que debiera ser la discusión de fondo: la definición de una política energética en tiempo de incertidumbre económica global y, en ese marco, la validez de la apuesta estatal por capturar la renta petrolera, con la apertura de los frentes financieros y ambientales que ello supone.

desco Opina / 29 de abril de 2013
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Fuerzas de flaqueza

A la luz de los resultados de la consulta revocatoria en Lima Metropolitana, una de las más apremiantes preguntas es si la alcaldesa Villarán, golpeada por la salida de los regidores oficialistas, podrá continuar su gestión desde una identidad de izquierda. En un escenario polarizado, su posición debilitada es terreno propicio para quienes están interesados en mejorar su participación en el poder, o simplemente sacar adelante agendas postergadas.

Muchos analistas adjudican el triunfo del ‘NO’ a la participación de Lourdes Flores o el PPC, suponiendo esto como un «aval» determinante para obtener ventaja en espacios tradicionalmente contrarios a la izquierda. Asimismo, agregan a sus cálculos las votaciones adversas en distritos de identidad popular, donde habría predominado un voto anti-izquierdista. Una lectura menos interesada de los reportes de ONPE llama a prestar atención a la votación en blanco, a la menor cantidad de votos –a favor o en contra– recibidos por los concejales del PPC y a los importantes niveles de ausentismo en los distritos en los que el NO aventaja por amplio margen al SÍ, comportamientos electorales que no expresan precisamente motivaciones ideológicas ni posturas militantes contra la izquierda en particular.

Lo cierto es que los resultados no hubieran sido posibles sin la existencia de fuerzas en la izquierda organizada y sin la movilización hormiga, que con la cobertura de una fuerte campaña mediática lograron –en un tiempo bastante corto– dar vuelta a cifras del todo adversas, en la plaza más conservadora del país. La permanencia de Villarán en el cargo muestra que, a pesar de la durísima campaña en contra del estilo de la alcaldesa, existe un importante sector del electorado que respalda su propuesta de gobierno.

La defensa de dicha propuesta de gobierno permitió que en los medios se dedique espacio a debates sobre el transporte público y cómo gestionarlo, las necesidades de inversión en barrios de difícil acceso y físicamente vulnerables, la ya citada relación con el capital privado, entre otros. Si bien la atención a estos temas puede haber sido marginal tratándose de una campaña en la que predominó el tono beligerante, sacando de un mal un bien, podemos decir que la revocatoria nos ha permitido tener una imagen de cuáles son las organizaciones políticas que tienen propuestas para Lima y cuáles son aquellas fuerzas que están dispuestas a rifarse el destino de la capital por venganzas políticas, intereses particulares o dudosos cálculos de su fortuna en los comicios de 2016.

Como fuere, las posibilidades de hacer una alcaldía ‘de izquierda’ –una que ordene la relación entre la gran ciudad y los capitales en bien de la ciudadanía– son hoy menores que el año pasado. Mérito es de la derecha –de la ultra a la institucionalista– porque fue rápida en proponer una lectura de los resultados que arrojara como consecuencia «lógica» que las mejoras indispensables pasan por entregar áreas estratégicas de la Municipalidad a «técnicos» y especialistas en promoción de inversiones, aunque en ningún momento se ha cuestionado o intentado descartar una sola de las importantes iniciativas y reformas que Villarán avanzó en sus dos años al mando de la Municipalidad. Ahora es emplazada a ceder puestos estratégicos y a renegar del espectro de izquierda que la acompaña hasta hoy.

Quien también sufre presiones por estos días es nada menos que el presidente de la República, asediado desde diversos frentes a fin de que resuelva la solicitud de indulto a Alberto Fujimori. El cardenal Cipriani, y a renglón seguido, Alan García lo han emplazado a decidir –de modo favorable, se entiende– sobre el indulto. Para decidir bien, Humala debe recordar que obtuvo su puesto en buena medida por el peso que cobró el voto anti-fujimorista en la segunda vuelta de 2011. Ceder en este punto sería torcer la voluntad popular. De igual modo, la alcaldesa, sin caer en la soberbia, debe tener siempre presente que quién fue favorecida –y ahora, ratificada– por el electorado limeño fue ella, a la cabeza de una corriente de izquierda, y no sus eventuales aliados del PPC, que hoy ofrecen sus buenos oficios como gestores de lo que Villarán inició. Ambas autoridades deben mantenerse firmes ante las presiones. Y, ojalá, coincidir en un claro «NO».

desco Opina / 3 de abril de 2013

Bajo amenaza

Empezando por la presión política y la manipulación mediática para que se atienda el pedido de indulto para Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, hasta los intentos de sembrar el pánico en los mercados de la Capital a raíz de los hechos de violencia en La Parada, durante las últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión de situaciones que evidencian las serias amenazas que enfrenta hoy nuestra convivencia democrática.

La resistencia al cambio de un sector de comerciantes del hoy ex Mercado Mayorista de Lima, que se niegan a abandonar La Victoria, más allá de un problema de gestión y negociación técnica, se vincula a una irresponsable campaña política para fomentar el desgobierno en la ciudad y mermar la imagen de la alcaldesa de Lima. Ni los promotores de la revocatoria de Villarán, ni el ex alcalde Castañeda, ni los voceros del aprismo han tenido la más mínima discreción en mostrar su satisfacción con la difícil situación que tuvo que enfrentar la primera autoridad edil tras el fallido operativo del jueves pasado, que dejó dos muertos y varias decenas de heridos.

Diversos representantes de la derecha política y mediática, entre ellos el ex premier Del Castillo, han establecido comparaciones caprichosas entre sucesos como el Baguazo y lo ocurrido en La Parada. La comparación no sólo es forzada en relación al tipo de violencia, ni a los actores involucrados, sino también respecto a la iniciativa de gobierno que motiva la resistencia. En otras palabras, hay mucha distancia entre el anunciado ordenamiento del comercio mayorista de una ciudad, y una política escondida de concesiones energéticas indiscriminadas en territorio amazónico. Más digerible aparece el comentario del analista Martín Tanaka, que recordando diversos estallidos de violencia en los últimos años, llama a reconocer en ellos «la actuación de actores ilegales o paralegales que obtienen beneficios desmedidos» del statu quo.

Por si todo esto no resultara suficiente, ya en la semana anterior se registraron también en Lima, dos hechos vergonzosos que tienen en común la actuación de grupos intolerantes. Nos referimos al despido del director de la Galería Municipal de Miraflores y a la censura de una muestra gráfica en Villa El Salvador. En el primer caso, el pequeño grupo fundamentalista católico «Tradición y acción» presionó al alcalde de Miraflores para que retire la muestra de la escultora Cristina Planas, calificada de «blasfema»; increíblemente, consiguieron que el municipio despida a Luis Lama. En el segundo caso, se trató de la censura a varias piezas de arte gráfico que se exhibían en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador como parte de una muestra dedicada a repasar momentos como el asesinato de María Elena Moyano, el atentado Tarata, la Marcha por la Paz y la captura de Abimael Guzmán, hechos que, como señala el título de la exposición, cumplen «Veinte años en la historia del Perú». La recalcitrante fujimorista Martha Moyano, aunada a la poco clara actuación de los representantes del Ministerio de Justicia –entidad auspiciadora de la exposición– propiciaron la censura de piezas que apuntaban no a la responsabilidad del Estado en el clima de violencia de inicios de los noventa, sino a la actuación del líder senderista, Abimael Guzmán. Si hoy se «desaparece» opiniones que el fujimorismo considera demasiado «blandas» respecto al senderismo, ¿cuánta más libertad para «vigilar y castigar» tendrán esta clase de grupos de aprobarse leyes como la del negacionismo?

Todos estos hechos no deben verse como aislados. No nos referimos a una gran conspiración, sino a una creciente ola de conservadurismo e intolerancia, a las que hoy se suma la censura y la violencia expresa como parte del arsenal que los enemigos de la democracia –entre ellos la derecha derrotada en Lima– están dispuestos a emplear en su intento por asfixiar tanto las voces disidentes del discurso oficial sobre la guerra interna, como los necesarios cambios que Villarán y la confluencia quieren poner en marcha en la ciudad.

desco Opina / 29 de octubre de 2012
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El indulto y los campos en disputa

La presentación oficial del pedido de indulto para Fujimori por parte de sus vástagos amenaza con dejar a nuestro no tan locuaz presidente sin el único argumento que tenía para no hablar sobre el tema: «no he recibido nada». Queda claro que un sector, el mismo que se opuso con tenacidad a Humala en 2011, está a favor del indulto y mueven sus fichas en privado y en público para que éste sea otorgado. Panamericana televisión, por ejemplo, titulaba la noticia con el conmovedor rótulo ‘Con fe y esperanza’, palabras que uno esperaría para informar sobre la Teletón.

Cabría esperar algún resquicio de pudor para manifestarse desembozadamente desde la prensa ‘seria’ a favor de Fujimori, exaltando sus virtudes. Y cabría esperarlo porque él y su aparato se encargaron de comprar la línea editorial de diarios y canales de televisión. Hoy, los columnistas que rechazan –legítimamente– las expropiaciones del pasado, se hacen de la vista gorda con la compra fujimorista; al parecer mientras las cosas se mantengan dentro de la lógica del intercambio de prestaciones todo vale. En positivo, el tema ha tenido la virtud de explicitar las posturas de influyentes figuras del medio, tras varios años de apoyos oblicuos y tras el amago de mea culpa de los medios en conjunto, a poco de caer el régimen de Fujimori y Montesinos.

Pero más allá de los medios, los operadores políticos juegan su partido. La especulación sobre el canje de favores entre el nacionalismo y el fujimorismo no deja de tener cierto asidero, sobre todo si estamos hablando de un gobierno que parece estar supliendo su orfandad de ideas con la posibilidad cada vez más cierta de terminar asemejándose a quienes fueron sus rivales electorales. Por el momento, las declaraciones del presidente contra los «infiltrados» en organizaciones que podrían participar en las elecciones regionales y municipales de 2014, relacionadas sin duda a su animadversión por algunos presidentes regionales tipo Santos y con la huelga de maestros del SUTEP, le hacen el juego –tal vez inadvertidamente– al tipo de alertas sobre el terrorismo que más que defender al Estado buscan beneficiar a los Fujimori, por un lado, y reforzar aquella visión de los acontecimientos que pone en el mismo saco a Patria Roja y al Movadef, y, con nulo rigor histórico, a toda la izquierda, del lado del ‘terror’.

Sumado a eso, el presidente viene dejando claro que su hartazgo con algunos ministros de su primer gabinete con quienes, supuestamente él tenía que fungir como «profesor», es inversamente proporcional a su confianza casi ciega en figuras como el ministro Castilla. El MEF parece haber amasado, sin oposición alguna dentro de un gabinete demasiado cambiante, el poder para decidir respecto de las transferencias a gobiernos locales y regionales con miras a capitalizar apoyos para el 2014. Esto juega en pared, por ejemplo, con espadas de Damocles que penden sobre la institucionalidad de los gobiernos regionales, como las modificaciones a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que están dando vueltas en el Pleno del Congreso.

Si la reconcentración es la forma que el gobierno considera óptima para acumular fuerzas y capital político que no podrá obtener de operadores políticos –que no tiene– entonces parece que se quiere cuidar más de sus propias bases que de quienes tienen el poder de susurrarle al oído en salones privados.

La derecha, ante la sensación de haber perdido algo a nivel regional con la tercera victoria sucesiva de Chávez en Venezuela, parece más empeñada en que salga el indulto. Hay una afinidad que podríamos llamar cultural con «valores» como la mano dura y el autoritarismo que el personaje encarna, pero también, se percibe que golpea a los adversarios, lo cual es una forma difusa pero eficiente de ir ganando. Lo que continúa en el guión es el ataque a fondo al Informe de la CVR y, cómo no, ampliar la amnistía a niveles insospechados.

Por otro lado, la izquierda en sus intentos por fortalecer sus bases tiene un camino complicado con la pendiente recolección de firmas que enfrentan las fuerzas que quieren inscribirse para participar en 2014 y en 2016. Parece imposible pedirles que dejen de pensar en las elecciones a favor de hacer política, si entendemos esto último como la consolidación de discursos que disputen los sentidos comunes del libre mercado y el exitismo basado en la capacidad disuasiva del consumo. En ese sentido, la batalla del indulto sí es un pleito que debe comprarse para sentar posición contra la antipolítica como forma de relacionamiento entre Estado y sociedad.

desco Opina / 12 de octubre de 2012
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