El Foro Urbano Mundial sin Lima ni su alcaldesa

Del 5 al 11 de abril se llevó a cabo el séptimo Foro Urbano Mundial, en la ciudad de Medellín Colombia, evento organizado por Naciones Unidas para el Hábitat y que se convoca cada dos años, como la principal conferencia mundial sobre las ciudades. Se trata de un Foro técnico no-legislativo que convoca el Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (ONU-Hábitat) para examinar los retos que enfrenta el mundo en relación a los asentamientos humanos, como la rápida urbanización y su impacto en las ciudades, comunidades, economías, cambio climático y políticas.

El Foro (WUF por sus siglas en inglés de World Urban Forum) es la principal conferencia mundial en ciudades, que recibió esta vez la visita de 22 mil personas con la participación de representantes de 142 países, aunque como sabemos, la ciudad de Lima estuvo ausente y no contó con representación, ya que los regidores de la oposición en el concejo negaron insólitamente el permiso de viaje a la Alcaldesa Susana Villarán a esta cita mundial, a pesar de que esto no generaba gastos a la comuna Limeña. 

La cuestionable decisión tomada por el concejo municipal limeño impidió que haya una representación oficial de la ciudad de Lima, que no es poca cosa en el mundo, no solo por su ubicación estratégica en América del Sur, sino también por estar situada en el puesto 11 en el ranking mundial de ciudades más densamente pobladas.  La ausencia de una delegación oficial impidió mostrar sus retos y desafíos y como es que éstos se enfrentan, en un contexto en el que se hicieron visibles los problemas de las mega ciudades y se confrontaron estrategias y alternativas para combatir la desigualdad urbana. 

Como lo mencionara Joan Clos, director ejecutivo de ONU-Hábitat y ex alcalde de Barcelona (España), la demanda por combatir la desigualdad urbana ante el modelo predominante actual de un urbanismo, que nosotros identificamos como propio del ordenamiento económico neoliberal, que «no es suficientemente sostenible, desde el punto de vista ambiental ni social», debido a que solo alienta las desigualdades sociales; fue un tema central del evento.

La participación de la ciudad de Lima en este Foro Mundial de los socios de la Agenda Hábitat en la que estuvieron funcionarios y expertos de programas internacionales relevantes, entidades financieras y agencias de cooperación internacional, hubiera sido un espacio ideal para sacar provecho para nuestra ciudad capital. Sin duda, el Foro ha servido para identificar nuevos temas, y las ciudades participantes han podido nutrirse del intercambio de experiencias de los procesos de crecimiento y desarrollo de las ciudades. Las lecciones aprendidas en otros contextos urbanos y las buenas prácticas y políticas implementadas a nivel mundial encuentran en estos eventos la posibilidad de ser socializadas y compartidas. Son muchas las preguntas que se intentan responder y centenas las experiencias exitosas de las que se puede aprender, de esfuerzos que se están haciendo en el mundo, enfrentado a un futuro definitivamente urbano en el que cada año se incrementa significativamente la población viviendo en ciudades que demanda y exige servicios básicos, seguridad, empleo, etc. 

Habría que preguntarse si no se ha desperdiciado, por mezquindad y escasa visión, una buena oportunidad para intercambiar ideas y enriquecerse con experiencias y buenas prácticas. Justamente cuando, por ejemplo, se está trabajando el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM) que aspira a ofrecer una propuesta de urbanización sostenible y a alcanzar una mayor equidad en el desarrollo urbano con la participación activa de los actores presentes en las ciudades: pobladores, empresarios, instituciones públicas y privadas, universidades, jóvenes y mujeres, entre otros, para identificar perspectivas de trabajo conjunto que mejoren la calidad de vida de todos.

desco Opina - Regional / 16 de abril de 2014

Programa Urbano
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El Programa Metropolitano de vivienda popular

En diciembre del año pasado, en pleno fragor del proceso de revocatoria de la alcaldesa de Lima, el concejo municipal metropolitano aprobó la ordenanza que creaba el Programa Metropolitano de Vivienda Popular. Este programa, instituido para enfrentar por vez primera la creciente problemática del acceso de vivienda para sectores populares (que son la mayoría de la población urbana), parece sin embargo haberse congelado en el tiempo ya que pese a los meses transcurridos no se dispone de información sobre su avance.

Esta iniciativa impulsada entonces por la regidora Marisa Glave, (presidenta de la comisión de desarrollo urbano de la municipalidad metropolitana hasta su revocatoria) contó con el respaldo casi unánime del Concejo y parecía abrir un nuevo espacio de trabajo y compromiso con un serio problema nunca antes atendido por el municipio: la vivienda popular.

Superado el proceso de revocatoria y en el marco explícito de la convocatoria formulada a otros partidos políticos por la alcaldesa metropolitana para realizar un trabajo conjunto, rubricado con la firma del Acuerdo por Lima, parecía posible dar prioridad no solo a la reforma del transporte sino también a programas como Barrio Mío y Vivienda Popular. Sin embargo, las expectativas de que por fin, el gobierno Metropolitano, asuma la problemática de la vivienda popular en la ciudad de Lima, parecen haberse diluido en un espejismo que se desdibuja por falta de voluntad política municipal.

A más de ocho meses de aprobada la ordenanza 1643 que crea el Programa Metropolitano de Vivienda Popular, la municipalidad metropolitana no ha dispuesto una asignación presupuestal destinada al mismo, lo que hace temer que finalmente no se cumpla con este importante compromiso de atención a la precaria situación de la vivienda de cientos de miles de familias de la metrópoli.

Como sabemos bien, para las familias de escasos recursos, las mayorías pobres de Lima, el acceso a una vivienda adecuada es una tarea titánica que requiere del apalancamiento, apoyo y asesoría del Estado, en este caso, del gobierno municipal. Resulta bastante preocupante que la Municipalidad Metropolitana de Lima, con un discurso y un compromiso explícito de apoyo al mejoramiento de la vivienda que parecía resuelta en este campo no esté avanzando al ritmo esperado y que la atención a los problemas de la vivienda se mantenga fuera de sus prioridades. Mientras tanto la atención a la vivienda se mantiene limitada a servir solo a los sectores medios mediante las políticas del Ministerio de Vivienda, situado de espaldas a los pobres de las ciudades y el campo.

desco Opina - Regional / 25 de julio de 2013
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Lima y sus jueces

Una reciente encuesta muestra que la mayoría limeña respalda el traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita. El amplio apoyo ciudadano a la medida de ordenamiento emprendida por la Municipalidad de Lima, sin embargo, contrasta con las idas y vueltas que el caso toma en el Poder Judicial y con la popularidad bajo presión de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el bloqueo de los ingresos a La Parada. En los meses transcurridos desde entonces, hemos sido testigos del uso irregular de medios judiciales para minar la autoridad urbana y entrampar el ordenamiento del sistema de abastecimiento de Lima. No sólo eso: también vemos cómo se retrasa la recuperación de un espacio público vital para la ciudad.

La dilación por la vía judicial deja varios asuntos para la reflexión. Son muchos los problemas de gestión municipal cuyo principal cuello de botella son malos jueces, como Malzon Urbina o jueces formados en un sistema de leguleyadas, antes que en la búsqueda del equilibrio entre la defensa de los derechos de las personas y la salvaguarda del interés público. Este tipo de jueces explica por qué la Municipalidad de Lima no ha logrado imponerse frente a las mafias del abastecimiento ni llegar a acuerdos serios con los comerciantes informales de La Parada.

El escenario para la gestión urbana es complicado cuando se combinan factores como la decaída autoridad municipal –a la que abonó el absurdo intento de revocar a Villarán–, el comportamiento mafioso de los «emprendedores» locales –comerciantes y capitalistas– que imponen su interés privado sobre las necesidades de la ciudad, y la mala actuación del Poder Judicial.

La suma de estos factores explica en buena parte que Lima no haya podido emprender la restructuración de Mesa Redonda y que las pocas medidas que la Alcaldía ha tomado para controlar su expansión hayan quedado apenas como gestos. Nos referimos aquí a los inefectivos cierres preventivos de locales como el Campo Ferial La Cochera, donde en el verano de 2012 se produjo un incendio –felizmente controlado– que reavivó el fantasma de la tragedia de 2001, donde murieron al menos seiscientas personas entre compradores y trabajadores del comercio.

Nos referimos también a la clausura «definitiva» de los locales que funcionan como depósitos en el histórico Barrios Altos, sanciones que no han sido acatadas, pues dichos negocios continúan operando a vista y paciencia de serenos, policías y funcionarios de fiscalización de la comuna limeña. La poca efectividad de estas medidas merma la credibilidad de la Alcaldesa, aumenta el malestar entre los vecinos que apostaron por respaldarla ante la revocatoria y, más importante que todo ello, significa la aceleración del deterioro del patrimonio construido y la calidad de vida en el centro de la ciudad.

Ahora que nos encontramos en un período de tránsito, a puertas de las elecciones complementarias de octubre, esperamos que las fuerzas políticas que buscarán su participación en la gestión edil generen un debate que busque atender a estos aspectos, fundamentales para salvaguardar el principio de convivencia y de ordenamiento del territorio que compartimos.

A los puntos del acuerdo de «ancha base» propuesto por Villarán, entre los que se cuenta la reforma de transporte, el programa municipal Barrio Mío, la modernización del comercio mayorista de alimentos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, entre otros; debe sumarse un consenso para buscar la reforma del Código Procesal Penal, de modo que se impida que las medidas cautelares que otorga el Poder Judicial, en lugar de ser garantía de justicia, sean una muralla contra la que chocan todos los intentos de producir una mejor ciudad.

desco Opina - Regional / 3 de junio de 2013
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Lima Sur en la revocatoria

Finalizado el proceso de consulta popular de revocatoria de las autoridades municipales de Lima Metropolitana, una mirada a los resultados nos permite algunas reflexiones sobre las características que tuvo este hecho político en Lima Sur, y cómo responden a importantes cambios que han tenido lugar en esta gran zona de la metrópoli, que hoy es mucho más compleja, distinta a lo que resumía la imagen del «Cono Sur» en el siglo pasado.

San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo conforman la tríada más importante en términos de población y electorado; antes llamado Cono Sur, este conjunto concentra más de 650 mil electores efectivos. Estos distritos combinan barrios consolidados e importantes actividades económicas, con zonas de explosivo crecimiento demográfico y continua expansión urbana, lo que produce un territorio altamente heterogéneo, así como significativos «bolsones» electorales articulados a la actividad de los grupos políticos locales, no sólo los de alcance nacional, como el aprismo o el fujimorismo, sino también, redes de intereses vinculados a los gobiernos municipales de turno. Es en estos espacios donde alcaldes alineados con una u otra opción frente a la revocatoria, intentaron sumar su capital propio a las campañas, con relativo éxito.

Destaca el alcalde de San Juan de Miraflores-SJM, Adolfo Ocampo, en 2010 electo por Cambio Radical, partido de Alex Kouri. Con origen en Izquierda Unida, fue varias veces reelecto y durante los noventa ofició de coordinador de los municipios fujimoristas en Lima. Ocampo se jugó por el SÍ, y en esa línea impulsó la revocatoria en las concentraciones más populosas de SJM, como Rinconada Alta, donde libró batalla con Fuerza Social, que trata de mantener presencia activa en la zona. Finalmente, el triunfo del NO se produjo por un margen muy estrecho y tanto como una actitud contraria a Villarán, esto podría evidenciar las resistencias frente a una gestión distrital altamente polémica.

Por el contrario, en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo el SÍ triunfa de lejos, aunque Guido Iñigo y Silvia Barrera, sus respectivos alcalde y alcaldesa, hayan aparecido desde la primera hora al lado de Susana Villarán, respaldándola públicamente, en particular Barrera, electa por Perú Posible, partido que formó parte de la coalición por el NO y bajo cuyo auspicio se realizó uno de los mítines más importantes de Villarán. Lo cierto es que ambas figuras han tenido dificultades para consolidar su legitimidad y definir su línea de gobierno, con lo cual su voluntad de endose, al menos en algunos sectores, podría haber sido más bien de signo negativo.

Más allá de esta tríada distrital, Lima Sur también está conformada hoy por el territorio que se proyecta al sur del Río Lurín. En el sentido común «balnearios», los distritos del litoral sur son siempre excluidos de los análisis, por su relativo poco peso electoral. No obstante, el mayor poblamiento barrial, el reciente acceso al agua y la mayor oferta de transporte los «acercan» cada vez más a la gran metrópoli, a la vez que los definen no sólo como espacios cada vez más heterogéneos socialmente, sino como actores del movimiento de expansión barrial, donde Nueva Pucusana, entre otros, aparece como nuevos «bolsones» electorales. Debe también llamar a reflexión que actualmente Lurín sea superado en número de electores efectivos por Pachacamac, distrito poco mencionado, a diferencia de una de sus zonas: Manchay, donde se estima una población de más de quince mil familias.

Varios otros elementos sumaron al SÍ, algunos de ellos relativos a la historia política reciente de Lima Sur, cada vez más distante de aquella en que la izquierda formó su identidad con las mayorías urbanas. En primer lugar, tenemos el «obrismo» no sólo de las alcaldías locales, sino de los dirigentes vecinales, particularmente potente en las zonas de expansión barrial. Luego está la complicidad de las organizaciones locales –de izquierda y derecha– con la política basada en la popularidad, la relación clientelar y la dádiva, antes que en intereses comunes. Y con intereses comunes no nos referimos a abstracciones, sino a demandas concretas relativas a la calidad de vida en los barrios, a la inversión en espacio público y a la mejor gestión de las potencialidades económicas de los distritos, en diálogo con lo metropolitano.

La propuesta de un Frente Amplio en Lima Sur, a partir de las agrupaciones del NO –Fuerza Social, Tierra y Libertad, Movimiento Nueva Izquierda y Movimiento Sin Techo, entre otros– no puede soslayar que, a la dura derrota del «No» en Lima Sur ha aportado la performance electoral de las expresiones de izquierda local, en al menos los últimos cuatro períodos municipales. El reto será redefinirse ante modelos municipales que han dejado de lado la organización de la gente, suplantándola con un discurso cada vez más vacío sobre la participación ciudadana y la concertación, en complicidad con los cuadros de izquierda local.

desco Opina - Regional / 9 de abril de 2013
Programa Urbano

Fuerzas de flaqueza

A la luz de los resultados de la consulta revocatoria en Lima Metropolitana, una de las más apremiantes preguntas es si la alcaldesa Villarán, golpeada por la salida de los regidores oficialistas, podrá continuar su gestión desde una identidad de izquierda. En un escenario polarizado, su posición debilitada es terreno propicio para quienes están interesados en mejorar su participación en el poder, o simplemente sacar adelante agendas postergadas.

Muchos analistas adjudican el triunfo del ‘NO’ a la participación de Lourdes Flores o el PPC, suponiendo esto como un «aval» determinante para obtener ventaja en espacios tradicionalmente contrarios a la izquierda. Asimismo, agregan a sus cálculos las votaciones adversas en distritos de identidad popular, donde habría predominado un voto anti-izquierdista. Una lectura menos interesada de los reportes de ONPE llama a prestar atención a la votación en blanco, a la menor cantidad de votos –a favor o en contra– recibidos por los concejales del PPC y a los importantes niveles de ausentismo en los distritos en los que el NO aventaja por amplio margen al SÍ, comportamientos electorales que no expresan precisamente motivaciones ideológicas ni posturas militantes contra la izquierda en particular.

Lo cierto es que los resultados no hubieran sido posibles sin la existencia de fuerzas en la izquierda organizada y sin la movilización hormiga, que con la cobertura de una fuerte campaña mediática lograron –en un tiempo bastante corto– dar vuelta a cifras del todo adversas, en la plaza más conservadora del país. La permanencia de Villarán en el cargo muestra que, a pesar de la durísima campaña en contra del estilo de la alcaldesa, existe un importante sector del electorado que respalda su propuesta de gobierno.

La defensa de dicha propuesta de gobierno permitió que en los medios se dedique espacio a debates sobre el transporte público y cómo gestionarlo, las necesidades de inversión en barrios de difícil acceso y físicamente vulnerables, la ya citada relación con el capital privado, entre otros. Si bien la atención a estos temas puede haber sido marginal tratándose de una campaña en la que predominó el tono beligerante, sacando de un mal un bien, podemos decir que la revocatoria nos ha permitido tener una imagen de cuáles son las organizaciones políticas que tienen propuestas para Lima y cuáles son aquellas fuerzas que están dispuestas a rifarse el destino de la capital por venganzas políticas, intereses particulares o dudosos cálculos de su fortuna en los comicios de 2016.

Como fuere, las posibilidades de hacer una alcaldía ‘de izquierda’ –una que ordene la relación entre la gran ciudad y los capitales en bien de la ciudadanía– son hoy menores que el año pasado. Mérito es de la derecha –de la ultra a la institucionalista– porque fue rápida en proponer una lectura de los resultados que arrojara como consecuencia «lógica» que las mejoras indispensables pasan por entregar áreas estratégicas de la Municipalidad a «técnicos» y especialistas en promoción de inversiones, aunque en ningún momento se ha cuestionado o intentado descartar una sola de las importantes iniciativas y reformas que Villarán avanzó en sus dos años al mando de la Municipalidad. Ahora es emplazada a ceder puestos estratégicos y a renegar del espectro de izquierda que la acompaña hasta hoy.

Quien también sufre presiones por estos días es nada menos que el presidente de la República, asediado desde diversos frentes a fin de que resuelva la solicitud de indulto a Alberto Fujimori. El cardenal Cipriani, y a renglón seguido, Alan García lo han emplazado a decidir –de modo favorable, se entiende– sobre el indulto. Para decidir bien, Humala debe recordar que obtuvo su puesto en buena medida por el peso que cobró el voto anti-fujimorista en la segunda vuelta de 2011. Ceder en este punto sería torcer la voluntad popular. De igual modo, la alcaldesa, sin caer en la soberbia, debe tener siempre presente que quién fue favorecida –y ahora, ratificada– por el electorado limeño fue ella, a la cabeza de una corriente de izquierda, y no sus eventuales aliados del PPC, que hoy ofrecen sus buenos oficios como gestores de lo que Villarán inició. Ambas autoridades deben mantenerse firmes ante las presiones. Y, ojalá, coincidir en un claro «NO».

desco Opina / 3 de abril de 2013

Reflexión post revocatoria

La ONPE dio a conocer los resultados de la jornada revocatoria del 17 de marzo, pero lo único claro es que seguimos sin resultados completos y definitivos. El 45.65% de las actas de votación, equivalentes a más de 2 millones de votos se encuentran observadas, lo que es resultado de los problemas técnicos y de organización del proceso, evidenciando la corresponsabilidad de los dos órganos electorales del país. La alcaldesa Villarán completará su mandato pero su bancada de regidores podría ser virtualmente desaparecida, lo que impide hablar de una victoria del No. Como lo adelantara el analista Fernando Tuesta, el resultado, que era uno de los posibles, no es de los mejores.

No obstante esta situación de indefinición y cualquiera que sea el resultado final, es evidente que el principal ganador del proceso es el Partido Popular Cristiano que apostó temprano por la institucionalidad y en particular su lideresa Lourdes Flores, que se posicionó como una abanderada clara del voto 40 veces no. Con ella, y como parte de la campaña, el partido de Bedoya Reyes, ha posicionado algunos rostros nuevos, entre los que destaca claramente el del regidor Pablo Secada.

Con ellos, aunque en medida menor, obtienen réditos otras fuerzas políticas que se comprometieron con la defensa de la continuidad de la gestión Villarán. Perú Posible, más que ellos Anel Townsend, Somos Perú, Acción Popular y Alianza por el Gran Cambio, entre otros, son parte de este sector que abrió las puertas a la posibilidad de una inédita coalición para la gestión metropolitana, pero también para defender la institucionalidad democrática.

En la vereda del frente, el principal derrotado es Luis Castañeda y con él Solidaridad Nacional. Su hijo fue el único regidor sistemáticamente «buscado» en el padrón por un número significativo de votantes, que expresaban de esta manera su rechazo al padre, a sus métodos y a sus distintos escuderos, incluyendo naturalmente a Marco Tulio Gutiérrez y su pléyade de acompañantes. También pierde, y fuertemente, el viejo partido de Alfonso Ugarte, arrastrado por la ambición de Alan García, quien tras lanzar la piedra, escondió rápidamente la mano, usando como argumento su inverosímil condición de militante disciplinado.

El fujimorismo también pierde, pero Keiko Fujimori se cuidó de mantener un perfil bajo y silente, permitiendo la acción de personajes de segunda fila como Marta Moyano. A fin de cuentas, ella y García parecen darse cuenta que de cara al 2016 tendrán que disputarse los votos de los tumultosos sectores que optaron por el Sí en esta ocasión.

Más allá de esta rápida y esquemática radiografía, hay tres cuestiones sobre las cuales reflexionar. En principio, es evidente que el mecanismo de la revocatoria debe revisarse de inmediato. El diseño actual atenta contra la democracia y la institucionalidad de manera obvia, por lo que mantenerlo tal cual sería una demostración de irresponsabilidad descomunal. En segundo término, es claro que la eventual revocatoria de la bancada de Villarán, reduce al mínimo a la izquierda de la escena oficial y la obliga, aún más de lo que ya estaba, a repensarse radicalmente, aprendiendo de las lecciones que debe dejarle el proceso. Cierto es que figuras como Marisa Glave y Eduardo Zegarra emergen agridulcemente como rostros nuevos para ese proceso que debe ser inmediato, pero es evidente que ello, siendo importante, es muy poco.

Finalmente, y más importante, el proceso de revocatoria que está concluyendo, muestra la importancia y la fuerza creciente que está adquiriendo la contradicción que enfrenta a quienes defienden la institucionalidad democrática y una manera civilizada de entender la política, con aquellos otros sectores, defensores y beneficiarios del todo vale, enemigos de toda forma de transparencia y abanderados del mercado en sus versiones más oscuras y salvajes. Que liberales y socialistas se hayan encontrado juntos coyunturalmente en la defensa del No puede ser una señal de los desafíos que los actores de la política peruana eventualmente deberán enfrentar en los años venideros, máxime cuando observamos la precariedad de algunas instituciones del Estado, como las que están a cargo del proceso electoral.

desco Opina / 21 de marzo de 2013

La votación como castigo

A medida que se acerca la fecha establecida por el Jurado Nacional de Elecciones para la consulta de revocatoria a las autoridades municipales de Lima, aumenta entre los electores limeños la sensación de malestar ya no sólo frente a una campaña muy proclive a la afrenta y al insulto, sino hacia el acto electoral mismo. La complejidad del proceso, traducida en una cédula extra large, anuncia que el 17 de marzo será un muy largo domingo en la ciudad capital.

El descontento ya no es sólo de los votantes, sino de los ciudadanos llamados a trabajar de la mano con los organismos electorales como miembros de mesa el domingo 17 de marzo. Informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE indican que aún no se logra alcanzar ni el diez por ciento en la meta de capacitaciones, lo que deja claro que no había necesidad de adelantar el proceso, como determinó el Jurado Nacional de Elecciones al negarle a la ONPE la solicitud de no lanzar un cronograma especial para Lima. Así las cosas, la “fiesta democrática” se extenderá hasta altas horas de la noche, entre extenuantes conteos que no arrojarán resultados claros sino tras varios días de incertidumbre. Es la votación como un castigo para los “sorteados” y a la vez, como un castigo del JNE contra la ONPE, en su larga disputa por su capacidad rectora en materia electoral.

La puja en las encuestas, con la caída amortiguada del Sí y una “meseta” del No, ha llevado a las campañas contendoras a pensar una táctica más focalizada en los sectores que les son esquivos en los sondeos de opinión. Con escasas dos semanas para presentarse a batalla, el No ha equilibrado la campaña mediática –paneles de gran formato, artistas invitados, spots televisivos- con el protagonismo del trabajo político. Un trabajo político que se sostiene, por un lado, en los militantes de la confluencia de izquierda y las organizaciones vecinales impulsando comités distritales y preparando personeros, y por otro lado, el más polémico, en un pacto político con el PPC, que se remataría con acuerdos programáticos para los dos años siguientes de gestión municipal de darse el cada vez más probable triunfo del NO.

Por su parte, el Sí ha salido a “morder” en los sectores A-B, señalando –como hizo la derecha en las elecciones que perdió frente a Villarán- un supuesto componente “ultra”, representado por los partidos Patria Roja y Tierra y Libertad, que actualmente cuenta con regidores en el Concejo limeño. Se acusa la vocación “anti-inversiones” de dichos partidos, obviando las posibilidades de participación de capitales privados que ha transparentado la Municipalidad de Lima en distintos proyectos, jalonando el escenario de Cajamarca y el conflicto generado por el intento de imponer el proyecto minero Conga. El apoyo condicionado de Pedro Pablo Kuczynski –que se quede Susana, que se vaya Tierra y Libertad- representa bien la utilidad que la derecha ve en la revocación: una forma de castigar la voluntad de la alcaldesa de gobernar la ciudad con sus aliados de izquierda. Es el castigo que se suma al que sufre Villarán desde su primer día como vecina de la Plaza Mayor, cuando quienes salieron de la Municipalidad a tentar futuro en las presidenciales la amenazaron con revocarla aún antes de que empiece a gobernar.

Como ha ocurrido en el grueso de procesos de revocación en otras regiones del país, los perdedores buscan castigar a los ganadores, dejando de lado el sentido de fiscalización que está en el espíritu del mecanismo. La particularidad en Lima es que la derecha busca castigar a la izquierda y con ello desdibujarla como opción de gobierno. El punto es que la democracia no es un sistema de venganza, sino un instrumento para garantizar que las mayorías no van a ser marginadas de las decisiones del poder. Esperamos que a partir de los resultados del 17 de marzo las fuerzas democráticas piensen que su alineación se debe no a vendetas y cálculos hacia el 2016, sino en primer lugar a la necesaria respuesta ante retos para el buen gobierno, como el que supone la inseguridad ciudadana, tema que hoy pone en jaque al gobierno y por enésima vez, a las autoridades policiales y del Ministerio del Interior.

desco Opina /  04 de marzo de 2013
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Auto-construcción de vivienda: ¿apoyarla o combatirla?

La actividad constructiva con fines habitacionales que llevan a cabo las familias que ya cuentan con un lote de terreno, es quizá la modalidad más extendida de provisión de vivienda en las ciudades peruanas, y en el caso de Lima, sólo en años muy recientes puede contrastarse con las cifras de nuevas unidades de vivienda producidas por empresas inmobiliarias en el marco de programas estatales como MiVivienda.

Asociada con la «informalidad» y «las invasiones», la autoconstrucción es una realidad poco comprendida y poco apreciada por nuestras autoridades. Al definirse principalmente por la ausencia de un profesional que garantice la calidad de la edificación, se pierde de vista uno de sus principales atributos: se trata de vivienda construida progresivamente, por etapas, según las posibilidades del ahorro familiar y al ritmo de las necesidades de sus miembros.

Con la retina puesta en el rentable mercado de los departamentos para los sectores socioeconómicos A, B y C, en el curso del llamado «boom inmobiliario» el empresariado de los rubros asociados a la construcción no tuvo entre sus prioridades la producción de vivienda social. Y a pesar de haber diseñado programas de crédito dirigidos a las familias de bajos ingresos, el Ministerio de Vivienda ha sido también poco proactivo para atender este mercado, presentando año tras año una baja performance en la ejecución de bonos Techo Propio.[1] Su actividad preferencial en este rubro ha sido la búsqueda de suelo nuevo para producir en masa vivienda de bajo costo, lo que resulta bien poco atractivo para los millones de familias que ya cuentan con suelo y con título de propiedad. El reto es hacer vivienda formal en lo que empezó como informal. Para desco, esto supone conocer, y luego, formalizar el paquete tecnológico que explica el éxito –y las limitaciones- de la producción social de la ciudad y la vivienda.

Es claro que sin políticas públicas para brindar asistencia técnica a la construcción progresiva de vivienda y con municipios con pocos recursos para ejercer sus funciones de control urbano, la vivienda producida en estas condiciones presenta numerosos inconvenientes y condiciona no sólo la seguridad física del tejido urbano, sino también la calidad habitacional, esto es, el disfrute de una vivienda digna. Pero justamente por ello el esfuerzo público debe dirigirse a mejorar estas condiciones, antes que a combatir una de las constantes que alimentan el crecimiento económico generado por la construcción, con un 3.6% del PBI nacional.

Con el propósito declarado de promover el acceso a la vivienda digna, en diciembre pasado, la alcaldesa de Lima Susana Villarán anunció que su gestión, a través de EMILIMA[2], ha creado el Programa Metropolitano de Vivienda Popular - PMVP (ordenanza 1643), que llevará a cabo en 2013-2014 proyectos piloto en tres frentes: renovación urbana (destugurización), nuevas urbanizaciones y «densificación», es decir, crecimiento de la vivienda ya construida, una de las principales necesidades de la autoconstrucción que realizan las familias de los sectores populares. Y lo más importante: en coordinación con el Ministerio de Vivienda, el PMVP promoverá el uso de bonos Techo Propio, generando una importante sinergia en la inversión pública. Otra razón de peso para oponerse a la aventura política que significa para nuestra ciudad el proceso de revocatoria contra las autoridades metropolitanas.

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[1] Este programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con dos modalidades: crédito para vivienda nueva y crédito para construcción en sitio propio, esto es, dirigido a las familias que ya cuentan con un lote de terrenos sobre el cual pueden edificar su vivienda.

[2] EMILIMA: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima.

desco Opina - Regional / 11 de febrero de 2013

Programa Urbano

Revocatoria: el 2016 ahora

El proceso para la revocatoria de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima se va calentando con el verano. Los promotores originales van pasando ya a un discreto segundo plano, conforme se hace visible el juego y los intereses de los distintos partidos políticos que anuncian su respaldo al No o se suman activos y entusiastas a la campaña por el Sí.

El destino de Lima se ha convertido en la coartada que anima la resurrección de los partidos y sus principales líderes, anticipando inusitadamente la carrera presidencial hacia el 2016 y preparándose para lo que se imaginan una seguidilla electoral: campaña revocatoria, probable nueva elección en Lima, elecciones municipales y regionales y, finalmente, la meta que organiza desde ya sus comportamientos y aspiraciones.

Como no podía ser de otra manera, Alan García se adelantó a todos. Lanzó en apoyo al Sí a las principales figuras del partido al que en teoría pertenece y con idéntica velocidad escondió la mano, pues su negocio exige no aparecer directamente vinculado a una campaña bastante sucia. Para esa tarea cuenta con sus alfiles, interesados en un lugar a su lado en un eventual retorno a la Casa de Pizarro.

Aunque en un primer momento los voceros más visibles del fujimorismo se sumaron a los revocadores, Keiko Fujimori –algo más reflexiva y centrada en el juego del indulto– se pone de perfil y busca desmarcarse tanto de Marco Tulio Gutiérrez y su gente, como de García y el APRA, a los que no quiere tener compitiendo en la segunda vuelta del 2016. En tanto, Luis Castañeda trata de guardar silencio, lo que no le cuesta mucho trabajo; parte de una liga menor que no puede pretender protagonismo en la mencionada segunda vuelta, delega en sus escuderos las intervenciones más agresivas a favor del Sí, calculando su retorno al sillón municipal.

El Partido Popular Cristiano se ha pronunciado contra la revocatoria, calculando también el rédito que ello puede representarle de cara al futuro, más aún tratándose de Lima, a fin de cuentas su plaza fuerte. Como ellos e incluso con mayor visibilidad, Perú Posible y Alejandro Toledo se han pronunciado enfáticamente por el No y casi desde el primer momento adquirieron protagonismo en la campaña a través de Anel Townsend. Como es obvio, el ex presidente busca tejer una relación de mediano plazo con sectores de la izquierda que le resultarán fundamentales para aspirar a la segunda vuelta. Para los distintos grupos de izquierda, de una u otra manera presentes en la Municipalidad Metropolitana de Lima, una victoria del Sí en marzo afectaría considerablemente sus posibilidades futuras y los aislaría.

No obstante estos juegos, los partidos no han logrado unanimidad entre sus propios militantes, así muchos de ellos, expresando una posición distinta a la de su agrupación, acepten «disciplinadamente» la posición de aquellas. Juan Carlos Eguren, Javier Valle Riestra, Michel Urtecho o Luz Salgado, por citar apenas algunos, expresan las tribulaciones de gentes que también, seguramente, están pensando en su futuro para el 2016. Lejos de ellos, los electores parecemos reducidos a simples fichas en un juego de fondo.

desco Opina / 1º de febrero de 2013
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Cuadrando los intereses detrás de la revocatoria

Junto al aumento en la aprobación del Presidente de la República, las encuestas nos informan de la dura batalla que la Alcaldesa Villarán tiene por delante para evitar la revocatoria. Para Villarán la cosa ha ido cuesta arriba desde la inundación en la obra de Vía Parque Rímac por la subida del caudal del río Hablador. En ese momento se pensaba que la campaña por el ‘Sí’ estaba en velocidad de crucero mientras que la del ‘No’, con asesor internacional de por medio, no arrancaba aún. Hoy, con la inclusión del APRA en la contienda se termina de marcar la cancha y queda claro que los argumentos «técnicos» a favor de la revocatoria son lo de menos frente al carácter político del proceso. Para los promotores del ‘No’, que el APRA se sume a la campaña contra Villarán es la oportunidad de desnudar los intereses reales de los revocadores.

Hasta el momento, la prensa anti izquierdista había sido eficiente en sembrar la idea inverosímil de que la alcaldesa no hace ‘nada’ y que el ‘anti villaranismo’ era un sentimiento popular, de las calles. Como tal, resultaba comprensible su carácter inorgánico y desorganizado, al punto que no debería sorprender que, por ejemplo, los asistentes a una manifestación contra Luis Favre no supieran contra quién estaban protestando; para esta prensa «la indignación del pueblo es así». Por otro lado, avivar la desconfianza de clase e incluso étnica es uno de los aportes más destacados del fujimorismo a la causa del ‘Sí’, logrando transformar la alusión a (‘sucias’) mafias en un supuesto desprecio hacia lo popular por parte de los defensores de Villarán, interpretación lamentablemente alimentadas por voceros oficiosos actuando con reflejos de una pretendida aristocracia.

Las denuncias sobre los torcidos métodos de Marco Tulio Gutiérrez para financiar su campaña sirven como ejemplo de lo irregular del procedimiento, pero no de los intereses de fondo. En cambio, apuntar al papel de Alan García ayuda a apreciar que el ‘Sí’ está lejos de ser espontáneo y que no sólo Castañeda se beneficiaría con la derrota de Villarán. La tesis más sólida habla de una especie de «primera vuelta anticipada» de 2016 con García y Castañeda, en pared con Keiko, enfrentándose a los demás, entre ellos a Lourdes Flores y PPK, que si bien son contrarios a la revocatoria no pondrán ni medio personero el 17 de marzo, mientras que el partido de Alfonso Ugarte moverá su maquinaria. Eso, que juega en contra de Villarán, a la vez le facilita un blanco político más claro que ‘las mafias’ sin rostro definido a las que se ha referido hasta el momento. Difícil que el APRA traiga un aluvión de nuevos votos por el ‘Sí’, pero es un excelente enemigo político.

Por otro lado están los intereses económicos. En una nota reciente, la Confiep, acostumbrada a explicarse la política siguiendo la ruta del dinero, señala que la cartera de inversiones presentada por la MML ascendería a US$ 4 mil millones en grandes proyectos de infraestructura. No hablamos ya de capital político, sino de la administración de jugosas contraprestaciones. Imaginamos que esto último sirve como jugoso consuelo y aliciente para los promotores de la revocatoria ‘en el campo’ que hoy ven relegado su papel político en los medios por la inclusión de Mulder, Vílchez, Velásquez Quesquén, Cabanillas y demás.

Finalmente, en todos los escenarios que abre la revocatoria, Villarán tiene que imprimir un giro a su gestión y a su papel como izquierda gobernante. Aún si triunfara el ‘No’, deberá alejarse del estilo austero que no dio resultados y tener un programa agresivo de inversión y obra física. En ese supuesto, parece más o menos claro que la lucha contra la corrupción pasará a un segundo plano en su agenda. En lo que respecta al espacio de la izquierda, aún con su triunfo, será poca la capacidad de Villarán para ordenar el escenario nacional de cara al 2016 en vista de sus precarios vínculos de identidad con los sectores populares y emergentes, los que no logrará mejorar únicamente con personalidades y estrellas de la TV.

desco Opina / 18 de enero de 2013
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Gestión de residuos en Lima Sur: mejoras distritales, pendientes metropolitanos

El último informe del Ministerio del Ambiente sobre la Gestión Nacional de Residuos Sólidos 2010 – 2011, indica que Lima genera un promedio aproximado de 2 123 016 toneladas de residuos al año. En Lima Sur, una de las zonas más contaminadas de la capital y con menor calidad de aire según el SENAMHI, la acumulación de basura en varias de las principales calles refleja el desinterés o la incapacidad de los municipios por brindar un buen servicio. Esto hace que en la percepción de la gente, el problema de la basura esté casi al mismo nivel que el de la falta de redes de agua y desagüe.

La recolección de desechos que realizan los municipios de Lima sur no tiene como único destino el relleno oficial operado por el consorcio Relima, sino también botaderos informales y clandestinos. El «ahorro» por no llegar al relleno se paga con el deterioro de la calidad ambiental y la salubridad de las zonas aledañas. A ello se suma el problema del desmonte producto de la actividad constructiva de los vecindarios, que se arroja en vías y espacios públicos poco cuidados, empeorando su estado y generando focos de acumulación de basura.

El Plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - PMM, iniciativa encabezada por el Ministerio de Economía, permite a los municipios obtener mayores recursos para mejorar la gestión de residuos sólidos. En este marco, se han implementado desde 2011 en Lima más de una veintena de Programas de Segregación en la Fuente, que involucran no solo a los vecinos, sino también a las y los recicladores que actúan en estos distritos. Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Lurín cumplieron las metas del PMM, y entre ellos los tres primeros integran a sus recicladores en la operación del servicio. En el caso de Villa El Salvador, el PMM ha sido la oportunidad de reactivar el Bono Verde, un descuento mensual de 20% en los arbitrios para las familias que entregan a las y los recicladores organizados sus residuos separados.

Entre tanto, el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) para Lima Metropolitana no se ha concretado y es uno de los pendientes de la gestión «verde» de Susana Villarán. Si bien el Ministerio del Ambiente, como rector de las políticas ambientales, brinda una serie de pautas para el cumplimiento de las metas establecidas por el PMM, estas serán insuficientes si la ciudad de Lima no responde al desafío de la gestión ambiental de residuos sólidos con voluntad política, pensando no solo en una gestión «cumplidora», sino también que proponga y plantee propuestas novedosas para mejorar la calidad de vida de las y los limeños.

desco Opina - Regional / 30 de noviembre de 2012
Programa Urbano
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¿A quién le importa Lima?

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones, estableció ya la fecha para la consulta que decidirá sobre la revocatoria a Susana Villarán, cerrando de esta manera la primera etapa de un proceso a todas luces lleno de irregularidades, en el que el papel del presidente del Jurado, Hugo Sivina, ha sido protagónico. La decisión, que no deja de ser sorprendente, coincidió con el accidentado traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita, permitiendo ver algunos de los rostros más oscuros que están tras la intención de cesar a la autoridad metropolitana, prácticamente desde el día siguiente a su elección.

La gestión de Villarán, tras un inicio vacilante, entre otras cosas por el desconocimiento exacto de los desafíos y el desorden que heredaban de la larga administración anterior, se afirmó definiendo cuatro ejes neurálgicos para su gestión: el ordenamiento del transporte urbano, en una ciudad que está al borde del colapso por el caos y la arbitrariedad que se fue generando en esta materia; la recuperación de los espacios públicos, donde el traslado de La Parada era un tema largamente postergado; la atención a los sectores más vulnerables de la población, donde un programa como Barrio Mío que contempla el plan de mitigaciones de riesgos en laderas, bastante más complejo y estructurado que el anterior esfuerzo municipal de construcción de escaleras, beneficiará a más de un millón de habitantes de la ciudad; y finalmente, la definición de impostergables obras de infraestructura vial y recuperación del río Rímac, con una intervención prevista que contempla significativamente a la inversión privada y que supera los mil millones de soles en los próximos años.

Vale decir que la actual gestión municipal decidió ser gobierno en una ciudad que en la última década se limitó a ser administrada, sin que las gestiones inmediatamente anteriores se preocuparan por enfrentar los grandes retos de planeamiento y orden que demanda una urbe de las dimensiones de Lima. Su valiente decisión de pensar en la ciudad, antes que en el fácil rédito político que permiten la sucesión de distintas obras inconexas y un manejo mediático astuto, pretende ser frenada por la revocatoria.

Los sucesivos paros de los dueños del transporte público, muchos de ellos claramente mafiosos e impunes en su desprecio por los usuarios y por las normas más elementales de tránsito y posteriormente, los enfrentamientos generados con sectores de los comerciantes mayoristas de alimentos, fueron utilizados como parte de una campaña de demolición, a la que se sumaron gozosos buena parte de los medios de comunicación, cada vez más interesados en impedir la participación en la gestión pública de fuerzas y sectores con un discurso de cambio y vinculadas a la izquierda.

El escenario no es fácil y el Jurado Nacional de Elecciones busca hacerlo más difícil y menos ordenado con su pretensión de llevar adelante la consulta en marzo del próximo año, a pesar que la propia organización del proceso, particularmente complejo por la manera de votación, demandaría según los conocedores, más de tres meses, a partir del 2 de enero próximo.

A las autoridades electorales parece no interesarles el futuro de Lima, que corre el severo riesgo de verse paralizada los próximos dos años. Tampoco les preocupa el costo directo e inmediato del proceso, que no es poca cosa. Por su lado, a buena parte de los promotores de la revocatoria lo que les interesa es detener los cambios que la actual gestión pretende llevar adelante. Así las cosas, en un escenario indudablemente difícil, creemos que todos los limeños y limeñas, interesados y comprometidos con el desarrollo y el ordenamiento de su ciudad, con la calidad de vida que ésta les puede ofrecer, estamos obligados a defender una gestión que optó por enfrentar algunos de los grandes problemas de la metrópoli, sin cálculo político alguno.

Más allá de los aciertos y errores de la actual gestión, ninguno de los cuales justifica apelar a la revocatoria, lo que estará en juego en marzo es el futuro de Lima y su voluntad de ordenarse, responder planificadamente a los grandes problemas que afronta y gobernarse democráticamente. Quienes estamos en esa perspectiva –varios políticos de distintas tiendas, líderes sociales e importantes sectores empresariales se han pronunciado en ese sentido– deberemos actuar conjuntamente contra quienes pretenden el regreso al pasado, defendiendo la aspiración mayoritaria de una ciudad mejor.

desco Opina / 9 de noviembre de 2012
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Bajo amenaza

Empezando por la presión política y la manipulación mediática para que se atienda el pedido de indulto para Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, hasta los intentos de sembrar el pánico en los mercados de la Capital a raíz de los hechos de violencia en La Parada, durante las últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión de situaciones que evidencian las serias amenazas que enfrenta hoy nuestra convivencia democrática.

La resistencia al cambio de un sector de comerciantes del hoy ex Mercado Mayorista de Lima, que se niegan a abandonar La Victoria, más allá de un problema de gestión y negociación técnica, se vincula a una irresponsable campaña política para fomentar el desgobierno en la ciudad y mermar la imagen de la alcaldesa de Lima. Ni los promotores de la revocatoria de Villarán, ni el ex alcalde Castañeda, ni los voceros del aprismo han tenido la más mínima discreción en mostrar su satisfacción con la difícil situación que tuvo que enfrentar la primera autoridad edil tras el fallido operativo del jueves pasado, que dejó dos muertos y varias decenas de heridos.

Diversos representantes de la derecha política y mediática, entre ellos el ex premier Del Castillo, han establecido comparaciones caprichosas entre sucesos como el Baguazo y lo ocurrido en La Parada. La comparación no sólo es forzada en relación al tipo de violencia, ni a los actores involucrados, sino también respecto a la iniciativa de gobierno que motiva la resistencia. En otras palabras, hay mucha distancia entre el anunciado ordenamiento del comercio mayorista de una ciudad, y una política escondida de concesiones energéticas indiscriminadas en territorio amazónico. Más digerible aparece el comentario del analista Martín Tanaka, que recordando diversos estallidos de violencia en los últimos años, llama a reconocer en ellos «la actuación de actores ilegales o paralegales que obtienen beneficios desmedidos» del statu quo.

Por si todo esto no resultara suficiente, ya en la semana anterior se registraron también en Lima, dos hechos vergonzosos que tienen en común la actuación de grupos intolerantes. Nos referimos al despido del director de la Galería Municipal de Miraflores y a la censura de una muestra gráfica en Villa El Salvador. En el primer caso, el pequeño grupo fundamentalista católico «Tradición y acción» presionó al alcalde de Miraflores para que retire la muestra de la escultora Cristina Planas, calificada de «blasfema»; increíblemente, consiguieron que el municipio despida a Luis Lama. En el segundo caso, se trató de la censura a varias piezas de arte gráfico que se exhibían en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador como parte de una muestra dedicada a repasar momentos como el asesinato de María Elena Moyano, el atentado Tarata, la Marcha por la Paz y la captura de Abimael Guzmán, hechos que, como señala el título de la exposición, cumplen «Veinte años en la historia del Perú». La recalcitrante fujimorista Martha Moyano, aunada a la poco clara actuación de los representantes del Ministerio de Justicia –entidad auspiciadora de la exposición– propiciaron la censura de piezas que apuntaban no a la responsabilidad del Estado en el clima de violencia de inicios de los noventa, sino a la actuación del líder senderista, Abimael Guzmán. Si hoy se «desaparece» opiniones que el fujimorismo considera demasiado «blandas» respecto al senderismo, ¿cuánta más libertad para «vigilar y castigar» tendrán esta clase de grupos de aprobarse leyes como la del negacionismo?

Todos estos hechos no deben verse como aislados. No nos referimos a una gran conspiración, sino a una creciente ola de conservadurismo e intolerancia, a las que hoy se suma la censura y la violencia expresa como parte del arsenal que los enemigos de la democracia –entre ellos la derecha derrotada en Lima– están dispuestos a emplear en su intento por asfixiar tanto las voces disidentes del discurso oficial sobre la guerra interna, como los necesarios cambios que Villarán y la confluencia quieren poner en marcha en la ciudad.

desco Opina / 29 de octubre de 2012
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Lima Sur y áreas interdistritales de Lima, definiciones pendientes

Desde finales de los años noventa, las autoridades de los distritos del llamado «cono sur» de la capital han intentado generar y mantener mecanismos de coordinación para enfrentar problemas comunes de gestión municipal e, incluso, de planeamiento articulado del territorio. En el contexto de cambio por la caída del régimen fujimorista, la Mesa de Alcaldes del Cono Sur fue un referente importante en el debate municipal.

La Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima- AMASUR, creada en junio de 2007, es un intento de las autoridades municipales de esta zona por responder a incentivos a la asociatividad municipal como la Ley N° 29029 “Ley de la Mancomunidad Municipal”. Al acercamiento entre Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Pachacamac, se sumó entonces el distrito de San Borja. Esta asociación ha tenido un transitar bastante irregular, con resultados limitados que a la larga no tuvieron trascendencia en el territorio.

Actualmente, y ya desde el programa electoral de la Alcaldesa, la Municipalidad Metropolitana propone la conformación de áreas interdistritales en Lima, retomando planteamientos de los sucesivos planes de desarrollo de la ciudad. En un primer momento el esquema presentado por Villarán en el Congreso de La República señalaba una eventual confluencia de los 43 distritos capitalinos en ocho áreas (Lima Norte, Expansión Balnearios Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Sureste, Expansión y Balnearios Sur, Centro Ciudad Consolidada y Lima Noreste-San Juan de Lurigancho). Si bien estas responden a una lectura de unidades relativamente homogéneas de planificación, no tomaba en cuenta directamente los esfuerzos de articulación que los alcaldes, los funcionarios municipales y diversas organizaciones sociales han ido gestando a lo largo de diversos foros y espacios de concertación.

El proceso de consulta ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado de Lima al 2035 intenta hoy, a través de sus «encuentros interdistritales» poner en discusión la fórmula para una gestión descentralizada de la urbe. En ese contexto, se especula entre funcionarios y regidores de Lima Sur, que los directivos de AMASUR estarían evaluando dar paso a la conformación del Área Interdistrital Sur, esta vez con la participación del distrito de Lurín. Lima Metropolitana cuenta hoy con siete procesos de asociatividad municipal que deberán servir como referencia a la conformación de áreas interdistritales. En este marco, superar la fragmentación existente y construir racionalidad en la gestión del territorio no es un asunto de expedientes y discusiones «técnicas»; todo lo contrario, requiere hacer explícitos los factores políticos que implica la gestión de servicios públicos como el transporte, el agua y el saneamiento, las grandes inversiones públicas y privadas y, de manera cada vez más apremiante, la gestión del suelo urbano y las nuevas habilitaciones tras las que presionan los capitales inmobiliarios y su poderoso aliado, el Ministerio de Vivienda, otro de los sectores olvidados por la promesa de la Gran Transformación de Humala.

La advertencia es clara para la gestión Villarán, en particular, para el equipo del Plan de Desarrollo Concertado, liderado por el Instituto Metropolitano de Planificación. De obviarse la concertación política y la previsión de canales de participación ciudadana - más allá de los alcaldes de turno- se corre el riesgo de que nuevas autoridades en próximas elecciones vean la articulación interdistrital como una «campaña» de la anterior gestión y dejen de lado los necesarios compromisos para una mejor administración e inversión en la ciudad.

desco Opina - Regional / 10 de agosto de 2012
Programa Urbano

Un Nuevo Plan para Lima: Que participen todos

El gobierno del ex - alcalde de Lima Luis Castañeda fue una acumulación de obras centradas casi exclusivamente en la vialidad y el transporte, algunas exitosas, pero dispersas y descoordinadas en la medida en que no respondían a una orientación integral. Lamentablemente, no se trató de un gobierno que se propusiera actuar en los campos del desarrollo económico local o el desarrollo humano, dos dimensiones que debieran considerarse ineludibles para estar a la altura de los retos y necesidades de la urbe más grande y poblada del país.

Un reflejo de este desinterés por una visión integral para Lima es que se haya gobernado al margen del Plan de Desarrollo vigente, al punto que al caducar el mismo, la administración Castañeda no hizo ninguna previsión para actualizarlo. La actual gestión metropolitana, que se propuso superar esta situación, convocó la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana al 2025. A la fecha se realizan Mesas Temáticas en las distintas “Limas”, con una dinámica participativa en la que se consulta sectorialmente a la sociedad civil organizada en sus gremios, sindicatos, asociaciones vecinales y grupos de interés local.

Reconocer la necesidad de contar con un plan de desarrollo significa admitir que la equidad distributiva no es consecuencia lineal de un manejo equilibrado de las cuentas, ni producto de una mera suma de esfuerzos individuales. En este sentido, la tarea de planeamiento se dirige a definir un marco común en función de prioridades, no sólo para la gestión municipal, sino para todos los actores de la ciudad. A este llamado no escapa el sector privado, entendiéndose por el mismo tanto a los capitales que empiezan en pequeños y medianos emprendimientos, como a los grandes complejos corporativos, ambos con fuertes impactos en el paisaje y la economía urbana, especialmente cuando se trata del desarrollo inmobiliario o las mega superficies comerciales, por mencionar apenas dos de los negocios más dinámicos de la ciudad. Esperamos que estos sectores acudan a las instancias de consulta que el equipo del PLAN ha previsto para ellos, recordándoles que es la falta de una visión para la ciudad la que la ha sumido en el desorden y la inseguridad y que, a la larga, es insostenible la bonanza basada en la acumulación rápida y el consumo superficial de bienes.

Nuestra capital refleja bien la tensión nacional entre una macro economía estable y una sociedad que dista mucho de sentirse segura y saludable: las alarmantes tasas de criminalidad, los altos costes en la atención de la salud y las vergonzosas cifras de la persistencia de la tuberculosis, contrastan con los optimistas y superficiales cálculos sobre cuántos celulares posee la gente o lo bien que se come en los cosmopolitas restaurantes capitalinos. Para distanciarse de esta paradoja, con la convocatoria a formular el Plan de Lima, la ciudad se ha propuesto trazar un nuevo horizonte. Lima quiere y necesita alejarse de la perversa cultura del corto plazo, aquella que nos hace repetir una y otra vez la historia de los acontecimientos que pudiéndose prever, se convierten absurdamente en desastres, como ha ocurrido en las recientes semanas en Chosica.

desco Opina - Regional / 20 de abril de 2012
Programa Urbano

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Necesario cambio de aire en Lima

La población de Villa María del Triunfo respira el aire de menor calidad a nivel metropolitano, según datos brindados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología-Senamhi. Similares condiciones viven los vecinos de los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Los principales contaminantes son generados por la combustión de vehículos motorizados y de la mediana y gran industria que se ubica en la zona, lo que se agrava producto del déficit de áreas verdes.

Esta situación trasciende a Lima Sur. Un estudio reciente realizado por el Ministerio de Salud señala que Comas, Carabayllo y San Juan de Lurigancho registran altos niveles de contaminación del aire, atribuibles a la actividad de ladrilleras, fundiciones clandestinas y de quema de baterías. Esto indica que no sólo se requieren intervenciones en el sistema de transporte masivo– que además de la racionalización de rutas considera emplear vehículos con emisiones menos nocivas- sino un esfuerzo en el ordenamiento de las actividades industriales contaminantes.

En ese contexto las iniciativas por parte del Gobierno Metropolitano en Lima Sur resultan aún insuficientes, al no trascender el «clásico» edil de la donación de arboles y asistencia para su cuidado o la creación de biohuertos en distritos como Pachacamac, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Punta Hermosa. Las principales interrogantes giran en torno al abastecimiento de agua -que pone en juego la sostenibilidad- y a la escala urbana de la intervención. Por ahora, la propuesta de «verde urbano» de la alcaldesa de Lima tiene la dimensión de una intervención local, más que una de carácter metropolitano. Para dar este salto será crucial plantearse el reto de crear áreas verdes sostenibles asociadas a la generación de espacios públicos, siguiendo la pauta marcada por Villa El Salvador y su «Alameda de la Juventud», que combina el reuso de agua para riego del verde, con equipamiento cívico, de descanso y recreación, aportando en conjunto no sólo una mejora ambiental, sino también de ornato y de calidad de vida urbana.

La gestión ambiental metropolitana tuvo su acierto más importante en la decisión de Susana Villarán de dejar sin efecto las normas emitidas por su antecesor, que pretendía consagrar la ocupación industrial del Valle de Lurín. Si bien esto nos indica la voluntad de su gestión por enfrentar la compleja problemática urbano-ambiental de Lima, creemos que aun hay muchas tareas pendientes. En este sentido, el anuncio de que las lomas costeras de Villa María del Triunfo, Pachacamac, Lurín y Balnearios serán declaradas zonas de reserva ambiental requerirá de mucha coordinación entre la administración metropolitana y las distritales. Mucho pulso político y capacidad técnica serán necesarios para revertir una de las más fuertes tendencias de la expansión urbana actual: la ocupación de laderas calificadas por el Instituto Metropolitano de Planificación como «áreas de protección ambiental» y los irregulares cambios de zonificación en extensas áreas del Valle. Al respecto, DESCO publicó recientemente un estudio breve que muestra la expansión descontrolada de «nuevos barrios» en estas zonas y la presión que irresponsables empresas «urbanizadoras» realizan sobre los terrenos del Valle de Lurín, el último «pulmón verde de la ciudad».

desco Opina - Regional / 23 de febrero de 2012
Programa Urbano
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