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viernes

Capturado por sus propios fantasmas


¿Qué fue lo que cambió la historia? Dicen que Alan García estaba confiado, hasta que en el camino y sin que lo intuyera apareció el reportaje de IDL Reporteros sobre los pagos desde la caja 2 de Odebrecht. Luego de que García se refugiase en la residencia del embajador uruguayo, los dirigentes apristas informaban que le dictaminarían prisión preventiva en los próximos días, según «sus fuentes».

Sin embargo, los hechos previos contradicen este escenario imposible que nos inventaron los apristas. Ni las nuevas revelaciones ni la eventual prisión preventiva parecieron estar en sus consideraciones cuando se dio inicio a una literal demolición de las instituciones, apuntando a deslegitimar, dado el momento, cualquier disposición en su contra.

Semanas atrás decían –García y sus gonfaloneros locales– que Vizcarra había distorsionado la separación de poderes, al «exigir» la salida de Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación. Luego, García afirmó rotundo que en el Perú estaba consumándose un «golpe de Estado». Simultáneamente, su abogado concluía sin inmutarse que el fiscal Pérez jugaba en pared con IDL Reporteros y eso era, ni más ni menos, injerencia política. Si quedara duda sobre esto, Aldo Mariátegui, oportunamente, las disipó al revelarnos que Gustavo Gorriti era en realidad el periodista más poderoso del país e IDL el partido político (sic) más importante.

Finalmente, en rueda de prensa y visitas a los medios de comunicación su abogado, sus políticos amigos y él mismo señalaron que habían criminalizado a su partido político, al tildarlo de «organización criminal».

Bien, Rolando Reátegui contradijo todo lo anterior de un plumazo. El pecado mortal del fujimorismo congresal fue haber permitido que el minúsculo aprismo parlamentario los llevara de las narices. “Tienen experiencia, tienen 80 años. No han sabido las consecuencias de tirarse abajo a PPK, no han visto la consecuencia de la ley de medios. Mulder no ha salido afectado de la ley Mulder [de publicidad estatal]. ¿A quién le ha caído todo el grueso mediático? A Fuerza Popular, nos hemos convertido en los enemigos número uno”.

En suma, los intentos por destruir lo poco que le quedaba a la democracia peruana tuvieron como perpetradores a los que señala Reátegui y no a los que señalaban éstos. Felizmente, las reacciones del Tribunal Constitucional corrigieron una situación promovida por los socios apro-fujimoristas que distorsionaba hasta la caricatura el estado de derecho. En octubre había declarado la inconstitucionalidad de la ley que prohibía la publicidad estatal y en la primera semana de noviembre había hecho lo mismo con la resolución legislativa que modificaba las reglas para la cuestión de confianza y censura del Poder Ejecutivo.

Como refirió Augusto Álvarez Rodrich, con estas resoluciones se “cayó la pata de cabra fujiaprista”, es decir, la manera de entender el ejercicio del poder por demás agresiva y sin respetar las formas que predominó en los dos últimos años.

¿Qué les falló a Alan García y su compañía? En corto, fueron «construyendo» paulatinamente un escenario en el que se intentaba asentar la percepción de una situación de deterioro institucional, cada vez mayor. Pero, al hacerlo no les importó agregar el componente fundamental para que esto funcionase en la mente de los peruanos: credibilidad.

¿A quiénes buscó dirigirse García? ¿A quiénes quiso convencer? ¿De qué debíamos convencernos? El lenguaje político es efectivo sólo en la medida en que puede crear conexiones con el depósito cultural de imágenes que poseen los miembros del público masivo. En ese sentido, inventa una realidad y ese poder es lo que mantiene atadas a las personas.

Para que sea aceptada la fantasía que ofertó, era necesario que los consumidores creyeran en las bondades del producto. El desquiciamiento de García no le permitió ver el dato obvio y sencillo que le ofrece reiteradamente la realidad desde hace muchísimo tiempo: es el político más detestado por los peruanos, seguido algo atrás por Keiko Fujimori.


desco Opina / 23 de noviembre de 2018

La crisis del fujimorismo keikista


La profunda crisis del fujimorismo se agravó con la detención preventiva de Keiko Fujimori, dictada por el juez Concepción Carhuancho días atrás. Si nos guiamos por los sondeos de opinión, la decisión estaba cantada; tras su detención preliminar, 71% de los encuestados creía que aquella estaba justificada, mientras 75% pensaba que existían motivos suficientes para seguirla investigando; días después, 73% expresaba su desacuerdo con su libertad, decidida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Las encuestas mostraban ya el malestar que Keiko Fujimori genera en la opinión pública.
Curioso destino el de la lideresa del partido naranja, que durante dos años, con el concurso de su bancada, se dedicó a demoler nuestro precario sistema institucional con un empeño digno de mejor causa, afectando en el camino su propia viabilidad política. Desde el primer momento, y más allá de la pésima gestión de PPK, el fujimorismo, liderado por la señora K, se afirmó en el Congreso como una fuerza revanchista, sin proyecto y sin propuestas. Tras dos años de torpe y abusiva prepotencia, evidenciaron sin tapujos su desprecio llano por el Estado de derecho. Bloquearon toda iniciativa para fortalecer la capacidad de investigación sobre lavado de activos; buscaron impedir, por lo menos retrasar, la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, varias de ellas sospechosas de «limpiar» recursos del narcotráfico; hicieron lo indecible por «salvar» al juez César Hinostroza, que todo indica tenía entre sus «hermanitos» a conspicuos integrantes de la agrupación de la señora K y hasta hoy insisten en hacernos creer que el Fiscal Pedro Chávarry es una víctima de su compromiso contra la corrupción, protegiendo su descontrol institucional.
Haciendo de su aplastante mayoría parlamentaria un instrumento a su servicio, acicateados con frecuencia y entusiasmo por sectores apristas, con quienes comparten el interés por blindar a sus respectivos líderes, hicieron del ejercicio legislativo, campo de su arbitrariedad absoluta. No dudaron en enfrentarse con los medios de comunicación mediante una norma inconstitucional que impedía el gasto público en medios privados; abrieron fuego contra el Ejecutivo, pretendiendo «controlar» desde el Reglamento congresal la posibilidad que la Constitución le otorga al Presidente de disolver el Congreso en circunstancias determinadas. Más recientemente aprobaron una ley con nombre propio para permitir que Alberto Fujimori cumpla su condena en su domicilio.
A todas luces, los costos que pagan son altos. Si Fuerza Popular se dividió en la «negociación» del indulto a Alberto Fujimori entre keikistas y kenjistas, aquella sangría inicial, puede convertirse en hemorragia. A las renuncias de Noceda y Petrozzi, siguieron las «licencias» de los actuales integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, la colaboración «eficaz» con la Fiscalía de dos congresistas de sus filas, la renuncia a su cargo de su Secretario General, el cambio de sus voceros en el Parlamento y simultáneamente sus «llamados» al diálogo y la concertación, que nadie les cree. En dos años el partido que obtuvo más del 40% de los votos el 2016 y que tuvo una mayoría aplastante en el Poder Legislativo, asistió a su debacle electoral en los comicios regionales y municipales: no obtuvo un solo gobierno regional, apenas dos gobiernos provinciales en La Libertad, menos del 3% de los votos válidos en Lima y menos del 4.6% en el Norte, sus bastiones territoriales más importantes….
El fujimorismo en general, el keikismo en especial, comparece en distintos procesos judiciales, vive su peor momento electoral y es víctima del descrédito popular, resultados todos ellos, hay que decirlo, de su esfuerzo y de los méritos que acumularon. ¿Alcanza para hablar de su muerte, como creen muchos? Definitivamente, creemos que no, porque el futuro no está escrito.
Ciertamente, el futuro de Keiko está severamente afectado; más allá de si permanece en detención preventiva o afronta el juicio que parece inevitable en libertad, el 2021 se le ha alejado y su liderazgo sobre el fujimorismo está en cuestión. Éste, tendrá que contener lo que parece su desbande, resolver, entre otras, las tensiones entre los históricos y «la botica» y a partir de allí, construirse un nuevo orden y reestablecer alianzas y relaciones que han roto, asumiendo, por ejemplo, la responsabilidad que les corresponde en lo que les ha sucedido. A fin de cuentas, Fuerza Popular mantendrá un peso importante en el Congreso y no dejará mágicamente de expresar a sectores de nuestra sociedad.


desco Opina / 9 de noviembre de 2018

jueves

La anti-política en su esplendor

Son tiempos de diálogo forzado para el gobierno, pero las expectativas formadas –si es que las hubo realmente– se diluyen en proporción directa a la claridad que tiene el convocante, respecto a los objetivos políticos que se propone al activar este mecanismo.
El 9 de febrero se dio inicio a una ronda de conversaciones entre el Ejecutivo, representado por la premier Ana Jara, y un grupo de delegados de partidos políticos a los que, en algunos casos, resultó muy difícil identificar; aunque todos compartiendo el denominador común de no representar a ningún segmento significativo de la población. Si del convite hubieran participado el fujimorismo y el aprismo, que decidieron no acudir a la cita, la naturaleza del cónclave no habría variado porque, una vez más, se revela la enorme y creciente distancia entre este país de deleznable formalidad y aquél otro real, que empieza a agitarse en la medida que los impactos del fin de fiesta del crecimiento económico se hacen más palpables.
Como era previsible, gran parte de lo «acordado» corresponde en realidad a decisiones que pudo tomar el Ejecutivo dentro de sus atribuciones, sin necesidad de consensuarlo en un diálogo que debió ser político y está terminando muy próximo a lo farandulero. ¿Había necesidad de hacer la parafernalia que vimos para anunciar que iba a «suspenderse» las actividades de la DINI por seis meses, sin proponer fórmula alguna acerca de las investigaciones pendientes sobre este organismo? ¿Es un resultado político concluir que en el segundo semestre del presente año «se evaluará» la posibilidad de subir en 75 soles la remuneración mínima, olvidando, además, que por el mismo intento el gobierno ajustició a su Premier anterior?
Pero la cuestionable calidad política del anfitrión y de los invitados fue solo parte del problema. Porque hay otra dimensión, más importante y decisiva, que no parece ser objeto de fórmulas para manejar los desafíos que se le presentan a la gobernabilidad, para usar el vocablo universal que aplican los integrantes del Ejecutivo para cualquier ocasión en la que intuyen problemas.
Un primer ámbito en donde el gobierno no puede dialogar por diversas carencias es el social. Una serie de situaciones altamente explosivas son apenas contenidas y al menor movimiento desencadenan violencia, como la que viene sucediendo en Pichanaki en donde nadie quiso dialogar, ni una empresa con tan nefastos antecedentes sociales como Pluspetrol, ni el gobierno, ni las autoridades regionales.  
Un segundo frente en este espacio ya lo planteó el flamante presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, quien porta la voz dura y confrontacional de los empresarios mineros. Sin ambages, afirmó que la consulta previa es una traba para las inversiones y sostuvo, además, que el MINAM resulta, en su imaginación, el «enemigo» a enfrentar. Lo interesante del caso, como afirma José de Echave, es que en el sector minero no se ha aplicado ni un solo proceso de consulta y no se tiene ninguna evidencia que muestre al MINAM como enemigo de las inversiones.
Luego enfila, como no puede ser de otra manera, contra la «tramitología» para advertirnos que en esta época de vacas flacas, los empresarios mineros no están dispuestos a perder rentabilidad por veleidades ambientales o sociales, dicho de manera directa y sin preocuparse de guardar ninguna apariencia.
El otro frente surge desde el propio gobierno, en boca, claro está, del inefable ministro de Economía, Alonso Segura. Por alguna extraña razón, el titular del MEF parece no haber evaluado políticamente lo sucedido con la derogatoria de la ley de promoción de empleo juvenil que impulsó con desmedido entusiasmo, atinando apenas a buscar en su baúl de clisés ochenteros el que podría ser más preciso para esta ocasión, según su incomprensible parecer: «no mezclar la política con la economía».
Desgraciadamente, esto no es todo. Solicitó que el Legislativo apruebe el proyecto de Ley 4008, que según sus considerandos «promueve el mejor desempeño del mercado laboral», modificando la legislación vigente para reducir costos a las empresas y facilitando el despido colectivo por cuestiones económicas. Afirmó Segura que «hay una serie de otros temas de agenda, otros proyectos que se mandaron al Congreso en noviembre del 2014 y que están esperando aprobación». Entre ellos, el referido proyecto.
¿Cuál es el motivo de la presión del ministro? Uno de los aspectos del 4008 es la reducción del porcentaje de trabajadores requeridos para el despido colectivo por motivos económicos de 10% a 5% porque, según el texto, «es necesario establecer un porcentaje más adecuado que permita a las empresas ajustar de manera más eficiente el número de trabajadores». En otras palabras, permitir el avance del capital sobre el trabajo como manera de «no ahuyentar la inversión».  
Otro de los puntos es que las empresas pueden establecer bonos de hasta 20% de la remuneración anual, que no serán considerados para el cómputo de las gratificaciones, CTS, EsSalud y pensiones. Como señala Pedro Francke, con este Pulpón «no le quitan tres sueldos y medio a cada joven como la Ley Pulpín, pero reducen cada gratificación y la CTS en 20%, es decir, un total de 60% de un sueldo por año, lo que se aplica tanto a jóvenes como a adultos».
En síntesis según el ministro Segura, los políticos deben limitarse a aprobar lo que proponen los técnicos; lo contrario es mezclar «la economía con la política». Si en el camino se «incendia la pradera» estaríamos ante un «efecto colateral» que debería seguramente, manejarse con la ley en la mano (léase represión).
Entonces, ante este panorama, ¿vale el optimismo ante la posibilidad de que voceros políticos de nula representatividad se «pongan de acuerdo» con el gobierno, mientras los poderes reales del país presionan sin que se vislumbre mecanismo alguno para encauzarlos hacia los intereses políticos del gobierno? Lamentablemente, estos no existen, y por ello la política termina siendo un mero ejercicio de resistencia ante las presiones ejercidas y no un interés por la construcción de consensos, como debió ser.

desco Opina / 13 de febrero de 2015
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