Caldo de cultivo

Desde casi hace un año en el Perú vivimos atrapados en un enfrentamiento entre el Poder  Ejecutivo y la mayoría que controla el Poder Legislativo, sin puentes que permitan estabilizar la gobernabilidad. Si bien el reciente episodio de retiro de confianza al ministro de Economía se ve como más de lo mismo, lo cierto es que es un ambiente cada vez más enrarecido.

Por un lado, el mito del «gabinete de lujo» ha naufragado en un descomunal desorden, expresado no solo en marchas y contramarchas como las de Chinchero, o en las continuas concesiones al chantaje fujimorista, sino en una preocupante parálisis económica. El fujimorismo, por su parte, no parece interesado en medir el costo político de sus agresiones al gobierno de PPK y es incapaz de levantar propuesta alguna o de usar su fuerza en el Congreso para algo que no sea entorpecer al Ejecutivo y restarle oxígeno al gabinete Zavala.

Mientras ello ocurre, las calles y la vida cotidiana del país nos llenan de señales del malestar en la ciudadanía, que sin embargo, no merecen suficiente atención en los medios o en la agenda política gubernamental. Es como si en el país que habitan PPK y el fujimorismo no existieran damnificados por los efectos del Fenómeno de El Niño Costero en el norte del país –quienes aún no sienten la ofrecida Reconstrucción con Cambios–, como si no estuvieran en curso los paros regionales de Tumbes y de Andahuaylas, o como si no estuviera sobre la mesa la llamada «Ley Pulpín 2», punta de lanza de una seria reforma en materia laboral.

Se podría creer que la desconexión entre la política del centro de Lima y la del resto del país, o el inmovilismo en materia económica son dos flancos por los que se podrían abrir paso fuerzas que cuestionen el estado de cosas y propongan salidas que incorporen las demandas de la gente. Pero la verdad es que quienes están fuera del choque entre el gobierno y el fujimorismo, son incapaces de abrir un debate serio y responsable que, entre otras cosas, discuta los límites de la política económica actual y le dé protagonismo a las necesidades de la gente. La izquierda parlamentaria, ocupada en sus minúsculos conflictos internos, se ha mostrado incapaz de representar con altura a sus electores.

¿Es posible alguna salida positiva de este estancamiento? ¿Cómo darle lugar a las demandas reales por empleo, mayores ingresos y seguridad? Si la queremos democrática, la salida deberá alimentarse de una creciente participación de los sectores medios y populares. Es urgente por ello que quienes creen representar a estos sectores asuman compromisos de movilización ciudadana y se muestren como opción. De otro modo, seguirán su avance quienes pretenden representar no los intereses, sino los miedos de la gente, alentando el conservadurismo moral, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y el racismo, alimento del fascismo social que está engendrando esta desconexión entre sociedad y política.

desco Opina / 23 de junio de 2017

La anti-política en su esplendor

Son tiempos de diálogo forzado para el gobierno, pero las expectativas formadas –si es que las hubo realmente– se diluyen en proporción directa a la claridad que tiene el convocante, respecto a los objetivos políticos que se propone al activar este mecanismo.

El 9 de febrero se dio inicio a una ronda de conversaciones entre el Ejecutivo, representado por la premier Ana Jara, y un grupo de delegados de partidos políticos a los que, en algunos casos, resultó muy difícil identificar; aunque todos compartiendo el denominador común de no representar a ningún segmento significativo de la población. Si del convite hubieran participado el fujimorismo y el aprismo, que decidieron no acudir a la cita, la naturaleza del cónclave no habría variado porque, una vez más, se revela la enorme y creciente distancia entre este país de deleznable formalidad y aquél otro real, que empieza a agitarse en la medida que los impactos del fin de fiesta del crecimiento económico se hacen más palpables.

Como era previsible, gran parte de lo «acordado» corresponde en realidad a decisiones que pudo tomar el Ejecutivo dentro de sus atribuciones, sin necesidad de consensuarlo en un diálogo que debió ser político y está terminando muy próximo a lo farandulero. ¿Había necesidad de hacer la parafernalia que vimos para anunciar que iba a «suspenderse» las actividades de la DINI por seis meses, sin proponer fórmula alguna acerca de las investigaciones pendientes sobre este organismo? ¿Es un resultado político concluir que en el segundo semestre del presente año «se evaluará» la posibilidad de subir en 75 soles la remuneración mínima, olvidando, además, que por el mismo intento el gobierno ajustició a su Premier anterior?

Pero la cuestionable calidad política del anfitrión y de los invitados fue solo parte del problema. Porque hay otra dimensión, más importante y decisiva, que no parece ser objeto de fórmulas para manejar los desafíos que se le presentan a la gobernabilidad, para usar el vocablo universal que aplican los integrantes del Ejecutivo para cualquier ocasión en la que intuyen problemas.

Un primer ámbito en donde el gobierno no puede dialogar por diversas carencias es el social. Una serie de situaciones altamente explosivas son apenas contenidas y al menor movimiento desencadenan violencia, como la que viene sucediendo en Pichanaki en donde nadie quiso dialogar, ni una empresa con tan nefastos antecedentes sociales como Pluspetrol, ni el gobierno, ni las autoridades regionales.  

Un segundo frente en este espacio ya lo planteó el flamante presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, quien porta la voz dura y confrontacional de los empresarios mineros. Sin ambages, afirmó que la consulta previa es una traba para las inversiones y sostuvo, además, que el MINAM resulta, en su imaginación, el «enemigo» a enfrentar. Lo interesante del caso, como afirma José de Echave, es que en el sector minero no se ha aplicado ni un solo proceso de consulta y no se tiene ninguna evidencia que muestre al MINAM como enemigo de las inversiones.

Luego enfila, como no puede ser de otra manera, contra la «tramitología» para advertirnos que en esta época de vacas flacas, los empresarios mineros no están dispuestos a perder rentabilidad por veleidades ambientales o sociales, dicho de manera directa y sin preocuparse de guardar ninguna apariencia.

El otro frente surge desde el propio gobierno, en boca, claro está, del inefable ministro de Economía, Alonso Segura. Por alguna extraña razón, el titular del MEF parece no haber evaluado políticamente lo sucedido con la derogatoria de la ley de promoción de empleo juvenil que impulsó con desmedido entusiasmo, atinando apenas a buscar en su baúl de clisés ochenteros el que podría ser más preciso para esta ocasión, según su incomprensible parecer: «no mezclar la política con la economía».

Desgraciadamente, esto no es todo. Solicitó que el Legislativo apruebe el proyecto de Ley 4008, que según sus considerandos «promueve el mejor desempeño del mercado laboral», modificando la legislación vigente para reducir costos a las empresas y facilitando el despido colectivo por cuestiones económicas. Afirmó Segura que «hay una serie de otros temas de agenda, otros proyectos que se mandaron al Congreso en noviembre del 2014 y que están esperando aprobación». Entre ellos, el referido proyecto.

¿Cuál es el motivo de la presión del ministro? Uno de los aspectos del 4008 es la reducción del porcentaje de trabajadores requeridos para el despido colectivo por motivos económicos de 10% a 5% porque, según el texto, «es necesario establecer un porcentaje más adecuado que permita a las empresas ajustar de manera más eficiente el número de trabajadores». En otras palabras, permitir el avance del capital sobre el trabajo como manera de «no ahuyentar la inversión».  

Otro de los puntos es que las empresas pueden establecer bonos de hasta 20% de la remuneración anual, que no serán considerados para el cómputo de las gratificaciones, CTS, EsSalud y pensiones. Como señala Pedro Francke, con este Pulpón «no le quitan tres sueldos y medio a cada joven como la Ley Pulpín, pero reducen cada gratificación y la CTS en 20%, es decir, un total de 60% de un sueldo por año, lo que se aplica tanto a jóvenes como a adultos».

En síntesis según el ministro Segura, los políticos deben limitarse a aprobar lo que proponen los técnicos; lo contrario es mezclar «la economía con la política». Si en el camino se «incendia la pradera» estaríamos ante un «efecto colateral» que debería seguramente, manejarse con la ley en la mano (léase represión).

Entonces, ante este panorama, ¿vale el optimismo ante la posibilidad de que voceros políticos de nula representatividad se «pongan de acuerdo» con el gobierno, mientras los poderes reales del país presionan sin que se vislumbre mecanismo alguno para encauzarlos hacia los intereses políticos del gobierno? Lamentablemente, estos no existen, y por ello la política termina siendo un mero ejercicio de resistencia ante las presiones ejercidas y no un interés por la construcción de consensos, como debió ser.

desco Opina / 13 de febrero de 2015

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Un presidente sin rumbo, un gobierno aislado

La derogatoria de la denominada «Ley Pulpín» no es otra cosa que el resultado de un ciclo caracterizado por la actuación de un Presidente sin brújula y por tanto, sin «hoja de ruta», cuya impericia e ineptitud política han contribuido decisivamente a agravar y crispar la tensión que se vive en la escena oficial en estas semanas.

El escándalo en torno a la comisión López Meneses, la fuga de Martín Belaúnde, los supuestos seguimientos/reglajes de la DINI y la «Ley Pulpín» son parte del mismo «paquete»: un gobierno atravesado por la poca transparencia en sus decisiones, la incompetencia y la corrupción imperante en algunos de sus sectores, así como la presencia de distintos discursos y estilos en sus diversos «voceros».

La torpeza mostrada es tal, que por momentos parece deliberada. Quien busque explicar esto en función de la inteligencia de los autores, sólo está mirando una pequeña parcela del problema; la explicación mayor se encuentra en la ausencia de una mirada política, reemplazada por los lentes de una tecnocracia enceguecida y la instalación de una lógica casi militar para abordar los problemas. A fin de cuentas, el presidente Humala es un militar que mira la escena nacional desde esa óptica, rodeado, además, de asesores que parecen provenir casi todos de ese estamento. No hay otra forma de entender la miopía para forjar alianzas, el desempeño del Ministro del Interior y las arrogantes declaraciones de muchas de sus «figuras» invitando a los potenciales disidentes a abandonar la bancada nacionalista.

El resultado de todo esto no puede ser peor, no sólo para el gobierno sino para el país: políticos fujimoristas y apristas, con un pasado oscuro en materia de derechos humanos, trayectoria democrática, pero también en el manejo de los recursos públicos, aprovechan los errores del Presidente y su entorno para blanquear su pasado y fungir de moralizadores y defensores del estado de derecho. Un gobierno cada vez más aislado, sin horizontes y sin voluntad ni capacidad para hacer nada mínimamente diferente a lo que proponen los tecnócratas neoliberales que ocupan los puestos claves en el MEF y otros sectores, es el menú más probable para los próximos 18 meses que restan antes de la transferencia.

La situación se parece cada vez más a los momentos críticos del gobierno de Alejandro Toledo en su ineptitud y aislamiento, aunque con una diferencia no menor: aunque el Presidente Humala no registra tan bajos niveles de aprobación, aparece sí más precario institucionalmente, con un gabinete más débil y sin operadores políticos comparables a los que tuvo el ex presidente Toledo (Carlos Ferrero, Luis Solari, Luis Thais o Juan Sheput). La crisis reciente ha sido particularmente grave para el nacionalismo en la medida en que ha afectado a su núcleo duro, que se ha mostrado dividido en torno a la «Ley Pulpín»; hoy, distintos indicios muestran que un grupo de sus congresistas parece dispuesto a abandonar el barco en cualquier momento, aumentando la sensación de desbande que ya empieza a acentuarse.

La derogatoria de la «Ley Pulpín» es políticamente importante por cuanto significa el cuestionamiento de una medida típicamente neoliberal, que planteaba eliminar los «sobrecostos laborales» como un mecanismo para retomar el crecimiento, suprimiendo en la práctica una serie de derechos laborales que, desde esta óptica, son vistos como privilegios. Los tecnócratas del gobierno han sido duramente golpeados y no deja de ser paradójico que el Presidente Humala, quien como se recuerda, fue candidato con un programa al que difícilmente podría considerársele neoliberal, haya hecho de la aprobación de esta ley una cuestión de estado, eligiendo dar una batalla con un empecinamiento que no se le conoció en años anteriores.

En estas condiciones, las perspectivas para el año 2015 aparecen bastante inciertas y complicadas; el debilitamiento de su bancada y las crecientes dificultades para generar alianzas, le dificultarán al gobierno el control del Congreso y la aprobación de sus iniciativas. En la escena social, la medida adoptada por el Ministerio de Energía y Minas para facilitar las inversiones mineras, recortando funciones a las asambleas comunales, la aprobación del EIA de Tía María para desarrollar el proyecto en una zona donde los alcaldes recién elegidos levantan una plataforma claramente crítica al proyecto y a la empresa involucrada, son indudablemente nubarrones negros en el horizonte, que  obligarán a una salida negociada, para la que  el gobierno muestra poca o ninguna disposición. La incertidumbre de la economía internacional es otro de los grandes problemas para un país esencialmente primario exportador, aunque el ministro Segura, que en cualquier democracia seria renunciaría tras el fracaso de la Ley Pulpín, insista en que nuestro paso al primer mundo es cuestión de pocos años.

En ese marco, una política razonable y democrática para un mandatario y un gobierno crecientemente aislados, sería una apertura hacia el diálogo político y social. Sin embargo, la poca destreza y voluntad políticas demostradas hasta la fecha, el mencionado estilo militar y la falta de rumbo, no dan motivos para el optimismo.

desco Opina / 30 de enero de 2015

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Un escenario tormentoso para el gobierno

Una vez más, el ministro Urresti se puso en el ojo de la tormenta. Su desmedida afición por el protagonismo mediático y el uso constante del twitter para desarrollar su «guerra santa» contra los opositores del gobierno, afán en el que es acompañado por el ministro Cateriano, terminó por pasarle factura. A sus dificultades para responder por la huida del prófugo Martín Belaunde, se sumaron sus encontronazos altisonantes con el congresista Mulder, sus disputas con Keiko Fujimori y Alan García, coronándolas con su infeliz texto, meme incluido, contra el ex mandatario. El corolario fue el del altisonante ministro, pidiendo disculpas contrito tras la reaparición de la Presidenta del Consejo de Ministros, quien así pudo recuperar alguna visibilidad en un gabinete que en las últimas semanas parece tener como vocero principal al Ministro del Interior.

Como es obvio, en esta lógica el envilecimiento de la política y la descomposición del debate, alentados también por el entusiasmo que despiertan estos comportamientos en distintos medios de comunicación y en sectores de la opinión pública, continuaron su curso, en perjuicio de una democracia que se deteriora cada vez más ante la incapacidad del gobierno nacional para salir de los muchos entrampamientos que contribuye a generar.

En este contexto, las protestas contra la denominada «Ley Pulpín» han continuado y empiezan a ampliar su contenido y convocatoria. A las protestas y demandas de los colectivos y grupos de jóvenes inicialmente autoconvocados, se sumaron interesadamente muchos de los partidos políticos, especialmente el APRA y las izquierdas, pero también las organizaciones sindicales y algunas otras organizaciones de la sociedad civil. La publicación del Reglamento, por parte del gobierno, está lejos de calmar las aguas, porque como es obvio, si bien intenta limitar algunos de los peligros de la norma, la mantiene en su esencia, precisamente porque se trata apenas de reglamentarla.

En este escenario, la oposición en el Congreso está presionando a la Presidenta, amenazando con su censura, ante su falta de voluntad para convocar al Pleno, poniéndola en una situación difícil. La primera dama y los voceros empresariales, inicialmente agresivos en su defensa de la norma, han optado por bajar su perfil y por el silencio, eventualmente sorprendidos por una protesta en cuya sostenibilidad no creían. Para peor, varios de los congresistas nacionalistas, como viene ocurriendo cada que las papas queman, prácticamente han desaparecido, preocupados antes por su futuro electoral, ya a la vuelta de la esquina, que por su lealtad a un gobierno cada vez más lleno de problemas.

La tumultuosa movilización del 14 de enero pasado, que hay que decirlo, tuvo pequeños grupos de provocadores y un comportamiento violento de la policía, insinuó ya que las banderas de la lucha, además de la derogatoria de la «Ley Pulpín», se orientan también, como debía ser, a la discusión de la Ley General de Trabajo, comprometida por este gobierno y largamente postergada. Como es obvio, el debate sobre esta norma, aún más que el de la «Ley Pulpín», pone en el centro del debate, los límites de un modelo económico que está dando señales claras de agotamiento, la última de las cuales es el reciente anuncio del exiguo crecimiento oficialmente registrado en el mes de noviembre.

El malestar expresado por los jóvenes en las calles, puede irse ampliando. Aunque es verdad que las movilizaciones, hasta hoy son centralmente limeñas, las encuestas demuestran un rechazo creciente a la nueva norma. ¿Alcanzará éste para que el Congreso derogue la norma? Difícil decirlo, porque hay que recordar que la misma fue aprobada por el Congreso de la República con los votos de buena parte de la oposición, que hoy se desmarca interesadamente de su decisión de ayer.

En cualquier caso, y así las cosas, es indudable que el gobierno entra al 2015 con dificultades crecientes y con una presión sostenida en las calles y las redes, que puede extenderse y calentar aún más un verano de por si caliente.

desco Opina / 16 de enero de 2015

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