Encargado presidencial, Congreso y contexto electoral

 

Perú enfrenta una crisis política de proporciones sistémicas. Nada menos que el encargo de la Presidencia de la República al congresista Jerí recae en un mandatario interino hoy señalado por serias sospechas de múltiples delitos, lo que profundiza la percepción de ilegitimidad de las instituciones públicas y amplifica la desconfianza ciudadana en el sistema político.

El funcionario que hoy ocupa la Presidencia se encuentra bajo investigación por una serie de presuntos ilícitos que incluyen al menos tres acusaciones: corrupción en la contratación pública, tráfico de influencias y asociación ilícita mediante la posible existencia de redes que operan desde el Estado para beneficio de ciertos grupos económicos y partidarios. Estas acusaciones no solo afectan su legitimidad, sino que colocan al país en una crisis de gobernabilidad: una vez más un presidente con investigación penal enfrenta la obligación de responder a la justicia y, simultáneamente, dirigir un Estado fracturado. Esta circunstancia no es un hecho aislado, sino el resultado de un largo proceso de erosionamiento de la autoridad estatal, la captura del Estado por redes clientelares y la normalización de prácticas corruptas al más alto nivel.

El Congreso de la República, lejos de funcionar como un órgano de control y equilibrio, se ha consolidado como el epicentro de un pacto político-electoral mafioso que prioriza intereses particulares por encima del interés general. Nos enfrentamos a la ambivalencia de muchos congresistas –y también de las bancadas– que se manifiesta en la carencia de una postura ética clara: se alterna entre la retórica de “defensa de la institucionalidad”, y el apoyo tácito a prácticas que favorecen a los investigados, dependiendo de conveniencias coyunturales.

También en negociaciones opacas sobre la continuidad o censura provenientes del Ejecutivo, que han migrado de debates públicos a acuerdos informales entre cúpulas partidarias. Constatamos así, una pasmosa inacción del poder Legislativo frente a estos escándalos: más que fiscalizar, el Congreso ha evitado investigaciones profundas que podrían implicar a sus propios miembros o alianzas, priorizando la preservación del poder compartido.

El doble discurso del fujimorismo, Alianza para el Progreso y otros actores de un sector de las izquierdas es innegable. El fujimorismo, por un lado, se declara defensor del orden, la estabilidad y la lucha contra la corrupción, mientras apoya acuerdos que preservan su influencia política, incluso si implican avalar a figuras bajo investigación en un discurso que evidencia una priorización del poder sobre la coherencia ética y la transparencia. De forma similar, Alianza para el Progreso, bajo la conducción de César Acuña, exhibe una retórica moderada y tecnocrática que pretende diferenciarse de las acusaciones de corrupción generalizada, respaldando decisiones que favorecen la permanencia del statu quo político, diluyendo así cualquier postura de ruptura con el modelo de captura de poder que se practica.

Todo esto se trenza faltando menos de dos meses para las elecciones generales en un escenario caracterizado por un padrón de opciones excesivamente fragmentado. Con casi 180 casilleros en la cédula de votación se complica la decisión racional de los electores, lo que sin duda producirá un alto número de votos anulados por la complejidad de la boleta que se usará.

Asimismo, la fragmentación electoral beneficia a los grupos hoy presentes en el Congreso, quienes además de disponer de más recursos para la campaña, han diseñado el sistema y –más o menos– controlan al Jurado Nacional de Elecciones. En este escenario, por ejemplo, la forma de elegir al Senado, que es el centro del poder que se instale, beneficia la elección de cuatro senadores por Lima, donde se concentra la votación de derecha extrema, como lo evidencian las simpatías por López Aliaga.

Esto ocurre en medio de una campaña poco informativa en la que la mayoría de candidaturas carece de propuestas claras y detalladas, centrándose en lemas genéricos, en confrontaciones personales o trayendo propuestas francamente estúpidas como la entrega de DNI a los fetos o la construcción de un aeropuerto internacional en Oxapampa, entre las varias formuladas por el candidato de Renovación Popular.

Finalmente, el ambiente de desencanto político ha generado un alto desinterés electoral. Lo muestran todas las encuestas recientes que revelan niveles crecientes de apatía y de abstencionismo, particularmente entre jóvenes y sectores populares. Esto, a nuestro entender, se explica por diversos factores como el serio déficit de información a consecuencia de la carencia de medios efectivos de difusión de las propuestas, y la inexistencia de una educación cívica robusta que permitiera a la mayoría de votantes evaluar críticamente a los candidatos. A nadie sorprenderá entonces, que esta situación probablemente desemboque en que muchos ciudadanos voten por identidad de grupo, influencias mediáticas o endoses superficiales, y no sobre la base de propuestas concretas o planes de gobierno viables. El resultado previsible es el sacrificio de la calidad del proceso democrático y el consecuente cuestionamiento de la legitimidad de los resultados, independiente de quién resulte elegido por un electorado desinformado y desinteresado, enfrentando una cédula de votación confusa y desarticulada.

Preocupa, sin duda, que este cóctel de factores nos conduzca a un ciclo político por lo menos tan incierto como el actual, donde las decisiones tomadas en las urnas no se traduzcan en estabilidad, transparencia o progreso institucional para nuestra patria. Toca a los ciudadanos más conscientes hacer un esfuerzo especial para intentar evitar este oscuro escenario ad portas.

 

desco Opina / 6 de febrero de 2026

 

La importancia de persistir

Ningún país de la Tierra parece haber acumulado, en tan poco tiempo, un ramillete tan amplio de expresidentes procesados, condenados o con investigaciones en curso, soportando carcelería, prisión domiciliaria o restricciones por múltiples delitos. Eso dice mucho de la realidad contemporánea en la que vivimos: de la fragilidad institucional, la debilidad del Estado y del clima de caos político que arrastramos en el Perú desde hace décadas.

No sorprende entonces que, a pocos meses de las próximas elecciones generales, ninguno de los numerosos candidatos y candidatas a la presidencia alcance siquiera el 10 % de respaldo en las encuestas de intención de voto, mientras que las opciones del voto en blanco o viciado se mantienen como una de las preferencias predominantes, cuando un porcentaje significativo de la ciudadanía aún no precisa su opción. Bastarían esos datos, recogidos por las principales encuestadoras, para tener un primer boceto de la realidad electoral: desconfianza, desinterés y una representación política profundamente erosionada.

Pero esa es sólo una pieza del cuadro. El proceso electoral ocurre en medio de circunstancias excepcionales y de una pulverización de la oferta política: decenas de organizaciones, con listas congresales vastas, suman varios miles de candidaturas al Parlamento. Más que una celebración del ejercicio democrático y de la vocación de servicio de tantas ciudadanas y ciudadanos, esas cifras expresan, sobre todo, el gran desorden en el que nos encontramos.

La coyuntura se hace más nítida cuando se agregan otros datos y variables. Ahí están, por ejemplo, las cifras de asesinatos de conductores y trabajadores del transporte público en diversas ciudades del país, especialmente en Lima, como expresión de la expansión del crimen organizado y de las economías ilegales. Desde otro ángulo, los movimientos migratorios forman parte del cuadro: por un lado, los peruanos que han salido del país en los últimos años, por otro, los cientos de miles de venezolanos y venezolanas establecidos en el Perú desde hace más de una década, particularmente en Lima. La emigración de jóvenes decepcionados y sin horizonte, sumada a la llegada de población migrante, configura un fenómeno de relevo de “brazos y cerebros” que se siente con particular fuerza en la capital.

Al mismo tiempo, el perfil productivo y económico del país se define con claridad como propio de una economía atravesada por índices récord de informalidad y una fuerte presencia de actividades ilegales. No se trata únicamente de la informalidad comercial o laboral que supera ampliamente a la economía formal, sino también de la expansión de los circuitos ilegales vinculados a la extracción de oro, al tráfico de drogas y a la explotación de recursos maderables. La minería ilegal de oro, en particular, se ha convertido en un vehículo privilegiado para el lavado de activos provenientes de otros negocios ilícitos, empezando por los vinculados a la cadena de producción y exportación de cocaína.

Que esos datos sean hoy relativamente conocidos –como lo es también la persistencia de una informalidad laboral que abarca a más de dos tercios de la población ocupada– no debería distraernos del problema político de fondo. El país está cada vez peor gobernado como resultado de la confrontación permanente entre poderes del Estado, congresos desacreditados, gobiernos sin proyecto y un sistema de justicia presionado y manipulado. Buena parte de esas instituciones parece funcionar al compás de intereses subalternos, articulados en torno al pacto de las derechas más conservadoras y autoritarias y sus aliados, que trabajan para asegurar la continuidad de un modelo que excluye de la representación real a las mayorías populares y a amplios sectores de las clases medias empobrecidas.

El auge de ciertos sectores económicos –como la minería formal y la agroexportación–, que podrían haber sido pilares para una reforma profunda del Estado, para promover una modernización productiva y asegurar una mejor inserción del Perú en el mundo globalizado, no se ha traducido en ese tipo de transformaciones. Por el contrario, ha coexistido con el deterioro sostenido de la calidad de vida, el aumento de la inseguridad y la consolidación de un orden social que solo ofrece estabilidad a unos pocos.

En este contexto, la política se administra en el día a día, sin un horizonte de país, sin un proyecto nacional compartido, casi como una versión institucional del “gota a gota”: se gestiona la crisis cobrando cuotas sucesivas a la ciudadanía –en derechos, en seguridad, en confianza–, mientras se posterga cualquier reforma de fondo.

Suele decirse que la esperanza es lo último que se pierde. Tal vez por eso, a pesar de todo, continúan apareciendo, una y otra vez, iniciativas, voces y esfuerzos que insisten en construir alternativas democráticas y de justicia social. Son expresiones todavía dispersas, pero necesarias, de quienes no renuncian a la idea de un país distinto. Persistir en esa voluntad de cambio, frente a una coyuntura tan adversa y un sistema político que parece diseñado para bloquearla, es hoy una de las tareas más importantes para quienes seguimos apostando honestamente por el país que queremos.

 

 

desco Opina / 28 de noviembre de 2025 

APEC y la reina de las fantasías… se sienten pasos

 

Después de ocho años, Perú volvió a recibir la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento que reúne a 21 países que aproximadamente representan 60% del PBI global, 50% del comercio mundial y casi 50% de la población del planeta. En 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski recién se instalaba y contaba con el respaldo de poco más de la mitad del país. El optimismo relativo de aquellos años contrasta dramáticamente con el pesimismo y la suma de malestares que predominan hoy día, cuando la mandataria y el Congreso de la República tienen una aprobación, que batiendo marcas históricas, se encuentra por debajo del 5%. Si entonces todavía se celebraba el crecimiento económico nacional por encima del promedio de APEC, la reunión de esta semana se instaló en un marco en el que nuestro crecimiento el último año se contrajo 0.6% y la pobreza aumentó alcanzando el 30%.

Desde varias semanas atrás, quedaba claro que el gobierno de la señora Boluarte y el Congreso que maneja la coalición autoritaria y mafiosa que nos gobierna, entendían, que como parte de la realidad en que viven, estaban frente a una oportunidad de lograr un espaldarazo y romper la mirada desconfiada y las críticas de la opinión pública internacional y de muchos gobiernos integrantes del mecanismo, como México y Brasil, por citar dos. Ello, en un momento donde el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas de octubre incluido, evidenciaban una vez más el desplome del Estado, la incapacidad y la frivolidad de un Ejecutivo interesado en su supervivencia y de un Congreso comprometido con su reproducción en el largo plazo y los negocios, así como el naufragio de la política.

Con 1601 homicidios registrados hasta setiembre según el Sistema Informático Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud, Perú enfrenta un año sin precedentes en violencia, con un alarmante promedio de cinco asesinatos diarios y el uso de armas de fuego en el 70% de los casos. Extorsiones, secuestros, préstamos del “gota a gota” y sicariato se convirtieron en noticia cotidiana, como parte de la consolidación de las economías ilegales con el beneplácito de una mayoría parlamentaria apurada por asegurar sus vínculos y sus acuerdos con ella y en beneficiarlos con diversas medidas que les interesan en función de su propia inmunidad con la aquiesencia de la mandataria, interesada en asegurar su estadía en la Plaza de Armas hasta el 2026, así como su impunidad permanente.

En este escenario, en la medida en que se acercaba la fecha de la cumbre y se multiplicaban las convocatorias a movilizaciones y a un paro nacional para exigirle al Gobierno y al Congreso, una vez más, protección a la vida frente a la multiplicación de la extorsión y el sicariato, que promovían inicialmente los distintos gremios de transportistas y comerciantes de mercados y galerías, que ya habían mostrado su fuerza relativa en octubre, la torpeza y la soberbia de la mandataria y de sus principales escuderos ante el temor que les provocaba la protesta, se evidenció nuevamente. La decisión de declarar tres días feriados en Lima y Callao en nombre de facilitar la logística del evento, no escondía el temor que sentían. Los discursos altisonantes y patrioteros del ministro Adrianzén, presentando como traidores a los intereses nacionales, a quienes querían denunciar internacionalmente lo que viven cotidianamente, subieron de nivel cuando el gobierno y el Consejo de Estado respondieron a los convocantes, ofreciendo a policías y militares tribunales propios, de dichas instituciones como máxima protección legal contra sus eventuales excesos. La suspensión de clases en colegios y universidades los tres días de la cumbre, así como el vociferante Ministro del Interior insistiendo en que la seguridad estaba mejorando con sus medidas, fueron las cerezas de la torta y las provocaciones.

Al lado de esas patinadas, el gobierno logró movilizar a distintas autoridades regionales y locales y a muchos empresarios que un mes antes firmaran un comunicado denunciando que el crimen organizado contaba con un gobierno paralelo que está destruyendo al Estado, para que se pronuncien por un clima de paz para el desarrollo y la competitividad, seguramente convencidos por los informes gubernamentales sobre la supuesta violencia de quienes llamaban a protestar, tanto como por las probables ofertas de obras, presupuesto y apoyos que el Ejecutivo no escatima en su búsqueda de respaldo.

Las protestas siguieron adelante. El desborde de la criminalidad y la defensa de la vida fueron sus disparadores. Promovida inicialmente desde sectores con fuerte presencia de la informalidad, –transportistas, mototaxistas, bodegueros, pequeños comerciantes de mercados y galerías–, con un carácter inicialmente limeño, pronto sumaron a gremios como la CGTP y el SUTEP y a distintos sectores de la denominada sociedad civil, agrupados en espacios como la Plataforma Democrática y la Coalición Ciudadana. El tono ciudadano era importante y, no obstante los afanes del gobierno, resultaba difícil acusar de izquierdista a una dinámica que tenía entre sus promotores más visibles a sectores sociales y organizaciones que apoyaron visiblemente en las últimas elecciones a Fuerza Popular, Renovación Nacional, Avanza País y Podemos, a los que acusan de incumplir sus compromisos, como se evidenciara en su encuentro con el congresista Montoya.

Desde el interior, con la desconfianza que le sigue generando Lima, se sumaron distintas organizaciones. A la seguridad y la defensa de la vida que eran las banderas iniciales, se agregaron las demandas particulares de los distintos territorios. Por ejemplo, Tía María en Arequipa y el agua para consumo humano y agrícola en Piura estuvieron en la agenda de las fuertes movilizaciones en esos territorios. Distintas ciudades y regiones se movilizaron con intensidad significativa –Arequipa, Puno, Huancayo, Chimbote, Trujillo, Piura, entre otras– y los bloqueos de carreteras se dieron en 16 puntos. En Lima, las distintas movilizaciones, aunque dispersas y fuertemente reprimidas por momentos, aun siendo muy significativas, no llegaron a la fuerza ni a la masividad que se esperaba.

En cualquier caso, hay señales que indican que el fin de la reunión de APEC marcará un nuevo tiempo para la presidenta. Parece claro que los malestares se multiplican y seguirán creciendo; que el fracaso de la estrategia de seguridad es un fuego artificial inútil; que la incapacidad de gestión del gobierno, a la que se suma su desconexión con la realidad, asegura nuevas movilizaciones y protestas, en un escenario donde el futuro de la mandataria es cada día más precario. Cierto que la movilización de la calle sigue divorciada de la política y no alcanza la articulación y la fuerza que requiere para lograr que se vayan todos, pero también es verdad que en la coalición derechista ya hay sectores que le han puesto plazo fijo a Boluarte. Recordemos que la congresista Chirinos, una entusiasta animadora de vacancias y acusaciones constitucionales, que no actúa por la libre en estos casos, ha anunciado que la vacancia es inevitable. Aunque es imposible asegurar que así será, hoy día se sienten más pasos que antes, lo que hace más urgente aún, avanzar en la construcción de un bloque democrático, que más allá de la izquierda, sea capaz de encontrarse con la gente y sus demandas.

 

desco Opina / 15 de noviembre de 2024

El conservadurismo autoritario en su laberinto

 

Los últimos días la política del país ha estado centrada en el Congreso de la República. Caída en desgracia Patricia Benavides, suspendida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el Ministerio Público en recomposición de sus fuerzas, se sintieron pasos en la avenida Abancay. A fin de cuentas, muchos de sus integrantes, dada la cantidad de carpetas fiscales que existen sobre sus miembros, se sintieron en capilla. De allí que decidieran aceleradamente, violando todas las formas, pero también el más elemental sentido común, aprobar la moción que impulsó la bancada de Renovación Popular para remover “de manera inmediata” a los siete integrantes de la JNJ por una “flagrante comisión de actos contrarios a la ley”, llevando a la Junta de Portavoces a citarlos para el 15 de diciembre, con el fin evidente de ajusticiarlos y volver las cosas al orden, que estaban seguros, era imbatible.

La coalición autoritaria, que se sentía confiada en sus cuatro patas –Congreso de la República, Ejecutivo, Ministerio Público y Tribunal Constitucional– ignoraba tranquila a la opinión pública, convencida que las protestas acalladas, muertos y heridos mediante, no volverían con la ampliación de su judicialización y el imperio de su arbitrariedad. No les preocupaba el 7.5% de aprobación que registraba Boluarte en noviembre, menos aún el 6% en el que está instalado el Congreso; como es obvio, tampoco les interesó que apenas un 11% crea que la mandataria defiende la autonomía de su gobierno y no es la socia menor, silenciosa y viajera del parlamentarismo autoritario, como ocurre realmente.

El congreso, su mayoritaria ala autoritaria que combina intereses mafiosos, la búsqueda de impunidad y la pretensión de prolongar el modelo y los beneficios y granjerías que le permite, decidió acelerar su marcha y avanzar en un conjunto de decisiones, que además de la liquidación de la democracia y de nuestra seriedad como país, les aseguran sus beneficios personales y los de sus clientelas. El patrimonialismo y la prepotencia más ramplona que caracteriza este poder en los últimos tiempos, en su máxima expresión. Así, entre incrédulos e indignados, asistimos a distintas muestras de podredumbre. Con 69 votos de Fuerza Popular, APP, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y sus aliados, el Pleno aprobó una ley para crear una Comisión de Alto Nivel que plantee "reformas" y, en caso no sean aplicadas, la Convención Interamericana de DD.HH. sea denunciada. Con 74 votos a favor, el Pleno aprobó la contrarreforma que suspende la obligatoriedad de las elecciones primarias en los comicios del 2026. Más temprano eligieron como nuevo integrante del Tribunal Constitucional a un funcionario de esa institución, vinculado con Gutiérrez Ticse, quien avaló el indulto a Fujimori.

La lista es interminable. El Congreso recortó los procesos de colaboración eficaz, la principal herramienta de la Fiscalía para luchar contra las organizaciones criminales dedicadas a delitos que van desde la corrupción hasta la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. Sin ningún rubor, eliminaron las elecciones primarias, abiertas y simultáneas (PASO), asegurando que los partidos elijan a sus candidatos sin participación ciudadana, además de subir la valla para nuevos partidos y movimientos regionales, protegiendo de esta manera sus respectivas combis.

Por si no bastara, recientemente la Mesa Directiva que preside Alejandro Soto aprobó la entrega de un aguinaldo de S/ 1700 a los trabajadores parlamentarios, incluyendo a los legisladores, los mismos que el mes pasado se otorgaron un bono extraordinario por cerca de S/ 10 000, sumando así, en plena recesión, un ingreso de más de 43 000 soles en diciembre. No debe sorprendernos, porque recientemente, evidenciando que entienden el poder como su chacra, once destacados congresistas, de esos que brillan con luz propia como el propio presidente del Congreso, Rosselli Amuruz, José Luis Elías, José Luna, María Cordero, Magaly Ruiz y Jaime Quito, entre otros, presionaban a la Policía para la designación de sus escoltas.

En este escenario, el Pleno protagonizó el 15 de diciembre un espectáculo que evidencia su desconcierto. Ante un oficio de la JNJ, cuestionando el proceso y pidiendo reprogramación, el presidente del Congreso anunció que la sesión se reprogramará y se convocará a la JNJ en nueva fecha no establecida. Sorprendidos los sectores más duros y autoritarios –Montoya anunció rápido que pediría la censura de Soto por postergar el debate–, se recompusieron y aprobaron otra moción que permitirá que la Comisión de Justicia los investigue sumariamente por falta grave, es decir el mismo argumento que se empleara para aprobar la remoción inmediata. La desazón del sector más duro, incluido el fujimorismo, no satisfecho con la inaudita decisión del Tribunal Constitucional que liberó a Fujimori, la expresó el preclaro Rospigliosi en un tweet en el que se quejaba “la moción sobre la JNJ se votó, se aprobó y quedó en nada hasta marzo”, para acto seguido responsabilizar, no faltaba más, a los caviares.

¿Les faltaban los votos requeridos? Es probable. Como también lo es el temor a la investigación de la fiscal Barreto, que amenaza, sin duda, con distintos remezones en un Congreso, en el que varios buscarán salvarse ante la amenaza de hundimiento. Como se ha sostenido recientemente, convocando a elecciones, si las cosas ajustan, algunos sectores de la derecha podrían aceptar la salida de un grupo mafioso que ha desnudado el tinglado del que también formaban parte, en un momento en el que simultáneamente el juicio oral a Keiko Fujimori, importante y silenciosa protagonista central de esta película, está próximo a iniciarse. Desde la sociedad, asegurar que la calle sea un espacio de presión contra el autoritarismo y avanzar en la formación de una coalición democrática, es un imperativo. El desconcierto que se ha producido da algo de tiempo.

 

desco Opina / 16 de diciembre del 2023