Déjà vu

 

Aunque no se refirió a su padre en ningún momento, lo que expuso el 28 de julio Keiko Fujimori buscaba ser su calco y copia. Repetir lo que, seguramente, sus análisis internos le reafirman que fueron los pilares de la popularidad fujimorista de los 90, como la insistencia en infraestructura o hacer “funcional” al Estado, adelgazando su burocracia y centralizando las decisiones para “combatir la pobreza”, especialmente en las zonas rurales, sin importarle a ella y a sus asesores el que la pobreza haya cambiado de rostro y su crecimiento es ahora considerablemente mayor en las ciudades.

De esta manera, la referencia previa al Estado catastrófico puede no remitirnos a los gobiernos anteriores, menos aún a las responsabilidades directas que le tocan, sino generar artificialmente las sensaciones pesimistas precedentes al inicio del gobierno de su padre, y desde las cuales el fujimorismo levantó el relato fantasioso de sus superpoderes.

Los esfuerzos oficialistas, por ahora, se dirigen a reactivar discursivamente el mito del origen –el relato del “Estado en ruinas” que permite a Keiko inscribirse en la misma épica de reconstrucción–, para sumar una legitimidad por analogía: si su padre “salvó” al Perú en los 90, ella se presenta como quien puede repetir esa hazaña en el presente.

Es la tónica que prevaleció en todo su discurso. Dijo que resolvería los problemas identificados, por ejemplo, en inseguridad ciudadana, “con decisión y energía”; aunque muy a flor de piel, sin explicitarse, está el hecho de que los fujimoristas han sido parte sustancial en la formación de la delicada situación en la que nos encontramos, manteniendo vigente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), auspiciando las leyes procrimen, el desmantelamiento de lo poco que teníamos para garantizar los derechos humanos, la amnistía para acusados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos, la activación del fuero militar-policial; todo lo que contrasta con su rebuscada escenografía para asegurarnos que no va a tolerar inconductas de policías o militares.

También en la declarada intención de centralizar y concentrar las decisiones del Estado, como su padre. Específicamente, la gestión de las acciones ante el Fenómeno de El Niño –y también la inseguridad ciudadana– serán desde y por el Ejecutivo. Para ambos casos, ha pedido facultades legislativas y la pregunta obvia salta a la vista, ¿serán como los paquetes legislativos de 1991 y 1992?

Keiko habló como si recién hubiese llegado a la política, como si estuviéramos en 1990. Pero, no es una figura nueva. Al contrario, es la referencia emblemática de la nauseabunda política peruana. ¿Sería por eso que no sintió la necesidad de pedir perdón, ni por su padre, ni por ella misma? Era lo mínimo que esperábamos los ingenuos que creíamos en el milagro de que había un mínimo de vocación para el cambio.

Tampoco sintió la necesidad de plantearnos su estrategia contra la corrupción, uno de los principales problemas para la población peruana. Aun menos sintió la necesidad de convocar a la participación ciudadana y a las autoridades locales y regionales. En el mejor de los casos, serán engranajes operativos de lo que decida el Ejecutivo, como en 1994, cuando la activación política del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) fue decisiva para realinear conciencias políticas, permitiendo el barrido electoral de 1995.

No tendrá esa tecnocracia que su padre encontró en el camino, algo que se evidencia a borbotones en la composición de su Gabinete, en el que resultan aceptables un par de nombres, pero no más. A ello se suma que su bancada parlamentaria, conformada con algunos de los muchachos y muchachas reciclados del ayer, darán muestra de mucha maña y criollada, pero sin una agenda política que guíe su acción. No entiende que el “terruquismo” y el “caviarismo” ya agotaron su eficacia, si es que alguna vez la tuvieron.

A favor tendrá una cuadrilla de autoridades subnacionales siempre dispuesta a negociar lo que sea; las organizaciones sociales casi desaparecidas, la práctica destrucción de la institucionalidad pública, con su correlato en el fortalecimiento de una gobernabilidad directa, vertical y sin intermediación.

En este escenario, por ahora, podrían ponerse en debate los roles que querrán cumplir los grandes empresarios financieros y extractivistas, así como los mandos de las Fuerzas Armadas. En lo que no hay duda es que no serán los que se asignaron en los años 90.

 

desco Opina Regional / 31 de julio de 2026

Urgencias de un fujimorismo sin Fujimori

 

La victoria electoral de Keiko Fujimori abre una nueva etapa política. Como ocurre con todo gobierno que inicia su mandato, las primeras semanas están marcadas por los gestos simbólicos sobre prioridades, las expectativas y las definiciones. Una lectura comparada entre los ofrecimientos de campaña, el contenido de su plan de gobierno y las urgencias objetivas que enfrenta el país deja al descubierto vacíos e incoherencias difíciles de ignorar.

Resulta sorprendente que el discurso de Fuerza Popular siga concentrándose en defender el modelo económico y la Constitución como si fueran las grandes disputas nacionales en curso. En realidad, las urgencias del Perú son hoy distintas. El desafío principal consiste en construir un Estado que funcione para todos y todas y sea capaz de enfrentar al crimen organizado, controlar la minería ilegal, reducir la corrupción y ejecutar infraestructura de calidad. También mantener en funcionamiento exitoso, pero no abusivo a las grandes inversiones nacionales y extranjeras. Pero, por encima de todo ello, está no llegar demasiado tarde a las consecuencias del fenómeno de El Niño de gran magnitud, proyectado hasta mediados del año 2027. El escenario climático debiera ser prioritario.

Estamos tarde, una vez más, para atender territorios históricamente abandonados como el sur andino y la Amazonía. Ninguno de estos problemas se resuelve invocando las reformas de los años noventa. El país requiere otras respuestas de parte del gobierno entrante.

La prevención de desastres, el reforzamiento de infraestructura crítica, la protección de nuestras ciudades, carreteras y sistemas de riego en el norte del país, así como la coordinación entre niveles de gobierno, requieren un Estado con capacidad de planificación, inversión y presencia territorial que no existe para enfrentar un fenómeno de esta magnitud: un aparato público capaz de anticiparse a la emergencia, coordinar recursos y liderar la respuesta nacional. Primero en el norte, donde ya empezó a llover y luego, muy pronto, en un sur sediento.

La sequía, la fragilidad de la economía rural, las brechas de infraestructura y la persistente sensación de abandono es una realidad que se omite mencionar en relación con lo que espera el sur andino de un gobierno democrático. No es un tema que pueda resolverse únicamente mediante incentivos al mercado o anuncios de inversión pública. La presencia del Estado continúa siendo insustituible. Sin una estrategia nacional de desarrollo territorial, difícilmente podrá cerrarse la distancia entre Lima y las regiones más vulnerables que demandan fortalecer los gobiernos regionales y reducir las profundas desigualdades que el crecimiento económico no ha logrado corregir por sí solo.

Las respuestas conocidas y desgastadas respecto a la seguridad ciudadana constituyen otro terreno donde la magnitud del problema demanda cambios que no debieran ser la militarización del país. Las extorsiones, el sicariato, las economías ilegales y la penetración del crimen organizado han transformado la naturaleza de la violencia. Si bien la demanda social por firmeza es comprensible –el incremento de penas, la militarización del país o el endurecimiento del discurso–, no reemplazan la necesidad de reformar los sistemas de inteligencia, investigación criminal, control financiero y administración de justicia. Del mismo modo, la corrupción generalizada –que atraviesa distintos niveles del Estado y del sistema político– exige reformas institucionales profundas, mecanismos efectivos de transparencia y una voluntad política que vaya más allá de las declaraciones.

El fujimorismo de los noventa se embarcó con el mundo marcado por el triunfo de la globalización, el consenso de Washington y la hegemonía de Estados Unidos. Treinta y cinco años después el escenario internacional es otro. Hoy predominan la competencia entre China y Estados Unidos, la fragmentación del comercio internacional, la transición energética, la inteligencia artificial y una crisis climática que obliga a los Estados a desarrollar capacidades de prevención y planificación como preocupación política cada vez más importante.

Quizá por eso el mayor desafío del fujimorismo sea precisamente sobrevivir a Alberto Fujimori: comprender que las circunstancias históricas han cambiado y construir respuestas nuevas. Mientras ello no ocurra, el riesgo será que Fuerza Popular continúe ofreciendo soluciones para un país que ya no existe. Y esa es, probablemente, la mayor debilidad de su propuesta política actual. Paradójicamente, la mejor manera de Keiko de ser fiel a Fujimori sería dejar de repetir las respuestas que él mismo dio hace más de tres décadas.

Frente a este escenario, la oposición enfrenta igualmente un desafío. Reducir su papel a una estrategia de confrontación permanente en el Congreso o apostar exclusivamente por la movilización ciudadana, podría terminar fortaleciendo la polarización que ha caracterizado al país los últimos años. Renunciar al control político y a la fiscalización tampoco contribuiría al fortalecimiento democrático que demanda temas importantes como la justicia ante los asesinatos del gobierno de Dina Boluarte, protegida por las fuerzas políticas que hoy sostienen a Keiko Fujimori.

 

desco Opina / 24 de julio de 2026

La importancia de persistir

Ningún país de la Tierra parece haber acumulado, en tan poco tiempo, un ramillete tan amplio de expresidentes procesados, condenados o con investigaciones en curso, soportando carcelería, prisión domiciliaria o restricciones por múltiples delitos. Eso dice mucho de la realidad contemporánea en la que vivimos: de la fragilidad institucional, la debilidad del Estado y del clima de caos político que arrastramos en el Perú desde hace décadas.

No sorprende entonces que, a pocos meses de las próximas elecciones generales, ninguno de los numerosos candidatos y candidatas a la presidencia alcance siquiera el 10 % de respaldo en las encuestas de intención de voto, mientras que las opciones del voto en blanco o viciado se mantienen como una de las preferencias predominantes, cuando un porcentaje significativo de la ciudadanía aún no precisa su opción. Bastarían esos datos, recogidos por las principales encuestadoras, para tener un primer boceto de la realidad electoral: desconfianza, desinterés y una representación política profundamente erosionada.

Pero esa es sólo una pieza del cuadro. El proceso electoral ocurre en medio de circunstancias excepcionales y de una pulverización de la oferta política: decenas de organizaciones, con listas congresales vastas, suman varios miles de candidaturas al Parlamento. Más que una celebración del ejercicio democrático y de la vocación de servicio de tantas ciudadanas y ciudadanos, esas cifras expresan, sobre todo, el gran desorden en el que nos encontramos.

La coyuntura se hace más nítida cuando se agregan otros datos y variables. Ahí están, por ejemplo, las cifras de asesinatos de conductores y trabajadores del transporte público en diversas ciudades del país, especialmente en Lima, como expresión de la expansión del crimen organizado y de las economías ilegales. Desde otro ángulo, los movimientos migratorios forman parte del cuadro: por un lado, los peruanos que han salido del país en los últimos años, por otro, los cientos de miles de venezolanos y venezolanas establecidos en el Perú desde hace más de una década, particularmente en Lima. La emigración de jóvenes decepcionados y sin horizonte, sumada a la llegada de población migrante, configura un fenómeno de relevo de “brazos y cerebros” que se siente con particular fuerza en la capital.

Al mismo tiempo, el perfil productivo y económico del país se define con claridad como propio de una economía atravesada por índices récord de informalidad y una fuerte presencia de actividades ilegales. No se trata únicamente de la informalidad comercial o laboral que supera ampliamente a la economía formal, sino también de la expansión de los circuitos ilegales vinculados a la extracción de oro, al tráfico de drogas y a la explotación de recursos maderables. La minería ilegal de oro, en particular, se ha convertido en un vehículo privilegiado para el lavado de activos provenientes de otros negocios ilícitos, empezando por los vinculados a la cadena de producción y exportación de cocaína.

Que esos datos sean hoy relativamente conocidos –como lo es también la persistencia de una informalidad laboral que abarca a más de dos tercios de la población ocupada– no debería distraernos del problema político de fondo. El país está cada vez peor gobernado como resultado de la confrontación permanente entre poderes del Estado, congresos desacreditados, gobiernos sin proyecto y un sistema de justicia presionado y manipulado. Buena parte de esas instituciones parece funcionar al compás de intereses subalternos, articulados en torno al pacto de las derechas más conservadoras y autoritarias y sus aliados, que trabajan para asegurar la continuidad de un modelo que excluye de la representación real a las mayorías populares y a amplios sectores de las clases medias empobrecidas.

El auge de ciertos sectores económicos –como la minería formal y la agroexportación–, que podrían haber sido pilares para una reforma profunda del Estado, para promover una modernización productiva y asegurar una mejor inserción del Perú en el mundo globalizado, no se ha traducido en ese tipo de transformaciones. Por el contrario, ha coexistido con el deterioro sostenido de la calidad de vida, el aumento de la inseguridad y la consolidación de un orden social que solo ofrece estabilidad a unos pocos.

En este contexto, la política se administra en el día a día, sin un horizonte de país, sin un proyecto nacional compartido, casi como una versión institucional del “gota a gota”: se gestiona la crisis cobrando cuotas sucesivas a la ciudadanía –en derechos, en seguridad, en confianza–, mientras se posterga cualquier reforma de fondo.

Suele decirse que la esperanza es lo último que se pierde. Tal vez por eso, a pesar de todo, continúan apareciendo, una y otra vez, iniciativas, voces y esfuerzos que insisten en construir alternativas democráticas y de justicia social. Son expresiones todavía dispersas, pero necesarias, de quienes no renuncian a la idea de un país distinto. Persistir en esa voluntad de cambio, frente a una coyuntura tan adversa y un sistema político que parece diseñado para bloquearla, es hoy una de las tareas más importantes para quienes seguimos apostando honestamente por el país que queremos.

 

 

desco Opina / 28 de noviembre de 2025 

La inseguridad y las fantasías

 

El 28 de marzo, César Vásquez, ministro de Salud, aseguró que si los delincuentes ven en la televisión que la Policía Nacional del Perú (PNP) está realizando capturas, dejarían de delinquir y, dado el caso, los fiscales no los liberarían: “Ayúdennos a difundir las capturas diarias. Si el delincuente ve todos los días que estamos capturando y desarticulando bandas, y que los fiscales están liberándolos, los fiscales van a pensarlo dos veces antes de liberarlos, los delincuentes no van a querer delinquir, se van a ir a otro lado", declaró.

Como vemos, lo que el problema de la inseguridad pone sobre la mesa es la insondable incapacidad de nuestras autoridades. También la turbación de los que, en teoría, deberían alcanzar alternativas y, por si fuera poco, la convicción de una “oposición” política –si existe–, de saber poco o nada sobre el principal problema que declara tener la mayoría de peruanos, por lo menos en la última década y media.

Para los que deciden, es un tema de moda, nada más, y, obviamente, no debiera ser así, dados los inmensos daños que ocasiona la actividad criminal. En ese sentido, si algo es meridianamente cierto en el mar de dudas e incertidumbres que rodea el tema de la inseguridad ciudadana, es que el enfoque de “guerra contra el crimen”, que era el hegemónico, no va más.

Este enfoque consiste en priorizar una estrategia de confrontación directa y punitiva contra el crimen organizado, principalmente a través de medidas militares y policiales intensivas. Se centra en el uso de la fuerza para desmantelar organizaciones criminales y reducir actividades ilícitas. Entre sus mecanismos están la militarización de la seguridad pública, la cacería de líderes ("kingpins"), el incremento de penas y acciones represivas, así como campañas simbólicas que remarquen el mensaje de “tolerancia cero”, entre otros.

El ejemplo más conocido del fracaso de esta estrategia fue lo acontecido en México, durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), donde se desplegó al ejército para combatir a los cárteles de la droga, con resultados catastróficos como el aumento de la violencia; la imposibilidad de construir un enfoque integral, porque tiende a centrarse en medidas punitivas y militares, dejando de lado aspectos sociales como la prevención, la educación y la creación de oportunidades económicas; la generalización de la corrupción y la debilidad institucional, debido a que, en muchos casos, las instituciones encargadas de implementar estas estrategias están infiltradas por el crimen organizado, lo que limita su eficacia. Sin embargo, seguimos capturados por la fantasía de la “mano dura”.

Mientras tanto, las economías ilegales han ganado más espacio en el país y se estima que el 2024 movilizaron en conjunto unos US$ 12 645 millones. La principal es, como sabemos bien, la minería ilegal de oro, que pudo haber transado unos US$ 6840 millones, según una estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE). Por ello, en una encuesta realizada por Ipsos-Apoyo en agosto del 2024, el 45 % de los encuestados reconocía a las economías ilegales como el sector que tiene más poder en el país, ubicándose sólo después del Congreso.

De hecho, un factor que fortalece a la actividad minera ilegal del oro es el precio internacional, que la ha hecho más rentable pues los costos de producción no han subido en la misma proporción que aquél, que hoy bordea casi los US$ 3000 la onza. En otras palabras, en los últimos 20 años el precio se ha multiplicado por diez y esto nos da una idea del enorme y creciente margen de incentivo para dicha actividad.

Pero, no es todo. Según distintas estimaciones, el 2023 se perdió, por corrupción en la inconducta funcional, alrededor de US$ 6400 millones. Esto evidencia por sí solo la intensidad con la que las economías ilegales han capturado áreas sensibles del Estado, especialmente las que emiten regulaciones, volviéndose por lo mismo, cada vez “menos ilegales”.

La minería ilegal, como hemos presenciado en los últimos años, es otra oportunidad de la indefinición normativa, que le permite camuflarse con las minerías de pequeña escala y artesanales, donde hay población con altos niveles de vulnerabilidad, que buscan oportunidades de subsistencia.

En esta línea, las elecciones del 2026 es probable que cuesten alrededor de US$ 1000 millones al Estado peruano, y la cantidad de recursos que se moverán para financiar todas las campañas electorales será igualmente inmensa. Desde ya, allí tenemos un espacio en el que debe centrarse la vigilancia ciudadana.

 

 

desco Opina / 4 de abril de 2025

Ley y orden neoliberal

Podemos plantearnos serias dudas sobre las reales preocupaciones del ministro de Interior acerca de la generalizada desaprobación de su gestión. A fin de cuentas, la suya no está lejos de las desaprobaciones de prácticamente todos los actores políticos del país; además, desde el Ejecutivo, se declara firmemente que su presencia en el Gabinete está más que asegurada; y, por si fuera poco, sus antecedentes como abogado defensor de altos jefes policiales, hacen suponer que es una persona de mucha confianza entre los que conducen la institución central del sector que actualmente lidera.

En otras palabras, no debe importarle mucho lo que opine la ciudadanía en un ambiente de total descomposición institucional, que se obtuvo como resultado tras un cuarto de siglo de impulsar un sistema político democrático que, como agregado, se implementó durante un ciclo de crecimiento económico que jamás tuvo el país. Son las paradojas del subdesarrollo diríamos, si estuviéramos en los años 60, cuando, al parecer, se pensaba de manera algo más seria la situación de nuestros países y cómo generar las alternativas que permitieran superarla.

Pero, el colapso puede estar ofreciéndonos una oportunidad. El ministro Santiváñez, el sector Interior y la Policía Nacional podrían ser elementos firmes para construir nuevas maneras de comprender nuestro subdesarrollo. Por ejemplo, que seamos un país perfectamente intrascendente, no sólo en la dimensión global sino también en la regional, sin posibilidad de superar situaciones seculares de pobreza y postración, debiéndose agregar los crecientes índices de criminalidad, debiera conducirnos a concluir tajantemente que nuestro problema no es, ni mucho menos, escasez de recursos.

¿Qué ha fallado? A estas alturas, nadie podrá negar que la clave fundamental del atraso económico reside en la institucionalidad. Desde Douglas North y Robert Fogel, premios Nobel 1993, hasta Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, premios Nobel 2024, el debate se orienta en ese sentido, y nuestro país, claramente, se presenta como un caso nítido de cómo pueden desaprovecharse, una tras otra, las oportunidades económicas que se presentaron cíclicamente, debido a los cuellos de botella insalvables, que se encuentran en esta dimensión.

La diferencia entre el desastre institucional que mostramos actualmente, con otros en el pasado, es que éste fue generado por la misma fórmula que nos garantizó el paraíso en base a privatizaciones –de empresas que ahora quiebran porque su deuda tributaria es impagable– y el desmontaje salvaje del aparato público, porque, decían, era ineficiente. En su lugar, fueron tomando posiciones “los técnicos”, que ahora vemos en acción.

Aún más. El neoliberalismo, con su énfasis en los mercados “libres” y la desregulación en versiones radicales, ha conducido a la creación de formas de actividad económica "parias", que pueden incluir economías ilegales, que surgen como respuesta a las desigualdades y exclusiones generadas por las políticas neoliberales, y no, como creen los ingenuos, simples respuestas delincuenciales disfuncionales que se replican con policialización y militarización.

En este orden de cosas, que está en la base de la informalidad, se ha ido dinamizando una institucionalización paralela, en la que el Estado termina cediendo aún más autonomía a sus fuerzas de seguridad y éstas se adecuan al “terreno” de manera cada vez más firme, es decir, como muchos ciudadanos y ciudadanas hemos intuido desde tiempo atrás: los agentes del Estado que deben evitar la inseguridad –desde el Ministro hasta el policía de servicio en la calle– son también generadores de la misma.

 

desco Opina / 21 de febrero de 2025 

Geopolítica de la cocaína en la Amazonía

 

Según el World Drug Report 2023 el mercado de cocaína es estable y es una muestra de la prosperidad en la que se mueve: US$ 85 000 millones anuales (UNODC), mientras todas las drogas ilegales mueven US$ 320 000 millones (Global Financial Integrity). Europa Occidental es el segundo mercado global después de EE.UU. Allí, es difícil establecer tendencias concluyentes sobre el consumo, hay una estabilización del mercado según el incremento demográfico, por lo que la ONU llama a una alerta máxima sobre esa tendencia.

El mercado de cocaína es global, alcanza a 21.5 millones de usuarios. Se satisface con 458 tm que llegan al mercado final. Esta cifra es cortada y aumentada, por parte de mafias europeas, albanesas y balcánicas.

América del Norte sigue siendo el mayor consumidor de cocaína con 6.4 millones de usuarios, seguido de Europa Occidental y Central con 4.6 millones. En esta última ha aumentado el consumo de crack. La red de organizaciones de traficantes mexicanas dentro de EE. UU., es sólida y maneja los negocios de cocaína. El referido informe se aferra en poner a América del Sur como usuario importante (4.7 millones de personas), principalmente en Brasil y Argentina. En cuanto a la logística, hay que diferenciar los puntos de entrada de la droga a Europa, en los puertos ibéricos. Luego están los puertos graneleros de los Países Bajos e Italia, que son centro de llegada de parte de la migración sudamericana. En la medida que existe un importante comercio entre Perú y la Unión Europea, se aprovechan todos los medios de articulación comercial posibles.

En cuanto a la producción de coca y su logística, el 2022 se detectaron 234 000 ha cultivadas con coca en la selva de América del Sur (95 008 de ellas en el Perú) respecto de 54 134 ha en el 2018, con precios de US$ 1100 por kilo de cocaína. A nivel campesino, las estructuras locales –denominadas “firmas”– organizan el proceso de elaboración, empaque y transporte hacia los puntos de salida. Desde las regiones intermedias, los representantes de las organizaciones de alcance internacional definen los envíos, se apropian de las ganancias en territorio peruano y embarcan con destinos finales.

De la Alta Amazonía trinacional, se extrajeron el 2021 hasta 1982 toneladas de cocaína mediante infraestructura a pequeña escala y algunos mega laboratorios. El nivel de pericia industrial para la extracción de alcaloide ha alcanzado niveles importantes, con participación de organizaciones criminales multinacionales. La producción de cocaína se ha generalizado en Colombia y algunas regiones del Perú. Desde la primera, se dirigen sus envíos hacia la salida en el Pacífico. Desde la segunda, se dirigen hacia la frontera brasileña, por vía aérea (Inteligencia de la Fuerza Aérea reporta un flujo creciente de pistas clandestinas en funcionamiento en Ciudad Constitución, Pichis Palcazú y Ucayali) y fluvial. Aunque el VRAEM atravesó y sigue pasando por una fuerte crisis de precios de la coca y la pasta base durante la pandemia (2020-2022), mantiene una alta producción de pasta y clorhidrato de cocaína. Una tendencia es la presencia creciente de Brasil en el manejo de la salida de cocaína por África Occidental. Las costas de Guinea Bissau, Ghana, Senegal y Mali son donde se produce la triangulación entre organizaciones brasileñas y africanas.

Del total de cocaína producida, las policías del mundo incautaron 1424 toneladas, el 72% de lo producido. El aumento de la incautación de cocaína está relacionado al aumento de la producción, mercados y rutas: es el caso del Brasil (puerto de Santos) que, junto a Colombia (Buenaventura) y Ecuador (Guayaquil), son los puntos de salida marítima de la cocaína sudamericana.

Ahora se incauta cinco veces más en América del Sur que en América del Norte. En el caso del Perú, la Policía decomisa cifras que superan las 60 toneladas, desde el 2018 hasta la actualidad. También han aumentado las incautaciones en Asia, África y Oceanía. El problema central es que el aumento exponencial de las incautaciones por el lado de la oferta, no repercute ni en la disponibilidad, ni en el precio final (80/100 euros por gramo de cocaína = 100 000 euros el kilo en el destino), con lo cual, la demanda permanece intacta. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 38 se encuentran en América Latina, lo que permite entender la facilidad con la que se inserta la economía de la cocaína.

La organización criminal de la cocaína está compuesta por redes que se encuentran compartimentalizadas por cuestiones de seguridad. Junto a otras economías ilícitas, se convierte en el camino para hacer partícipe de la globalización a indígenas, colonos, migrantes, campesinos y desempleados, pues tiene niveles diversos de escala en su cadena de valor. Se organiza en tres niveles:

(i) A nivel de los productores, son pequeñas estructuras de transformación y acopio de la droga, aproximadamente entre 50 y 70 “firmas” en los valles cocaleros: familias de localidades de Palmapampa, Llochegua, Vizcatán del Ene, Aguaytía; repiten el mismo esquema de acopiadores y enviadores de droga hacia ciudades intermedias (el precio aun es menor: US$ 1100 por kilo de clorhidrato, 800 por pasta lavada). Es el caso de las firmas “Putin”, “Sosa”, “Hogi”, “del Gallo”.

(ii) El segundo nivel relacionado a transporte, almacenamiento y salida, integra organizaciones más sofisticadas y de mayor alcance. Se trata de organizaciones intermedias de composición nacional asentadas en los puntos de almacenamiento y salida, con vinculaciones comerciales con las empresas internacionales mexicanas y colombianas: es el caso de lo que fueron los Sánchez Paredes, “Los Empresarios” de Pebes y Negrón (2018) y el caso de Joaquín Ramírez.

(iii) El tercer nivel es a escala internacional (global), allí participan las organizaciones criminales grandes, desde México: principalmente, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (en menor medida las de Juárez, Tijuana y El Golfo) que hacen presencia en el Pacífico a partir de acuerdos con organizaciones como “Los Urabeños” en Colombia; del lado brasilero, tenemos la acción dispersa de las estructuras de Comando do Capital y el Comando Vermelho.

En conclusión, hay tres factores que permiten el mantenimiento del mercado ilegal en las actuales circunstancias de altos decomisos e interdicción: estabilización de oferta/demanda, compartimentalización de organizaciones criminales y la convergencia ideal de actividades criminales.

 

Los Estados latinoamericanos, y particularmente el Perú, estamos inermes frente a las implicancias del extractivismo ilegal y sus consecuencias ambientales, sociales y económicas. Mientras los países desarrollados nos endilgan gran parte de la responsabilidad y las obligaciones para enfrentarlos de manera errónea, nosotros agachamos la cabeza y nos negamos a encontrar otras salidas profundas, desde la regulación, el control de daños y un manejo político adecuado. 

 

Gentil colaboración de Ricardo Soberón

desco Opina / 20 de octubre de 2023