El asesinato de cuatro personas y el secuestro ocurrido en Trujillo ha vuelto a colocar la seguridad en el centro de la agenda y, sobre todo, ha convertido una promesa electoral de "mano dura" en una prueba concreta de capacidad de gobierno. Es decir, la de un Estado que funcione con autoridad y seguridad. El gobierno de Fuerza Popular –ante una ciudadanía cada vez más desconfiada de la política–, con el temor de un sector y la esperanza de otro, pareciera encontrarse en un terreno favorable para actuar como quien prometió poner orden.
Sin embargo, ese capital
político alimentado por las promesas de orden y seguridad de la nueva
administración, tiene también otro lado en la misma moneda que es el fracaso,
como su principal riesgo. Recuperar la autoridad del Estado es indispensable,
pero recuperar la capacidad de gobernar no es lo mismo. Menos si se pretendiera
recobrar el poder para gobernar sin contrapesos.
Los homicidios, la
extorsión y el avance del crimen organizado, han convertido -hace rato ya-, la demanda de seguridad en la principal
preocupación ciudadana. Es comprensible que una población atemorizada reclame
respuestas contundentes. Lo que habrá que comprobar es si detrás de la
contundencia ofrecida existe una política pública capaz de producir resultados.
La seguridad puede convertirse así en el primer gran indicador de la capacidad
real del gobierno, pero también de su disposición al diálogo y concertación que
pueda lograrse con el Congreso y la ciudadanía a la que representa.
Las facultades legislativas solicitadas por
el Ejecutivo
(convertidas en una costumbre desde hace varios gobiernos), constituyen algo
más que un trámite político. Son la primera oportunidad para observar cómo
entiende el gobierno de la hija del dictador la relación entre poderes con el
Congreso.
Aparentemente está
respondiendo con firmeza al demandar mayores facultades para
legislar en el endurecimiento de penas, la participación de las Fuerzas Armadas
y un discurso de confrontación directa con el crimen. Acabar con la inseguridad
constituye así una primera prueba que demanda resultados, porque anunciar mano
dura es relativamente sencillo. Otra cosa más difícil es lograr desarticular
las organizaciones criminales, investigar sus finanzas, recuperar los
territorios controlados por ellas y hacer funcionar simultáneamente a la
Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
En este mes de la primavera
cabe preguntarse si el nuevo gobierno buscará acuerdos y negociará reformas,
aceptando modificaciones, o si utilizará su respaldo parlamentario para ampliar
su margen de acción. No olvidemos que el fujimorismo no llega al poder sin
historia. La experiencia de los años noventa forma parte de la memoria política
del país y no debemos ignorarla pues esos antecedentes importan precisamente
para saber qué señales institucionales deben ser observadas con mayor atención.
Señales que no están solamente en el Congreso, sino también en la relación con
la prensa y con los organismos de justicia, varios de ellos copados por gente
de su confianza, como ocurre con las instituciones de control y con quienes
investigan al poder.
Una democracia puede tener
un gobierno fuerte de izquierda o de derecha, lo que no puede es tener uno que
considere que toda crítica es una conspiración y todo control, una obstrucción.
Por ahora, el respaldo ciudadano inicial a Keiko
Fujimori
es considerable y expresa, en buena medida, una expectativa, un consentimiento
para que haga aquello que los anteriores no pudieron hacer. Algo que puede
durar o diluirse muy pronto.
La estabilidad
macroeconómica y la de nuestra moneda proporcionan al gobierno un margen que no
debería desperdiciar pues el desafío no consiste en conservar indicadores que
muestran cierta fortaleza, sino en transformar esa estabilidad cautelada por el
BCR, en mayor empleo, una mejor distribución de los ingresos y mejores
servicios públicos para la mayoría de los peruanos en su vida diaria. Eso
significa en lo inmediato contar con una policía eficaz, instituciones
coordinadas, servicios públicos que funcionen, inversión pública ejecutada y
políticas capaces de llegar a los territorios donde el Estado prácticamente ha
desaparecido.
El gobierno puede utilizar
el mismo capital político para construir una estructura de poder cada vez más
concentrada, en la que Congreso, gobierno e instituciones públicas terminen
respondiendo a una misma lógica política y donde los controles democráticos sean
vistos como obstáculos. Estamos a las puertas de ver cómo se resolverá esta
disyuntiva.
La demanda ciudadana de
orden no es una demanda de autoritarismo. El Perú necesita recuperar autoridad,
pero una autoridad democrática. Es, fundamentalmente, la demanda de un Estado
que proteja a sus ciudadanos, que funcione y que cumpla las reglas que él mismo
establece.
El primer mes de Keiko Fujimori permite afirmar poco sobre el desenlace, aunque supone formular una pregunta que será cada vez más difícil obviar: ¿Estamos asistiendo a la recuperación de la capacidad de gobierno del Estado o al comienzo de una nueva concentración del poder político? No nos engañemos, la respuesta no estará en los discursos de Palacio, ni en las encuestas de aprobación. Estará en los hechos y allí cabe también la posibilidad de una crisis que se profundice en el pantano de la ineficiencia y el desgobierno. El Niño malo con lluvias extraordinarias y sequías simultaneas en el país también pondrá a prueba su desempeño.
desco Opina / 4 de
setiembre del 2026
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