La victoria electoral
de Keiko Fujimori abre una nueva etapa política. Como ocurre con todo gobierno
que inicia su mandato, las primeras semanas están marcadas por los gestos
simbólicos sobre prioridades, las expectativas y las definiciones. Una lectura
comparada entre los ofrecimientos de campaña, el contenido de su plan de gobierno y las urgencias objetivas que
enfrenta el país
deja al descubierto vacíos e incoherencias difíciles de ignorar.
Resulta sorprendente
que el discurso de Fuerza Popular siga concentrándose en defender el modelo
económico y la Constitución como si fueran las grandes disputas nacionales en
curso. En realidad, las urgencias del Perú son hoy distintas. El desafío
principal consiste en construir un Estado que funcione para todos y todas y sea
capaz de enfrentar al crimen organizado, controlar la minería ilegal, reducir
la corrupción y ejecutar infraestructura de calidad. También mantener en
funcionamiento exitoso, pero no abusivo a las grandes inversiones nacionales y
extranjeras. Pero, por encima de todo ello, está no llegar demasiado tarde a
las consecuencias del fenómeno de El Niño de gran magnitud, proyectado
hasta mediados del año 2027. El escenario climático debiera ser prioritario.
Estamos tarde, una vez
más, para atender territorios históricamente abandonados como el sur andino y
la Amazonía. Ninguno de estos problemas se resuelve invocando las reformas de
los años noventa. El país requiere otras respuestas de parte del gobierno
entrante.
La prevención de
desastres, el reforzamiento de infraestructura crítica, la protección de
nuestras ciudades, carreteras y sistemas de riego en el norte del país, así
como la coordinación entre niveles de gobierno, requieren un Estado con
capacidad de planificación, inversión y presencia territorial que no existe para
enfrentar un fenómeno de esta magnitud: un aparato público capaz de anticiparse
a la emergencia, coordinar recursos y liderar la respuesta nacional. Primero en
el norte, donde ya empezó a llover y luego, muy pronto, en un sur sediento.
La sequía, la
fragilidad de la economía rural, las brechas de infraestructura y la
persistente sensación de abandono es una realidad que se omite mencionar en
relación con lo que espera el sur andino de un gobierno democrático. No es un
tema que pueda resolverse únicamente mediante incentivos al mercado o anuncios
de inversión pública. La presencia del Estado continúa siendo insustituible.
Sin una estrategia nacional de desarrollo territorial, difícilmente podrá
cerrarse la distancia entre Lima y las regiones más vulnerables que demandan
fortalecer los gobiernos regionales y reducir las profundas desigualdades que
el crecimiento económico no ha logrado corregir por sí solo.
Las respuestas
conocidas y desgastadas respecto a la seguridad ciudadana constituyen otro
terreno donde la magnitud del problema demanda cambios que no debieran ser la militarización
del país. Las extorsiones, el sicariato, las economías ilegales y la
penetración del crimen organizado han transformado la naturaleza de la
violencia. Si bien la demanda social por firmeza es comprensible –el incremento
de penas, la militarización del país o el endurecimiento del discurso–, no
reemplazan la necesidad de reformar los sistemas de inteligencia, investigación
criminal, control financiero y administración de justicia. Del mismo modo, la
corrupción generalizada –que atraviesa distintos niveles del Estado y del
sistema político– exige reformas institucionales profundas, mecanismos
efectivos de transparencia y una voluntad política que vaya más allá de las
declaraciones.
El fujimorismo de los
noventa se embarcó con el mundo marcado por el triunfo de la globalización, el
consenso de Washington y la hegemonía de Estados Unidos. Treinta y cinco años después
el escenario internacional es otro. Hoy predominan la competencia entre China y
Estados Unidos, la fragmentación del comercio internacional, la transición
energética, la inteligencia artificial y una crisis climática que obliga a los
Estados a desarrollar capacidades de prevención y planificación como
preocupación política cada vez más importante.
Quizá por eso el mayor
desafío del fujimorismo sea precisamente sobrevivir a Alberto
Fujimori: comprender que las circunstancias históricas han cambiado y construir
respuestas nuevas.
Mientras ello no ocurra, el riesgo será que Fuerza Popular continúe ofreciendo
soluciones para un país que ya no existe. Y esa es, probablemente, la mayor
debilidad de su propuesta política actual. Paradójicamente, la mejor manera de
Keiko de ser fiel a Fujimori sería dejar de repetir las respuestas que él mismo
dio hace más de tres décadas.
Frente a este
escenario, la oposición enfrenta igualmente un desafío. Reducir su papel a una
estrategia de confrontación permanente en el Congreso o apostar exclusivamente
por la movilización ciudadana, podría terminar fortaleciendo la polarización
que ha caracterizado al país los últimos años. Renunciar al control político y
a la fiscalización tampoco contribuiría al fortalecimiento democrático que
demanda temas importantes como la justicia ante los asesinatos del gobierno de
Dina Boluarte, protegida por las fuerzas políticas que hoy sostienen a Keiko
Fujimori.
desco Opina / 24 de julio de
2026
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