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viernes

La segunda vuelta electoral en Junín

 

Las elecciones regionales en Junín no trajeron ninguna sorpresa, pues el resultado ya confirmaba a los candidatos con mayor intención de voto, quienes además tuvieron campañas de gran peso económico. De acuerdo al conteo oficial de la ONPE al 99.05%, Fernando Pool Orihuela Rojas, del partido político Podemos Perú ocupa el primer lugar con un 29.02 %, dejando en segundo lugar a Arnoldo Dante Mallma Auqui, del partido político Alianza para el Progreso con un 27.01 %. Este resultado encamina a la región hacia una segunda vuelta según la normativa electoral peruana, donde si una lista no supera el 30% de los sufragios válidos, los dos candidatos con mayor votación deberán competir en un segundo proceso el próximo 6 de diciembre.

Dentro de las propuestas planteadas por Fernando Orihuela, se ofrece construir y fortalecer los hospitales generales en Chilca, Chupaca, Concepción, Junín, Jauja y Pangoa; ampliar el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro); implementar el parque agroindustrial del Valle del Mantaro; la protección integral del nevado del Huaytapallana; la recuperación integral del lago de Junín; la ejecución de corredores viales, carreteras y puentes estratégicos; así como crear la Gerencia Regional de Pueblos Originarios y Andinos.

Por su parte, Arnoldo Mallma, cuenta con un plan de gobierno más voluminoso, sobre todo en la dimensión social. Sus propuestas de mayor relevancia incluyen el pago de la deuda social a los maestros; la construcción de las nuevas universidades en las provincias de Jauja, Chupaca y San Martín de Pangoa; la implementación de la dorsal de fibra óptica para la selva y la sierra; la creación del Hospital del Niño Huancayo; el Centro Especializado Odontológico Regional y la planta petroquímica de fosfatos en Mantaro; el asfaltado de la provincia de Concepción-Comas-Satipo; la construcción de represas, diques, qochas y reservorios a nivel regional; la eliminación progresiva de vertimientos contaminantes al río Mantaro; la construcción y ampliación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y la fiscalización ambiental de actividades industriales y mineras.

Lejos de confiar en que sus ofrecimientos se cumplan, o tener una lectura crítica de la viabilidad de sus propuestas a través del gobierno regional, es importante mencionar que la carrera por la segunda vuelta ya comenzó en los medios de comunicación de mayor sintonía a nivel regional, que son el escenario de la intensas acusaciones mutuas y opiniones en favor y en contra de los candidatos. Lo mismo sucede en las redes sociales que se han convertido en un espacio de estrategia mediática de campaña y contracampaña. Todo esto hace que la ciudadanía tenga puesta la mirada en las denuncias y escándalos de los contendores.

Orihuela ya ocupó el cargo de Gobernador Regional en reemplazo de Vladimir Cerrón, cuando fuera suspendido en el 2019. El candidato tiene denuncias pendientes en instancias como el Juzgado de Familia de Huancayo que le ordenó cumplir con una evaluación psicológica por un caso de violencia contra la mujer, la misma que está pendiente desde el 2023. También lo investiga la Fiscalía como exgobernador por presunta organización criminal vinculada a contrataciones en el sector Salud, así como por colusión agravada y negociación incompatible, donde el fiscal superior, Ramón Alfonso Vallejo Odría, ordenó investigarlo por su condición de gobernador regional de Junín. A esto se suman otras investigaciones y críticas por llevar, en más de la mitad de su lista a consejeros, a personas que solo registran secundaria completa y estudios técnicos. En cuanto a su declaración de ingresos y rentas, figura un total de S/ 72 000.00 por concepto de remuneración bruta anual y un inmueble. Además, consigna una sentencia civil por incumplimiento contractual por un monto de S/ 4,000.

Por otro lado, Arnoldo Mallma, encabeza ampliamente la declaración patrimonial con ingresos de S/ 1 812 560 y un patrimonio de S/ 1 378 587.98, integrado por siete inmuebles, tres vehículos y acciones en múltiples empresas gastronómicas. La hoja de vida de Arnoldo Mallma registra tres procesos judiciales que él mismo se vio obligado a consignar ante la autoridad electoral. Una sentencia del 2025 emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, una demanda familiar por alimentos donde Mallma debía elevar la pensión de alimentos de S/ 1400 a S/ 3000 soles mensuales. La justicia revela que el candidato incumplió de manera reiterada con sus obligaciones, con una deuda acumulada que ascendía a S/ 40 427.

Investigaciones periodísticas han revelado otros dos escándalos que rodean el entorno de Arnoldo Mallma, uno de ellas es la acusación de parricidio interpuesta por la viuda de su padre; y otra por la construcción de un edificio comercial de nueve pisos en pleno centro histórico de Huancayo, la denuncia la interpone el Ministerio de Cultura por destruir la histórica Casa Juan Parra del Riego, declarada Monumento Nacional en 1988.

En sus últimas apariciones después del 4 de septiembre, Mallma declaró desde Satipo que llega a la segunda vuelta con las manos limpias y sin deberle nada a nadie. Orihuela por su parte en su última aparición, procuró deslindar con Vladimir Cerrón, mencionando que “no hay ningún tipo de relación ni política, ni de ninguna índole con Perú Libre”. También declaró que conversará con otros grupos políticos de cara a la segunda vuelta, confirmando que buscará acuerdos con distintos actores, defendiendo la posibilidad de incorporar nuevos respaldos a su candidatura al considerar que “dos cabezas piensan mejor que una”.

Todo estos entrampamientos jurídicos y escándalos mediáticos, dejan en segundo plano la discusión más importante: el análisis de las propuestas políticas en pro del desarrollo de la región. Quien resulte ganador en la segunda vuelta, se verá enfrentado a retos muy grandes, sin cualidades básicas que le permitan resolver con soltura y juicio las principales demandas hasta hoy postergadas en Junín. 

 

 

desco Opina – Regional / 9 de octubre del 2026

descocentro

Carretera Central: entre promesas y urgencia postergada

 

Mientras en Huancayo se iniciaba un paro regional de 48 horas por la nueva Carretera Central, cuya adhesión se limitó a funcionarios del Gobierno Regional de Junín y trabajadores municipales quienes anunciaron la suspendieron de sus labores, el transporte urbano y el comercio continuaron operando con relativa normalidad. Diversos medios locales reportaron que, pese al llamado a la paralización, el tránsito fluyó y las actividades económicas no se detuvieron de manera significativa ni en Huancayo ni en La Oroya. La protesta, aunque legítima en su demanda, no logró alterar de forma sustantiva la dinámica cotidiana de la ciudad.

Al mismo tiempo, en Lima el escenario político experimentaba otra transformación. La elección de un nuevo presidente del Congreso, figura clave en la línea de sucesión constitucional, reordenaba alianzas y prioridades en el gobierno central en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre. Casi en paralelo, millones celebraban el inicio del Año Nuevo Chino bajo el signo del Caballo de Fuego, símbolo de energía, libertad y cambios audaces. Tres planos distintos: una protesta regional, la recomposición del poder en el gobierno central y una renovación simbólica global, convergieron en los mismos días, dibujando un contexto de alta volatilidad política y social.

En ese contexto, la pregunta de fondo permanece intacta: ¿qué lugar ocupa realmente la nueva Carretera Central en la agenda del Estado? Más allá de los discursos y de las declaraciones formales, no existe claridad suficiente sobre el aseguramiento de recursos, los cronogramas efectivos ni las estrategias institucionales que garanticen su continuidad.

La Carretera Central es el principal corredor que conecta Lima con la macrorregión centro (Junín, Pasco, Huánuco y la Selva Central). Diseñada hace casi un siglo para un parque automotor radicalmente menor, hoy soporta un flujo muy superior al previsto originalmente. El resultado es estructural: congestión crónica, tiempos de viaje impredecibles, sobrecostos logísticos y una exposición permanente al riesgo.

El proyecto de la nueva Carretera Central estructurado bajo el modelo gobierno a gobierno (G2G) con Francia, fue presentado como la solución técnica de largo plazo para superar los cuellos de botella de la vía actual y transformar la conectividad nacional. Sin embargo, la reciente resolución del contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS generó incertidumbre pública, aun cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que dicha decisión no afectaría la continuidad del convenio ni los contratos vinculados al proyecto.

Las dudas persisten. No se ha explicado con suficiente detalle si existe un presupuesto multianual plenamente garantizado, considerando la magnitud de la inversión y su impacto fiscal. Tampoco se ha transparentado con precisión el cronograma actualizado ni los mecanismos que aseguren que los cambios de gabinete o de liderazgo político no vuelvan a postergar decisiones estratégicas. Cuando proyectos de esta envergadura dependen excesivamente del clima político del momento, la señal que se envía es preocupante.

A ello se suma un elemento estructural que no puede seguir invisibilizándose: la seguridad vial. El propio MTC, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ha señalado que la congestión y las deficiencias de infraestructura inciden de manera determinante en la siniestralidad en carreteras nacionales. Cuando una vía diseñada para determinado volumen de tránsito opera con el doble o el triple de su capacidad, el error humano deja de ser una causa aislada y se convierte en una consecuencia previsible de un sistema saturado.

El paro regional dejó lecciones contradictorias. Fue una expresión legítima de presión política para colocar el tema en la agenda nacional, pero también evidenció fragmentación social. La paralización fue percibida por algunos medios como simbólica, más cercana a una demostración institucional que a una movilización ciudadana masiva. Además, en el momento de la protesta el Poder Ejecutivo atravesaba una crisis de liderazgo, con cambios en el Gabinete y ministerios en transición, lo que diluyó la percepción de un interlocutor claro frente a la demanda regional. La pregunta que quedó flotando fue incómoda: ¿contra quién estaba realmente dirigido el paro?

Posteriormente, tras la reunión en Palacio de Gobierno en la que José María Balcázar recibió al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, y algunos alcaldes de la macrorregión centro, se informó que los acuerdos incluyeron el compromiso de continuar impulsando el proyecto de la nueva Carretera Central y atender la preocupación por el aislamiento de La Oroya, ciudad que teme quedar marginada del nuevo trazo si no se garantiza su adecuada integración al sistema vial proyectado. Sin embargo, más allá de las declaraciones y de la voluntad expresada en la reunión, queda la interrogante central: ¿tiene un presidente encargado, en un contexto de alta rotación política, la capacidad real de convertir estos compromisos en decisiones presupuestales y administrativas concretas?

La infraestructura estratégica no puede depender de coyunturas ni de voluntades individuales transitorias. Requiere blindaje institucional, financiamiento asegurado y mecanismos de seguimiento que trasciendan los cambios políticos. De lo contrario, la Carretera Central seguirá siendo una promesa reiterada que se reactiva en cada crisis y se diluye en cada transición.

No hablamos solo de kilómetros de asfalto. Hablamos de competitividad regional, integración económica, seguridad vial, reducción de costos logísticos y, sobre todo, vidas humanas. Cada accidente evitable revela una falla estructural. Cada retraso injustificado en la ejecución del proyecto constituye una decisión política, aunque se presente como una dificultad técnica.

Las preguntas siguen abiertas: ¿existe realmente un presupuesto multianual garantizado? ¿Se mantendrá el cronograma original de ejecución? ¿Qué mecanismos institucionales impedirán que futuros cambios políticos vuelvan a dilatar la obra? ¿Se garantizará que ciudades como La Oroya no queden aisladas en el nuevo diseño? Responderlas con claridad y transparencia es indispensable para que la nueva Carretera Central deje de ser un anuncio recurrente y se convierta, finalmente, en una política de Estado que conecte desarrollo con seguridad y justicia territorial.

 

desco Opina – Regional / 27 de febrero de 2026

descocentro

De batallas heroicas a batallas por corrupción

 

 “¡Soldados! Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres: la de salvar un mundo entero de la esclavitud.”

Simón Bolívar, 1824. Cartas y Proclamas del Libertador

 

El 6 de agosto de 1824, en las planicies de Junín, se libró una de las batallas más significativas para la independencia del Perú y América del Sur. La Batalla de Junín, aunque breve, fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas patriotas, comandadas por el General Simón Bolívar, y las fuerzas realistas españolas. Este combate, que duró menos de una hora, se caracterizó por ser mayormente una lucha de caballería, destacándose por la valentía y el ímpetu de los combatientes patriotas que, a pesar de la inicial superioridad española, lograron una victoria que se convertiría en el preludio de la decisiva Batalla de Ayacucho.

A dos siglos de este evento histórico, el Gobierno Regional de Junín ha emprendido diversas iniciativas para conmemorar y celebrar esta fecha trascendental. Con una asignación de más de 73 millones de soles, se lanzó el proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos en el Santuario Histórico de Chacamarca en el Bicentenario de la Batalla de Junín”. Este proyecto, sin embargo, ha sido objeto de cuestionamientos. El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, destituyó al antropólogo José Luis Álvarez Ramos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), tras críticas a su gestión en el proyecto más importante de su sector: la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín. Álvarez acompañó al gobernador el pasado 29 de mayo a una presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder, entre otros aspectos, por los gastos en promoción y difusión del Bicentenario, que ascienden a cerca de S/ 18 millones, como parte del proyecto.

El proyecto incluye una variedad de componentes: la renovación de infraestructuras, la organización de eventos culturales y educativos, y la promoción turística. No obstante, actualmente no tiene un futuro claro ni un líder que lo impulse. Por un lado, es innegable que la inversión en infraestructuras y eventos culturales puede tener un impacto positivo; mejorar los sitios históricos y promover la educación sobre nuestra historia son pasos cruciales para fortalecer la identidad y el orgullo regional. Además, el impulso al turismo podría traducirse en beneficios económicos significativos para la región, atrayendo visitantes tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, a un mes de la conmemoración, lo único visible son pintas en las ciudades principales de la región.

La eficiencia y transparencia en la gestión de estos recursos es una preocupación legítima. La asignación de 73 millones de soles es considerable y la comunidad merece saber cómo se utilizan. La falta de claridad en algunos aspectos del proyecto ha generado dudas sobre posibles desvíos o malversaciones de fondos, una preocupación válida en un país y una región donde la corrupción es un problema recurrente.

La conmemoración del bicentenario de la Batalla de Junín es un momento de celebración y reflexión. La inversión en el proyecto "Bicentenario" tiene el potencial de generar beneficios duraderos para la región, pero también plantea desafíos en términos de transparencia y eficiencia política. El Gobierno Regional de Junín debe asegurar una gestión responsable y participativa de estos recursos, involucrando a sociedad civil y garantizando que cada sol invertido contribuya al desarrollo y bienestar de la región. Es imperativo que las autoridades prioricen la rendición de cuentas y la transparencia en cada etapa del proyecto. La historia y la memoria de los héroes de Junín no deben ser empañadas por sospechas de corrupción o mala gestión. Con un enfoque claro y comprometido, podemos asegurar que este homenaje no solo recuerde el pasado glorioso, sino que también inspire un futuro prometedor para Junín y para todo el Perú.

 

desco Opina – Regional / 21 de junio del 2024

descocentro

sábado

Junín en una crisis continua

 

Las fuertes precipitaciones en la región Junín están generando cuantiosas pérdidas económicas y sociales, es por ello que el 23 de febrero de 2024, INDECI/DIRES, emitió el Informe Situacional N°000007-2024, en el cual señala que, en base a la información emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se evidencia desbordes de ríos, derrumbes, huaicos, deslizamientos, entre otros, generando daños a la vida y la salud de la población, afectando directamente viviendas, vías de comunicación, infraestructura de riego, agua potable, infraestructura pública (establecimientos de salud y de educación), e involucrando distritos de la región Junín y a nivel nacional, específicamente las provincias de Chanchamayo, Jauja, Satipo y Tarma; sin embargo, este problema alcanza a otras provincias como Huancayo, Chupaca y Concepción. Ante esta situación se ha declarado en emergencia a los distritos de 17 regiones, mediante el Decreto Supremo N° 020-2024-PCM, y se busca afrontar las principales necesidades, como paliar la demanda de alimentos, mediante la Ley Nº 30498 que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales.

Este escenario evidencia la necesidad de mejorar las estrategias de gestión de desastres del Gobierno Regional de Junín (GORE), de las 9 provincias y los 124 distritos, a fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a eventos climáticos extremos. Según el portal de transparencia del MEF – Consulta amigable, el Gobierno Regional de Junín en el marco de la planificación presupuestal para este año, ha dispuesto en la categoría presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 16 133 076.00, de los cuales en el primer trimestre se ha ejecutado S/ 111 514.00 que representa el 0.7% del presupuesto total. El mayor porcentaje de gasto se ha ejecutado en acciones comunes, capacidad instalada para dar respuesta frente a emergencias y desastres, formación de recurso humano, y conocimiento en gestión de riesgo y desastre y adaptación al cambio climático.

A nivel de las provincias ubicadas en el Valle del Mantaro, Huancayo tiene designado un PIM de S/ 1 242 621.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 46 267.00, de este monto el 3.9% (S/ 37 234.00) ha sido ejecutado en productos y proyectos de desarrollo con medidas de intervención para la protección física frente a peligro. Asimismo, Jauja designó S/ 424 392.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 1805.00, el 0.5% fue destinado a acciones comunes. Concepción tiene un PIM de S/ 180 548.00, de los cuales ha ejecutado el 0.4% en capacidad instalada para la prevención de respuesta frente a emergencias y desastres. Y la provincia de Chupaca tiene considerado un PIM de S/ 160 040.00 no ejecutados.

En la zona de Selva Central, Chanchamayo tiene un PIM de S/ 2 424 992.00, de los cuales el 1.2% (S/ 27 271.00) se destinó en medidas de intervención para la protección física frente a peligros y acciones comunes. Satipo tiene un PIM de S/ 4 231 429.00, de los cuales también se viene ejecutando el 0.1% (S/ 4962.00) en acciones comunes y capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.

Por otro lado, en la zona altoandina, Junín tiene un PIM de S/ 132 230.00, de los cuales en el primer trimestre del año se ha ejecutado el 24.2% (S/ 32 000.00) en acciones comunes. Tarma tiene un PIM de S/ 442 598.00, de los cuales se ha ejecutado el 0.7% (S/ 2530.00) en acciones comunes, capacidad de preparación, respuesta frente a emergencias y desastre, y desarrollo de medidas de intervención para protección física frente a peligros. Finalmente, Yauli no reporta gastos ejecutados.

Es claro que en Junín, la gestión de riesgos de desastres no es un tema prioritario. Por las características ya mencionadas y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales, es urgente priorizar acciones como el fortalecimiento de capacidades del Gobierno Regional y gobiernos locales para elaborar informes de evaluación de riesgo y análisis de vulnerabilidad; asistencia técnica a gobierno locales en la elaboración e implementación de planes de desarrollo territorial e institucional para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres; incremento de las actividades, proyectos, programas y/o estudios a nivel regional y a nivel local para proteger los medios de vida esenciales de la población ante el riesgo de desastres; la promoción e instalación de Sistemas de Alerta Temprana, que respondan a los factores de mayor recurrencia en las zonas priorizadas por el Gobierno Regional y los gobiernos locales.

 

desco Opina – Regional / 1 de marzo del 2024

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