La segunda vuelta electoral en Junín

 

Las elecciones regionales en Junín no trajeron ninguna sorpresa, pues el resultado ya confirmaba a los candidatos con mayor intención de voto, quienes además tuvieron campañas de gran peso económico. De acuerdo al conteo oficial de la ONPE al 99.05%, Fernando Pool Orihuela Rojas, del partido político Podemos Perú ocupa el primer lugar con un 29.02 %, dejando en segundo lugar a Arnoldo Dante Mallma Auqui, del partido político Alianza para el Progreso con un 27.01 %. Este resultado encamina a la región hacia una segunda vuelta según la normativa electoral peruana, donde si una lista no supera el 30% de los sufragios válidos, los dos candidatos con mayor votación deberán competir en un segundo proceso el próximo 6 de diciembre.

Dentro de las propuestas planteadas por Fernando Orihuela, se ofrece construir y fortalecer los hospitales generales en Chilca, Chupaca, Concepción, Junín, Jauja y Pangoa; ampliar el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro); implementar el parque agroindustrial del Valle del Mantaro; la protección integral del nevado del Huaytapallana; la recuperación integral del lago de Junín; la ejecución de corredores viales, carreteras y puentes estratégicos; así como crear la Gerencia Regional de Pueblos Originarios y Andinos.

Por su parte, Arnoldo Mallma, cuenta con un plan de gobierno más voluminoso, sobre todo en la dimensión social. Sus propuestas de mayor relevancia incluyen el pago de la deuda social a los maestros; la construcción de las nuevas universidades en las provincias de Jauja, Chupaca y San Martín de Pangoa; la implementación de la dorsal de fibra óptica para la selva y la sierra; la creación del Hospital del Niño Huancayo; el Centro Especializado Odontológico Regional y la planta petroquímica de fosfatos en Mantaro; el asfaltado de la provincia de Concepción-Comas-Satipo; la construcción de represas, diques, qochas y reservorios a nivel regional; la eliminación progresiva de vertimientos contaminantes al río Mantaro; la construcción y ampliación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y la fiscalización ambiental de actividades industriales y mineras.

Lejos de confiar en que sus ofrecimientos se cumplan, o tener una lectura crítica de la viabilidad de sus propuestas a través del gobierno regional, es importante mencionar que la carrera por la segunda vuelta ya comenzó en los medios de comunicación de mayor sintonía a nivel regional, que son el escenario de la intensas acusaciones mutuas y opiniones en favor y en contra de los candidatos. Lo mismo sucede en las redes sociales que se han convertido en un espacio de estrategia mediática de campaña y contracampaña. Todo esto hace que la ciudadanía tenga puesta la mirada en las denuncias y escándalos de los contendores.

Orihuela ya ocupó el cargo de Gobernador Regional en reemplazo de Vladimir Cerrón, cuando fuera suspendido en el 2019. El candidato tiene denuncias pendientes en instancias como el Juzgado de Familia de Huancayo que le ordenó cumplir con una evaluación psicológica por un caso de violencia contra la mujer, la misma que está pendiente desde el 2023. También lo investiga la Fiscalía como exgobernador por presunta organización criminal vinculada a contrataciones en el sector Salud, así como por colusión agravada y negociación incompatible, donde el fiscal superior, Ramón Alfonso Vallejo Odría, ordenó investigarlo por su condición de gobernador regional de Junín. A esto se suman otras investigaciones y críticas por llevar, en más de la mitad de su lista a consejeros, a personas que solo registran secundaria completa y estudios técnicos. En cuanto a su declaración de ingresos y rentas, figura un total de S/ 72 000.00 por concepto de remuneración bruta anual y un inmueble. Además, consigna una sentencia civil por incumplimiento contractual por un monto de S/ 4,000.

Por otro lado, Arnoldo Mallma, encabeza ampliamente la declaración patrimonial con ingresos de S/ 1 812 560 y un patrimonio de S/ 1 378 587.98, integrado por siete inmuebles, tres vehículos y acciones en múltiples empresas gastronómicas. La hoja de vida de Arnoldo Mallma registra tres procesos judiciales que él mismo se vio obligado a consignar ante la autoridad electoral. Una sentencia del 2025 emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, una demanda familiar por alimentos donde Mallma debía elevar la pensión de alimentos de S/ 1400 a S/ 3000 soles mensuales. La justicia revela que el candidato incumplió de manera reiterada con sus obligaciones, con una deuda acumulada que ascendía a S/ 40 427.

Investigaciones periodísticas han revelado otros dos escándalos que rodean el entorno de Arnoldo Mallma, uno de ellas es la acusación de parricidio interpuesta por la viuda de su padre; y otra por la construcción de un edificio comercial de nueve pisos en pleno centro histórico de Huancayo, la denuncia la interpone el Ministerio de Cultura por destruir la histórica Casa Juan Parra del Riego, declarada Monumento Nacional en 1988.

En sus últimas apariciones después del 4 de septiembre, Mallma declaró desde Satipo que llega a la segunda vuelta con las manos limpias y sin deberle nada a nadie. Orihuela por su parte en su última aparición, procuró deslindar con Vladimir Cerrón, mencionando que “no hay ningún tipo de relación ni política, ni de ninguna índole con Perú Libre”. También declaró que conversará con otros grupos políticos de cara a la segunda vuelta, confirmando que buscará acuerdos con distintos actores, defendiendo la posibilidad de incorporar nuevos respaldos a su candidatura al considerar que “dos cabezas piensan mejor que una”.

Todo estos entrampamientos jurídicos y escándalos mediáticos, dejan en segundo plano la discusión más importante: el análisis de las propuestas políticas en pro del desarrollo de la región. Quien resulte ganador en la segunda vuelta, se verá enfrentado a retos muy grandes, sin cualidades básicas que le permitan resolver con soltura y juicio las principales demandas hasta hoy postergadas en Junín. 

 

 

desco Opina – Regional / 9 de octubre del 2026

descocentro

Entre el proceso electoral y el voto de confianza al Gabinete

 

La designación como Presidente de la República de José María Balcázar, hecha por el Congreso de la República, marcó un nuevo momento en la larga crisis orgánica que vive el país. El anterior mandatario, también designado por el Congreso, José Jerí, un cabal representante del autodenominado primer poder del Estado, terminó su breve mandato con 21% de aprobación y en caída acelerada, con una opinión pública –que no obstante los sucesivos escándalos en los que apareció involucrado ya instalado en la Plaza de Armas– donde el 65% creía que su censura estuvo motivada sólo por intereses políticos. Apenas 24% aprobó la designación de Balcázar y 56% indicaba que las cosas seguirán igual con él y 26% creía que empeorarán.

Ciertamente, no faltaba razón. Más allá de los groseros pecados de las últimas semanas del representante de Somos Perú, su historial previo –cargaba con una denuncia por violación archivada, otra por desobediencia a la autoridad y una tercera por integrar una supuesta organización criminal, además de su activa participación en todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad, así como en las leyes que demolieron la institucionalidad y su entusiasmo por la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos y la prescripción de delitos de lesa humanidad–, el interés y el apuro de parte importante del Congreso por su censura y la defensa cerrada que hicieran de él Keiko Fujimori y el fujimorismo en pleno, así lo demostraban.

Los pleitos entre Fujimori, López Aliaga, Acuña y Luna ocuparon el espacio, pero no lograban esconder que se trataba de peleas para desplazarse unos a otros en la campaña y para acusarse de haberle entregado el gobierno a la izquierda. Todos tratando de capitalizar en un sentido u otro la caída del hincha de Pantaleón y buscando adivinar quiénes votaron por Balcázar porque la aritmética demostraba que para lograr los 64 votos que obtuvo, el pacto de la derecha se debilita y que la competencia entre López Aliaga y los naranjas se desata, en una disputa entre compadres que buscan las mejores cartas de cara al 12 de abril y que más allá de los insultos y las descalificaciones en las que ambos tienen experiencia, aunque el candidato de Renovación lleva ventaja, están soldados y firmes en la captura del Estado y sus instituciones, la defensa de las leyes procrimen y antiderechos, la militarización de la seguridad ciudadana y la protección de su impunidad y sus privilegios.

El affaire De Soto, más allá de sus detalles menores, todo lo indica así, fue el temprano enfrentamiento entre dos egos, con historias y perfiles distintos, pero con similares ambiciones de poder y reconocimiento a la escala de cada uno. La continuidad de siete ministros, incluyendo a la nueva Premier y al ministro de Relaciones Exteriores, elogiados y reconocidos tres meses atrás por las distintas derechas, diversos gremios empresariales y por muchos analistas y medios de comunicación, se convirtió en demostración del peso y la presencia de APP en el Estado, como si fuera una novedad desconocida. Como en el caso de Jerí, el historial del nuevo encargado de la presidencia –la acusación por el robo de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, el tráfico de influencias recomendando a su nuera a Patricia Benavides, el plagio de la tesis de su hijo o sus indignantes declaraciones sobre la sexualidad de las niñas–, devino en descubrimiento, evidenciando una práctica instalada que consiste en “descubrir” al infractor cuando es necesario y olvidarlo cuando conviene, como ocurrió en este caso con su papel de facilitador de la composición del Tribunal Constitucional.

Como resulta obvio, el futuro de Balcázar y su gabinete dependen del Congreso y por ende del proceso electoral, el interés mayor de éste hasta el 12 de abril. Aunque ha disminuido el porcentaje que no elige a ningún candidato viable (de 44.5% a 35.8%), la última encuesta del IEP muestra que se mantiene la incertidumbre: No aparece un ganador probable, y si bien 39% cree que puede ser alguien que encabeza las encuestas, con más de treinta aspirantes, tales números pueden no ser estadísticamente significativos en un escenario en el que López Aliaga (14.6%), la señora K (10.3%), López Chau (5.3%) y Carlos Álvarez (4.9%) encabezan la intención de voto, mientras 21 candidatos no alcanzan ni siquiera el 1%, en una competencia en la que Fujimori resulta imbatible en el antivoto (54%). Ello, en un escenario en el que 65% de los encuestados dice estar poco o nada interesado en la política, aumentando 8 puntos en relación a enero.

Por lo demás, ello es comprensible cuando al menos 252 candidatos al nuevo Congreso bicameral (Senado, Diputados y Parlamento Andino) han declarado sentencias penales firmes en sus hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los partidos con mayor número de candidatos con antecedentes penales figuran Podemos, Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, que suman 61 sentenciados. Es difícil estimar el impacto en el electorado de la actuación del Congreso en el nombramiento de Balcázar, uno de sus efectos posibles es un mayor distanciamiento de la política y dar la idea de que la elección de presidente importa poco si el Congreso puede removerlo en cualquier momento.

El voto de confianza que buscará el gabinete Miralles en este contexto será un nuevo momento de la campaña electoral. El gobierno lo sabe y tiene claro que no es muy distinto al Congreso, –por ejemplo, más de diez ministros tienen denuncias policiales por delitos como corrupción, lavado de activos y ambientales–, apurándose en coordinar con la presidencia del Congreso, que como bien sabe Jerí, no es garantía de nada. A fin de cuentas, con este Congreso, por su afán de poder y de dinero, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. El pueblo peruano debe estar alerta y salir al frente cuando sea necesario.

 

 

desco Opina / 6 de marzo de 2026