Junín en una crisis continua

 

Las fuertes precipitaciones en la región Junín están generando cuantiosas pérdidas económicas y sociales, es por ello que el 23 de febrero de 2024, INDECI/DIRES, emitió el Informe Situacional N°000007-2024, en el cual señala que, en base a la información emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se evidencia desbordes de ríos, derrumbes, huaicos, deslizamientos, entre otros, generando daños a la vida y la salud de la población, afectando directamente viviendas, vías de comunicación, infraestructura de riego, agua potable, infraestructura pública (establecimientos de salud y de educación), e involucrando distritos de la región Junín y a nivel nacional, específicamente las provincias de Chanchamayo, Jauja, Satipo y Tarma; sin embargo, este problema alcanza a otras provincias como Huancayo, Chupaca y Concepción. Ante esta situación se ha declarado en emergencia a los distritos de 17 regiones, mediante el Decreto Supremo N° 020-2024-PCM, y se busca afrontar las principales necesidades, como paliar la demanda de alimentos, mediante la Ley Nº 30498 que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales.

Este escenario evidencia la necesidad de mejorar las estrategias de gestión de desastres del Gobierno Regional de Junín (GORE), de las 9 provincias y los 124 distritos, a fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a eventos climáticos extremos. Según el portal de transparencia del MEF – Consulta amigable, el Gobierno Regional de Junín en el marco de la planificación presupuestal para este año, ha dispuesto en la categoría presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 16 133 076.00, de los cuales en el primer trimestre se ha ejecutado S/ 111 514.00 que representa el 0.7% del presupuesto total. El mayor porcentaje de gasto se ha ejecutado en acciones comunes, capacidad instalada para dar respuesta frente a emergencias y desastres, formación de recurso humano, y conocimiento en gestión de riesgo y desastre y adaptación al cambio climático.

A nivel de las provincias ubicadas en el Valle del Mantaro, Huancayo tiene designado un PIM de S/ 1 242 621.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 46 267.00, de este monto el 3.9% (S/ 37 234.00) ha sido ejecutado en productos y proyectos de desarrollo con medidas de intervención para la protección física frente a peligro. Asimismo, Jauja designó S/ 424 392.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 1805.00, el 0.5% fue destinado a acciones comunes. Concepción tiene un PIM de S/ 180 548.00, de los cuales ha ejecutado el 0.4% en capacidad instalada para la prevención de respuesta frente a emergencias y desastres. Y la provincia de Chupaca tiene considerado un PIM de S/ 160 040.00 no ejecutados.

En la zona de Selva Central, Chanchamayo tiene un PIM de S/ 2 424 992.00, de los cuales el 1.2% (S/ 27 271.00) se destinó en medidas de intervención para la protección física frente a peligros y acciones comunes. Satipo tiene un PIM de S/ 4 231 429.00, de los cuales también se viene ejecutando el 0.1% (S/ 4962.00) en acciones comunes y capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.

Por otro lado, en la zona altoandina, Junín tiene un PIM de S/ 132 230.00, de los cuales en el primer trimestre del año se ha ejecutado el 24.2% (S/ 32 000.00) en acciones comunes. Tarma tiene un PIM de S/ 442 598.00, de los cuales se ha ejecutado el 0.7% (S/ 2530.00) en acciones comunes, capacidad de preparación, respuesta frente a emergencias y desastre, y desarrollo de medidas de intervención para protección física frente a peligros. Finalmente, Yauli no reporta gastos ejecutados.

Es claro que en Junín, la gestión de riesgos de desastres no es un tema prioritario. Por las características ya mencionadas y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales, es urgente priorizar acciones como el fortalecimiento de capacidades del Gobierno Regional y gobiernos locales para elaborar informes de evaluación de riesgo y análisis de vulnerabilidad; asistencia técnica a gobierno locales en la elaboración e implementación de planes de desarrollo territorial e institucional para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres; incremento de las actividades, proyectos, programas y/o estudios a nivel regional y a nivel local para proteger los medios de vida esenciales de la población ante el riesgo de desastres; la promoción e instalación de Sistemas de Alerta Temprana, que respondan a los factores de mayor recurrencia en las zonas priorizadas por el Gobierno Regional y los gobiernos locales.

 

desco Opina – Regional / 1 de marzo del 2024

descocentro

Creación del INCAS, una alerta al sector alpaquero

Tanto los camélidos sudamericanos como los pobladores dedicados a su crianza, han permanecido largamente relegados en cuanto a beneficios de políticas públicas y servicios de atención del Estado. Esta situación se agravó con la desaparición del Consejo Nacional de los Camélidos Sudamericanos en 2007, luego de una efímera existencia de quince años. Así, problemas recurrentes como la disminución de la calidad de la fibra y la pérdida de competitividad en el mercado internacional, las serias dificultades en la comercialización de la fibra en el mercado interno por la inestabilidad de los precios y la falta de financiamiento, y el injustificable desaprovechamiento del potencial nutritivo y saludable de la carne de los camélidos; perviven en el tiempo reafirmando nuestro desencuentro histórico con el mundo andino.

El 20 de octubre del 2017 el Congreso promulgó la Ley No. 30674, que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos (INCAS) como “organismo descentralizado autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego dedicado a la investigación científica, tecnológica y aplicada que incremente la producción y productividad de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos y a la transferencia de tecnologías a los actores del sector, para innovar y mejorar su productividad y competitividad”.

 Se encargó al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) su promoción e implementación. Se estableció un plazo de treinta días hábiles para la constitución de una comisión de cinco personas “con la finalidad de conformar la asociación público-privada orientada a crear el Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos en un plazo de ciento veinte días hábiles”, plazo que vencería el 29 de mayo de 2018. Sin embargo, lo que creíamos podría ser una gran oportunidad para que el Estado peruano recupere y asuma su responsabilidad en el desarrollo y conservación de estas especies, y su compromiso con las cien mil familias de criadores a nivel nacional, caería en saco roto al establecer como camino para la materialización del instituto, una asociación público-privada. Con ello, lo que se está haciendo es promover la inviabilidad de su propósito.

En estos más de 180 años que tiene la exportación de la fibra de alpaca, basta con preguntarse: ¿cuál es el monto destinado por la empresa privada para investigación en camélidos?, ¿cuánto ha invertido el sector privado en mejoramiento genético de alpacas?, ¿podrán los criadores alpaqueros –que en su mayoría están al borde de la línea de pobreza– aportar los recursos para la investigación y promoción del sector? Lamentablemente, el sector industrial textil que aprovecha la fibra de alpaca, ha mostrado históricamente una trayectoria estrictamente extractivista al no invertir en la base productiva que le proporciona la materia prima. A diferencia de lo que ocurrió en la industria láctea, por ejemplo.

La ley de creación del INCAS, en su artículo 3, invoca a la Ley 29987 que busca promover la ciencia, la innovación y la tecnología a través de asociaciones público-privadas, definidas como “modalidades de participación de la inversión privada para incorporar experiencia, conocimientos, tecnología preferentemente privados para crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o servicios públicos”. Esta orientación implica la existencia de condiciones de rentabilidad para la motivación del sector privado: ¿podemos asegurar que la realidad del sector de los camélidos brinda estas condiciones en la actualidad? Definitivamente, no. Por esta razón, la Ley del INCAS –dada la modalidad para su implementación­– se presenta como el mayor riesgo para su fracaso.

Así las cosas, proponemos: la creación del INCAS como organismo público descentralizado y con autonomía; la reasignación de recursos humanos, materiales y documentales que actualmente se encuentran en la dirección de ganadería del MINAG y en SERFOR del Ministerio del Ambiente, para la implementación del Instituto; la asignación de recursos económicos estableciendo un gravamen a las exportaciones de fibra de alpaca, y una proporción del canon minero de las empresas que realizan sus actividades extractivas en las praderas altoandinas. Adicionalmente, la formulación de un plan de desarrollo a largo plazo que incorpore el mejoramiento genético de la alpaca orientado a la producción de fibra, y de la llama, a la producción de carne (en base a la concertación de los centros de investigación universitarios del país y el exterior, los especialistas del sector público de nivel nacional y regional, especialistas de la industria, y las organizaciones no gubernamentales). Finalmente, la reactivación y unificación de las organizaciones de criadores para fortalecer su capacidad de interlocución con el Estado con miras a una implementación favorable del INCAS.

Por otro lado, hay tres temas urgentes de resolver y que requieren de la formulación de un plan de acción inmediato: (i) la comercialización de la fibra no cuenta con un soporte financiero por las deudas de las organizaciones de productores ante Agrobanco, como consecuencia de la inestabilidad de los precios y, en otros casos, por desorganización y corrupción; (ii) los comités de conservación de la vicuña tienen fibra en sus almacenes debido a la drástica caída del precio y la falta de apoyo para realizar licitaciones transparentes y con buena convocatoria de los demandantes internacionales; y (iii) la comercialización de la carne (16 000 toneladas son comercializadas y consumidas anualmente en el país) se realiza de manera informal y sin ninguna responsabilidad del Estado y su ente especializado (SENASA) para inspeccionar y certificar la sanidad.

Esta pequeña agenda abonaría a favor de la economía de los productores alpaqueros, mientras nuestros congresistas o el mismo MINAGRI ven la forma de resolver los cuestionamientos que hacemos a la norma, que es vital para el sector, pero no tal como está planteada.

desco Opina - Regional / 12 de enero de  2018

Programa Regional Sur - descosur