Mientras en Huancayo se iniciaba un paro regional de 48 horas por la nueva Carretera Central, cuya adhesión
se limitó a funcionarios del Gobierno Regional de Junín y trabajadores
municipales quienes anunciaron la suspendieron de sus labores, el transporte
urbano y el comercio continuaron operando con relativa normalidad. Diversos
medios locales reportaron que, pese al llamado a la paralización, el tránsito
fluyó y las actividades económicas no se detuvieron de manera significativa ni
en Huancayo ni en La Oroya. La protesta, aunque legítima en su demanda, no
logró alterar de forma sustantiva la dinámica cotidiana de la ciudad.
Al mismo tiempo, en Lima el escenario
político experimentaba otra transformación. La elección de un nuevo presidente
del Congreso, figura clave en la línea de sucesión constitucional, reordenaba
alianzas y prioridades en el gobierno central en medio de una coyuntura marcada
por la incertidumbre. Casi en paralelo, millones celebraban el inicio del Año Nuevo Chino bajo el signo del
Caballo de Fuego,
símbolo de energía, libertad y cambios audaces. Tres planos distintos: una
protesta regional, la recomposición del poder en el gobierno central y una
renovación simbólica global, convergieron en los mismos días, dibujando un
contexto de alta volatilidad política y social.
En ese contexto, la pregunta de fondo
permanece intacta: ¿qué lugar ocupa realmente la nueva Carretera Central en la
agenda del Estado? Más allá de los discursos y de las declaraciones formales,
no existe claridad suficiente sobre el aseguramiento de recursos, los
cronogramas efectivos ni las estrategias institucionales que garanticen su continuidad.
La Carretera Central es el principal
corredor que conecta Lima con la macrorregión centro (Junín, Pasco, Huánuco y
la Selva Central). Diseñada hace casi un siglo para un parque automotor
radicalmente menor, hoy soporta un flujo muy superior al previsto
originalmente. El resultado es estructural: congestión crónica, tiempos de
viaje impredecibles, sobrecostos logísticos y una exposición permanente al
riesgo.
El proyecto de la nueva Carretera Central
estructurado bajo el modelo gobierno a gobierno (G2G) con Francia, fue presentado como la solución
técnica de largo plazo para superar los cuellos de botella de la vía actual y
transformar la conectividad nacional. Sin embargo, la reciente resolución del
contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS generó
incertidumbre pública, aun cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) aseguró que dicha decisión no afectaría la continuidad del convenio ni
los contratos vinculados al proyecto.
Las dudas persisten. No se ha explicado con suficiente detalle
si existe un presupuesto multianual plenamente garantizado, considerando la magnitud de la
inversión y su impacto fiscal. Tampoco se ha transparentado con precisión el
cronograma actualizado ni los mecanismos que aseguren que los cambios de gabinete
o de liderazgo político no vuelvan a postergar decisiones estratégicas. Cuando
proyectos de esta envergadura dependen excesivamente del clima político del
momento, la señal que se envía es preocupante.
A ello se suma un elemento estructural
que no puede seguir invisibilizándose: la seguridad vial. El propio MTC, a través del Observatorio
Nacional de Seguridad Vial, ha señalado que la congestión y las deficiencias de
infraestructura inciden de manera determinante en la siniestralidad en
carreteras nacionales.
Cuando una vía diseñada para determinado volumen de tránsito opera con el doble
o el triple de su capacidad, el error humano deja de ser una causa aislada y se
convierte en una consecuencia previsible de un sistema saturado.
El paro regional dejó lecciones
contradictorias. Fue una expresión legítima de presión política para colocar el
tema en la agenda nacional, pero también evidenció fragmentación social. La paralización fue percibida por
algunos medios como simbólica, más cercana a una demostración institucional que
a una movilización ciudadana masiva.
Además, en el momento de la protesta el Poder Ejecutivo atravesaba una crisis
de liderazgo, con cambios en el Gabinete y ministerios en transición, lo que
diluyó la percepción de un interlocutor claro frente a la demanda regional. La
pregunta que quedó flotando fue incómoda: ¿contra quién estaba realmente dirigido
el paro?
Posteriormente, tras la reunión en
Palacio de Gobierno en la que José María Balcázar recibió al
gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, y algunos alcaldes de la macrorregión
centro, se informó que los acuerdos incluyeron el compromiso de continuar
impulsando el proyecto de la nueva Carretera Central y atender la preocupación
por el aislamiento de La Oroya, ciudad que teme quedar marginada del nuevo
trazo si no se garantiza su adecuada integración al sistema vial proyectado.
Sin embargo, más allá de las declaraciones y de la voluntad expresada en la
reunión, queda la interrogante central: ¿tiene un presidente encargado, en un
contexto de alta rotación política, la capacidad real de convertir estos
compromisos en decisiones presupuestales y administrativas concretas?
La infraestructura estratégica no puede
depender de coyunturas ni de voluntades individuales transitorias. Requiere
blindaje institucional, financiamiento asegurado y mecanismos de seguimiento
que trasciendan los cambios políticos. De lo contrario, la Carretera Central
seguirá siendo una promesa reiterada que se reactiva en cada crisis y se diluye
en cada transición.
No hablamos solo de kilómetros de
asfalto. Hablamos de competitividad regional, integración económica, seguridad
vial, reducción de costos logísticos y, sobre todo, vidas humanas. Cada
accidente evitable revela una falla estructural. Cada retraso injustificado en la
ejecución del proyecto constituye una decisión política, aunque se presente
como una dificultad técnica.
Las preguntas siguen abiertas: ¿existe
realmente un presupuesto multianual garantizado? ¿Se mantendrá el cronograma
original de ejecución? ¿Qué mecanismos institucionales impedirán que futuros
cambios políticos vuelvan a dilatar la obra? ¿Se garantizará que ciudades como
La Oroya no queden aisladas en el nuevo diseño? Responderlas con claridad y
transparencia es indispensable para que la nueva Carretera Central deje de ser
un anuncio recurrente y se convierta, finalmente, en una política de Estado que
conecte desarrollo con seguridad y justicia territorial.
desco Opina – Regional / 27 de
febrero de 2026
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