La reciente crisis energética que atraviesa Perú no es un problema
silencioso. Sus efectos ya se sienten con fuerza en la vida cotidiana de miles
de familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La
emergencia se originó tras un incidente en el sistema de transporte de gas
natural de Camisea, que redujo
el suministro de gas y generó tensiones en distintos sectores económicos, especialmente
en el transporte y la distribución de combustibles.
Uno de los impactos más inmediatos se ha observado en el precio del
balón de gas doméstico. En diversos distritos de Lima, el costo del balón de
gas de 10 kilos ha llegado a superar los 90 e incluso los 100 soles, cuando
semanas atrás su precio era considerablemente menor. Este incremento
afecta directamente a millones de hogares que dependen del gas para cocinar,
pero también a pequeños negocios, mercados y servicios comunitarios que
sostienen la alimentación diaria de los sectores populares.
El impacto de esta situación se amplifica cuando se observa la estrecha
relación entre energía y transporte. En Lima y otras ciudades del país, una
parte importante del transporte público utiliza gas natural vehicular (GNV).
Cuando el suministro se restringe o se encarece, los transportistas deben
recurrir a combustibles más caros, lo que incrementa sus costos de operación y
termina trasladándose a los usuarios mediante el aumento del precio de los
pasajes.
Para muchas familias que viven en las periferias urbanas, el transporte
representa uno de los principales gastos diarios. En barrios ubicados en
laderas o zonas alejadas de los centros de empleo y servicios, las y los
trabajadores deben realizar varios tramos de transporte para llegar a sus
destinos. El incremento del pasaje reduce el ingreso disponible para cubrir
otras necesidades básicas como alimentación, salud o educación.
Sin embargo, uno de los impactos más preocupantes de esta crisis se
observa en las organizaciones comunitarias que garantizan la alimentación en
los barrios populares: los comedores populares y las ollas comunes. Estas
organizaciones, gestionadas principalmente por mujeres, cumplen un rol
fundamental en la seguridad alimentaria de miles de familias en situación de
pobreza. A través de menús subsidiados o raciones solidarias, los comedores
populares y las ollas comunes permiten que niños, adultos mayores, personas con
discapacidad, trabajadores informales y personas desempleadas accedan
diariamente a alimentos a bajo costo. El funcionamiento de estas iniciativas
depende de un equilibrio muy frágil entre el costo de los insumos y el precio
del menú. Cuando el gas, los alimentos y el transporte se encarecen al mismo
tiempo, ese equilibrio se rompe.
La situación ha llegado a niveles preocupantes en algunos barrios de
Lima Metropolitana, donde las mujeres organizadas han tenido que recurrir
nuevamente a métodos precarios para continuar cocinando. En Villa María del
Triunfo, por ejemplo, integrantes de una olla común reportaron que se han visto
obligadas
a utilizar leña o carbón para preparar los alimentos debido al fuerte
incremento del precio del gas. Este tipo de soluciones refleja tanto la gravedad de
la crisis como la capacidad de organización de las comunidades. Pero también
evidencia una profunda desigualdad estructural: cuando el sistema energético
enfrenta problemas, las consecuencias recaen principalmente en quienes tienen
menos recursos para enfrentar la crisis.
La crisis energética también está generando un efecto en cadena sobre el
precio de los alimentos. El incremento de los costos de transporte y logística
repercute directamente en los mercados locales, encareciendo productos de
primera necesidad que forman parte del menú cotidiano de muchas familias. Algunos
comerciantes y pequeños negocios de comida ya han
advertido el aumento en el precio del menú diario con el fin de
solventar los insumos requeridos para la preparación.
Para los comedores populares y las ollas comunes, esto significa
enfrentar una doble presión: por un lado, el incremento del costo del combustible
necesario para cocinar y, por otro, el aumento del precio de los alimentos que
deben comprar para preparar las raciones. En estas condiciones, muchas
organizaciones comunitarias se ven obligadas a reducir porciones, modificar los
menús o limitar el número de raciones que pueden ofrecer diariamente. Esto
implica que las personas que dependen de estos espacios –en especial aquellas
en situación de pobreza extrema– enfrenten mayores dificultades para acceder a
una alimentación adecuada.
Lo que estamos observando no es solo una crisis energética. Es también
una nueva crisis social que revela la vulnerabilidad de los sistemas urbanos
frente a interrupciones en el acceso a recursos básicos. La dependencia de
determinadas fuentes energéticas, sumada a la falta de mecanismos de protección
para los sectores más vulnerables, termina trasladando el costo de la crisis
hacia quienes menos pueden asumirlo, y no hacia quienes resultan responsables,
en este caso, la gran empresa privada.
Frente a esta situación, es urgente que las políticas públicas
incorporen medidas específicas para proteger a las poblaciones más vulnerables.
Esto implica fortalecer el apoyo a los comedores populares y ollas comunes,
garantizar mecanismos de estabilización del precio del gas doméstico y diseñar
políticas de transporte que reduzcan el impacto de las fluctuaciones
energéticas en la economía cotidiana de las familias.
Las ciudades latinoamericanas han demostrado que las redes comunitarias
cumplen un rol fundamental para sostener la vida en contextos de crisis. Sin
embargo, estas redes no pueden seguir funcionando únicamente gracias al
esfuerzo voluntario de las comunidades.
Si algo evidencia esta crisis energética es que, una vez más, los más
afectados son quienes ya viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
desco
Opina - Regional / 13 de marzo de 2026
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