¿Y el derecho a la alimentación?

 

Durante los últimos meses Lima Metropolitana ha experimentado un aumento de precios en los principales productos de la canasta básica familiar. Si bien es cierto este fenómeno no es reciente, sí causa alarma lo que sucede con los alimentos, en un escenario de crisis climática que amenaza el país. Según el Informe Técnico N° 06 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en mayo último el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana registró un aumento del 0.32%; y pese a que en el mes de junio esta cifra disminuyó 0.16%, productos como la cebolla roja, espinaca, tomate o huevos registraron alzas considerables.

Frente a este escenario, se pone en riesgo el abastecimiento adecuado de alimentos y con ello un continuo encarecimiento de productos básicos que componen el menú diario de los más de 3 millones de hogares que conforman la ciudad de Lima, de los cuales un 33.5% son sostenidos por mujeres y el 77.9% se sitúa en el sector socioeconómico C, D y E; haciendo probable una situación de alta inseguridad alimentaria en el país que afectaría a 15.5 millones de peruanos y peruanas, como afirmó la representante en el Perú de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esto generaría un impacto negativo en la frecuencia de casos de desnutrición crónica y anemia, presentes con mayor gravedad en las zonas rurales del país. Según el informe Perú: Indicadores de resultados de los programas presupuestales 2020, los casos de desnutrición crónica en la población de Lima Metropolitana menor de cinco años representaba el 4.6%, mientras que la prevalencia de anemia en la población de 6 y 35 meses de edad en Lima Metropolitana representó el 30.4%.

Así, una vuelta por los principales mercados de Lima es suficiente para dar cuenta de la alarmante situación alimentaria que atraviesa la capital del país, y son pocas las alternativas que tiene una madre de familia para tratar de sustituir ciertos alimentos por otros “más accesibles”. Lamentablemente, las autoridades nacionales no hacen mucho por tratar de paliar esta situación y hay muy poca voluntad por intentar prevenir un escenario mucho más crítico.

Al respecto, pareciera que la planificación y prevención son un lenguaje ajeno a la política liderada por el gobierno de Dina Boluarte; basta ver el desempeño lamentable de la ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, hoy Jefa de EsSalud, frente al dengue, que dejó 190 fallecidos en el país. Y en Lima Metropolitana no es muy diferente el comportamiento de quien hoy está a cargo de la gestión municipal.

En enero de este año la Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por Rafael López Aliaga, decidió paralizar la provisión de insumos que realizaba el mercado Emmsa de Santa Anita al Banco de Alimentos para abastecer a las ollas comunes de Lima, que garantizan la alimentación de más de 60 000 familias, solo con el fin de dar protagonismo a programas y políticas promovidas por su gestión. Además, hace poco, comerciantes de este gran centro de abastos, decidieron reiniciar un paro ante el cobro excesivo por el ingreso y salida de camiones abastecedores impuesto por la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), monto que luego se vería reflejado en el costo final de los productos.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el impacto sobre la gran mayoría de productores de la agricultura familiar que abastecen las mesas del Perú, debido a su dependencia de fertilizantes y los problemas generados por las prolongadas sequías en las regiones del sur del país y las intensas lluvias que afectaron al norte.

Solo en 2020, en plena crisis por el COVID-19, se registró un ingreso de más de 3.7 millones de toneladas de alimentos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana. De aquí que se vuelve fundamental que las autoridades busquen priorizar medidas preventivas que estén orientadas no solo con la gran empresa y el sector agroexportador, sino también con la agricultura familiar que son fuente esencial para la alimentación de las familias en Lima y el resto del país.

Además, contar con políticas preventivas que involucren al sector de la sociedad civil organizada, como las ollas comunes, es un reto aún sin rumbo claro, no solo a fin de que se garantice una ración de alimentos a cada uno de los integrantes que conforman los más de 3 millones de hogares en la capital, sino para que se integren criterios nutricionales en las más de las 2000 ollas comunes que se encuentran en Lima Metropolitana, según registra el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y que dicho sea de paso destinan S/. 3.60 para la preparación de los tres alimentos diarios, esto según información propia de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. Preguntémonos si con este presupuesto es posible garantizar una alimentación saludable para las miles de familias y, en especial, la población en situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, que acuden diariamente a estos establecimientos en sus barrios y comunidades.

Entonces, este fenómeno de constante incremento de precios en los principales productos de la canasta básica constituye un alto riesgo para las familias en el país en situación de pobreza y pobreza extrema, cuyos ingresos no son suficientes para costear los altos precios. Según una reciente encuesta de CPI, el 53.7% de peruanas y peruanos considera que la situación económica familiar ha empeorado en los últimos seis meses, de los cuales el 45.2% corresponde a Lima y Callao. Así mismo, esta misma encuesta muestra que el 69.9% de la población nacional considera que hay menos oportunidades de trabajo; de esta, el 61.4% vive en Lima y Callao.

Estas son algunas razones que deberían preocupar al actual gobierno, dejando de concentrar sus fuerzas en deslegitimar e invisibilizar las actuales protestas ciudadanas. Quizá hubiese sido mejor destinar los más de 12 millones de soles que entregó el gobierno a las FF.AA. en el marco del reinicio de las protestas, a la mitigación de la crisis alimentaria que afronta hoy el país.

 

 

desco Opina / 21 de julio de 2023

Bajo amenaza

Empezando por la presión política y la manipulación mediática para que se atienda el pedido de indulto para Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, hasta los intentos de sembrar el pánico en los mercados de la Capital a raíz de los hechos de violencia en La Parada, durante las últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión de situaciones que evidencian las serias amenazas que enfrenta hoy nuestra convivencia democrática.

La resistencia al cambio de un sector de comerciantes del hoy ex Mercado Mayorista de Lima, que se niegan a abandonar La Victoria, más allá de un problema de gestión y negociación técnica, se vincula a una irresponsable campaña política para fomentar el desgobierno en la ciudad y mermar la imagen de la alcaldesa de Lima. Ni los promotores de la revocatoria de Villarán, ni el ex alcalde Castañeda, ni los voceros del aprismo han tenido la más mínima discreción en mostrar su satisfacción con la difícil situación que tuvo que enfrentar la primera autoridad edil tras el fallido operativo del jueves pasado, que dejó dos muertos y varias decenas de heridos.

Diversos representantes de la derecha política y mediática, entre ellos el ex premier Del Castillo, han establecido comparaciones caprichosas entre sucesos como el Baguazo y lo ocurrido en La Parada. La comparación no sólo es forzada en relación al tipo de violencia, ni a los actores involucrados, sino también respecto a la iniciativa de gobierno que motiva la resistencia. En otras palabras, hay mucha distancia entre el anunciado ordenamiento del comercio mayorista de una ciudad, y una política escondida de concesiones energéticas indiscriminadas en territorio amazónico. Más digerible aparece el comentario del analista Martín Tanaka, que recordando diversos estallidos de violencia en los últimos años, llama a reconocer en ellos «la actuación de actores ilegales o paralegales que obtienen beneficios desmedidos» del statu quo.

Por si todo esto no resultara suficiente, ya en la semana anterior se registraron también en Lima, dos hechos vergonzosos que tienen en común la actuación de grupos intolerantes. Nos referimos al despido del director de la Galería Municipal de Miraflores y a la censura de una muestra gráfica en Villa El Salvador. En el primer caso, el pequeño grupo fundamentalista católico «Tradición y acción» presionó al alcalde de Miraflores para que retire la muestra de la escultora Cristina Planas, calificada de «blasfema»; increíblemente, consiguieron que el municipio despida a Luis Lama. En el segundo caso, se trató de la censura a varias piezas de arte gráfico que se exhibían en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador como parte de una muestra dedicada a repasar momentos como el asesinato de María Elena Moyano, el atentado Tarata, la Marcha por la Paz y la captura de Abimael Guzmán, hechos que, como señala el título de la exposición, cumplen «Veinte años en la historia del Perú». La recalcitrante fujimorista Martha Moyano, aunada a la poco clara actuación de los representantes del Ministerio de Justicia –entidad auspiciadora de la exposición– propiciaron la censura de piezas que apuntaban no a la responsabilidad del Estado en el clima de violencia de inicios de los noventa, sino a la actuación del líder senderista, Abimael Guzmán. Si hoy se «desaparece» opiniones que el fujimorismo considera demasiado «blandas» respecto al senderismo, ¿cuánta más libertad para «vigilar y castigar» tendrán esta clase de grupos de aprobarse leyes como la del negacionismo?

Todos estos hechos no deben verse como aislados. No nos referimos a una gran conspiración, sino a una creciente ola de conservadurismo e intolerancia, a las que hoy se suma la censura y la violencia expresa como parte del arsenal que los enemigos de la democracia –entre ellos la derecha derrotada en Lima– están dispuestos a emplear en su intento por asfixiar tanto las voces disidentes del discurso oficial sobre la guerra interna, como los necesarios cambios que Villarán y la confluencia quieren poner en marcha en la ciudad.

desco Opina / 29 de octubre de 2012
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