Lima y sus jueces

Una reciente encuesta muestra que la mayoría limeña respalda el traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita. El amplio apoyo ciudadano a la medida de ordenamiento emprendida por la Municipalidad de Lima, sin embargo, contrasta con las idas y vueltas que el caso toma en el Poder Judicial y con la popularidad bajo presión de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el bloqueo de los ingresos a La Parada. En los meses transcurridos desde entonces, hemos sido testigos del uso irregular de medios judiciales para minar la autoridad urbana y entrampar el ordenamiento del sistema de abastecimiento de Lima. No sólo eso: también vemos cómo se retrasa la recuperación de un espacio público vital para la ciudad.

La dilación por la vía judicial deja varios asuntos para la reflexión. Son muchos los problemas de gestión municipal cuyo principal cuello de botella son malos jueces, como Malzon Urbina o jueces formados en un sistema de leguleyadas, antes que en la búsqueda del equilibrio entre la defensa de los derechos de las personas y la salvaguarda del interés público. Este tipo de jueces explica por qué la Municipalidad de Lima no ha logrado imponerse frente a las mafias del abastecimiento ni llegar a acuerdos serios con los comerciantes informales de La Parada.

El escenario para la gestión urbana es complicado cuando se combinan factores como la decaída autoridad municipal –a la que abonó el absurdo intento de revocar a Villarán–, el comportamiento mafioso de los «emprendedores» locales –comerciantes y capitalistas– que imponen su interés privado sobre las necesidades de la ciudad, y la mala actuación del Poder Judicial.

La suma de estos factores explica en buena parte que Lima no haya podido emprender la restructuración de Mesa Redonda y que las pocas medidas que la Alcaldía ha tomado para controlar su expansión hayan quedado apenas como gestos. Nos referimos aquí a los inefectivos cierres preventivos de locales como el Campo Ferial La Cochera, donde en el verano de 2012 se produjo un incendio –felizmente controlado– que reavivó el fantasma de la tragedia de 2001, donde murieron al menos seiscientas personas entre compradores y trabajadores del comercio.

Nos referimos también a la clausura «definitiva» de los locales que funcionan como depósitos en el histórico Barrios Altos, sanciones que no han sido acatadas, pues dichos negocios continúan operando a vista y paciencia de serenos, policías y funcionarios de fiscalización de la comuna limeña. La poca efectividad de estas medidas merma la credibilidad de la Alcaldesa, aumenta el malestar entre los vecinos que apostaron por respaldarla ante la revocatoria y, más importante que todo ello, significa la aceleración del deterioro del patrimonio construido y la calidad de vida en el centro de la ciudad.

Ahora que nos encontramos en un período de tránsito, a puertas de las elecciones complementarias de octubre, esperamos que las fuerzas políticas que buscarán su participación en la gestión edil generen un debate que busque atender a estos aspectos, fundamentales para salvaguardar el principio de convivencia y de ordenamiento del territorio que compartimos.

A los puntos del acuerdo de «ancha base» propuesto por Villarán, entre los que se cuenta la reforma de transporte, el programa municipal Barrio Mío, la modernización del comercio mayorista de alimentos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, entre otros; debe sumarse un consenso para buscar la reforma del Código Procesal Penal, de modo que se impida que las medidas cautelares que otorga el Poder Judicial, en lugar de ser garantía de justicia, sean una muralla contra la que chocan todos los intentos de producir una mejor ciudad.

desco Opina - Regional / 3 de junio de 2013
Programa Urbano
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¿A quién le importa Lima?

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones, estableció ya la fecha para la consulta que decidirá sobre la revocatoria a Susana Villarán, cerrando de esta manera la primera etapa de un proceso a todas luces lleno de irregularidades, en el que el papel del presidente del Jurado, Hugo Sivina, ha sido protagónico. La decisión, que no deja de ser sorprendente, coincidió con el accidentado traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita, permitiendo ver algunos de los rostros más oscuros que están tras la intención de cesar a la autoridad metropolitana, prácticamente desde el día siguiente a su elección.

La gestión de Villarán, tras un inicio vacilante, entre otras cosas por el desconocimiento exacto de los desafíos y el desorden que heredaban de la larga administración anterior, se afirmó definiendo cuatro ejes neurálgicos para su gestión: el ordenamiento del transporte urbano, en una ciudad que está al borde del colapso por el caos y la arbitrariedad que se fue generando en esta materia; la recuperación de los espacios públicos, donde el traslado de La Parada era un tema largamente postergado; la atención a los sectores más vulnerables de la población, donde un programa como Barrio Mío que contempla el plan de mitigaciones de riesgos en laderas, bastante más complejo y estructurado que el anterior esfuerzo municipal de construcción de escaleras, beneficiará a más de un millón de habitantes de la ciudad; y finalmente, la definición de impostergables obras de infraestructura vial y recuperación del río Rímac, con una intervención prevista que contempla significativamente a la inversión privada y que supera los mil millones de soles en los próximos años.

Vale decir que la actual gestión municipal decidió ser gobierno en una ciudad que en la última década se limitó a ser administrada, sin que las gestiones inmediatamente anteriores se preocuparan por enfrentar los grandes retos de planeamiento y orden que demanda una urbe de las dimensiones de Lima. Su valiente decisión de pensar en la ciudad, antes que en el fácil rédito político que permiten la sucesión de distintas obras inconexas y un manejo mediático astuto, pretende ser frenada por la revocatoria.

Los sucesivos paros de los dueños del transporte público, muchos de ellos claramente mafiosos e impunes en su desprecio por los usuarios y por las normas más elementales de tránsito y posteriormente, los enfrentamientos generados con sectores de los comerciantes mayoristas de alimentos, fueron utilizados como parte de una campaña de demolición, a la que se sumaron gozosos buena parte de los medios de comunicación, cada vez más interesados en impedir la participación en la gestión pública de fuerzas y sectores con un discurso de cambio y vinculadas a la izquierda.

El escenario no es fácil y el Jurado Nacional de Elecciones busca hacerlo más difícil y menos ordenado con su pretensión de llevar adelante la consulta en marzo del próximo año, a pesar que la propia organización del proceso, particularmente complejo por la manera de votación, demandaría según los conocedores, más de tres meses, a partir del 2 de enero próximo.

A las autoridades electorales parece no interesarles el futuro de Lima, que corre el severo riesgo de verse paralizada los próximos dos años. Tampoco les preocupa el costo directo e inmediato del proceso, que no es poca cosa. Por su lado, a buena parte de los promotores de la revocatoria lo que les interesa es detener los cambios que la actual gestión pretende llevar adelante. Así las cosas, en un escenario indudablemente difícil, creemos que todos los limeños y limeñas, interesados y comprometidos con el desarrollo y el ordenamiento de su ciudad, con la calidad de vida que ésta les puede ofrecer, estamos obligados a defender una gestión que optó por enfrentar algunos de los grandes problemas de la metrópoli, sin cálculo político alguno.

Más allá de los aciertos y errores de la actual gestión, ninguno de los cuales justifica apelar a la revocatoria, lo que estará en juego en marzo es el futuro de Lima y su voluntad de ordenarse, responder planificadamente a los grandes problemas que afronta y gobernarse democráticamente. Quienes estamos en esa perspectiva –varios políticos de distintas tiendas, líderes sociales e importantes sectores empresariales se han pronunciado en ese sentido– deberemos actuar conjuntamente contra quienes pretenden el regreso al pasado, defendiendo la aspiración mayoritaria de una ciudad mejor.

desco Opina / 9 de noviembre de 2012
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Bajo amenaza

Empezando por la presión política y la manipulación mediática para que se atienda el pedido de indulto para Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, hasta los intentos de sembrar el pánico en los mercados de la Capital a raíz de los hechos de violencia en La Parada, durante las últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión de situaciones que evidencian las serias amenazas que enfrenta hoy nuestra convivencia democrática.

La resistencia al cambio de un sector de comerciantes del hoy ex Mercado Mayorista de Lima, que se niegan a abandonar La Victoria, más allá de un problema de gestión y negociación técnica, se vincula a una irresponsable campaña política para fomentar el desgobierno en la ciudad y mermar la imagen de la alcaldesa de Lima. Ni los promotores de la revocatoria de Villarán, ni el ex alcalde Castañeda, ni los voceros del aprismo han tenido la más mínima discreción en mostrar su satisfacción con la difícil situación que tuvo que enfrentar la primera autoridad edil tras el fallido operativo del jueves pasado, que dejó dos muertos y varias decenas de heridos.

Diversos representantes de la derecha política y mediática, entre ellos el ex premier Del Castillo, han establecido comparaciones caprichosas entre sucesos como el Baguazo y lo ocurrido en La Parada. La comparación no sólo es forzada en relación al tipo de violencia, ni a los actores involucrados, sino también respecto a la iniciativa de gobierno que motiva la resistencia. En otras palabras, hay mucha distancia entre el anunciado ordenamiento del comercio mayorista de una ciudad, y una política escondida de concesiones energéticas indiscriminadas en territorio amazónico. Más digerible aparece el comentario del analista Martín Tanaka, que recordando diversos estallidos de violencia en los últimos años, llama a reconocer en ellos «la actuación de actores ilegales o paralegales que obtienen beneficios desmedidos» del statu quo.

Por si todo esto no resultara suficiente, ya en la semana anterior se registraron también en Lima, dos hechos vergonzosos que tienen en común la actuación de grupos intolerantes. Nos referimos al despido del director de la Galería Municipal de Miraflores y a la censura de una muestra gráfica en Villa El Salvador. En el primer caso, el pequeño grupo fundamentalista católico «Tradición y acción» presionó al alcalde de Miraflores para que retire la muestra de la escultora Cristina Planas, calificada de «blasfema»; increíblemente, consiguieron que el municipio despida a Luis Lama. En el segundo caso, se trató de la censura a varias piezas de arte gráfico que se exhibían en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador como parte de una muestra dedicada a repasar momentos como el asesinato de María Elena Moyano, el atentado Tarata, la Marcha por la Paz y la captura de Abimael Guzmán, hechos que, como señala el título de la exposición, cumplen «Veinte años en la historia del Perú». La recalcitrante fujimorista Martha Moyano, aunada a la poco clara actuación de los representantes del Ministerio de Justicia –entidad auspiciadora de la exposición– propiciaron la censura de piezas que apuntaban no a la responsabilidad del Estado en el clima de violencia de inicios de los noventa, sino a la actuación del líder senderista, Abimael Guzmán. Si hoy se «desaparece» opiniones que el fujimorismo considera demasiado «blandas» respecto al senderismo, ¿cuánta más libertad para «vigilar y castigar» tendrán esta clase de grupos de aprobarse leyes como la del negacionismo?

Todos estos hechos no deben verse como aislados. No nos referimos a una gran conspiración, sino a una creciente ola de conservadurismo e intolerancia, a las que hoy se suma la censura y la violencia expresa como parte del arsenal que los enemigos de la democracia –entre ellos la derecha derrotada en Lima– están dispuestos a emplear en su intento por asfixiar tanto las voces disidentes del discurso oficial sobre la guerra interna, como los necesarios cambios que Villarán y la confluencia quieren poner en marcha en la ciudad.

desco Opina / 29 de octubre de 2012
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