Auto-construcción de vivienda: ¿apoyarla o combatirla?

La actividad constructiva con fines habitacionales que llevan a cabo las familias que ya cuentan con un lote de terreno, es quizá la modalidad más extendida de provisión de vivienda en las ciudades peruanas, y en el caso de Lima, sólo en años muy recientes puede contrastarse con las cifras de nuevas unidades de vivienda producidas por empresas inmobiliarias en el marco de programas estatales como MiVivienda.

Asociada con la «informalidad» y «las invasiones», la autoconstrucción es una realidad poco comprendida y poco apreciada por nuestras autoridades. Al definirse principalmente por la ausencia de un profesional que garantice la calidad de la edificación, se pierde de vista uno de sus principales atributos: se trata de vivienda construida progresivamente, por etapas, según las posibilidades del ahorro familiar y al ritmo de las necesidades de sus miembros.

Con la retina puesta en el rentable mercado de los departamentos para los sectores socioeconómicos A, B y C, en el curso del llamado «boom inmobiliario» el empresariado de los rubros asociados a la construcción no tuvo entre sus prioridades la producción de vivienda social. Y a pesar de haber diseñado programas de crédito dirigidos a las familias de bajos ingresos, el Ministerio de Vivienda ha sido también poco proactivo para atender este mercado, presentando año tras año una baja performance en la ejecución de bonos Techo Propio.[1] Su actividad preferencial en este rubro ha sido la búsqueda de suelo nuevo para producir en masa vivienda de bajo costo, lo que resulta bien poco atractivo para los millones de familias que ya cuentan con suelo y con título de propiedad. El reto es hacer vivienda formal en lo que empezó como informal. Para desco, esto supone conocer, y luego, formalizar el paquete tecnológico que explica el éxito –y las limitaciones- de la producción social de la ciudad y la vivienda.

Es claro que sin políticas públicas para brindar asistencia técnica a la construcción progresiva de vivienda y con municipios con pocos recursos para ejercer sus funciones de control urbano, la vivienda producida en estas condiciones presenta numerosos inconvenientes y condiciona no sólo la seguridad física del tejido urbano, sino también la calidad habitacional, esto es, el disfrute de una vivienda digna. Pero justamente por ello el esfuerzo público debe dirigirse a mejorar estas condiciones, antes que a combatir una de las constantes que alimentan el crecimiento económico generado por la construcción, con un 3.6% del PBI nacional.

Con el propósito declarado de promover el acceso a la vivienda digna, en diciembre pasado, la alcaldesa de Lima Susana Villarán anunció que su gestión, a través de EMILIMA[2], ha creado el Programa Metropolitano de Vivienda Popular - PMVP (ordenanza 1643), que llevará a cabo en 2013-2014 proyectos piloto en tres frentes: renovación urbana (destugurización), nuevas urbanizaciones y «densificación», es decir, crecimiento de la vivienda ya construida, una de las principales necesidades de la autoconstrucción que realizan las familias de los sectores populares. Y lo más importante: en coordinación con el Ministerio de Vivienda, el PMVP promoverá el uso de bonos Techo Propio, generando una importante sinergia en la inversión pública. Otra razón de peso para oponerse a la aventura política que significa para nuestra ciudad el proceso de revocatoria contra las autoridades metropolitanas.

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[1] Este programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con dos modalidades: crédito para vivienda nueva y crédito para construcción en sitio propio, esto es, dirigido a las familias que ya cuentan con un lote de terrenos sobre el cual pueden edificar su vivienda.

[2] EMILIMA: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima.

desco Opina - Regional / 11 de febrero de 2013

Programa Urbano

Revocatoria: el 2016 ahora

El proceso para la revocatoria de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima se va calentando con el verano. Los promotores originales van pasando ya a un discreto segundo plano, conforme se hace visible el juego y los intereses de los distintos partidos políticos que anuncian su respaldo al No o se suman activos y entusiastas a la campaña por el Sí.

El destino de Lima se ha convertido en la coartada que anima la resurrección de los partidos y sus principales líderes, anticipando inusitadamente la carrera presidencial hacia el 2016 y preparándose para lo que se imaginan una seguidilla electoral: campaña revocatoria, probable nueva elección en Lima, elecciones municipales y regionales y, finalmente, la meta que organiza desde ya sus comportamientos y aspiraciones.

Como no podía ser de otra manera, Alan García se adelantó a todos. Lanzó en apoyo al Sí a las principales figuras del partido al que en teoría pertenece y con idéntica velocidad escondió la mano, pues su negocio exige no aparecer directamente vinculado a una campaña bastante sucia. Para esa tarea cuenta con sus alfiles, interesados en un lugar a su lado en un eventual retorno a la Casa de Pizarro.

Aunque en un primer momento los voceros más visibles del fujimorismo se sumaron a los revocadores, Keiko Fujimori –algo más reflexiva y centrada en el juego del indulto– se pone de perfil y busca desmarcarse tanto de Marco Tulio Gutiérrez y su gente, como de García y el APRA, a los que no quiere tener compitiendo en la segunda vuelta del 2016. En tanto, Luis Castañeda trata de guardar silencio, lo que no le cuesta mucho trabajo; parte de una liga menor que no puede pretender protagonismo en la mencionada segunda vuelta, delega en sus escuderos las intervenciones más agresivas a favor del Sí, calculando su retorno al sillón municipal.

El Partido Popular Cristiano se ha pronunciado contra la revocatoria, calculando también el rédito que ello puede representarle de cara al futuro, más aún tratándose de Lima, a fin de cuentas su plaza fuerte. Como ellos e incluso con mayor visibilidad, Perú Posible y Alejandro Toledo se han pronunciado enfáticamente por el No y casi desde el primer momento adquirieron protagonismo en la campaña a través de Anel Townsend. Como es obvio, el ex presidente busca tejer una relación de mediano plazo con sectores de la izquierda que le resultarán fundamentales para aspirar a la segunda vuelta. Para los distintos grupos de izquierda, de una u otra manera presentes en la Municipalidad Metropolitana de Lima, una victoria del Sí en marzo afectaría considerablemente sus posibilidades futuras y los aislaría.

No obstante estos juegos, los partidos no han logrado unanimidad entre sus propios militantes, así muchos de ellos, expresando una posición distinta a la de su agrupación, acepten «disciplinadamente» la posición de aquellas. Juan Carlos Eguren, Javier Valle Riestra, Michel Urtecho o Luz Salgado, por citar apenas algunos, expresan las tribulaciones de gentes que también, seguramente, están pensando en su futuro para el 2016. Lejos de ellos, los electores parecemos reducidos a simples fichas en un juego de fondo.

desco Opina / 1º de febrero de 2013
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Gestión de residuos en Lima Sur: mejoras distritales, pendientes metropolitanos

El último informe del Ministerio del Ambiente sobre la Gestión Nacional de Residuos Sólidos 2010 – 2011, indica que Lima genera un promedio aproximado de 2 123 016 toneladas de residuos al año. En Lima Sur, una de las zonas más contaminadas de la capital y con menor calidad de aire según el SENAMHI, la acumulación de basura en varias de las principales calles refleja el desinterés o la incapacidad de los municipios por brindar un buen servicio. Esto hace que en la percepción de la gente, el problema de la basura esté casi al mismo nivel que el de la falta de redes de agua y desagüe.

La recolección de desechos que realizan los municipios de Lima sur no tiene como único destino el relleno oficial operado por el consorcio Relima, sino también botaderos informales y clandestinos. El «ahorro» por no llegar al relleno se paga con el deterioro de la calidad ambiental y la salubridad de las zonas aledañas. A ello se suma el problema del desmonte producto de la actividad constructiva de los vecindarios, que se arroja en vías y espacios públicos poco cuidados, empeorando su estado y generando focos de acumulación de basura.

El Plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - PMM, iniciativa encabezada por el Ministerio de Economía, permite a los municipios obtener mayores recursos para mejorar la gestión de residuos sólidos. En este marco, se han implementado desde 2011 en Lima más de una veintena de Programas de Segregación en la Fuente, que involucran no solo a los vecinos, sino también a las y los recicladores que actúan en estos distritos. Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Lurín cumplieron las metas del PMM, y entre ellos los tres primeros integran a sus recicladores en la operación del servicio. En el caso de Villa El Salvador, el PMM ha sido la oportunidad de reactivar el Bono Verde, un descuento mensual de 20% en los arbitrios para las familias que entregan a las y los recicladores organizados sus residuos separados.

Entre tanto, el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) para Lima Metropolitana no se ha concretado y es uno de los pendientes de la gestión «verde» de Susana Villarán. Si bien el Ministerio del Ambiente, como rector de las políticas ambientales, brinda una serie de pautas para el cumplimiento de las metas establecidas por el PMM, estas serán insuficientes si la ciudad de Lima no responde al desafío de la gestión ambiental de residuos sólidos con voluntad política, pensando no solo en una gestión «cumplidora», sino también que proponga y plantee propuestas novedosas para mejorar la calidad de vida de las y los limeños.

desco Opina - Regional / 30 de noviembre de 2012
Programa Urbano
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Bajo amenaza

Empezando por la presión política y la manipulación mediática para que se atienda el pedido de indulto para Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, hasta los intentos de sembrar el pánico en los mercados de la Capital a raíz de los hechos de violencia en La Parada, durante las últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión de situaciones que evidencian las serias amenazas que enfrenta hoy nuestra convivencia democrática.

La resistencia al cambio de un sector de comerciantes del hoy ex Mercado Mayorista de Lima, que se niegan a abandonar La Victoria, más allá de un problema de gestión y negociación técnica, se vincula a una irresponsable campaña política para fomentar el desgobierno en la ciudad y mermar la imagen de la alcaldesa de Lima. Ni los promotores de la revocatoria de Villarán, ni el ex alcalde Castañeda, ni los voceros del aprismo han tenido la más mínima discreción en mostrar su satisfacción con la difícil situación que tuvo que enfrentar la primera autoridad edil tras el fallido operativo del jueves pasado, que dejó dos muertos y varias decenas de heridos.

Diversos representantes de la derecha política y mediática, entre ellos el ex premier Del Castillo, han establecido comparaciones caprichosas entre sucesos como el Baguazo y lo ocurrido en La Parada. La comparación no sólo es forzada en relación al tipo de violencia, ni a los actores involucrados, sino también respecto a la iniciativa de gobierno que motiva la resistencia. En otras palabras, hay mucha distancia entre el anunciado ordenamiento del comercio mayorista de una ciudad, y una política escondida de concesiones energéticas indiscriminadas en territorio amazónico. Más digerible aparece el comentario del analista Martín Tanaka, que recordando diversos estallidos de violencia en los últimos años, llama a reconocer en ellos «la actuación de actores ilegales o paralegales que obtienen beneficios desmedidos» del statu quo.

Por si todo esto no resultara suficiente, ya en la semana anterior se registraron también en Lima, dos hechos vergonzosos que tienen en común la actuación de grupos intolerantes. Nos referimos al despido del director de la Galería Municipal de Miraflores y a la censura de una muestra gráfica en Villa El Salvador. En el primer caso, el pequeño grupo fundamentalista católico «Tradición y acción» presionó al alcalde de Miraflores para que retire la muestra de la escultora Cristina Planas, calificada de «blasfema»; increíblemente, consiguieron que el municipio despida a Luis Lama. En el segundo caso, se trató de la censura a varias piezas de arte gráfico que se exhibían en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador como parte de una muestra dedicada a repasar momentos como el asesinato de María Elena Moyano, el atentado Tarata, la Marcha por la Paz y la captura de Abimael Guzmán, hechos que, como señala el título de la exposición, cumplen «Veinte años en la historia del Perú». La recalcitrante fujimorista Martha Moyano, aunada a la poco clara actuación de los representantes del Ministerio de Justicia –entidad auspiciadora de la exposición– propiciaron la censura de piezas que apuntaban no a la responsabilidad del Estado en el clima de violencia de inicios de los noventa, sino a la actuación del líder senderista, Abimael Guzmán. Si hoy se «desaparece» opiniones que el fujimorismo considera demasiado «blandas» respecto al senderismo, ¿cuánta más libertad para «vigilar y castigar» tendrán esta clase de grupos de aprobarse leyes como la del negacionismo?

Todos estos hechos no deben verse como aislados. No nos referimos a una gran conspiración, sino a una creciente ola de conservadurismo e intolerancia, a las que hoy se suma la censura y la violencia expresa como parte del arsenal que los enemigos de la democracia –entre ellos la derecha derrotada en Lima– están dispuestos a emplear en su intento por asfixiar tanto las voces disidentes del discurso oficial sobre la guerra interna, como los necesarios cambios que Villarán y la confluencia quieren poner en marcha en la ciudad.

desco Opina / 29 de octubre de 2012
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