El asilo negado y los cambios institucionales en la política nacional

La decisión uruguaya de negar el asilo al expresidente Alan García Pérez (AGP) ha sido vista como un fracaso de su apuesta por evadir la justicia recurriendo a amigos extranjeros que supuestamente le iban a dar la mano, pero es también un hito en la política peruana y ha sido recibida positivamente por la mayoría de la opinión pública, que lo considera como uno de los políticos más corruptos, desprestigiado, pero con capacidad para evadir o bloquear investigaciones judiciales en su contra.

El fracaso de AGP por lograr el asilo evidenciaría también los límites de la política criolla, basada en gran medida en el clientelismo, el intercambio de favores, y los lazos personales, así como en el genio político, la sagacidad y oratoria del caudillo. En el caso del líder aprista, se confirman sus dificultades para entender y adaptarse a las nuevas tendencias de la política nacional e internacional, algo evidenciado antes de manera contundente en la pobre votación que obtuvo en últimas elecciones presidenciales (5.8%). García y su partido no fueron capaces de interpretar el desprestigio que padecían ante la ciudadanía y al parecer no han logrado tampoco, leer correctamente el contexto actual.

Pese a ello, AGP, a diferencia de los expresidentes Toledo y Humala, investigados, denunciados y hasta apresados por corrupción, ha tenido hasta la fecha la ventaja de contar con un aparato partidario que le profesa una lealtad incondicional. Mantiene además, influencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que le permitió evadir las acciones de investigación judicial y políticas (recordar, por ejemplo, la megacomisión que lo investigó en el Congreso bajo el gobierno de Humala), recurriendo a una serie de tácticas y argucias judiciales.

¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos para que el expresidente esté «sintiendo pasos» que pueden conducirlo a la cárcel? La respuesta no parece ser la persecución política (¿Quién tendría interés en perseguir a un político al que los últimos resultados electorales lo invalidan como una alternativa de gobierno?). Es probable que la lealtad aprista se esté resquebrajando (se rumoreaba de un exfuncionario preso que buscaba acogerse a la colaboración eficaz), pero también se están procesando cambios a nivel institucional en los que es necesario profundizar.

Los analistas de los hechos recientes enfatizan poco en la institucionalidad del país para entender los procesos en curso. Estamos acostumbrados a pensar, con toda razón, en la debilidad y precariedad de las instituciones públicas, pero ello no debería ser un obstáculo para considerar algunos otros hechos concernientes a éstas.

Así, en estos años, pese a sus innegables debilidades y a la persistencia de estilos y personajes corruptos que intentan usar las instituciones públicas para su propio provecho, éstas parecen haber consolidado también una cultura y unas prácticas que no dependen únicamente de las personas que las lideran. De otra manera no puede entenderse la presencia de personajes como el fiscal Pérez o el juez Concepción Carhuancho, a los que no es posible manipular desde instancias superiores.

El debilitamiento de partidos como el APRA, que tradicionalmente ha tenido y tiene aún influencia en aparatos del Estado, es también un factor a tener en cuenta; se habla así de una generación de jueces y fiscales que han ingresado y están haciendo carrera sin el padrinazgo del citado partido y que poco o nada le deben a éste.

Las instituciones públicas no son entonces aparatos férreamente controlados por su principal autoridad o por alguna fuerza política predominante en el Congreso o la escena electoral del país. Por el contrario, la experiencia reciente confirma, una vez más, que las complejidades de las mismas pueden facilitar la corrupción, pero también facilitan condiciones para que los funcionarios públicos puedan realizar un trabajo serio, honesto y apegado a las normas.

Existen condiciones para que la institucionalidad del país pueda controlar y superar los males del clientelismo y caudillismo desinstitucionalizante, aunque hasta la fecha no se haya encontrado la fórmula para lograrlo. Los avances en este camino, poco percibidos debido a las precariedades existentes, no son desde luego irreversibles, pero cuando se produce una suerte de alineamiento o coalición anticorrupción entre actores del gobierno y de otros poderes del Estado, algunos medios masivos y la opinión pública nacional, los resultados pueden ser alentadores. Habrá que esperar, sin embargo, los pasos siguientes de los actores afectados por las denuncias, pues su poder es aún importante y dista de haber sido neutralizado.

desco Opina / 7 de diciembre de 2018

Cuando la cama me da vueltas

Sorprendiéndonos una vez más, el gobierno acudió en auxilio del fujimorismo y de parte importante de la oposición, que se debatía afectada por una oleada de disputas internas y divisiones que alcanzaban a la mayoría de sus tiendas. El partido naranja sumido en la pugna –ya abierta– entre Keiko por un lado, y Kenji y Alberto por el otro; el Frente Amplio disminuido a su mitad original, buscando algún mecanismo «ingenioso» que les permita quedarse con las cuatro comisiones que tuvieron en la legislatura ya concluida, mientras el APRA y AP, atrapados en las disputas que han prolongado sus elecciones internas. 

En ese escenario, la decisión gubernamental de retirar de la Procuraduría ad hoc a Katherine Ampuero, que arrastró la salida de Julia Príncipe de la Procuraduría General y del Consejo de Defensa del Estado, apareció como un salvavidas que les permite llegar al 28 de julio, recuperando su tono vocinglero en los más de los casos y claramente altisonante y provocador desde el fujimorismo. El «veranillo» que infructuosamente trató de crearse tras el diálogo entre PPK y Keiko, parece que terminará una vez más en lo mismo. Más allá de si la decisión del gobierno fue correcta o no, y nosotros creemos que era indispensable el retiro de ambas, llama poderosamente la atención la falta de pericia evidenciada por la Ministra Pérez Tello, teóricamente una de las pocas políticas del gobierno.

La manera en la que se anunció su salida, por televisión y no a través de una resolución y un comunicado previos, dejó a la titular de Justicia en manos de los dimes y diretes en los que ambas abogadas han demostrado experiencia larga e importante capacidad histriónica. Apoyadas mayoritariamente por los medios, han devenido en supuestas víctimas de la lucha contra la corrupción y la defensa de su autonomía, que estaría tocando las puertas del gobierno. En otras palabras, ambas son hoy día parte de la munición de grueso calibre de la que se alimentan muchas de las figuras políticas que aparecen sistemáticamente sindicadas de vinculación con actos de corrupción, empezando por un Alan García, ya experto y cuajado en encontrar la corrupción en otros como la mejor manera de alejar los reflectores que nunca llegan a afectarlo.

El resultado es claro. Los declarantes de siempre tendrán amplio espacio en los medios y los recurrentes analistas de todos los días, tendrán papel y cámara para especular sobre la precariedad y los pecados del gobierno. La primera, como lo demuestra el hecho, es evidente. Los pecados también, pero parece no existir un interés real en llegar a ellos, como lo evidencia el caso Chinchero, por ejemplo. Por debajo, varios intuimos que el retiro de ambos personajes de la Procuraduría –basta recordar que la doctora Príncipe en más de una ocasión ha evidenciado su corazón estrellado– es parte de la evidente trama en la que están comprometidos el Ministerio Público y la Procuraduría, para lograr el necesario «control de daños» que ocasionaría Lava Jato.

De esta manera, el salvavidas lanzado a los partidos, les permitirá esconder sus problemas y sus miserias por un nuevo período. Keiko Fujimori podrá olvidar por unas semanas la posible libertad de su padre o la probabilidad de que cumpla condena en su domicilio, lo que la llevaría a un indeseado escenario de compartir y competir por el liderazgo naranja; las reacciones de los conversos (Alcorta, Galarreta y Salaverry) a los tweets del exmandatario son muy claros al respecto. Alan García seguirá durmiendo tranquilo sin preocuparse, una vez más, por el trance en que ha puesto a su exánime partido y riendo porque ahora el corrupto puede ser PPK. En el Frente Amplio, finalmente, pueden empezar a especular sobre su eventual recomposición para mantener las Comisiones congresales que tuvieran en el pasado. En todos los casos, la política reducida a estatutos, reglamentos y sanciones para disimular la falta de propuestas y su desvinculación de la gente, situación que pretenden prolongar, enterrando la reforma electoral.

Mientras tanto, la economía parada, al extremo que el nuevo ministro del sector, acepta ya que este año no crecerá lo poco que habían previsto… pero el próximo año será mejor; los corruptos, preocupados por la corrupción de los otros; la gente expresando en la calle sus malestares –médicos, maestros y otros trabajadores–, los piuranos marchando porque no tienen recursos para su reconstrucción, cocaleros y un largo etcétera más, cada uno por su lado. La incertidumbre es cada día mayor en un contexto en el que no hay actores fuertes. En un escenario así, ¿podemos esperar algo del discurso del 28 de julio?

desco Opina / 21 de julio de 2017

Más allá del pedido de facultades legislativas

Tras el envío del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso de la República, los reflectores apuntan a este poder del Estado para conocer su decisión, mientras el Presidente de la República –fiel al estilo que explica su popularidad– negocia recursos para inversión de «civilización» a «civilización» en China, se da tiempo para criticar la eventual anulación de la segunda vuelta electoral propuesta por Velásquez Quesquén, o la consulta ciudadana que el cardenal propone a propósito de la píldora del día siguiente y la unión civil.

En el Congreso, por su parte, la Comisión de Constitución decidió enviar las propuestas a 10 comisiones, dándoles un plazo de siete días para que revisen y opinen sobre los pedidos del Ejecutivo, abriéndose el espacio para un nuevo peregrinaje de los distintos ministros por la Avenida Abancay y en nuevas reuniones entre el Premier Zavala y las distintas bancadas. Aunque todo indica que finalmente se aprobarán por mayoría buena parte de las facultades legislativas solicitadas, ya es claro que algunas, como la reducción de un punto del IGV, pueden no ser concedidas.

Mientras el aparente pulseo en esta materia entre la mayoría congresal y el gobierno de PPK seguirá su curso varios días más, pareciera que bajo la mesa se intentan distintos arreglos. La elección del Defensor del Pueblo, sorprendentemente propuesto por Víctor Andrés García Belaunde, finalmente sancionada desde Palacio de Gobierno que ordenó votar a su bancada por el candidato apoyado por el fujimorismo, fue un indicio que dividió en la votación a la bancada oficialista.

Las posteriores e imprudentes designaciones del Director de Certificación Ambiental del SENACE y del nuevo jefe de la DINI, ambos ligados hasta no hace mucho a importantes empresas mineras, sin que la mayoría opositora diga ni pío, definitivamente da que pensar, más aún cuando esa misma mayoría parece interesada en que el Congreso designe distintos cargos públicos, CONCYTEC incluido.

En este juego de una eventual cohabitación en el gobierno de quienes comparten el modelo económico y la continuidad como base dura de esa posible relación, la precariedad de nuestra institucionalidad se expresa cotidianamente. Si la bancada de Peruanos por el Kambio crujió con la elección de Walter Gutiérrez y el APRA se desmarca de Velásquez Quesquén en su afán de facilitarle el 2021 a Keiko Fujimori, las disputas en el Frente Amplio entre un «ausente» Arana y el sector que cierra filas con Verónika Mendoza, ocuparon el espacio, las más de las veces alborozado e interesado de los medios de comunicación mayoritarios. Las diferencias también llegan a Fuerza Popular, y las disputas entre las congresistas Letona y Vilcatoma no pueden esconder la procesión que va por dentro. Hasta Acción Popular desnuda sus pleitos internos ante el Jurado Nacional de Elecciones y los evidencia en el Congreso.

En ese estado de cosas, el apuro por sacar la ley sobre el transfuguismo, no parece casual. Como tampoco lo parece el conflicto abierto por el desprestigiado Consejo Nacional de la Magistratura, interesado en tener mayor control sobre el Poder Judicial, y afectado diariamente por muchos de los fallos de sus integrantes. Así, también por debajo o al lado de las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, asistimos a disputas y pechadas en otros poderes del Estado, que como a los partidos políticos, parece no importarles su rol y su responsabilidad en el fortalecimiento de nuestra precaria institucionalidad.

Las facultades legislativas, mal que bien se votarán los próximos días. Más allá de las disputas que las mismas traen aparejadas, el norte último del gobierno y la mayoría, es el mismo: la continuidad del modelo. Las diferencias siguen siendo de modales y de tonalidad. Fue una congresista fujimorista la que intentó desvirtuar con una propuesta legislativa la consulta previa, viéndose obligada a retroceder. Es el gobierno el que nombra en SENACE un funcionario de reciente pasado minero, viéndose obligado también a retroceder. Son los temas de fondo del continuismo los que marcan la cancha en la que las diferencias se hacen cosméticas. Hará bien la ciudadanía en mantenerse vigilante sobre la entrega de facultades legislativas y sobre el contenido de las normas que el Ejecutivo pretende.

desco Opina / 16 de setiembre de 2016
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