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viernes

Simulacro



Jorge Barata, director ejecutivo durante años de la constructora Odebrecht en Perú, ha declarado en Brasil que fue él quien entregó dinero para las campañas electorales de Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, del APRA, de Ollanta Humala, la primera campaña de PPK y la no revocatoria de Susana Villarán. Estas revelaciones, que esperan sustento probatorio, no han desencadenado ningún movimiento social o ciudadano que ponga en jaque al poder y, mucho menos, que proponga una ruta de relevo efectivo de la clase política.
Incluso la vacancia del presidente Kuczynski, que tanto apremiaba a tirios y troyanos, parece haber pasado a la congeladora, pues el eje del debate político se ha trasladado del fraudulento indulto a Alberto Fujimori a un reacomodo de la clase política, que muy probablemente tenga como salida un reforzado pacto de impunidad.
Para cuando la información probatoria de los dichos de Barata llegue al Perú, se iniciarán larguísimos procesos en nuestro parsimonioso sistema de justicia. Basta recordar los antecedentes: la acusación fiscal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia aún está pendiente, y el pedido de extradición de Alejandro Toledo no ha llegado todavía al Ministerio de Relaciones Exteriores, paso previo a la solicitud ante Estados Unidos.
Nos encontramos, más que ante un terremoto político, frente a un simulacro. El «que se vayan todos» ha quedado en frase hecha, expresión de malestar, y nada indica que vaya a convertirse en una consigna movilizadora. Tampoco moviliza a las mayorías el golpe al bolsillo que supone la creciente concentración de la oferta de medicamentos o el descontrol en los precios del combustible. Incluso han sido tibios los brotes de protesta frente a la llamada «ley de esclavitud juvenil», mediante la que se pretendía conseguir mano de obra calificada gratuita a costa de los jóvenes de institutos técnicos y superiores.
En el Congreso, la nueva legislatura se inicia con una mayoría fujimorista disminuida, que ha pasado de 72 a 59 congresistas, y que muy probablemente pierda la Mesa Directiva en julio. Con ello, algo que sí puede sacarse en limpio en estos días de confusión es que el declive de Keiko Fujimori se acelera. A sus proverbiales derrotas electorales se suman las producidas ante los fallidos intentos de su organización por controlar el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.
Visto así, y a falta de territorio seguro en el que expresar su «fuerza popular», Fujimori está obligada en las próximas elecciones a demostrar su poder en las regiones del país. Allí le pesará también su falta de propuesta y de training de su maquinaria electoral, divididas y desgastadas las fuerzas partidarias en el conflicto familiar y en el frente de las investigaciones fiscales. Mientras tanto, son pequeñas fuerzas regionales y –en el caso de la costa norte– la Alianza para el Progreso de César Acuña, las que le disputan hoy al fujimorismo ser la expresión política de los sectores insurgentes de una economía entre informal y delictiva.
La próxima baraja que se reparta será la municipal y regional. Por ahora solo se juega al gran bonetón para entretener a la ciudadanía, mientras cada quien intenta cubrirse las espaldas en el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial/Fiscalía.

desco Opina / 2 de marzo de 2018

El terremoto Odebrecht



Mientras el proceso sobre la corrupción de Odebrecht sigue su (lento) curso, algunos analistas se esfuerzan por dar cuenta de la real dimensión de lo que ha sucedido. Las repercusiones del ‘terremoto’ se medirán en los daños que ocasiona, la pregunta es ¿a quiénes debería dañar? A diferencia de un desastre de origen natural, los afectados deberían ser quienes realmente se lo merecen; ni un solo inocente debería sufrir. Una parte de la ciudadanía reclama que haya fracturas en la institucionalidad paralela y corrupta que se montó entre Estado y empresa privada desde hace décadas. La pregunta es ¿podremos reconstruir algo mejor para nosotros?
Vale la pena mirar a nuestra historia reciente. Algunos intuyen que se trata de un cisma que no se veía desde el 2000 cuando cayó Fujimori. Lo que siguió fue el régimen de transición de Paniagua y después de ello todos y cada uno de los presidentes de la República aparece involucrado en el escándalo del momento. El mensaje parece ser que la democracia que siguió al periodo autoritario de Fujimori es tan corrupta (o más, para los fanáticos naranjas de ayer y hoy) que lo que representó y escenificó Montesinos cuando jugaba a poner fajos de billetes uno sobre otro para comprar votos, diarios, conciencias y todo lo que esté a la venta.
No obstante, las diferencias entre entonces y ahora saltan a la vista. No olvidemos que esta vez los indicios condenatorios han venido desde Estados Unidos, desde afuera, y eso es lo que nos llevó a mirar con detenimiento los vínculos peruanos con Lava Jato. Marcelo Odebrecht fue encarcelado en 2015 y por esas fechas se empezó a indagar tímidamente sobre las relaciones entre personajes como Zaida Sisson con el gobierno de García, pero también con el de Ollanta Humala.
Por otro lado, y asociado a lo anterior, pareciera que lo que ocurra o deje de ocurrir (¿cuántas otras figuras a lo Facundo Chinguel caerán antes que se pueda vincular a García directamente?) será algo que pase en las ‘alturas’ del poder. Sin embargo, para matizar esta afirmación, el estallido de indignación popular que inauguró el 2017, el de los peajes en Puente Piedra, también tiene que ver con el escándalo puesto que la inversión de empresas brasileras estuvo involucrada en procesos de concesión de vías en Lima. Eso no hace corrupta a Susana Villarán, por cierto, y directamente, tampoco a Luis Castañeda, al menos no se puede demostrar todavía. Lo que llama la atención de este último es su capacidad para decir que “tiene las manos atadas” para desatárselas después sin empacho cuando ve que cae en las encuestas. Lo que queda es que la corrupción infiltró todo el sistema.
Se ha escrito que las consecuencias traerán mayor desconfianza en el sistema democrático, haciendo que las condiciones estén dadas para un caudillo populista. Algo de cierto puede haber en ello, sin embargo, puede que sea una relación en el espejo distorsionado de lo que significa la asunción en el cargo de Trump. Pero ¿el auge de un populista es algo nuevo en un país que ha estado al borde de ser gobernado por Keiko Fujimori dos veces? Para los ‘liberales’ peruanos un populista es otra cosa, aun cuando la máscara demócrata de Keiko se siga descascarando cada día. Y no solo el sistema democrático se vería afectado. Martín Pérez, presidente de Confiep, declaró que “Odebrecht ya fregó al Perú”, aludiendo a la desconfianza que el caso traería sobre el supuestamente puro empresariado peruano.
Desde el Congreso, mucho ruido y poca sustancia, como casi siempre. Cuando los fujimoristas defienden al líder suelen aludir a los juicios sobre derechos humanos pero no a los de corrupción. Probablemente algunos ni siquiera sepan que se declaró culpable rápidamente para evitar que desfilen los muchos testigos que había en su contra. Hoy, destaca que es la bancada naranja la única que se opone a que los Noventa entren en investigación, pese a que es el periodo en el que Odebrecht hizo más obras.
¿Cómo llegamos a esto? Carlos Iván Degregori (1945 – 2011) desde el 2000 empezó a interpretar, lo que desde entonces forma parte de la memoria alternativa, de resistencia frente al intento de ‘lavado de cerebro’ del fujimorismo. Degregori, que se refiere a los Noventa como “la década de la antipolítica”, nos recuerda que una de las estrategias conscientes de Fujimori y Montesinos fue el envilecimiento cotidiano porque “nadie es un monstruo si lo somos todos”. El escándalo Odebrecht, presenta el sueño de los actuales fujimoristas en el poder para limpiar la imagen de su partido, de su líder y de la hija del líder. El autor recuerda la asombrosa impunidad con la que operó Montesinos, tras salir a la luz pública: cuando era descubierto, presionaba más, era más temerario y más desembozado, todo con anuencia de Palacio.
Entonces, como ahora, la ausencia de frenos institucionales hace que, aparentemente, todo valga. Tras la década de la antipolítica vino década y media de vacío, de política de baja densidad; hasta el actual Presidente, sin una visión de futuro convincente más allá de los puntos de PBI que se pueden ganar o perder en el mediano plazo. En ese sentido, pone su futuro (y el nuestro) en manos de la inversión privada. José Luis Guasch, antiguo funcionario del Banco Mundial, no se muestra sorprendido por la corrupción. Según él “las APP, el contexto en el cual las asociaciones público-privadas (APP) se han desarrollado (en el Perú y muchos otros países) propiciaba las oportunidades para prácticas corruptas”. Los empresarios de bien deberían hacer serias autrocríticas en vez de seguir albergando fantasías conspirativas.
Degregori también se equivocó. Él pensaba que el terremoto que arrasó el régimen de Fujimori significaría la desaparición paulatina del fujimorismo. No pudo concebir que frente a él, los actores políticos de la actualidad se mostrarían a la vez tan cínicos, como la Keiko que lanza mensajes consternados de teleprompter pidiendo sanciones, como febles para luchar en serio contra la corrupción. Era inconcebible que a la debilidad del régimen corrupto de los Noventa volvamos al esquema de ‘business as usual’. Los intentos del gobierno son claramente insuficientes, aunque bienintencionados y eso no va a alcanzar para llegar al 2021 sintiendo que hemos aprendido de nuestras desgracias.

desco Opina / 20 de enero de 2017

La importancia del voto joven



A unas seis semanas para las elecciones generales y tras la exclusión del  candidato César Acuña (Alianza para el Progreso) y la tacha por el Jurado Nacional de Elecciones del candidato Julio Guzmán (Todos por el Perú), las preferencias por las candidaturas presidenciales no están del todo definidas y las repercusiones pueden ser complicadas. Salvo en el caso de Keiko Fujimori, que pese a haber caído hasta tres puntos, mantiene un tercio del electorado y podría captar una parte de los votantes de Acuña. Para un sector mayoritario no se identifican temas o propuestas programáticas que marquen diferencias importantes para los electores y, sin embargo, da la impresión de haber entrado en un nuevo escenario en el que Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza están creciendo mientras que importantes protagonistas de la transición democrática del año 2000 (Alejandro Toledo, Lourdes Flores y Alan García) tienden a desaparecer.
Considerando los 22 901 954 votantes de los que da cuenta RENIEC, un 30.25% concentra ciudadanos y ciudadanas menores de 30 años (6 927 437). Aunque cabe la salvedad de diferenciar a los jóvenes hasta 24 (que nunca han votado antes en elecciones presidenciales), ¿qué demandan los jóvenes al futuro gobierno del país?
Casi siete millones de ciudadanos y ciudadanas jóvenes, especialmente los que viven allí donde la gestión del gobierno nacional se toma más tiempo en llegar, marcan algunas prioridades que los candidatos y candidatas debieran tomar en cuenta.
El segmento joven de la población no se ha ejercitado en la participación política, pero tiene gran dinamismo y presencia en el espacio público, en particular desde el consumo, el empleo, la educación y la experiencia con medios digitales. Con una adhesión muy baja a causas políticas o de interés común, la comunicación en estos espacios ocurre de una manera que con dificultad llegan a conocer las encuestadoras. Aunque las encuestas dan cuenta de un 65% de ciudadanos deseosos de un cambio de modelo económico.
La promoción del empleo está relacionada directamente con la demanda educativa de los y las jóvenes que requieren formación técnica para incorporarse con mayores posibilidades de éxito en un mercado laboral inaccesible, duramente competitivo. Son cada vez más los jóvenes que ingresan precariamente al mercado laboral, y los adultos jóvenes quienes crean su fuente de ingresos mediante empresas independientes en un país como el nuestro teñido por más de un 70% de informalidad y en el que el tema de la descentralización y regionalización, siendo muy importante, no cala en el escenario electoral.
Respecto de salud sexual y reproductiva, se ha comprobado que es a nivel local en el que mejor se puede trabajar el tema de prevención de ITS/VIH, así como el embarazo adolescente, aunque es necesaria una articulación mayor con los planes sectoriales de alcance nacional. El gobierno nacional –en coordinación con los gobiernos locales– es el llamado a mejorar el acceso a información y consejería para abordar frontalmente los principales obstáculos para el desarrollo del plan de vida de las y los jóvenes.
No obstante esta agenda, en esta etapa solamente se les ve como masa de votos, antes que como un sector a ser representado. Y si bien hay muchos factores en juego, una explicación del atractivo de candidaturas como las de Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea expresa el hartazgo frente a los tradicionales políticos con poder, y también que estos políticos mayores no tienen un perfil personal ni ofertas que  atraigan a la juventud.
Escasean desde la sociedad civil los espacios de debate donde la ciudadanía –y los jóvenes, especialmente– puedan participar y acceder a información más allá de los medios, que faciliten la expresión y el recojo de demandas a nivel local y regional que contribuyan por un lado a visibilizarlas en el ámbito nacional y, por otro, a conciliar intereses comunes sobre temas urgentes para el país que todos compartimos.
El tiempo electoral no ha dado lugar a estas consideraciones. La debilidad de las organizaciones culturales y redes de jóvenes es evidente en el intento de representar a esa masa que en las ciudades se mueve concentrada en sus celulares y audífonos. La movilización contra la llamada «Ley Pulpín» (nuevo régimen laboral juvenil) se ve ahora como una bruma del pasado. Las estrategias publicitarias de la anterior campaña (los PPkausas) no surtieron esta vez efecto.
El alto porcentaje del voto joven podría marcar esta vez la diferencia: 3 490 576 varones y 3 436 861 mujeres –jóvenes ciudadanos– entre 18 y 30 años de edad, acudirán a las urnas. En los anteriores procesos electorales, el «voto joven» ya ha sido decisivo y sería muy positivo para nuestro sistema democrático actual, mostrar que existen partidos que realmente pueden representar los intereses de las mayorías, en este caso de los jóvenes milenarios. ¿Hasta dónde los jóvenes de hoy se reconocen como tales ante el proceso electoral y cuál es realmente su carga de optimismo, escepticismo, rechazo o pasividad?

desco Opina / 11 de marzo de 2016
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Una carrera más abierta al 2016



Los sondeos de opinión de diciembre no expresarán los resultados electorales del 2016, pero indican, eso sí, algunos cambios en las tendencias.  La imagen de una elección cerrada, con los primeros lugares inamovibles, ha empezado a ceder paso hacia otros escenarios: el desplazamiento de Alan García por César Acuña, el desplome del (todavía) estadounidense PPK y la que parece ser la salida del tablado del envejecido Alejandro Toledo. La trama se presenta más abierta y lo que siga dependerá de los jales y reacomodos que probarán los asesores para ir definiendo la orientación de su oferta, en función de una demanda ciudadana confusa, desanimada y hasta ahora pesimista.
Y es que los temas que se han instalado en la agenda electoral ni entusiasman ni marcan diferencias programáticas relevantes. Para empezar, el reto del crecimiento económico después del “boom”, con Alan García y la señora Keiko Fujimori corriendo con ofertas más definidas que el resto de competidores, aunque no necesariamente fundamentadas con seriedad. En segundo lugar, una de las deudas del actual gobierno: el extendido problema de la seguridad-delincuencia, frente a lo que, entre populismo y represión, todos ofrecen más de lo mismo. Finalmente –es de lo poco en que se le concede algún avance a la gestión de Humala– está el aparente consenso en torno a la agenda educativa y la promesa de destinarle el 6% del PBI.  Actitud que dista mucho de las reservas –cuando no la abierta oposición– a la reforma universitaria, a la que le han bajado el pulgar PPK, García, y Alejandro Toledo, al permitir la salida de Daniel Mora, ficha de Perú Posible, de la presidencia de la Comisión de Educación del Congreso, según todo indica, cediendo a la presión de los sectores que se resisten a las consecuencias de la nueva ley universitaria.
Por ahora, y aunque será todo un tema para el próximo gobierno, no está en la agenda electoral marcada desde Lima contener la expansión territorial –y la ampliación de la base social– de la economía informal-delictiva alrededor de la minería informal y la tala ilegal. De seguir así, nos veremos rebasados como ya lo estamos por la delincuencia cruda alimentada por el narcotráfico, el blanqueo de dinero y la actuación delincuencial de miles de policías instalados en el Estado y funcionando como aliados de mafias grandes, medianas y pequeñas, con las que cada día convivimos con mayor resignación.
La marcha económica del país durante los primeros meses del 2016 –el crecimiento económico decae y nadie tiene propuestas creíbles para remontar la situación– y el impacto del Fenómeno de El Niño serán sin duda factores que jugarán para las nuevas alineaciones que propongan los candidatos y los cambios en las preferencias que se expresen en futuras encuestas. Junto a ello, los pasos de salida que dé el gobierno de Humala marcarán también la orientación del elector que en 2011 le dio la victoria sobre Keiko Fujimori. ¿Con quién irán aquellos que están medianamente satisfechos con el talante "reformista" respecto a la estructura del Estado (ampliación de programas sociales, mejora en educación, ley servir, reforma universitaria, etc.)? ¿Cómo votarán los «despechados» con el Presidente de la Gran Transformación (que no fue)?

desco Opina / 11 de diciembre de 2015 
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