Lima: promesas, alimentación y revocatoria

 

Son muchos los vecinos de Lima Sur que crecientemente van tomando conocimiento del proceso de revocatoria del alcalde López Aliaga y de las expectativas que se levantan para su salida. Queda muy claro para los que tienen sus viviendas en las cumbres hacia donde se ha expandido la urbanización de Lima, que el alcalde no cumplió con sus ofrecimientos de llevar agua a las partes altas de los cerros. Ni se apareció, y ahora ofrece motos a la Policía e instalar calesas en el centro histórico.

Tampoco son exitosas las ollas comunes que ofreció apoyar con importantes recursos de la municipalidad, aunque, contando con recursos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) las municipalidades hacen algunos repartos con un marcado énfasis asistencialista. Lo que hay es preocupación por el manejo municipal de los alimentos, ya que se ha denunciado que podría generar clientelismo político, desviando los recursos a favor de aliados de las autoridades en lugar de distribuirlos equitativamente entre quienes más lo necesitan.

Pese a las promesas, muchas ollas comunes han reportado fallas en la distribución de recursos suficientes. Un conjunto de organizaciones ha señalado desde hace algunos años los problemas que enfrentan los más pobres para alimentarse y proponen un conjunto de medidas para atender esta urgente necesidad, que en el caso de Lima no recibe la respuesta necesaria de la Municipalidad metropolitana ni del MIDIS.

Si bien se cuenta con un presupuesto asignado de más de 144 millones de soles para este año, la distribución de alimentos no ha sido efectiva en muchas zonas. En distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, muchas ollas comunes continúan sin los insumos necesarios, y las organizaciones que las lideran denuncian una respuesta tardía y una gestión ineficaz de los recursos por parte MIDIS, generándose protestas y demanda de cambios en la reglamentación de éste para garantizar una atención adecuada a miles de familias que dependen de estos programas. Las ollas comunes ahora deben cocinar con solo 2.22 soles por persona, lo que agrava la situación de desnutrición y anemia entre los beneficiarios, especialmente los niños. La situación es crítica y requiere atención inmediata para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables en Lima.

Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aproximadamente el 89.8% de la población de Lima Metropolitana tiene acceso a agua potable. Sin embargo, las zonas altas de los cerros, especialmente en Lima Sur, tienen una cobertura significativamente menor del servicio. Las zonas más pobres, incluyendo partes de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Villa El Salvador, tienen menores tasas de acceso a agua potable, con algunas áreas importantes por el número de habitantes que albergan, donde la cobertura por redes no supera el 10% o simplemente no existe. Estas zonas corresponden a los nuevos asentamientos a los que el candidato López Aliaga ofreció brindar un inmediato apoyo que nunca llegó.

No puede pasarse por alto un reporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que indica que Lima Sur tiene un déficit significativo en infraestructura urbana, incluyendo pistas y veredas. Muy poco o nada ha trabajado la actual administración metropolitana en los asentamientos humanos más recientes en diversos distritos entre los que se cuenta a San Juan de Miraflores, Lurín y Villa María del Triunfo, que carecen de infraestructura adecuada de pistas, parques y áreas de recreación, veredas y mercados de abasto.

En medio del aumento acelerado de la pobreza, y su mayor incidencia sobre las familias con mayores necesidades, el malestar creciente está llevando a encontrar responsables del mal gobierno que deteriora sus condiciones de vida, con un aumento del desempleo y la informalidad laboral. El primero que aparece para los vecinos, es el alcalde metropolitano, que no está atendiendo las demandas de mejoras urbanas con pistas y veredas en gran parte de los nuevos asentamientos en los distritos de Lima Sur. Algunas dirigentes, muchas mujeres de nuevos barrios, están más ajustadas económicamente y reportan un aumento en el costo de vida, especialmente en la alimentación, viéndose obligadas a trabajar más horas para completar el presupuesto familiar de sobrevivencia.

Las firmas para la revocatoria fluyen con rapidez en este contexto, en el que el alcalde de Lima está haciendo poco o nada por el desarrollo de la ciudad. Es una forma de castigo ante su incumplimiento e incapacidad para necesidades vitales diarias como ordenar el transporte o mantener la calidad del servicio del Metropolitano, sus abastecedores y los buses de los corredores urbanos, para millones de personas. que evidencian problemas crecientes de colas, horas perdidas y nula renovación de las flotas que reviven custer y combis fantasmales que se adueñan de las calles con la peor informalidad y deterioro imaginables. El alcalde, preocupado con seguir explorando sus ambiciones presidenciales no parece interesado en cumplir con sus compromisos municipales.

 

 desco Opina - Regional / 5 de julio de 2024

descoCiudadano

Lima Sur en la revocatoria

Finalizado el proceso de consulta popular de revocatoria de las autoridades municipales de Lima Metropolitana, una mirada a los resultados nos permite algunas reflexiones sobre las características que tuvo este hecho político en Lima Sur, y cómo responden a importantes cambios que han tenido lugar en esta gran zona de la metrópoli, que hoy es mucho más compleja, distinta a lo que resumía la imagen del «Cono Sur» en el siglo pasado.

San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo conforman la tríada más importante en términos de población y electorado; antes llamado Cono Sur, este conjunto concentra más de 650 mil electores efectivos. Estos distritos combinan barrios consolidados e importantes actividades económicas, con zonas de explosivo crecimiento demográfico y continua expansión urbana, lo que produce un territorio altamente heterogéneo, así como significativos «bolsones» electorales articulados a la actividad de los grupos políticos locales, no sólo los de alcance nacional, como el aprismo o el fujimorismo, sino también, redes de intereses vinculados a los gobiernos municipales de turno. Es en estos espacios donde alcaldes alineados con una u otra opción frente a la revocatoria, intentaron sumar su capital propio a las campañas, con relativo éxito.

Destaca el alcalde de San Juan de Miraflores-SJM, Adolfo Ocampo, en 2010 electo por Cambio Radical, partido de Alex Kouri. Con origen en Izquierda Unida, fue varias veces reelecto y durante los noventa ofició de coordinador de los municipios fujimoristas en Lima. Ocampo se jugó por el SÍ, y en esa línea impulsó la revocatoria en las concentraciones más populosas de SJM, como Rinconada Alta, donde libró batalla con Fuerza Social, que trata de mantener presencia activa en la zona. Finalmente, el triunfo del NO se produjo por un margen muy estrecho y tanto como una actitud contraria a Villarán, esto podría evidenciar las resistencias frente a una gestión distrital altamente polémica.

Por el contrario, en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo el SÍ triunfa de lejos, aunque Guido Iñigo y Silvia Barrera, sus respectivos alcalde y alcaldesa, hayan aparecido desde la primera hora al lado de Susana Villarán, respaldándola públicamente, en particular Barrera, electa por Perú Posible, partido que formó parte de la coalición por el NO y bajo cuyo auspicio se realizó uno de los mítines más importantes de Villarán. Lo cierto es que ambas figuras han tenido dificultades para consolidar su legitimidad y definir su línea de gobierno, con lo cual su voluntad de endose, al menos en algunos sectores, podría haber sido más bien de signo negativo.

Más allá de esta tríada distrital, Lima Sur también está conformada hoy por el territorio que se proyecta al sur del Río Lurín. En el sentido común «balnearios», los distritos del litoral sur son siempre excluidos de los análisis, por su relativo poco peso electoral. No obstante, el mayor poblamiento barrial, el reciente acceso al agua y la mayor oferta de transporte los «acercan» cada vez más a la gran metrópoli, a la vez que los definen no sólo como espacios cada vez más heterogéneos socialmente, sino como actores del movimiento de expansión barrial, donde Nueva Pucusana, entre otros, aparece como nuevos «bolsones» electorales. Debe también llamar a reflexión que actualmente Lurín sea superado en número de electores efectivos por Pachacamac, distrito poco mencionado, a diferencia de una de sus zonas: Manchay, donde se estima una población de más de quince mil familias.

Varios otros elementos sumaron al SÍ, algunos de ellos relativos a la historia política reciente de Lima Sur, cada vez más distante de aquella en que la izquierda formó su identidad con las mayorías urbanas. En primer lugar, tenemos el «obrismo» no sólo de las alcaldías locales, sino de los dirigentes vecinales, particularmente potente en las zonas de expansión barrial. Luego está la complicidad de las organizaciones locales –de izquierda y derecha– con la política basada en la popularidad, la relación clientelar y la dádiva, antes que en intereses comunes. Y con intereses comunes no nos referimos a abstracciones, sino a demandas concretas relativas a la calidad de vida en los barrios, a la inversión en espacio público y a la mejor gestión de las potencialidades económicas de los distritos, en diálogo con lo metropolitano.

La propuesta de un Frente Amplio en Lima Sur, a partir de las agrupaciones del NO –Fuerza Social, Tierra y Libertad, Movimiento Nueva Izquierda y Movimiento Sin Techo, entre otros– no puede soslayar que, a la dura derrota del «No» en Lima Sur ha aportado la performance electoral de las expresiones de izquierda local, en al menos los últimos cuatro períodos municipales. El reto será redefinirse ante modelos municipales que han dejado de lado la organización de la gente, suplantándola con un discurso cada vez más vacío sobre la participación ciudadana y la concertación, en complicidad con los cuadros de izquierda local.

desco Opina - Regional / 9 de abril de 2013
Programa Urbano

Fuerzas de flaqueza

A la luz de los resultados de la consulta revocatoria en Lima Metropolitana, una de las más apremiantes preguntas es si la alcaldesa Villarán, golpeada por la salida de los regidores oficialistas, podrá continuar su gestión desde una identidad de izquierda. En un escenario polarizado, su posición debilitada es terreno propicio para quienes están interesados en mejorar su participación en el poder, o simplemente sacar adelante agendas postergadas.

Muchos analistas adjudican el triunfo del ‘NO’ a la participación de Lourdes Flores o el PPC, suponiendo esto como un «aval» determinante para obtener ventaja en espacios tradicionalmente contrarios a la izquierda. Asimismo, agregan a sus cálculos las votaciones adversas en distritos de identidad popular, donde habría predominado un voto anti-izquierdista. Una lectura menos interesada de los reportes de ONPE llama a prestar atención a la votación en blanco, a la menor cantidad de votos –a favor o en contra– recibidos por los concejales del PPC y a los importantes niveles de ausentismo en los distritos en los que el NO aventaja por amplio margen al SÍ, comportamientos electorales que no expresan precisamente motivaciones ideológicas ni posturas militantes contra la izquierda en particular.

Lo cierto es que los resultados no hubieran sido posibles sin la existencia de fuerzas en la izquierda organizada y sin la movilización hormiga, que con la cobertura de una fuerte campaña mediática lograron –en un tiempo bastante corto– dar vuelta a cifras del todo adversas, en la plaza más conservadora del país. La permanencia de Villarán en el cargo muestra que, a pesar de la durísima campaña en contra del estilo de la alcaldesa, existe un importante sector del electorado que respalda su propuesta de gobierno.

La defensa de dicha propuesta de gobierno permitió que en los medios se dedique espacio a debates sobre el transporte público y cómo gestionarlo, las necesidades de inversión en barrios de difícil acceso y físicamente vulnerables, la ya citada relación con el capital privado, entre otros. Si bien la atención a estos temas puede haber sido marginal tratándose de una campaña en la que predominó el tono beligerante, sacando de un mal un bien, podemos decir que la revocatoria nos ha permitido tener una imagen de cuáles son las organizaciones políticas que tienen propuestas para Lima y cuáles son aquellas fuerzas que están dispuestas a rifarse el destino de la capital por venganzas políticas, intereses particulares o dudosos cálculos de su fortuna en los comicios de 2016.

Como fuere, las posibilidades de hacer una alcaldía ‘de izquierda’ –una que ordene la relación entre la gran ciudad y los capitales en bien de la ciudadanía– son hoy menores que el año pasado. Mérito es de la derecha –de la ultra a la institucionalista– porque fue rápida en proponer una lectura de los resultados que arrojara como consecuencia «lógica» que las mejoras indispensables pasan por entregar áreas estratégicas de la Municipalidad a «técnicos» y especialistas en promoción de inversiones, aunque en ningún momento se ha cuestionado o intentado descartar una sola de las importantes iniciativas y reformas que Villarán avanzó en sus dos años al mando de la Municipalidad. Ahora es emplazada a ceder puestos estratégicos y a renegar del espectro de izquierda que la acompaña hasta hoy.

Quien también sufre presiones por estos días es nada menos que el presidente de la República, asediado desde diversos frentes a fin de que resuelva la solicitud de indulto a Alberto Fujimori. El cardenal Cipriani, y a renglón seguido, Alan García lo han emplazado a decidir –de modo favorable, se entiende– sobre el indulto. Para decidir bien, Humala debe recordar que obtuvo su puesto en buena medida por el peso que cobró el voto anti-fujimorista en la segunda vuelta de 2011. Ceder en este punto sería torcer la voluntad popular. De igual modo, la alcaldesa, sin caer en la soberbia, debe tener siempre presente que quién fue favorecida –y ahora, ratificada– por el electorado limeño fue ella, a la cabeza de una corriente de izquierda, y no sus eventuales aliados del PPC, que hoy ofrecen sus buenos oficios como gestores de lo que Villarán inició. Ambas autoridades deben mantenerse firmes ante las presiones. Y, ojalá, coincidir en un claro «NO».

desco Opina / 3 de abril de 2013

Reflexión post revocatoria

La ONPE dio a conocer los resultados de la jornada revocatoria del 17 de marzo, pero lo único claro es que seguimos sin resultados completos y definitivos. El 45.65% de las actas de votación, equivalentes a más de 2 millones de votos se encuentran observadas, lo que es resultado de los problemas técnicos y de organización del proceso, evidenciando la corresponsabilidad de los dos órganos electorales del país. La alcaldesa Villarán completará su mandato pero su bancada de regidores podría ser virtualmente desaparecida, lo que impide hablar de una victoria del No. Como lo adelantara el analista Fernando Tuesta, el resultado, que era uno de los posibles, no es de los mejores.

No obstante esta situación de indefinición y cualquiera que sea el resultado final, es evidente que el principal ganador del proceso es el Partido Popular Cristiano que apostó temprano por la institucionalidad y en particular su lideresa Lourdes Flores, que se posicionó como una abanderada clara del voto 40 veces no. Con ella, y como parte de la campaña, el partido de Bedoya Reyes, ha posicionado algunos rostros nuevos, entre los que destaca claramente el del regidor Pablo Secada.

Con ellos, aunque en medida menor, obtienen réditos otras fuerzas políticas que se comprometieron con la defensa de la continuidad de la gestión Villarán. Perú Posible, más que ellos Anel Townsend, Somos Perú, Acción Popular y Alianza por el Gran Cambio, entre otros, son parte de este sector que abrió las puertas a la posibilidad de una inédita coalición para la gestión metropolitana, pero también para defender la institucionalidad democrática.

En la vereda del frente, el principal derrotado es Luis Castañeda y con él Solidaridad Nacional. Su hijo fue el único regidor sistemáticamente «buscado» en el padrón por un número significativo de votantes, que expresaban de esta manera su rechazo al padre, a sus métodos y a sus distintos escuderos, incluyendo naturalmente a Marco Tulio Gutiérrez y su pléyade de acompañantes. También pierde, y fuertemente, el viejo partido de Alfonso Ugarte, arrastrado por la ambición de Alan García, quien tras lanzar la piedra, escondió rápidamente la mano, usando como argumento su inverosímil condición de militante disciplinado.

El fujimorismo también pierde, pero Keiko Fujimori se cuidó de mantener un perfil bajo y silente, permitiendo la acción de personajes de segunda fila como Marta Moyano. A fin de cuentas, ella y García parecen darse cuenta que de cara al 2016 tendrán que disputarse los votos de los tumultosos sectores que optaron por el Sí en esta ocasión.

Más allá de esta rápida y esquemática radiografía, hay tres cuestiones sobre las cuales reflexionar. En principio, es evidente que el mecanismo de la revocatoria debe revisarse de inmediato. El diseño actual atenta contra la democracia y la institucionalidad de manera obvia, por lo que mantenerlo tal cual sería una demostración de irresponsabilidad descomunal. En segundo término, es claro que la eventual revocatoria de la bancada de Villarán, reduce al mínimo a la izquierda de la escena oficial y la obliga, aún más de lo que ya estaba, a repensarse radicalmente, aprendiendo de las lecciones que debe dejarle el proceso. Cierto es que figuras como Marisa Glave y Eduardo Zegarra emergen agridulcemente como rostros nuevos para ese proceso que debe ser inmediato, pero es evidente que ello, siendo importante, es muy poco.

Finalmente, y más importante, el proceso de revocatoria que está concluyendo, muestra la importancia y la fuerza creciente que está adquiriendo la contradicción que enfrenta a quienes defienden la institucionalidad democrática y una manera civilizada de entender la política, con aquellos otros sectores, defensores y beneficiarios del todo vale, enemigos de toda forma de transparencia y abanderados del mercado en sus versiones más oscuras y salvajes. Que liberales y socialistas se hayan encontrado juntos coyunturalmente en la defensa del No puede ser una señal de los desafíos que los actores de la política peruana eventualmente deberán enfrentar en los años venideros, máxime cuando observamos la precariedad de algunas instituciones del Estado, como las que están a cargo del proceso electoral.

desco Opina / 21 de marzo de 2013

La votación como castigo

A medida que se acerca la fecha establecida por el Jurado Nacional de Elecciones para la consulta de revocatoria a las autoridades municipales de Lima, aumenta entre los electores limeños la sensación de malestar ya no sólo frente a una campaña muy proclive a la afrenta y al insulto, sino hacia el acto electoral mismo. La complejidad del proceso, traducida en una cédula extra large, anuncia que el 17 de marzo será un muy largo domingo en la ciudad capital.

El descontento ya no es sólo de los votantes, sino de los ciudadanos llamados a trabajar de la mano con los organismos electorales como miembros de mesa el domingo 17 de marzo. Informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE indican que aún no se logra alcanzar ni el diez por ciento en la meta de capacitaciones, lo que deja claro que no había necesidad de adelantar el proceso, como determinó el Jurado Nacional de Elecciones al negarle a la ONPE la solicitud de no lanzar un cronograma especial para Lima. Así las cosas, la “fiesta democrática” se extenderá hasta altas horas de la noche, entre extenuantes conteos que no arrojarán resultados claros sino tras varios días de incertidumbre. Es la votación como un castigo para los “sorteados” y a la vez, como un castigo del JNE contra la ONPE, en su larga disputa por su capacidad rectora en materia electoral.

La puja en las encuestas, con la caída amortiguada del Sí y una “meseta” del No, ha llevado a las campañas contendoras a pensar una táctica más focalizada en los sectores que les son esquivos en los sondeos de opinión. Con escasas dos semanas para presentarse a batalla, el No ha equilibrado la campaña mediática –paneles de gran formato, artistas invitados, spots televisivos- con el protagonismo del trabajo político. Un trabajo político que se sostiene, por un lado, en los militantes de la confluencia de izquierda y las organizaciones vecinales impulsando comités distritales y preparando personeros, y por otro lado, el más polémico, en un pacto político con el PPC, que se remataría con acuerdos programáticos para los dos años siguientes de gestión municipal de darse el cada vez más probable triunfo del NO.

Por su parte, el Sí ha salido a “morder” en los sectores A-B, señalando –como hizo la derecha en las elecciones que perdió frente a Villarán- un supuesto componente “ultra”, representado por los partidos Patria Roja y Tierra y Libertad, que actualmente cuenta con regidores en el Concejo limeño. Se acusa la vocación “anti-inversiones” de dichos partidos, obviando las posibilidades de participación de capitales privados que ha transparentado la Municipalidad de Lima en distintos proyectos, jalonando el escenario de Cajamarca y el conflicto generado por el intento de imponer el proyecto minero Conga. El apoyo condicionado de Pedro Pablo Kuczynski –que se quede Susana, que se vaya Tierra y Libertad- representa bien la utilidad que la derecha ve en la revocación: una forma de castigar la voluntad de la alcaldesa de gobernar la ciudad con sus aliados de izquierda. Es el castigo que se suma al que sufre Villarán desde su primer día como vecina de la Plaza Mayor, cuando quienes salieron de la Municipalidad a tentar futuro en las presidenciales la amenazaron con revocarla aún antes de que empiece a gobernar.

Como ha ocurrido en el grueso de procesos de revocación en otras regiones del país, los perdedores buscan castigar a los ganadores, dejando de lado el sentido de fiscalización que está en el espíritu del mecanismo. La particularidad en Lima es que la derecha busca castigar a la izquierda y con ello desdibujarla como opción de gobierno. El punto es que la democracia no es un sistema de venganza, sino un instrumento para garantizar que las mayorías no van a ser marginadas de las decisiones del poder. Esperamos que a partir de los resultados del 17 de marzo las fuerzas democráticas piensen que su alineación se debe no a vendetas y cálculos hacia el 2016, sino en primer lugar a la necesaria respuesta ante retos para el buen gobierno, como el que supone la inseguridad ciudadana, tema que hoy pone en jaque al gobierno y por enésima vez, a las autoridades policiales y del Ministerio del Interior.

desco Opina /  04 de marzo de 2013
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«Desarrollo» a la peruana

«Emputecida» fue como catalogó a la política peruana Augusto Álvarez Rodrich, semanas atrás, asignándole a Alan García no todos pero sí buena parte de los créditos correspondientes. No fue una revelación sino una reiteración de lo que venimos constatando los peruanos desde hace décadas.

A estas alturas, ya no se habla de crisis para intentar dar cuenta de una realidad que terminó por superar incluso los adjetivos más contundentes: términos como «achoramiento» o referencias más suaves y «conceptuales» –como «desborde popular»– dejaron de designar «algo» y, como parece señalar AAR, la situación obliga a recrear el lenguaje dejando constancia de un largo y continuo deterioro que no vislumbra fondo.

Sin embargo, el «todo vale» no refiere –no debería referir– específicamente a la encanallada forma de hacer política de la que vienen haciendo gala los revocadores en Lima. Tampoco al reemplazo del argumento por la matonería verbal, ni al patético ejercicio de autoridad que muestran los funcionarios electorales.

El «emputecimiento» o la «lumpenización» refieren sin más ni más a la total ausencia de reglas y al creciente imperio del fuerte y el corrupto. Sus consecuencias son funestas, como hemos vistos días atrás en Amazonas, con su vicepresidente regional asesinado por un sicario adolescente. Es el ambiente que se ha generado en Ancash, región en la que diversas autoridades y periodistas han sido también asesinados en los últimos años, en medio de disputas que aparentan ser políticas aunque inmediatamente revelan su verdadero motivo: pugnas mafiosas en torno a ingresos públicos y cupos provenientes de negocios ilegales.

De esta manera, ¿qué hipótesis hay tras el asesinato del vicepresidente de Amazonas? ¿Alguna autoridad está realmente preocupada e interesada en saber qué está sucediendo? El caso se enlaza con situaciones similares en otros lugares del país, como el ya referido de Ancash, pero también Puno, Puerto Maldonado, Ayacucho, Pucallpa y La Libertad. De la misma manera, seguramente, en este mar de fondo hecho de ilegalidad, corrupción e impunidad reside al menos una respuesta parcial a las interrogantes que abre la calamitosa situación en la que está la seguridad ciudadana en ciudades como Chiclayo.

Ante ello, la revocatoria es un aspecto nada tangencial de esta turbidez generalizada, pero no el escenario exclusivo ni, mucho menos, el único importante. La imposición contundente de la «ley de la selva» que se evidencia crecientemente en nuestro país, conduce a hablar de un país mafioso, cada vez más capturado por intereses ilícitos y que, finalmente, es el que parece estar imponiendo su ritmo a los restos de sistema político que nos queda.

En ese sentido, creemos que es muy poco el cuidado que se está prestando a una serie de factores distorsionadores que vienen actuando en los niveles locales y regionales que, genéricamente, están haciendo gravísimo daño a la denominada institucionalidad. En otras palabras, nadie pone en cuestión el crecimiento económico, pero son cada vez mayores las dudas acerca de los resultados en términos de desarrollo que nos hemos posibilitado. En todo caso, no hay mayor preocupación sobre este asunto desde la política y, para muestra, veamos solamente el comportamiento cotidiano del Congreso de la República, sin duda, parte estelar del problema a resolver.

En suma, ésta es una de las vulnerabilidades peruanas que ahora señalan todos los analistas. Estamos frente a la lógica de un Estado absolutamente informal, característica que en su momento fue considerada por Alan García para usarla como vehículo para armar su sistema de clientela. Esto es el «emputecimiento», el «Estado-lumpen» o el «Estado mafioso». El mismo que se revela en bienes inmuebles no declarados, en ingresos no justificados, en consultorías pagadas por clientes del Estado mientras se era funcionario y un largo etcétera más. El verbo matonesco que se observa impune en la campaña de la revocatoria es apenas un síntoma más de una descomposición más profunda y peligrosa, alentada por la indolencia de la clase política y la peligrosa indiferencia de buena parte de la sociedad.

desco Opina / 15 de febrero de 2013
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Revocatoria: el 2016 ahora

El proceso para la revocatoria de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima se va calentando con el verano. Los promotores originales van pasando ya a un discreto segundo plano, conforme se hace visible el juego y los intereses de los distintos partidos políticos que anuncian su respaldo al No o se suman activos y entusiastas a la campaña por el Sí.

El destino de Lima se ha convertido en la coartada que anima la resurrección de los partidos y sus principales líderes, anticipando inusitadamente la carrera presidencial hacia el 2016 y preparándose para lo que se imaginan una seguidilla electoral: campaña revocatoria, probable nueva elección en Lima, elecciones municipales y regionales y, finalmente, la meta que organiza desde ya sus comportamientos y aspiraciones.

Como no podía ser de otra manera, Alan García se adelantó a todos. Lanzó en apoyo al Sí a las principales figuras del partido al que en teoría pertenece y con idéntica velocidad escondió la mano, pues su negocio exige no aparecer directamente vinculado a una campaña bastante sucia. Para esa tarea cuenta con sus alfiles, interesados en un lugar a su lado en un eventual retorno a la Casa de Pizarro.

Aunque en un primer momento los voceros más visibles del fujimorismo se sumaron a los revocadores, Keiko Fujimori –algo más reflexiva y centrada en el juego del indulto– se pone de perfil y busca desmarcarse tanto de Marco Tulio Gutiérrez y su gente, como de García y el APRA, a los que no quiere tener compitiendo en la segunda vuelta del 2016. En tanto, Luis Castañeda trata de guardar silencio, lo que no le cuesta mucho trabajo; parte de una liga menor que no puede pretender protagonismo en la mencionada segunda vuelta, delega en sus escuderos las intervenciones más agresivas a favor del Sí, calculando su retorno al sillón municipal.

El Partido Popular Cristiano se ha pronunciado contra la revocatoria, calculando también el rédito que ello puede representarle de cara al futuro, más aún tratándose de Lima, a fin de cuentas su plaza fuerte. Como ellos e incluso con mayor visibilidad, Perú Posible y Alejandro Toledo se han pronunciado enfáticamente por el No y casi desde el primer momento adquirieron protagonismo en la campaña a través de Anel Townsend. Como es obvio, el ex presidente busca tejer una relación de mediano plazo con sectores de la izquierda que le resultarán fundamentales para aspirar a la segunda vuelta. Para los distintos grupos de izquierda, de una u otra manera presentes en la Municipalidad Metropolitana de Lima, una victoria del Sí en marzo afectaría considerablemente sus posibilidades futuras y los aislaría.

No obstante estos juegos, los partidos no han logrado unanimidad entre sus propios militantes, así muchos de ellos, expresando una posición distinta a la de su agrupación, acepten «disciplinadamente» la posición de aquellas. Juan Carlos Eguren, Javier Valle Riestra, Michel Urtecho o Luz Salgado, por citar apenas algunos, expresan las tribulaciones de gentes que también, seguramente, están pensando en su futuro para el 2016. Lejos de ellos, los electores parecemos reducidos a simples fichas en un juego de fondo.

desco Opina / 1º de febrero de 2013
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Cuadrando los intereses detrás de la revocatoria

Junto al aumento en la aprobación del Presidente de la República, las encuestas nos informan de la dura batalla que la Alcaldesa Villarán tiene por delante para evitar la revocatoria. Para Villarán la cosa ha ido cuesta arriba desde la inundación en la obra de Vía Parque Rímac por la subida del caudal del río Hablador. En ese momento se pensaba que la campaña por el ‘Sí’ estaba en velocidad de crucero mientras que la del ‘No’, con asesor internacional de por medio, no arrancaba aún. Hoy, con la inclusión del APRA en la contienda se termina de marcar la cancha y queda claro que los argumentos «técnicos» a favor de la revocatoria son lo de menos frente al carácter político del proceso. Para los promotores del ‘No’, que el APRA se sume a la campaña contra Villarán es la oportunidad de desnudar los intereses reales de los revocadores.

Hasta el momento, la prensa anti izquierdista había sido eficiente en sembrar la idea inverosímil de que la alcaldesa no hace ‘nada’ y que el ‘anti villaranismo’ era un sentimiento popular, de las calles. Como tal, resultaba comprensible su carácter inorgánico y desorganizado, al punto que no debería sorprender que, por ejemplo, los asistentes a una manifestación contra Luis Favre no supieran contra quién estaban protestando; para esta prensa «la indignación del pueblo es así». Por otro lado, avivar la desconfianza de clase e incluso étnica es uno de los aportes más destacados del fujimorismo a la causa del ‘Sí’, logrando transformar la alusión a (‘sucias’) mafias en un supuesto desprecio hacia lo popular por parte de los defensores de Villarán, interpretación lamentablemente alimentadas por voceros oficiosos actuando con reflejos de una pretendida aristocracia.

Las denuncias sobre los torcidos métodos de Marco Tulio Gutiérrez para financiar su campaña sirven como ejemplo de lo irregular del procedimiento, pero no de los intereses de fondo. En cambio, apuntar al papel de Alan García ayuda a apreciar que el ‘Sí’ está lejos de ser espontáneo y que no sólo Castañeda se beneficiaría con la derrota de Villarán. La tesis más sólida habla de una especie de «primera vuelta anticipada» de 2016 con García y Castañeda, en pared con Keiko, enfrentándose a los demás, entre ellos a Lourdes Flores y PPK, que si bien son contrarios a la revocatoria no pondrán ni medio personero el 17 de marzo, mientras que el partido de Alfonso Ugarte moverá su maquinaria. Eso, que juega en contra de Villarán, a la vez le facilita un blanco político más claro que ‘las mafias’ sin rostro definido a las que se ha referido hasta el momento. Difícil que el APRA traiga un aluvión de nuevos votos por el ‘Sí’, pero es un excelente enemigo político.

Por otro lado están los intereses económicos. En una nota reciente, la Confiep, acostumbrada a explicarse la política siguiendo la ruta del dinero, señala que la cartera de inversiones presentada por la MML ascendería a US$ 4 mil millones en grandes proyectos de infraestructura. No hablamos ya de capital político, sino de la administración de jugosas contraprestaciones. Imaginamos que esto último sirve como jugoso consuelo y aliciente para los promotores de la revocatoria ‘en el campo’ que hoy ven relegado su papel político en los medios por la inclusión de Mulder, Vílchez, Velásquez Quesquén, Cabanillas y demás.

Finalmente, en todos los escenarios que abre la revocatoria, Villarán tiene que imprimir un giro a su gestión y a su papel como izquierda gobernante. Aún si triunfara el ‘No’, deberá alejarse del estilo austero que no dio resultados y tener un programa agresivo de inversión y obra física. En ese supuesto, parece más o menos claro que la lucha contra la corrupción pasará a un segundo plano en su agenda. En lo que respecta al espacio de la izquierda, aún con su triunfo, será poca la capacidad de Villarán para ordenar el escenario nacional de cara al 2016 en vista de sus precarios vínculos de identidad con los sectores populares y emergentes, los que no logrará mejorar únicamente con personalidades y estrellas de la TV.

desco Opina / 18 de enero de 2013
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