La descentralización: entre sus límites reales y la cacería de brujas

La pregunta que nos hacemos todos los peruanos y peruanas, es qué está pasando en las regiones. Tras la detención del Presidente de Ancash, acusado de corrupción pero también de participación en distintos asesinatos, siguió la del Presidente de Pasco luego de la difusión de un video en el que aparece recibiendo una hipotética coima; mientras tanto, el Presidente de Tumbes se encuentra prófugo de la justicia que habría descubierto sus faltas y delitos. Con ellos, a juzgar por lo aparecido en los medios de comunicación, se encontrarían en dificultades similares las gestiones regionales de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Piura y siguen firmas….

La descentralización, más precisamente las regiones, parece desmoronarse y evidencia sus límites. La imagen creada es la de autoridades regionales, que aprovechando la abundancia de recursos y los poderes omnímodos que habrían ganado con la reforma, han convertido en botín personal sus territorios, dedicándose mayoritariamente al saqueo de los recursos públicos. El escandaloso caso de Ancash sería entonces la punta de un iceberg que se estaría repitiendo en la mayoría de regiones y territorios del país ad portas del próximo proceso electoral.

De pronto, fiscales, procuradores, jueces y congresistas, alentados todos por el Contralor General de la República y el novísimo Fiscal de la Nación, parecen imbuidos de un celo en el ejercicio de sus funciones de control y una preocupación por el uso de los recursos públicos, que no les conoció nadie en los doce años anteriores de la descentralización. En las últimas semanas, no hay día en el que los ciudadanos de este país dejemos de sorprendernos por la cantidad de autoridades regionales y locales involucradas en escándalos y actos punibles. Cual telenovela plagada de villanos, asistimos a la sucesión de acusaciones y denuncias de alto calibre, que demostrarían que es indispensable actuar y rápido frente a este cáncer que corroe al país y que aparece vinculado a las mafias de construcción civil, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.

Ciertamente hay que hacer, y mucho. Sería ingenuo e irresponsable negar la gravedad de muchos de los escándalos que vienen del interior del país. Pero lo sería igualmente, limitarnos a ver el árbol y no el bosque, como se pretende. En Ancash, el caso más dramático y menos discutible, aparecen involucrados diversos fiscales, distintos jueces, múltiples mandos policiales. ¿Alguno de ellos está encausado? El Congreso de la República que archivó variadas acusaciones contra César Álvarez, incluso estando ya detenido, el Ministerio de Economía y Finanzas que lo reconoció los últimos años como el más eficiente en la ejecución del gasto público y la Contraloría que no relevó nada significativo sobre dicha gestión en sus informes anuales, ¿han hecho acaso una autocrítica por sus claras omisiones y yerros? ¿Los partidos políticos, que ritualmente piden nuestros votos, no tienen también responsabilidad en este drama?

Como es obvio, la descentralización está en crisis. Se ve severamente afectada por sus indefiniciones y por los pecados originales de su diseño. Departamentos convertidos temporalmente en regiones, competencias transferidas sin el necesario desarrollo de capacidades y lo que es peor, sin recursos; sistemas administrativos que no dialogan entre sí, falta de coordinación y articulación intergubernamental tanto horizontal como vertical, además de la maldición de los recursos que se materializa claramente en la figura del canon.

Pero más profundamente, el bloqueo que vive, encuentra explicación en factores más estructurales. Un Estado e instituciones precarias; sistemas de control que se limitan a las formas y los papeles; partidos políticos que son crecientemente franquicias al servicio de intereses privados, que alientan la fragmentación que se evidencia con la multiplicación de movimientos regionales y locales, pero que se inicia en los partidos nacionales, de los que ya tenemos 18; la corrupción, que es un dato endémico del país y que avanza sostenidamente; el peso creciente de la economía informal e ilegal.

Es evidente que tenemos que hacer un alto, que es indispensable reordenar y relanzar la descentralización en un marco más amplio que es el de la reforma del Estado, de un Estado que no nos sirve para aprovechar el crecimiento y hacerlo desarrollo e inclusión. No faltan ni diagnósticos, ni propuestas. Lo que no se observa es voluntad política. El espectáculo siempre es más fácil y acusar al ladrón es una manera de eludir las responsabilidades propias, que frecuentemente son las mayores. El cargamontón puede seguir y permitirá que nos olvidemos por un rato de la corrupción y la inseguridad ciudadana porque creeremos que ahora sí se está haciendo algo. El desfile de acusaciones seguirá mandando a segundo plano la desaceleración de nuestro crecimiento, los problemas de la inversión, la crisis de todas nuestras instituciones, la paralización de salud y hasta las declaraciones de Nadine a Cosas. Pero ello, no desaparecerá los problemas de fondo.

desco Opina / 6 de junio de 2014
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«Desarrollo» a la peruana

«Emputecida» fue como catalogó a la política peruana Augusto Álvarez Rodrich, semanas atrás, asignándole a Alan García no todos pero sí buena parte de los créditos correspondientes. No fue una revelación sino una reiteración de lo que venimos constatando los peruanos desde hace décadas.

A estas alturas, ya no se habla de crisis para intentar dar cuenta de una realidad que terminó por superar incluso los adjetivos más contundentes: términos como «achoramiento» o referencias más suaves y «conceptuales» –como «desborde popular»– dejaron de designar «algo» y, como parece señalar AAR, la situación obliga a recrear el lenguaje dejando constancia de un largo y continuo deterioro que no vislumbra fondo.

Sin embargo, el «todo vale» no refiere –no debería referir– específicamente a la encanallada forma de hacer política de la que vienen haciendo gala los revocadores en Lima. Tampoco al reemplazo del argumento por la matonería verbal, ni al patético ejercicio de autoridad que muestran los funcionarios electorales.

El «emputecimiento» o la «lumpenización» refieren sin más ni más a la total ausencia de reglas y al creciente imperio del fuerte y el corrupto. Sus consecuencias son funestas, como hemos vistos días atrás en Amazonas, con su vicepresidente regional asesinado por un sicario adolescente. Es el ambiente que se ha generado en Ancash, región en la que diversas autoridades y periodistas han sido también asesinados en los últimos años, en medio de disputas que aparentan ser políticas aunque inmediatamente revelan su verdadero motivo: pugnas mafiosas en torno a ingresos públicos y cupos provenientes de negocios ilegales.

De esta manera, ¿qué hipótesis hay tras el asesinato del vicepresidente de Amazonas? ¿Alguna autoridad está realmente preocupada e interesada en saber qué está sucediendo? El caso se enlaza con situaciones similares en otros lugares del país, como el ya referido de Ancash, pero también Puno, Puerto Maldonado, Ayacucho, Pucallpa y La Libertad. De la misma manera, seguramente, en este mar de fondo hecho de ilegalidad, corrupción e impunidad reside al menos una respuesta parcial a las interrogantes que abre la calamitosa situación en la que está la seguridad ciudadana en ciudades como Chiclayo.

Ante ello, la revocatoria es un aspecto nada tangencial de esta turbidez generalizada, pero no el escenario exclusivo ni, mucho menos, el único importante. La imposición contundente de la «ley de la selva» que se evidencia crecientemente en nuestro país, conduce a hablar de un país mafioso, cada vez más capturado por intereses ilícitos y que, finalmente, es el que parece estar imponiendo su ritmo a los restos de sistema político que nos queda.

En ese sentido, creemos que es muy poco el cuidado que se está prestando a una serie de factores distorsionadores que vienen actuando en los niveles locales y regionales que, genéricamente, están haciendo gravísimo daño a la denominada institucionalidad. En otras palabras, nadie pone en cuestión el crecimiento económico, pero son cada vez mayores las dudas acerca de los resultados en términos de desarrollo que nos hemos posibilitado. En todo caso, no hay mayor preocupación sobre este asunto desde la política y, para muestra, veamos solamente el comportamiento cotidiano del Congreso de la República, sin duda, parte estelar del problema a resolver.

En suma, ésta es una de las vulnerabilidades peruanas que ahora señalan todos los analistas. Estamos frente a la lógica de un Estado absolutamente informal, característica que en su momento fue considerada por Alan García para usarla como vehículo para armar su sistema de clientela. Esto es el «emputecimiento», el «Estado-lumpen» o el «Estado mafioso». El mismo que se revela en bienes inmuebles no declarados, en ingresos no justificados, en consultorías pagadas por clientes del Estado mientras se era funcionario y un largo etcétera más. El verbo matonesco que se observa impune en la campaña de la revocatoria es apenas un síntoma más de una descomposición más profunda y peligrosa, alentada por la indolencia de la clase política y la peligrosa indiferencia de buena parte de la sociedad.

desco Opina / 15 de febrero de 2013
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