La
pregunta que nos hacemos todos los peruanos y peruanas, es qué está
pasando en las regiones. Tras la detención del Presidente de Ancash,
acusado de corrupción pero también de participación en distintos
asesinatos, siguió la del Presidente de Pasco luego de la difusión de un
video en el que aparece recibiendo una hipotética coima; mientras
tanto, el Presidente de Tumbes se encuentra prófugo de la justicia que
habría descubierto sus faltas y delitos. Con ellos, a juzgar por lo
aparecido en los medios de comunicación, se encontrarían en dificultades
similares las gestiones regionales de Amazonas, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Piura y siguen firmas….
La
descentralización, más precisamente las regiones, parece desmoronarse y
evidencia sus límites. La imagen creada es la de autoridades
regionales, que aprovechando la abundancia de recursos y los poderes
omnímodos que habrían ganado con la reforma, han convertido en botín
personal sus territorios, dedicándose mayoritariamente al saqueo de los
recursos públicos. El escandaloso caso de Ancash sería entonces la punta
de un iceberg que se estaría repitiendo en la mayoría de regiones y
territorios del país ad portas del próximo proceso electoral.
De pronto, fiscales, procuradores,
jueces y congresistas, alentados todos por el Contralor General de la
República y el novísimo Fiscal de la Nación, parecen imbuidos de un celo
en el ejercicio de sus funciones de control
y una preocupación por el uso de los recursos públicos, que no les
conoció nadie en los doce años anteriores de la descentralización. En
las últimas semanas, no hay día en el que los ciudadanos de este país
dejemos de sorprendernos por la cantidad de autoridades regionales y
locales involucradas en escándalos y actos punibles. Cual telenovela
plagada de villanos, asistimos a la sucesión de acusaciones y denuncias
de alto calibre, que demostrarían que es indispensable actuar y rápido
frente a este cáncer que corroe al país y que aparece vinculado a las
mafias de construcción civil, el sicariato, el narcotráfico y la minería
ilegal.
Ciertamente
hay que hacer, y mucho. Sería ingenuo e irresponsable negar la gravedad
de muchos de los escándalos que vienen del interior del país. Pero lo
sería igualmente, limitarnos a ver el árbol y no el bosque, como se
pretende. En Ancash, el caso más dramático y menos discutible, aparecen
involucrados diversos fiscales, distintos jueces, múltiples mandos
policiales. ¿Alguno de ellos está encausado? El Congreso de la República
que archivó variadas acusaciones contra César Álvarez, incluso estando
ya detenido, el Ministerio
de Economía y Finanzas que lo reconoció los últimos años como el más
eficiente en la ejecución del gasto público y la Contraloría que no
relevó nada significativo sobre dicha gestión en sus informes anuales,
¿han hecho acaso una autocrítica por sus claras omisiones y yerros?
¿Los partidos políticos, que ritualmente piden nuestros votos, no tienen
también responsabilidad en este drama?
Como es obvio, la descentralización está en crisis. Se ve severamente afectada por sus indefiniciones y por los pecados originales de su diseño.
Departamentos convertidos temporalmente en regiones, competencias
transferidas sin el necesario desarrollo de capacidades y lo que es
peor, sin recursos; sistemas administrativos que no dialogan entre sí,
falta de coordinación y articulación intergubernamental tanto horizontal
como vertical, además de la maldición de los recursos que se
materializa claramente en la figura del canon.
Pero
más profundamente, el bloqueo que vive, encuentra explicación en
factores más estructurales. Un Estado e instituciones precarias;
sistemas de control que se limitan a las formas y los papeles; partidos
políticos que son crecientemente franquicias al servicio de intereses
privados, que alientan la fragmentación que se evidencia con la
multiplicación de movimientos regionales y locales, pero que se inicia
en los partidos nacionales, de los que ya tenemos 18; la corrupción, que
es un dato endémico del país y que avanza sostenidamente; el peso
creciente de la economía informal e ilegal.
Es evidente que tenemos que hacer un alto, que es indispensable reordenar y relanzar la descentralización en un marco más amplio que es el de la reforma del Estado,
de un Estado que no nos sirve para aprovechar el crecimiento y hacerlo
desarrollo e inclusión. No faltan ni diagnósticos, ni propuestas. Lo que
no se observa es voluntad política. El espectáculo siempre es más fácil
y acusar al ladrón es una manera de eludir las responsabilidades
propias, que frecuentemente son las mayores. El cargamontón puede seguir
y permitirá que nos olvidemos por un rato de la corrupción y la
inseguridad ciudadana porque creeremos que ahora sí se está haciendo
algo. El desfile de acusaciones seguirá mandando a segundo plano la
desaceleración de nuestro crecimiento, los problemas de la inversión, la
crisis de todas nuestras instituciones, la paralización de salud y
hasta las declaraciones de Nadine a Cosas. Pero ello, no desaparecerá los problemas de fondo.
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