Una historia repetida

 

A cinco días de la primera vuelta electoral, aún desconocemos quién será el rival de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, quiénes los integrantes del Congreso futuro y cuáles las fuerzas que controlarán al Senado todopoderoso. Sin embargo, es meridianamente claro que no estamos asistiendo a un proceso electoral “normal”. Lo sabíamos desde un inicio, porque se trata de uno diseñado por un congreso mafioso y autoritario que, convertido ya en primer poder del Estado, busca perpetuarse en el gobierno y lo diseñó a su imagen y semejanza.

Como se recordaba en un artículo publicado el día mismo de las elecciones, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, aquellas se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las segundas. La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, todo en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios que hoy cuesta 1768 millones de soles, más del doble de lo que costaba el 2022, así como su grosero desprecio por sus electores, explican el profundo rechazo que generan en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

La cédula de votación, 44 cm x 21 cm, era el símbolo perfecto del desorden y la confusión que podían producirse el 12 de abril. Cinco columnas para igual número de elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes en pugna, hablaban de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en toda la historia nacional. La eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) multiplicó el número de partidos y abrió las puertas a agrupaciones que no habrían superado los filtros de procesos anteriores, asegurando una arquitectura electoral que asegurara el acceso al gobierno y a la representación con números irrelevantes. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás, manteniendo la baja legitimidad de origen de los parlamentarios. Recordemos que Fuerza Popular, con el 39.8% de los votos, logró el 56.15% de los congresistas el 2016, mientras que la alianza de facto que controla el actual Congreso, sin contar los votos de Perú Libre, no alcanzó ni el 15% del voto emitido.

Lo que no era tan previsible fue el naufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución del material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de éstas y locales inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Finalmente, 52 261 electores en Lima se quedaron sin ejercer su derecho, porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos del sur de la capital. La incapacidad de la ONPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la pronta reaparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado semanas atrás y que incluía, desde entonces, una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron rápidamente el ambiente y en pocas horas asistimos a una acelerada película que permite múltiples sospechas, y que debe ser aclarada pronto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvar su indiscutible responsabilidad en los problemas suscitados, el Ministerio Público y la Policía, todos atrás del cuento del fraude, enfilaron contra Corvetto como responsable único y avanzaron en su afán de encontrar delito y flagrancia, incluyendo la detención y la exhibición de un funcionario esposado. Para entendernos, las gruesas fallas logísticas de la ONPE, los silencios y las importantes omisiones de su máxima autoridad, más allá de afectar de distinta manera el voto de más de 850 000 personas, exigen investigación inmediata y profunda, pero no justifican ni las denuncias de fraude ni la cacería de chivos expiatorios desde un Estado en derrumbe y en creciente deriva autoritaria (Nicolás Vargas en “Un golpe silencioso; un golpe perfecto”, La República 17 de abril de 2026). Mientras no se presenten pruebas, insistir con el argumento linda con el delito. El asunto es tan grosero que Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a no hablar de fraude, cierto que como preámbulo a recordar que “el enemigo es la izquierda”, mientras distintos abogados, insospechables de izquierdismo, como César Nakazaki, insisten en que no se puede usar el derecho penal en este momento.

En medio de ese escenario, la gente participó y votó masivamente el domingo 12 porque asumió que con el voto también se lucha. Los resultados hasta el momento, así lo demuestran. Más allá de quién competirá con Fuerza Popular en la segunda vuelta, lo que es indiscutible es la lista de quiénes desaparecen del Congreso, sentenciados sin apelación. A César Acuña y APP, José Luna y Podemos, Avanza País y sus ruidosos voceros, Somos Perú con su triste paso por la presidencia del país, el huidizo Cerrón y su Perú Libre, así como a los viejos partidos históricos –APRA, PPC y AP, previamente suicidada –, les quedará como consuelo su eventual participación en las elecciones subnacionales de octubre. Los electores no se perdieron en la fragmentación ni en las dificultades del proceso mismo, decidiendo recordar y castigar.

El competidor de la señora K en la segunda vuelta difícilmente se definirá en las próximas horas. Hay más de 5400 actas impugnadas en el país, 18.8% en Lima. Los personeros naranjas y celestes se las reparten, priorizando muchos de los territorios en los que ganó Sánchez, en un proceso electoral cuya calidad ha sido seriamente afectada, involucrando la representatividad de los resultados y aumentando la polarización y la desconfianza de la ciudadanía. A la incontinente violencia verbal del exalcalde limeño se suman periodistas que no dudan, por ejemplo, en calificar de “ignorante, revanchista y odiador” al voto del sur, así como una derecha que no aprende y que mira como rojo y peligroso todo lo que no ve el mundo como lo hacen desde sus intereses y sus miedos. En este escenario, los próximos días las denuncias de fraude se multiplicarán, seguramente desde el lado de los candidatos en pugna, pero también de sectores del electorado y de poblaciones que sentirán que atrás de las acusaciones de fraude está el interés de desconocer su voluntad.

Como lo señaló un analista, citando a Marx, la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Recordemos que a la segunda vuelta concurrirán dos candidatos, no importa si López Aliaga o Sánchez, que sumados a Fujimori no representan al 30% de los electores.

 

 

desco Opina / 17 de abril de 2026

Una maquinaria de largo plazo en acción

 

La difusión de una encuesta reciente ha causado alguna sorpresa. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y dueño de Renovación Popular, aparece por primera vez encabezando las preferencias electorales con 10%, seguido por Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y César Acuña con 8%, 6% y 3% respectivamente. Entre enero y agosto la candidata naranja perdió cuatro puntos, mientras el alcalde de Lima, al ritmo de sus influencers y sus trenes, ganó 6.  La medición mostraba también que 58% definitiva o probablemente no votaría por Fuerza Popular, 55% no lo haría por Perú Libre y 54% por APP. Lo que los titulares y los comentarios de la encuesta dejaron en segundo plano, es que entre enero y agosto, el voto blanco, viciado, ninguno o no precisa, creció 7 puntos, llegando a 51% –67% en el nivel socio económico E y 57% fuera de Lima–, vale decir derrotando a todos los candidatos.

Como foto instantánea, la medición adelanta la importante probabilidad del antivoto dando paso en abril del próximo año a una elección en la que, al ausentismo, que puede crecer, se sumarán el pragmatismo de corto plazo y, seguramente, la resignación de sectores del electorado. La gente tiene claro quiénes manejan el Congreso de la República y gobiernan el país con la subordinación complaciente de Dina Boluarte, preocupada centralmente por asegurar su impunidad.

Mientras sectores de la opinión pública se distraen con las encuestas, la coalición autoritaria que gobierna avanza sin tregua, consolidando una maquinaria que camina, cree que imparable, en la consolidación de sus intereses. La elección de la presidencia de las comisiones del Congreso fue una pieza más de la repartija a la que nos han acostumbrado; muchos de los congresistas hoy en esa función, enfrentan investigaciones fiscales, denuncias penales o directamente carecen de preparación, mientras que otros enfrentan cuestionamientos por su trayectoria política y sus antecedentes personales. Así, uno de los denominados “Niños”, indagado por corrupción en el gobierno de Castillo, preside la comisión de Ética; una parlamentaria, invasora de varios espacios públicos para ampliar sus propiedades, lidera la comisión de Vivienda, mientras un congresista, promotor de la prolongación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2026, lo hace en la de Energía y Minas.

La mandataria firmó con entusiasmo y alentada por su ministro de Agricultura la nueva Ley Agraria, la ley Chlimper 2.0 en julio, aprobada por el Congreso que, por diez años, reducirá el Impuesto a la Renta de las grandes agroexportadoras y cambia las reglas del agua, permitiendo que las asociaciones de usuarios realicen “transacciones con terceros” del excedente que ahorren, sin intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), debilitando el control público sobre un recurso que es patrimonio de la Nación. El regalo que nos cuesta 20 000 millones de soles beneficia especialmente a Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú, a las que se suman industrias del sector vitivinícola como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero).

Más grosero aún, Boluarte promulgó con satisfacción una ley que otorga amnistía a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa por crímenes graves contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000) y permite la liberación de condenados mayores de 70 años. Su entusiasta abrazo con el grupo Colina desnudó su pobre humanidad y aparecía comprando su impunidad y pagando los servicios de quienes dispararon contra civiles desarmados, defendiendo su régimen.

Todo esto como parte de un espectáculo donde el Congreso, ahora liderado por Fernando Rospigliosi pretende duplicarse el sueldo, y quien se piensa mandataria, continúan con su hostigamiento al Ministerio Público, su afán por recortar la autonomía judicial, su decisión de acabar con la posibilidad de elecciones competitivas, y el desprecio abierto que muestran por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un espectáculo donde todas las piezas funcionan en la misma dirección: un Tribunal Constitucional que blinda a la señora, una Junta Nacional de Justicia que evapora 1200 expedientes, un gobierno y congresistas que resultan patrioteros tras los despropósitos de Petro y se desentienden de las responsabilidades que les tocan por el abandono de Santa Rosa y de nuestras fronteras en general.

Las cosas son más duras aún. La maquinaria que avanza, busca instalarse en el largo plazo. Más allá de las ambiciones puntuales que separan a sus integrantes, antes que grandes diferencias, que explican el posicionamiento «opositor» que buscan López Aliaga y sus secuaces para afirmarse como la futura cabeza de la misma coalición autoritaria de hoy, comparten ese como interés fundamental. Si cabe alguna duda sobre aquel, basta mirar el programa tentativo del CADE Ejecutivos 2025, con el claro nombre de “Firmes en la acción ¡por la patria! Porque liderar hoy es una responsabilidad ineludible”. Más allá de los temas, lo impresionante es el reparto. No podía ser muy distinto, siendo la presidenta del evento María Isabel León, exresponsable del plan de gobierno en educación y vocera del fujimorismo en la materia el 2016.

Desde Javier Milei, el presidente argentino, y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular español, pasando por el parlamentario platense del Partido Libertario Bartolomé Abdalá, hasta Axel Kaiser, activista de derecha y presidente de la Fundación para el Progreso (Chile), la extrema derecha global dice presente y evidencia la actividad de sus redes y fundaciones en la región. Con ellos, lo más rancio, pero también lo más duro de nuestra derecha. Abogados como Humberto Abanto, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga ocupándose de la seguridad jurídica y la justicia para los peruanos. Militantes de la Coordinadora Republicana y columnistas de Lampadia repartidos en los distintos paneles, Francisco Tudela y Juan Claudio Lechín ocupándose del impacto de la geopolítica en las próximas elecciones. Obviamente, también en protagónicos papeles Aldo Mariátegui y Fernando Rospigliosi.

Más allá de la apariencia del CADE, todo indica que la maquinaria de la derecha se mantiene anclada en la cultura patrimonial, racial y mercantil que la caracteriza. Que seguirá respondiendo a pactos informales y a la exclusión sistemática de las grandes mayorías para mantener cerradamente su espacio, preservar sus privilegios y administrar el Estado a su servicio, con la violencia que crea necesaria.

 

desco Opina / 22 de agosto de 2025

¡Cállese, señora!

 

Acorazada con un manto de impunidad y descaro, Dina Boluarte dio inicio a las actividades protocolares en el marco de su último discurso por Fiestas Patrias. Ya muy temprano, el Cardenal Carlos Castillo le había recordado el porqué de su altísima desaprobación, dirigiendo un contundente mensaje contra esa clase política que ostenta hoy el poder y encarando, sutilmente, a la propia Boluarte. Describiendo a su gobierno y a la coalición que la sostiene en el Congreso como lo que realmente son: “ese espíritu mafioso, con actitud mandona y dictatorial”. Castillo logró, en pocos minutos, incomodar a quienes vienen destruyendo al país, al mismo tiempo que extendía su mano solidaria a ese pueblo consciente que viene exigiendo, de muchas formas, el respeto de los derechos de todas y todos los peruanos.

Desde temprano se conoció el extenso discurso que daría Boluarte bajo el nombre “Estabilidad, progreso y futuro para el Perú”. Fiel a su estilo, se presentó en el Congreso para dar cuenta, de los “logros” de su precaria gestión, a los sectores que la sostienen, señalando con tremenda arrogancia que su gobierno fue el salvador del orden democrático y la institucionalidad del país, al evitar, según ella, que se sumiera “en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias”. Ello, pese a que meses antes, la revista The Economist, en su informe sobre el Índice de Democracia Global correspondiente al 2024, calificó al país como un régimen híbrido,. Y pese a que carga la responsabilidad por los más de cincuenta asesinados durante las protestas realizadas en contra de su régimen.

Boluarte no dudó en criticar duramente a Bolivia, Venezuela y Cuba; sí, aquellos gobiernos con los que decía coincidir hasta antes de colocarse la banda presidencial y a los que hoy llama “países fallidos” como un intento por congraciarse con la derecha que no duda en recurrir a este recurso para descalificar a cuanto personaje de izquierda haya en el país. Con mirada altiva y sonrisa desafiante, calificó de “traidores a la patria” a los miles de ciudadanos y ciudadanas, de distintas partes del país, pero sobre todo de las regiones del sur, que ejercieron su derecho a la protesta durante los últimos meses de 2022 e inicios de 2023, denunciando a quien se alineó, desde el primer minuto de su gestión, con los ideales del sector que perdió en las elecciones de 2021. Ese sector político al que, en más de una oportunidad acusó de corrupto y cómplice de los abusos cometidos durante la dictadura Fujimorista de los 90. Sus indecentes palabras provocaron el rechazo inmediato de congresistas que permanecían en el recinto parlamentario, como Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito, que con voz en alto y mensajes escritos en pancartas y polos, rechazaron los calificativos que Boluarte pronunciaba sin remordimiento.

Su desparpajo fue tal, que no dedicó ni un solo minuto de sus más de cuatro horas de mensaje, a un mea culpa por las consecuencias graves que ha ocasionado su paso por el Palacio de Gobierno. No hizo ninguna referencia a las exigencias de la población por frenar el impacto del avance de la criminalidad organizada, ni mucho menos acerca de la imperiosa necesidad de medidas preventivas reales para la lucha contra la violencia que vienen sufriendo niñas, adolescentes y mujeres en distintas partes del país. Pese a autoproclamarse, por enésima vez, como la primera presidenta en 200 años de República y a embanderarse con las luchas de las mujeres, las mismas que vienen denunciando las políticas antiderechos que su gobierno ha impulsado y defendido con vehemencia de la mano con el Congreso.

Mientras Boluarte evidenciaba la desconexión institucional con la que gobierna el país, la Policía Nacional reprimía, sin reparo, a ciudadanos y ciudadanas que se desplazaban por las principales calles de Lima para rechazar a la clase política dirigente que ha agudizado las brechas de desigualdad en el país, denunciando su convivencia para blindar a los responsables de las violaciones a derechos humanos, no sólo de las cometidas durante el actual régimen, sino también las perpetradas durante el conflicto armado interno, lideradas por Fujimori y Montesinos. Un día antes de su discurso, se había realizado un acto simbólico de peregrinación hacia el Apu Usharu (Cerro San Cristóbal), en el que participaron familiares de los asesinados en las protestas de 2020, 2022 y 2023, así como ciudadanos y colectivos de derechos humanos, para exigir justicia, verdad y reparación.

Con un hemiciclo casi vacío, Boluarte terminó luego de más de 4 horas, y saltándose 15 páginas, su agobiante mensaje de autoelogio, dejándonos con ese sinsabor que nos provoca su sistemática retórica vacía. Su discurso pretendió desacreditar a quienes la rechazan ampliamente a donde quiera que vaya, razón por la cual prioriza sus viajes fuera del país.

Señora Boluarte, sus repetidos dichos y discursos de odio no podrán negar la altísima desaprobación que se ha ganado a pulso y que busca justificar a costa del bienestar de los millones de peruanos y peruanas que desean verla fuera de Palacio, asumiendo las consecuencias de sus erráticas decisiones. Es mejor que se calle.

 

 

desco Opina / 1 de agosto de 2025

La trampa del individualismo

El individualismo es una fuerza de innovación y autonomía, pero cuando no se orienta hacia el interés general, hacia formas de organización colectiva, se convierte en un factor de fragilidad social. Y es así como se vive en nuestro país. El predominio de la acción aislada debilita las redes comunitarias e institucionales, tanto en el campo como en las zonas urbanas. Como consecuencia de ello, se idealiza mal a los llamados emprendedores y se avala la lógica del “sálvese quien pueda”.

Esto tiene graves consecuencias, tanto en la vida cotidiana como en la estabilidad a largo plazo. Las salidas individualistas, que se traducen en falta de coordinación colectiva, nos impiden dar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias. Lo hemos vivido repetidamente en momentos de crisis. Recientemente con la pandemia, pero antes en epidemias, ocurrencia del Fenómeno de El Niño o procesos post terremoto, ya hemos visto que la acción individual no basta y que sin una estructura colectiva que organice los recursos, comunique con claridad y ejecute medidas comunes, los efectos negativos se multiplican y potencian.

No podemos olvidar la primera etapa de la pandemia de COVID-19. A falta de una estrategia comunitaria clara, las mayorías urbanas, sin ingresos formales ni redes de soporte barrial, rompieron las cuarentenas por necesidad. La descoordinación entre el gobierno central y las autoridades locales, sumada a la desconfianza institucional, debilitó la efectividad de las medidas. El resultado: uno de los índices de mortalidad más altos del mundo.

Más recientemente, en 2023, la crisis climática provocada por el ciclón Yaku evidenció de nuevo esta carencia. En Lima y el norte del país, las lluvias causaron serios desbordes y colapsos de infraestructura básica. Sin organización vecinal sólida ni coordinación efectiva entre municipios y Defensa Civil, muchas familias lo perdieron todo.

Hoy, cuando los ciudadanos se desentienden del bien común y el Estado capturado por una coalición autoritaria y mafiosa actúa sin control social, se genera un nuevo ciclo de precariedad. Servicios esenciales como salud, educación básica, transporte público o gestión ambiental se deterioran sin que nadie haga nada. La falta de organización ciudadana para exigir el mantenimiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento, así como de los sistemas de riego, ha agravado la crisis hídrica en varias regiones del Perú, especialmente en zonas como Ica o Arequipa. Del mismo modo, los bajos niveles de participación colectiva en temas educativos complican la fiscalización y la mejora de los colegios públicos, con graves brechas de calidad docente, infraestructura y conectividad. En salud, la escasa colaboración ciudadana en campañas de vacunación o prevención ya ha generado brechas peligrosas. Las tasas de vacunación infantil han descendido por debajo del límite necesario para proteger contra enfermedades erradicadas como el sarampión y la tos convulsiva.

Sin espacios donde los ciudadanos se encuentren, escuchen y negocien, lo que crece es la desconfianza y la fragmentación social que facilitan la ineficiencia del Estado y la arbitrariedad de la clase política. En contextos como el peruano, donde la confianza en las instituciones es muy baja o inexistente, fomentar espacios de organización ciudadana no es un lujo de ONG, sino una necesidad y una obligación urgente para la estabilidad democrática y el bienestar común. ¿Quién exige rendición de cuentas en su municipio? ¿Quién fiscaliza los presupuestos participativos?¿Quién se une a una asociación barrial que no sea por puro interés inmediato? Las redes sociales, más allá de sus virtudes, nos están mostrando que lejos de unir, amplifican la distancia social: cada quien vive encerrado en la burbuja de su celular, repitiendo lo que quiere ver y oír, rechazando al que piensa diferente, imaginando que alguien ¿? se está ocupando del bien común.

No se trata de idealizar, toma tiempo, esfuerzo y paciencia. Pero no conocemos otra forma para sostener viva la democracia, avanzar hacia una economía menos injusta y una sociedad menos cínica. No basta con indignarse en redes sociales ni con votar cada cinco años.

Recordemos que, en muchas zonas del país, principalmente en comunidades rurales, la acción colectiva sigue viva. Quizá lo urgente hoy sea aprender de quienes aún entienden que vivir en sociedad es más que coexistir: es construir juntos. Debemos recuperar el NOSOTROS y eso empieza en lo pequeño: en la asamblea del barrio, en el comité de agua, en la escuela donde estudian nuestros hijos e hijas, en los centros de trabajo, en las organizaciones de las mujeres de los barrios.

 

desco Opina - Regional / 4 de julio de 2025

descoCiudadano 

A propósito de la censura

 

Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables: Perú se cae a pedazos. Lo sucedido en la provincia de Pataz ha dado la vuelta al mundo y estremecido a la nación. En particular, a casi la mitad de la población que por su edad no vivió los tiempos de Sendero Luminoso y el conflicto bélico que soportamos décadas atrás.

El caso ha saltado como el disparador de una reacción política de parte significativa del Congreso Nacional para recolectar firmas –que fácilmente superaron las requeridas– en cuatromociones distintas que fueron presentadas planteando la censura al Presidentedel Consejo de Ministros. Solo los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú no han firmado ninguna moción.

En medio de la indolencia gubernamental ese sector se niega a sumarse a lo que constituye una demanda nacional. Esto se explica, a nuestro entender, por el gran contubernio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con las mutuas ventajas que obtienen dando la espalda al país y cumpliendo su propósito de mantenerse, compartiendo el poder hasta el último día y de ser posible, extenderlo.

El reingreso a la escena del censurado ministro del Interior constituye una grave afrenta al orden constitucional. Si bien no se infringe ninguna norma con el retorno del cuestionado exministro como miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), también es cierto que, en la actual coyuntura, y dada la ubicación estratégica que ahora ocupa Santiváñez, es una burla abierta al Congreso que lo expectoró. Más aún si el oscuro personaje mantiene su cargo de Jefe de la Oficina general de Monitoreo Intergubernamental del despacho de Dina Boluarte.

Como lo hemos dicho más de una vez, la lista de ataques a la democracia y la gobernanza es amplia y variada. En esta movida de fichas el rol de Juan José Santiváñez pone en jaque, una vez más, el funcionamiento de las reglas de la democracia constitucional.

Si bien se puede ver a diario en la televisión y escuchar por distintos medios a ciudadanos comunes y corrientes denunciando que el sicariato y la extorsión están matando a personas inocentes, mientras las quejas ante la violencia y la inseguridad aumentan, es lamentable la falta de coordinación para enfrentar a autoridades que, a los ojos de cualquiera, no hacen nada, o peor aún, nombran en posiciones estratégicas a personajes nefastos.

Periodistas acribillados, colegios que no funcionan por amenazas a los estudiantes, trabajadores mineros vilmente asesinados, choferes y mototaxistas baleados, comerciantes amenazados y atacados, negocios y oportunidades de trabajo que desaparecen, son parte del resultado de la inacción del Estado en las zonas urbanas y rurales del país. Que en este escenario se pretenda duplicar el sueldo de la señora Boluarte, es un nuevo y grosero agravio absolutamente insensible y convencido de su impunidad.

Al parecer, no basta ya sumarse a las voces de protesta que resuenan como coro de lamentaciones sin rumbo en medio de noches oscuras. Creemos que, una vez más, debemos esforzarnos por encontrar los hilos de la concertación nacional que permitan a los que habitamos este país milenario y ferozmente maltratado por hampones y delincuente de distinta laya, salir del marasmo y la anomia, que como se sabe bien llevan por mal camino a las personas y sociedades.

El escenario electoral en marcha, por ahora corre por cuerda separada en tanto se definen y ajustan las listas y sus candidatos. Las expectativas de un cambio de rumbo siguen siendo pequeñas y el tema no convoca.

desco Opina - Regional / 9 de mayo de 2025

descoCiudadano

Estamos advertidos

 Como ya es dramáticamente evidente, la inseguridad está desbordada en el país. Entre el primer día del año y el 8 de abril, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 597 homicidios, esto es 6 crímenes diarios y hasta el 31 de marzo el Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional sumaba 6412 denuncias, 14.2% más que en el mismo período el año anterior. No es casual entonces que las mediciones de opinión pública más recientes muestren que 79% de los encuestados cree que la inseguridad continuará igual o empeorará en los próximos meses, que la aprobación de la mandataria, del presidente del Congreso y de Gustavo Adrianzén esté por debajo del 5% y que el nuevo ministro del Interior, ex viceministro de Santiváñez y arrastrando una indagación penal, no despierte ningún entusiasmo.

En septiembre 2024, los gremios y asociaciones de transportistas realizaron el primero de varios paros, que se han sucedido desde entonces, exigiendo a las autoridades acciones concretas contra las extorsiones y el sicariato, que crecen aceleradamente en el país y los tienen entre sus víctimas más visibles. A ese mes, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. Se decía entonces que cerca del 20% de los transportistas urbanos estaban siendo extorsionados. El reciente jueves 10 de abril se produjo una nueva paralización de este sector, a la que se plegaron más de 30 000 unidades de servicio público generando grandes dificultades para la movilización de los habitantes de la ciudad. A fin de cuentas, en lo que va del año han sido asesinados más de 15 transportistas y se dice que la extorsión está afectando a más del 60% de las empresas del ramo.

La medida de lucha de los transportistas incluyó distintas movilizaciones hacia el centro de Lima, donde las voces de choferes y cobradores señalaban la responsabilidad del gobierno y el Parlamento en el agravamiento de la situación, en una jornada en la que se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía Nacional. En este marco, las respuestas desde el Ejecutivo y el Congreso de la República evidenciaron, una vez más, la desconexión que ambos poderes tienen de la gente, su incapacidad y su desinterés para garantizar la seguridad, tanto como su desdén por malestares y protestas que parecen no preocuparles. Así, mientras el Presidente del Consejo de Ministros se quejaba porque paralizar Lima y el Callao significan mucho dinero para el Estado, y el jefe de la Defensoría de la Policía decía que los trabajadores del sector no ganan lo suficiente como para ser víctimas de extorsiones acusándolos de confabular para bloquear carreteras, dos congresistas evidenciaban su insensibilidad y su falta de inteligencia; uno, promoviendo que los asesinos peruanos acaben con los extranjeros, el otro, sosteniendo que los transportistas deberían llevar pistola para defenderse y usar una lámina antibalas.

Más allá de la fanfarria autoritaria que comparten –estado de emergencia, pena de muerte, servicio militar obligatorio, renuncia al sistema interamericano de protección de derechos humanos, criminalización de adolescentes–, Ejecutivo y Congreso son cómplices del agravamiento de la crisis que vivimos. Con un gobierno ineficiente y asediado por la incompetencia de sus ministros, la única novedad en materia de inseguridad, ha sido la instalación de una patética parodia del denominado cuarto de guerra. Un espacio en el que la señora Boluarte se reúne regularmente con los mandos policiales y militares, así como con algunos de sus ministros, para recibir poco más que el parte diario de las distintas comisarías y facilitar sus declaraciones desde ese espacio, responsabilizando a los gobiernos anteriores de la situación que vivimos y dando frecuentes números de sus supuestos éxitos; la mandataria olvida que el gobierno de Castillo registraba alrededor de 3 homicidios diarios, menos de la mitad de los que se producen en el suyo. En lo que hace a números inflados, su Presidente del Consejo de Ministros la superó; en su presentación de más de cinco horas en la pantomima de interpelación que le hiciera el Congreso hace unos días, dio cifras tan surrealistas como la adquisición de 370 000 vehículos nuevos para la policía o la realización de 291 516 operativos..

En el caso del Congreso, recordemos que 24 horas después del paro, éste aprobó las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio que exige una sentencia previa en caso de lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Una responsabilidad más para un poder que ha logrado que la delincuencia cuente con un plazo menor para la prescripción de sus delitos, que anuló la utilidad del allanamiento al establecer que éste debe notificarse e incluir la presencia del abogado del intervenido, que no puedan ser juzgados por organización criminal en gran cantidad de delitos, que convirtió en prescriptibles los crímenes de lesa humanidad y un largo etcétera más.

Estamos advertidos. A la coalición autoritaria que nos gobierna no le preocupa especialmente la inseguridad. Le interesa concluir el diseño de la institucionalidad autoritaria en la que están embarcados y proteger su impunidad, como queda demostrado con dos de sus decisiones de los últimos días. La modificación del reglamento del Congreso, aprobada por la Comisión de Constitución para posibilitar la suspensión indefinida de fiscales y jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia, con apenas 50 votos, así como la reinterpretación del artículo 117 de la Constitución que hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para blindar a Boluarte por el caso de los Rolex y abrir la posibilidad de sancionar al fiscal por actuar “con fines políticos”, evidencian el juego en curso. Estamos frente al ejercicio arbitrario y autoritario del poder para asegurar el control del Estado en beneficio propio. Se trata de enfrentar con firmeza a la coalición autoritaria y su juego, si queremos que las elecciones del 2026 sirvan para cambiar algo.

 

 

desco Opina / 16 de abril de 2025

La calle se fortalece

 

El asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, ha generado una nueva ola de indignación, no sólo por el avance de la criminalidad extorsiva en el país, sino sobre todo, por la ineptitud del gobierno para enfrentarla y dar respuestas coherentes a la ciudadanía. A estas alturas, la gente tiene más evidencia de los vínculos entre políticos, policías y delincuentes, que de la voluntad de sus autoridades para revertir la inseguridad generada, que se contagia por la creciente violencia de bandas armadas contra familias de todas las clases sociales, negocios de todos los giros y tamaños y sectores tan diversos como el transporte público, las ollas comunes o el espectáculo musical.

La muerte de “Russo” Flores moviliza, no sólo por tratarse de un músico querido y popular, sino porque su asesinato representa un pico en la dolorosa cuenta de víctimas que ninguno de los ministros del Interior de Boluarte ha logrado disminuir, menos aún Juan José Santiváñez, más enfocado en desacreditar a la prensa y a la Fiscalía que lo investiga, además de soñar con un proyecto político propio mayor. El crimen cometido contra Armonía 10 ha suscitado la protesta de miles de músicos del país y le ha dado un sentimiento de unidad a la convocatoria nacional a movilizarse en las calles, lo que resultaba muy difícil de lograr en la capital en el tiempo posterior a la “Toma de Lima”. Algo que trae muy malos recuerdos a los sectores ultraconservadores.

Este crimen ha sido también el catalizador del proceso de censura contra el ministro del Interior, principal síntoma del resquebrajamiento de la alianza gobernante. Por primera vez desde que Boluarte se instaló en el gobierno, la alianza que la sustenta desde el Congreso, cruje con fuerza, insinuando una recomposición de poder que continuará acelerándose a medida que nos acerquemos a las elecciones de abril de 2026. La gente está cansada de ver como se beneficia a los criminales.

Continuar al lado del gobierno en la cerrada defensa de Santiváñez o respaldar con entusiasmo medidas destinadas al fracaso, —como el Estado de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas en la capital—, es de poco provecho para las fuerzas políticas en el Congreso, más preocupadas en definir nuevas correlaciones con miras a competir por presidir la Mesa Directiva, que en atender las demandas ciudadanas. Es decir, preocupadas centralmente por controlar el puesto de un potencial reemplazante de la Presidenta, sea para condicionar una nueva coalición de gobierno, sea para provocar o sumar a una eventual caída de Boluarte, un movimiento de manual, que su prófugo exjefe político, Vladimir Cerrón, ha pronosticado ocurrirá “antes de Fiestas Patrias”.

En lo inmediato, el país —su economía, su sociedad— exige un cambio de estrategia ante el crimen organizado y su violencia armada. Los estados de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas, no sólo son medidas destinadas al fracaso, sino que su uso y abuso las ha reducido casi a una pantomima, un programa de ceremonias y noticias para rellenar la agenda diaria de la Presidenta, sus funcionarios y sus “estrategas” de comunicación. Ese despliegue teatral, por su poco impacto en la tarea de controlar el crimen y por el acento autoritario que le añade la Presidenta, tiene por único efecto acrecentar el desprestigio de la Policía y las Fuerzas Armadas y atormentar a los escolares que se han convertido en el auditorio favorito de la señora Boluarte.

La situación de inseguridad y desprotección de la vida y de los medios de vida de millones de peruanos y peruanas no es algo que se explique única ni principalmente por la expansión de grupos criminales trasnacionales. Estos actores, si bien determinantes en la situación actual, no aparecieron de la nada a interrumpir la vida feliz en un país de maravillas. La incapacidad del Estado para organizar la economía y proveer mínimos de bienestar, la acentuada corrupción en todos los niveles de gobierno y la degradación de la Policía, entre otros muchos factores, conformaron el ambiente perfecto para que el crimen prospere, en un país cuyo territorio está prácticamente repartido entre distintos extractivismos y actividades económicas paralegales o directamente ilegales.

En ese sentido, una nueva política de seguridad nacional exige condiciones y reglas de juego distintas a las del neoliberalismo autoritario, demagógico y populista que vivimos. Al respecto, las fuerzas de izquierda y de centro, que no participan de la coalición autoritaria de Boluarte, si bien han mostrado algo de iniciativa al cuestionar la incapacidad instalada en el sector Interior, no logran aún cuajar discursos y propuestas que orienten el malestar de la ciudadanía hacia una crítica y rechazo que se torne en mayoritario ante un modelo político y económico que no sólo no provee bienestar a las mayorías nacionales, sino que no puede siquiera garantizar la vida de nuestras familias y compatriotas.

 

desco Opina / 21 de marzo de 2025

Del waikicha Oscorima al chapaku Santiváñez

 

Desde que asumió el cargo de ministro del Interior, la visibilidad del abogado Juan José Santiváñez ha adquirido particular notoriedad, al extremo que ha desplazado a todos los ministros, incluyendo al propio jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén. No es que antes de ejercer el cargo fuera un completo desconocido, porque por su trayectoria como defensor de distintos policías acusados de diversos delitos –corrupción en el caso de un general sindicado de compras sobrevaloradas en la epidemia del Covid-19, liderazgo de una organización criminal en el del exdirector de un penal o dirigir el denominado Escuadrón de la Muerte sindicado de más de 20 muertes en 9 falsos operativos–, apareció regularmente en los medios de comunicación, mostrando la locuacidad que ahora conocemos mejor. Llegó al ministerio del Interior como jefe del gabinete de asesores en el gobierno de Vizcarra, cargo al que tuvo que renunciar al recordarse algunas de sus defensas. Retornó al sector años después, y en abril pasado fue nombrado viceministro de Orden Interno, para convertirse finalmente, en mayo, en el sexto ministro nombrado en esa cartera por la señora Boluarte.

Desde el primer momento quedó claro que había llegado con la pretensión de quedarse y continuar haciendo carrera. Pronto desplazó al waikicha Oscorima en los afectos e intereses de la mandataria y paulatinamente se afirmó como su chapaku o yanapaqui, es decir, su protector o guardaespaldas, sin importar mucho la multiplicación de escándalos y controversias en las que se ha visto envuelto. Sus audios con el capitán Izquierdo en los que adelanta temprano supuestas presiones para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), el abuso de autoridad denunciado por el periodista Marco Sifuentes, su evidente aunque negada guerra contra Harvey Colchado y la Diviac, su enfrentamiento constante contra las cifras de violencia e inseguridad del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud en su afán por negar su incapacidad y el naufragio de su gestión, son algunas de las perlas de un largo rosario marcado por una curiosa combinación de altanería y soberbia y un creciente apuro por hacer de su verborrea en el último tiempo, parte de una cruzada contra los “caviares” en su sector. Todo ello sazonado con los abrazos y el respaldo entusiasta de la mandataria, cada vez que lo requirió.

Las últimas semanas de febrero, las cosas se aceleraron. El ministro le declaró la guerra a la Fiscalía, que le tiene abiertas sendas investigaciones y que lo presiona buscando verificar las grabaciones de los audios entregados por el capitán Izquierdo y negados por Santiváñez tras entregar su equipo limpio y sin chip. En esa dirección, denunció a la fiscal Delia Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República buscando que la suspendan o la destituyan, a la par que le pide al juez que debiera proteger sus derechos, la acumulación de sus casos en uno solo, en otras palabras, ninguna medida de protección, lo que evidencia su búsqueda de aliados en la guerra que comparte con el Ejecutivo, contra el Ministerio Público.

Así las cosas, durante los últimos días de febrero y los primeros de marzo, el enfrentamiento continuó escalando. En los medios empezó a circular la versión de un posible allanamiento de la casa del ministro. Éste apareció en una tensa entrevista en Cuarto Poder en la que evidenció que conocía el contenido del programa antes de su emisión, que estaba al tanto de la información reservada en manos de la Fiscalía y que incluso, rumbo a la entrevista, se había comunicado con dos de sus antiguos defendidos, cuyos nombres, en teoría no tenía como conocer, que negaban la versión de un testigo protegido, que sindicaría a Santiváñez de haberles pedido dinero para negociar con los jueces. Presionado por la indignada entrevistadora para que explique cómo conocía el contenido del programa de televisión, el único ministro con vocero propio, responsabilizó a su jefa de comunicaciones, la que lo desmintió.

El lunes pasado, producido el anunciado allanamiento de la casa, la mandataria, subiendo los decibeles del autoritarismo combinado con miedo, que exhibe en sus recientes peroratas –recordemos, por ejemplo, su “basta de palabras discrepantes”, lanzado en un acto público en Apurímac–, acusó un juego en pared entre el Ministerio Público, Canal 4 y Canal N, para “dar un golpe de Estado blanco”. Indicó que ella y su ministro eran víctimas de acoso político porque están limpiando el ministerio de los caviares que lo tenían capturado. Finalmente, en un hecho sin precedentes, que no sorprende hay que decirlo, el Gabinete en pleno recibió entre abrazos y aplausos a Santiváñez y los ministros multiplicaron su arremetida en medios contra la Fiscalía y el fantasioso golpe que se pretende.

En el escenario actual, ¿cómo entender el protagonismo y la importancia del ministro? En principio, es el pararrayos de la presidencia porque desde su instalación es el foco de las críticas y facilita los largos silencios de Boluarte. Es una pieza bastante locuaz en el ataque a “caviares” y opositores y en la defensa constante de la mandataria y su familia, lo que no es poca cosa. Por lo demás, le encanta dar la cara, como parte de su desmedida ambición. En otras palabras, se ha convertido en el chapaku que la mandataria necesita con urgencia. Un protector, como lo fuera en su momento el waikicha, que Dina necesita a su lado. Todo esto en un juego en el que Santiváñez resulta poderoso por la información que tiene sobre la presidenta, por sus vínculos con una mayoría congresal que se niega a interpelarlo y censurarlo, así como por el apoyo de las distintas derechas obstinadas en arrasar con todo lo que consideran el mundo caviar.

desco Opina / 7 de marzo de 2025

Las batallas perdidas

 

En Alemania las marchas y manifestaciones contra el fascismo se multiplican ante el inminente avance de la ultraderecha en las próximas elecciones; en Francia su ascenso fue contenido gracias a una alianza de última hora entre el centro y la izquierda para impedir que llegara al poder. En contraste, en muchos países de América Latina, como es el caso del Perú, estas corrientes continúan en crecimiento, prácticamente sin una oposición organizada.

Desde una perspectiva progresista son varias las batallas perdidas en el mundo. Entre ellas está el debilitamiento intenso de las Naciones Unidas, promovido por el presidente estadounidense contra sus agencias de desarrollo, cuestionando su validez y calificando de despilfarro a sus programas, o peor aún, contrarios a la libre determinación de los pueblos.

A pocos sorprenderá por eso que en nuestro país avancemos rápidamente en esa dirección y que se incremente el ataque a la sociedad organizada y se socaven las instituciones encargadas de aplicar la ley y administrar la justicia. En nuestro caso, además, asistimos al incremento de la persecución de las ONG, sus programas y proyectos, acusándolas de destructores de la libertad y del mercado libre.

Vemos que en Europa la ultraderecha avanza. La presencia de partidos y líderes políticos de orientación ultraderechista se ha consolidado en varias naciones europeas. Están a la vista los casos de Italia, con el partido Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, primera ministra que ganó las elecciones generales de 2022, también de Hungría, desde hace quince años, con Viktor Orbán y de Polonia, países donde gobiernan con una orientación ultraconservadora.

Más recientemente, en Suecia, tras las elecciones de 2022, el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, se convirtió en la segunda fuerza política y pasó a formar parte de la coalición de gobierno. Algo similar ocurrió en Finlandia, donde el Partido de los Finlandeses, también de extrema derecha, ha ganado creciente influencia y participa en el gobierno.

En Austria, el Partido de la Libertad de Austria mantiene una presencia significativa en la política nacional. En Bélgica, el partido nacionalista flamenco, N-VA, cuyo primer ministro, ha marcado un giro hacia la derecha. En Francia, aunque la ultraderecha no gobierna a nivel nacional, el partido Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, ganó las elecciones europeas de 2024, consolidando su influencia.

Mientras tanto, en América, se han establecido gobiernos de corte conservador, como los de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y el actual gobierno de Guatemala, que cuentan con la simpatía del presidente Donald Trump.

En nuestro país soportamos la alianza conservadora que controla en gran medida al gobierno también conservador, violador de los derechos humanos y corrupto de Dina Boluarte, validando la desigualdad, el crecimiento injusto, las políticas contra derechos y pueblos originarios, etc.

El crecimiento del conservadurismo a nivel global, de nacionalistas que restringen los derechos ciudadanos, sigue un proceso claro de fortalecimiento. Ejemplos de ello se observan en Irán, Rusia, India, Arabia Saudita y recientemente, en Estados Unidos, donde el triunfo del Partido Republicano, con Donald Trump, marcó un nuevo giro hacia la derecha con fuerte impacto en el mundo por sus rápidas políticas comerciales y la deportación de migrantes sin papeles, sindicados de criminales.

Si bien no existe un consenso sobre qué es ser de ultraderecha, la lista se amplía a más países con políticas conservadoras, como Ecuador y el nuestro. En este panorama internacional, los políticos de derecha en Perú tienden lazos de mayor cercanía con la ultra derecha española, particularmente con VOX, mientras el alcalde limeño pugna por aparecer como un émulo local de Milei. También es verdad que ante la pobreza de propuestas inteligentes y atractivas de parte de las organizaciones y partidos de izquierda, el panorama, ante las cada vez más cercanas elecciones del próximo año, aparece como muy desalentador para las fuerzas progresistas, carentes de liderazgos capaces de aglutinar a las organizaciones de izquierda; más grave aún, de construir puentes con la sociedad y tener propuestas frente a sus necesidades y malestares.

La ausencia de líderes reales en la izquierda, capaces  de generar un cambio favorable que combata la enorme corrupción y descrédito de la política y los políticos en general,  facilitan y favorecen la permanencia y continuidad de las posiciones y políticas conservadoras ante un electorado desinformado y dispuesto a dejarse llevar por el populismo y las ofertas autoritarias y de orden, disfrazadas de anti establisment que abundan en el escenario nacional.

Para evitar seguirnos hundiendo y que los millones de jóvenes que abandonan el país nos dejen sin su valioso aporte, es hora de alentar la militancia democrática y diseñar una estrategia y propuestas atractivas que convoquen a la ciudadanía a ejercer un voto responsable que nos permita evitar mayores desastres a los que, casi con estupor, si no con indiferencia, contemplamos a diario, viendo las decisiones en contra del sentido histórico constructivo que deseamos para la humanidad y los peruanos en particular. Evitemos ser parte de la lista de las batallas perdidas ante la ultraderecha, que profundiza la precarización laboral, la destrucción ambiental y la erosión de la democracia, representando un desafío histórico que demanda organización colectiva para impedir un colapso civilizatorio.

 

desco Opina / 7 de febrero de 2025