Pataz, el país que llegó para quedarse

 

En la madrugada del 1 de mayo, el Comando Unificado Pataz incautó armas de guerra y detuvo a 68 personas durante una operación ejecutada en dicha provincia. Posteriormente, los hechos fueron expuestos en conferencia de prensa realizada en Trujillo, con la participación de altas autoridades militares y policiales, destacando la importancia de esta intervención conjunta. Informaron, además, que 67 de las personas detenidas no domiciliaban en Pataz y procederían de otras jurisdicciones. Una semana después, el 8 de mayo, el mismo Comando liberó a ocho trabajadores de la bocamina “Danrro, La Codiciada”, que fueron secuestrados el día anterior. La operación dejó cuatro militares heridos.

Parecía una secuencia previsible de acciones. Sin embargo, días después, el 10 de mayo, se revelaría que las cosas no estaban nada bien entre las fuerzas gubernamentales. El 20 de marzo, habían asesinado a Jolvi Rodríguez, un minero ilegal de Pataz. Se dice que fue atacado por hombres en uniforme de camuflaje, quienes también destruyeron propiedades familiares.

Cuando un equipo policial llegó de Trujillo para investigar los hechos, una patrulla del Ejército los detuvo y los presentó como delincuentes. Días después, efectivos policiales de una comisaría de Pataz detuvieron al chofer de un oficial del Ejército, que tenía entre sus pertenencias, nada menos, que la placa de la moto de la víctima.

Así, los policías, los familiares e, incluso, el fiscal que investiga el caso, sospechan que los militares están al servicio de otros mineros ilegales. Piensan de esta manera por el ensañamiento de los homicidas contra Jolvi Rodríguez. Después de acribillarlo en el estómago y los pulmones, dinamitaron un camión, una compresora y dos motocicletas de la familia. Por si fuera poco, colocaron explosivos en la casa de Rodríguez y la volaron. No era un simple acto de sicariato.

El hecho es muy importante, porque revela algo que, a estas alturas, es hasta obvio: en la práctica, la minería “ilegal” y la minería “legal” del oro no son compartimentos estancos, sino que se complementan y se entrelazan en circuitos híbridos.

Como sabemos, las cadenas de valor son mixtas: el oro extraído ilegalmente suele ingresar a circuitos formales a través de empresas exportadoras, joyerías o refinerías que lo “blanquean”. El financiamiento es cruzado, porque inversionistas con operaciones legales pueden destinar capital a frentes ilegales, diversificando riesgos y maximizando ganancias.

En el caso que presentamos, lo que también se muestra es la capacidad para capturar instituciones. No es solamente que las autoridades locales o regionales facilitan permisos, toleran operaciones ilegales o incluso las integran a proyectos formales. Los agentes gubernamentales que deben reprimirlas son finalmente componentes imprescindibles para que funcionen.

Este acomodo de los actores parece adecuarse a un escenario en el que la minería ilegalizada o informalizada gana cada vez más espacio, pese al evidente daño ambiental, social y económico que provoca.

A estas alturas, son innegables los incentivos percibidos por quienes extraen oro ilegalmente. Obtienen altos márgenes de ganancia, dado el precio en el mercado; invierten bajos costos iniciales, porque no cumplen regulaciones ambientales ni laborales; tienen acceso rápido a liquidez, dado que el oro se comercializa fácilmente, incluso en circuitos informales, lo que permite obtener dinero inmediato; finalmente, hay una débil fiscalización estatal.

A fin de cuentas, lo que algunos actores ven como “ventajas” (ganancia rápida, bajos costos, liquidez), son en realidad incentivos perversos que sostienen la minería ilegal. Desde una perspectiva social, ambiental y política, las consecuencias son mucho más graves que cualquier beneficio inmediato.

 

desco Opina / 15 de mayo de 2026

Legislando la ilegalidad: el REINFO como ejemplo

 

Hubo una vez en la que los gobiernos regionales fueron involucrados en un problema irresuelto de larga data, al otorgárseles la responsabilidad directa de conducir el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en Perú. La ley 27651 del 2002, reconoció la existencia de la pequeña minería y minería artesanal y les delegó la tarea de acompañar y supervisar la formalización, mediante autorizaciones y asistencia técnica.

Como suele suceder en nuestro país, la inexistente eficacia del armatoste normativo con el agregado de una gestión regional cercana a ningún resultado, condujo a un “proceso extraordinario de formalización” (2012–2016) en el que, nuevamente, la falta de recursos técnicos y financieros en las regiones y las crecientes presiones políticas y sociales (muchos gobiernos regionales estaban cerca de los gremios mineros y cedían a sus demandas), se tradujo en avances muy limitados, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría de los mineros inscritos no logró culminar el proceso.

En el 2017 se crea el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), para “superar el impase”, centralizando el proceso en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Se buscaba que los mineros artesanales cumplieran requisitos técnicos, ambientales y tributarios, intentando diferenciar la minería informal en proceso de regularización de la minería ilegal, permitiendo a los primeros continuar operando mientras cumplían las etapas del trámite. Sin embargo, la mayoría no logró completar el proceso por su complejidad y costos.

Desde este momento lo que se escenifica alrededor del REINFO, fue simplemente una farsa. Nació como una medida transitoria con el Decreto Legislativo 1293 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski; se da una primera prórroga (2018–2019), que ampliaba el plazo inicial para permitir que más mineros completaran el proceso; luego tendremos una segunda prórroga (2020–2021), bajo el gobierno de Martín Vizcarra, debido a la baja tasa de formalización; seguirá una tercera prórroga (2022–2023), durante el gobierno de Pedro Castillo; vendrá la cuarta prórroga (2024–2025) con Boluarte; y en noviembre de 2025, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2027, reincorporando a más de 50 000 mineros excluidos del proceso.

Una lectura del proceso seguido por el REINFO que no se detenga en la superficie, nos mostrará inmediatamente cómo ámbitos centrales de la legalidad y formalidad del país –el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo–, no encontraron una fórmula válida para la formalización y expusieron sin ambages su permisividad frente a la ilegalidad. En teoría, lo que debió ser un puente hacia la formalización, se convirtió en la práctica en un espacio ambiguo que blinda la ilegalidad, promovido desde el vértice mismo de “la legalidad” del país.

Pero, no es solamente un problema de gestión. Además de una coyuntura favorable impulsada por el espectacular precio del oro, la minería ilegal es una economía política compleja, sostenida por vacíos institucionales, pobreza estructural, corrupción y redes criminales.

Así, el REINFO, lejos de ser una vía hacia la formalidad, terminó siendo un incentivo adicional para permanecer fuera de los marcos normativos por la alta rentabilidad que ofrecen las operaciones informales/ilegales, algo que sabemos hasta la saciedad con el ejemplo del narcotráfico y otras actividades que operan “fuera de la ley”. Dicho de otra manera, permite que mineros ilegales se inscriban y operen bajo una cobertura “legal” sin cumplir requisitos. Esto genera un incentivo perverso porque mantenerse en la informalidad resulta más rentable que formalizarse.

Parte importante de la minería ilegal en Perú funciona como una economía criminal organizada, con una estructura empresarial que combina pequeños productores, plantas de procesamiento, muchas de ellas formales, redes de financiamiento y comercialización internacional. No es un fenómeno caótico, sino un sistema con jerarquías y roles definidos que le permiten sostenerse y expandirse.

Es decir, se comporta como una empresa criminal descentralizada pero articulada, con múltiples niveles: extracción, procesamiento, financiamiento, comercialización y exportación. Cada nivel refuerza al otro, creando una cadena de valor ilícita que compite directamente –y muchas veces se complementa– con la minería formal. De esta manera, no es sólo un inmenso problema ambiental, sino un sistema empresarial criminal que afecta simultáneamente la cohesión social y la legitimidad política, además de los factores del mercado.

Aún más, es una economía criminal integral porque no solo produce oro, sino también violencia estructural que atraviesa lo social, lo ambiental y lo político. En suma, es un fenómeno que reconfigura el poder en territorios rurales, desplazando al Estado y a las comunidades por mafias armadas y redes ilícitas, mostrando claramente que la violencia no es un efecto colateral, sino el producto central de esta economía.

Esta grave situación no vamos a amenguarla con performances televisivas inútiles, sino con una estrategia que involucre, además de múltiples dimensiones, la activa participación de la ciudadanía. Por lo que vemos, esto no fue una demanda que tomaran en cuenta los que han gobernado en los últimos veinticinco años, como tampoco parece serla para los que aspiran a gobernarnos desde el 2026. En realidad, cada vez más operadores políticos, pero también económicos y sociales, que se ubican en la “legalidad”, se deben y adecuan a la contundente realidad de lo que con precisión cada vez menos denominamos “ilegalidad”.

 

desco Opina / 12 de diciembre de 2025

Derechos, concesiones y protestas

 

La minería informal en Perú no es un fenómeno reciente, pero su visibilidad y expansión han alcanzado un punto crítico los últimos años, no solo por los enfrentamientos violentos entre sus pares, sino también por los crímenes sangrientos perpetrados por la delincuencia en las mismas zonas de explotación, además de las frecuentes protestas.

Desde finales de junio, los mineros informales han organizado bloqueos y paros en corredores estratégicos en el norte y el sur del país, exigiendo por cuarta vez la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y cambios en el régimen de formalización. Con esta medida presionaron al Congreso para que se apruebe la ley que regula el régimen especial para la pequeña minería, minería artesanal y minería tradicional (Ley MAPE). La dilación del paro obligó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República a revisarla al término de la primera semana de julio. Sin embargo, el predictamen no alcanzó los votos necesarios para su aprobación y el proyecto quedó reprogramado para su discusión en una próxima legislatura.

Durante la tercera semana de protesta, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) hizo una tregua para facilitar el diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros. Confemin exige la devolución de los Reinfo a 50 000 mineros, que en la víspera fueron excluidos del proceso. En este punto hay que precisar que el proceso de formalización de este sector inició en el 2012 y que, desde entonces, no ha logrado los objetivos esperados, permitiendo que muchos mineros ilegales se capitalicen sin que sean sancionados debido a que su proceso de formalización estaba en curso.

Hay que recalcar que en este conflicto convergen intereses legítimos de supervivencia económica y derechos territoriales de varios grupos poblacionales que han sido largamente olvidados por el Estado, y que han visto en la pequeña minería (formal, informal, comunal, pero también en la ilegal) una puerta para salir de la pobreza, sin prever los altos costos que esta actividad y las condiciones en las que se realiza, genera para su salud y la vida misma. Esta realidad no niega el impacto que esta actividad tiene sobre los derechos de otras poblaciones también olvidadas y que requieren de una respuesta expeditiva del Estado, a fin de contrarrestar los graves daños ambientales provocados por los relaves, el uso de dragas, quimbaletes y químicos que contaminan sus tierras y el agua que usan para sus actividades productivas. Ejemplo de ello son La Rinconada en Puno y diferentes lugares de Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por esta actividad ilegal.

Si bien este gobierno no tiene ni la capacidad ni las ganas de solucionar este problema desde la raíz, es decir resolviendo problemas estructurales, sí podría comenzar por revisar el marco legal de las concesiones mineras, que es una de las demandas de la Confemin y uno de los escollos para la efectividad del proceso de formalización.

Según datos de CooperAcción, el 15,5 % del territorio nacional –cerca de 20 millones de hectáreas– está concesionada a titulares formales (generalmente a la mediana y gran empresa) que, por un pago de derecho de vigencia que varía entre los US$ 0.5 y US$ 3 mensuales por hectárea, pueden mantener esa titularidad por un tiempo indeterminado. Esto ha permitido que por muchos años estos “propietarios” realicen convenios con mineros informales para que exploten sus concesiones a cambio de una cantidad de dinero o un porcentaje de lo que extraigan. Con el inicio de la formalización, el gobierno solicitó como requisito a los informales, la oficialización de esos convenios en contratos que en muchos casos no se lograron concretar. Sin tierra no hay actividad que formalizar. De allí que, de los 84 000 mineros inscritos en el Reinfo, solo el 2.4% haya logrado formalizarse.

Así las cosas, las protestas recientes no son solo expresiones desesperadas; revelan la crisis profunda de un modelo extractivo que excluye y genera inequidad territorial. Mientras miles de hectáreas están ya aseguradas por empresas formales, un sector amplio de mineros artesanales sigue excluido del sistema, expuestos a la vulnerabilidad legal y la coerción de actores criminales.

El Estado extiende concesiones, pero carece de mecanismos eficaces para garantizar la conexión entre concesiones grandes y la minería artesanal, informal o comunal. Además, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha demostrado que ha sido poco cuidadoso al aprobar concesiones, superponiéndolas a otros derechos territoriales, como los comunales o zonas de amortiguamiento de reservas naturales. Apurímac es un ejemplo de ello, una de las regiones con más territorio concesionado (56%) y en donde los conflictos no cesan entre las comunidades y las grandes empresas.

Nuestro país necesita transitar hacia un modelo más inclusivo, ordenado y equitativo. Aunque suene bastante discutible, es necesario una reforma del Reinfo, pero con un saneamiento territorial serio que permita identificar las concesiones ociosas y a los titulares que han abusado de los “convenios” de la mano con los informales, recibiendo cómodamente pingües ganancias, pero invirtiendo solo en los derechos de vigencia, sin que les importe si se explota gente, si se contamina o si se fomenta en zonas aledañas la trata de personas. Se necesita simplificar los procesos de formalización para la minería informal, pero sin precarizar los controles ambientales ni dejar expuestas zonas con ecosistemas frágiles como en la selva. Hacer minería en los ríos de nuestra Amazonía no es un asunto negociable, en especial por la poca capacidad que ha demostrado el Ejecutivo para el control de la actividad en territorios intangibles.   

El Estado enfrenta un dilema: mantener la inviolabilidad de las concesiones –en la que creemos ha perdido capacidad– o reconfigurar el marco concesional para incluir a la pequeña minería como aliada estratégica. La respuesta se cae de madura, solo hace falta decisión política. Quedan cinco meses y medio para cerrar el proceso de formalización y que los informales pasen a engrosar la fila de los ilegales.

 

 

desco Opina – Regional / 18 de julio del 2025

descosur

A propósito de la censura

 

Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables: Perú se cae a pedazos. Lo sucedido en la provincia de Pataz ha dado la vuelta al mundo y estremecido a la nación. En particular, a casi la mitad de la población que por su edad no vivió los tiempos de Sendero Luminoso y el conflicto bélico que soportamos décadas atrás.

El caso ha saltado como el disparador de una reacción política de parte significativa del Congreso Nacional para recolectar firmas –que fácilmente superaron las requeridas– en cuatromociones distintas que fueron presentadas planteando la censura al Presidentedel Consejo de Ministros. Solo los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú no han firmado ninguna moción.

En medio de la indolencia gubernamental ese sector se niega a sumarse a lo que constituye una demanda nacional. Esto se explica, a nuestro entender, por el gran contubernio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con las mutuas ventajas que obtienen dando la espalda al país y cumpliendo su propósito de mantenerse, compartiendo el poder hasta el último día y de ser posible, extenderlo.

El reingreso a la escena del censurado ministro del Interior constituye una grave afrenta al orden constitucional. Si bien no se infringe ninguna norma con el retorno del cuestionado exministro como miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), también es cierto que, en la actual coyuntura, y dada la ubicación estratégica que ahora ocupa Santiváñez, es una burla abierta al Congreso que lo expectoró. Más aún si el oscuro personaje mantiene su cargo de Jefe de la Oficina general de Monitoreo Intergubernamental del despacho de Dina Boluarte.

Como lo hemos dicho más de una vez, la lista de ataques a la democracia y la gobernanza es amplia y variada. En esta movida de fichas el rol de Juan José Santiváñez pone en jaque, una vez más, el funcionamiento de las reglas de la democracia constitucional.

Si bien se puede ver a diario en la televisión y escuchar por distintos medios a ciudadanos comunes y corrientes denunciando que el sicariato y la extorsión están matando a personas inocentes, mientras las quejas ante la violencia y la inseguridad aumentan, es lamentable la falta de coordinación para enfrentar a autoridades que, a los ojos de cualquiera, no hacen nada, o peor aún, nombran en posiciones estratégicas a personajes nefastos.

Periodistas acribillados, colegios que no funcionan por amenazas a los estudiantes, trabajadores mineros vilmente asesinados, choferes y mototaxistas baleados, comerciantes amenazados y atacados, negocios y oportunidades de trabajo que desaparecen, son parte del resultado de la inacción del Estado en las zonas urbanas y rurales del país. Que en este escenario se pretenda duplicar el sueldo de la señora Boluarte, es un nuevo y grosero agravio absolutamente insensible y convencido de su impunidad.

Al parecer, no basta ya sumarse a las voces de protesta que resuenan como coro de lamentaciones sin rumbo en medio de noches oscuras. Creemos que, una vez más, debemos esforzarnos por encontrar los hilos de la concertación nacional que permitan a los que habitamos este país milenario y ferozmente maltratado por hampones y delincuente de distinta laya, salir del marasmo y la anomia, que como se sabe bien llevan por mal camino a las personas y sociedades.

El escenario electoral en marcha, por ahora corre por cuerda separada en tanto se definen y ajustan las listas y sus candidatos. Las expectativas de un cambio de rumbo siguen siendo pequeñas y el tema no convoca.

desco Opina - Regional / 9 de mayo de 2025

descoCiudadano

La creciente perplejidad ciudadana

 

La mayoría de nuestra sociedad siente la inseguridad ciudadana como un problema que se agrava cada vez más en medio del tipo de democracia que soportamos. Con sus actos, quienes controlan los poderes del Estado, muestran una gran indolencia ante este peligroso desafío. Da la impresión, por lo que efectivamente se hace y se deja de hacer, que se vive una etapa en la historia nacional en la que, como señalan analistas especializados, se ha pasado de una precariedad institucional al descalabro político (Alberto Vergara / Ciudadanos sin República).

La población y la prensa nacional de distintas tendencias, compartimos la percepción creciente de que quienes nos gobiernan son delincuentes para los que la inseguridad ciudadana en aumento, es parte de su propio accionar. ¡Tremendo desafío el que tenemos por delante en el Perú!

El esfuerzo por fortalecer las instituciones democráticas y promover la independencia del Poder  Judicial y asegurar que actúe sin influencias indebidas, parece desvanecerse, del mismo modo que se entorpece la actuación de la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República. Peor aún es la situación de los organismos de derechos humanos, cuestionados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando democráticamente pretenden supervisar el uso del poder y los recursos públicos.

Las condiciones sociales y económicas cotidianas de pobreza y exclusión, sumadas al temor luego de los asesinatos gubernamentales de quienes protestaban a fines del año 2022 e inicios del 2023, impiden que exista un ambiente propicio para desarrollar la participación activa de la ciudadanía en la política local y nacional, para ejercer presión sobre los representantes elegidos y demandarles responsabilidad y transparencia. El Parlamento ya no es, como debiera, un espacio de representación ni de debate, como consecuencia del transfuguismo, la creación de nuevos grupos parlamentarios y decisiones que se toman sin debates ni dar razones. Su legitimidad, lo sabemos todos, ha desaparecido e igual situación corresponde al Poder Ejecutivo de casi inexistente aprobación ciudadana.

En ese contexto, que el ministro del Interior descuide los temas de seguridad ciudadana, que debieran ser su prioridad ante el múltiple asedio del crimen organizado, es apenas una anécdota. Prioriza proteger a la presidenta Boluarte y cumplir la consigna de cerrar la DIVIAC que la investiga, intentando un control de daños a una fracción de las muchas acusaciones en su contra. En ese discurrir, la seguridad ciudadana para el gobierno es un tema más para pasar por agua tibia. El reciente asesinato de dos dirigentes de construcción civil, por ejemplo, además de ser un asunto de mafias, denota el grave problema en el que nos encontramos, trepando en los puestos del ranking de criminalidad en América Latina. La inseguridad ciudadana puede tener muchas causas, como la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la falta de estrategias claras para combatirla, pero constatamos también que pone en peligro los derechos fundamentales de los peruanos, sin olvidar la violencia de género que nos afecta.

Si nos concentramos en lo que tenemos hoy por hoy en el sistema penal, encontramos algunas medidas que parecen extrañas, tales como la atenuación de la pena de delincuentes o la suspensión de la ejecución de la pena y sus respectivas excepciones.

Las demandas ciudadanas de muy diversos sectores para que se combata la corrupción, son cada vez más insistentes, exigiendo una acción efectiva de las autoridades para erradicar una actividad perversa que genera temor e incertidumbre entre la población y cuantiosas pérdidas económicas. Sin duda, la inseguridad ciudadana que soportamos pone ya en peligro los derechos fundamentales y resquebraja las condiciones básicas que nos permiten la convivencia pacífica.

Los destapes y denuncias de la prensa de investigación sobre la corrupción y los abusos de poder parecen prédicas en el desierto del cinismo instaurado, cuando se constata que nuevas leyes y la gestión gubernamental protegen a corruptos y delincuentes en distintos ámbitos como el transporte ilegal, la minería, la tala y la pesca depredadoras y varios casos más como el funcionamiento de universidades de muy mala calidad.

Hay urgencia por avanzar en reformas casi imposibles de llevar adelante en las actuales condiciones, que hay que hacer en la policía y las fuerzas de seguridad para erradicar la corrupción y asegurar actúen en beneficio de los ciudadanos, cumplan con la prevención del delito y un manejo adecuado de la fuerza. Sin embargo, en un contexto de delitos cometidos por quienes gobiernan, puede ser necesario establecer otras medidas para abordar estos crímenes. La promoción de cambios políticos y electorales, lejos de traer reformas que hagan más difícil acceder o mantenerse en el poder a los delincuentes y corruptos, lo facilitan. No vemos en el horizonte un escenario favorable a la participación activa de movimientos de base que promuevan candidatos y partidos políticos con un fuerte compromiso contra la corrupción y la delincuencia. Tampoco un apoyo decidido de organizaciones internacionales para supervisar y ayudar en el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en el Perú o la colaboración franca en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción transnacional.

Para prevenir el crimen y promover la seguridad ciudadana requerimos convencernos como sociedad de la importancia de utilizar un enfoque pluridisciplinario, que incluya políticas de inclusión social, fortalecimiento comunitario y educación, a las que ahora no se les da importancia.

En cuanto a la seguridad pública y las políticas de prevención, es necesario poner en marcha un modelo de Policía no sólo reactiva y de disuasión, sino proactiva, ligada a la sociedad de manera permanente y no sólo cuando se es víctima de algún delito; una Policía de prevención y proximidad con la ciudadanía, en donde el nivel de participación ciudadana sea dirigido y consolidado en acciones que permitan cambiar el rumbo de la percepción de inseguridad predominante.

 

desco Opina - Regional / 29 de agosto de 2024

descoCiudadano

El hartazgo frente al agravio y el autoritarismo como forma de gobierno

Hablar de la crisis del país ya es un lugar común. Mes a mes, las distintas mediciones de la opinión pública nos muestran la abrumadora desaprobación de la señora Boluarte y del Congreso de la República, es decir de la coalición autoritaria, conservadora y corrupta que nos gobierna. La encuesta de agosto del Instituto de Estudios Peruanos, como en los últimos meses, muestra que apenas 6% aprueba la gestión de la mandataria quien registra una desaprobación del 88% que se acentúa en el centro del país (3%), entre las personas de 25 a 39 años (5%) y en el nivel socioeconómico C (4%). Sus socios del Congreso se mantienen en un patético 4% de aprobación, que cae hasta el 1% en la macrozona central.

El nivel de insatisfacción sobre lo dicho por la presidenta en su mensaje presidencial con respecto a economía, seguridad y corrupción, es superior al 80%, en cada uno de los campos. Siete de cada diez encuestados no le creen nada. Esto es particularmente alto en las zonas rurales, la macrozona norte, las personas de 40 años a más, quienes pertenecen al nivel socioeconómico D/E, así como entre los que se identifican como de izquierda. Idéntico porcentaje de los encuestados no les cree nada o poco a los congresistas, especialmente las personas de 40 años a más, el nivel socioeconómico C, así como entre los que se identifican de izquierda o centro. Alrededor del 70% de los encuestados indica que el gobierno de Boluarte y el Congreso le suscitan sentimientos negativos. Muy pocos afirman tener sentimientos positivos ante el Ejecutivo (3%) o ante el Legislativo (2%).

Si miramos con algún detenimiento la forma en que se comportan el Ejecutivo y el Legislativo, entendemos con facilidad por qué menos de la mitad de los encuestados siente respeto por las instituciones políticas. En los últimos meses es claro que la Presidenta pretende que miremos la democracia como un asunto meramente electoral, desde el que ella tendría una legitimidad impune, más allá de muertos, heridos, perseguidos, relojes y pulseras, cirugías, wantanes e Inca Kolas, como sostuvo en China, protegida por su sociedad y sujeción con el parlamentarismo autoritario que nos gobierna, como lo evidenció su indignante y patética carta de respuesta a la CIDH, que firmó con otro de sus waykis, Alejandro Soto, el ex presidente del Congreso, en defensa de la ley perpetrada por los congresistas Rospigliosi y Cueto, para que se declare inaplicable la figura de lesa humanidad antes del 2002, protegiendo así a asesinos, violadores y torturadores, Alberto Fujimori incluido. La señora, autodeclarada madre de las peruanas y peruanos, a quienes les recuerda la madre propia cuando la silban, está decidida a hacer del agravio su sello personal.

Su capacidad de ofender y desdeñar a la población, como es obvio, marcha a la par con la incompetencia y la altanería de sus ministras y ministros, preocupados por su condición de guardaespaldas, ante que por gestionar el país. Desde su canciller, especializado en las últimas semanas en atacar en su casa a distintos representantes de países amigos, hasta el representante de César Acuña en el Gabinete, el sibilino ministro de Salud que combina su incapacidad para enfrentar el dengue –suman más de 260 000 contagiados y 240 fallecidos en la semana 32 del año–, con la arbitrariedad de algunas de sus decisiones que responden, seguramente a intereses privados como su decisión de cambiar las reglas para postular como serumista el presente año, estableciendo que se puede ocupar una plaza sin haber aprobado el examen nacional de la carrera. Sus distintos ministros combinan el ridículo con la arbitrariedad. Así, se desploman fungiendo de deportistas en la explanada de Palacio, niegan la inseguridad alimentaria insistiendo en que sobra la comida, inútilmente tratan de esconder las cifras de la pobreza creciente, despotrican de la CIDH y aplauden la desinstitucionalización del país, el retroceso en derechos y la protección a las economías ilegales y la impunidad, que promueven con entusiasmo los congresistas.

En el caso del Congreso, para que no queden dudas de sus intenciones futuras –control de la Junta Nacional de Justicia, control de los organismos electorales, seguros para asegurar su impunidad, candados para impedir candidaturas que los incomodan estilo Sagasti o Vizcarra, control de las ONG y del mundo de la cooperación y facilitación de las condiciones para las economías ilegales–, eligió una mesa directiva representativa de sus intereses e intenciones inmediatas. En este tiempo se evidenciaron tres procesos en marcha en este poder: (i) la consolidación de la alianza entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que más allá del reparto de cargos y la distribución de comisiones, apunta a subordinar a otros sectores de las derechas y a golpear a Renovación Popular; (ii) la ratificación de los intereses personales/grupales mayoritarios en el Congreso y la decisión de continuar en la dirección ya trazada; (iii) el relativo debilitamiento y la creciente necesidad de negociar de Keiko Fujimori, quien tras rechazar la candidatura de Salhuana, tuvo que aceptarla por las presiones de su bancada y posiblemente de su padre.

El nuevo presidente del Parlamento simboliza los vínculos congresales con las economías delictivas; Juárez la decisión de modificar la Constitución y horadar la institucionalidad en función al fujimorismo 2.0, que buscan; Cerrón, el “anticaviarismo” y la impunidad, mientras Cavero, el disfraz de defensa de derechos y constitucionalidad que trata de usar el autoritarismo.

En este escenario, el malestar con el agravio permanente y el autoritarismo creciente, alientan manifestaciones de protesta que se pueden multiplicar. Desde el rechazo a los congresistas Chirinos y Aragón en un bar barranquino –con un censurable e injustificable acto de violencia–, hasta las sucesivas huidas del waikicha mayor del desencanto y la movilización de sus paisanos, pasando por el abucheo a la Ministra de Cultura en un festival de cine, la ausencia “por enfermedad” de la propia mandataria y las críticas que enfrentan crecientemente en las calles y en su semana de representación muchos congresistas, es claro que el hartazgo y la grita espontánea van ganando espacio. Ciertamente no puede reemplazar a la debilidad de la movilización ciudadana organizada, pero se suma a ella y abre un nuevo curso, cuya legitimidad es indiscutible.

 

 

desco Opina / 23 de agosto de 2024